La nueva resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero apunta a simplificar la emisión de comprobantes y facilitar operaciones para monotributistas y pequeñas empresas, con impacto directo en el régimen simplificado y el uso de controladores fiscales.

Mediante la Resolución General 5700/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo umbral de $10 millones para la identificación obligatoria del consumidor final en facturas, remitos y otros documentos equivalentes. La medida, que entra en vigencia el 29 de mayo de 2025, modifica las resoluciones 1.415, 3.561 y 5.198 con el objetivo de simplificar trámites fiscales y modernizar el ecosistema de facturación electrónica.

A partir de ahora, solo deberán identificarse con CUIT, CUIL, CDI o DNI aquellas operaciones con consumidores finales que superen ese monto, reduciendo así la carga administrativa de los contribuyentes y eliminando burocracia innecesaria en operaciones de menor volumen.

Cambios clave en el régimen simplificado

La resolución también eleva a $500.000 el tope para operaciones que pueden ser respaldadas mediante el sistema “Facturador”, herramienta desarrollada especialmente para monotributistas adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Anteriormente, el monto límite era inferior, lo cual limitaba su uso en transacciones más significativas.

Para el caso de monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, se establece que no podrán emitir comprobantes con el Facturador si el monto supera la mitad del nuevo umbral, es decir, $250.000.

La iniciativa se enmarca en el Decreto 353/2025, que impulsa la simplificación y desregulación de trámites vinculados con la inversión y adquisición de bienes, con foco en la eficiencia administrativa y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Según establece la norma, la actualización responde a la necesidad de adaptar el sistema fiscal al nuevo contexto económico, garantizando mayor agilidad en el cumplimiento tributario y promoviendo la inclusión digital de contribuyentes pequeños y medianos. También busca optimizar el uso de controladores fiscales de nueva tecnología y mejorar la trazabilidad de operaciones sin imponer exigencias excesivas.

“La medida reduce la carga burocrática para operaciones de bajo y mediano volumen, permitiendo a más monotributistas acceder a herramientas tecnológicas de facturación sin obstáculos administrativos”, señalaron fuentes de ARCA.

Desde el organismo también destacaron que los sistemas de control seguirán vigentes para asegurar el cumplimiento fiscal, pero con mayores márgenes de flexibilidad para los contribuyentes más pequeños, en línea con el principio de proporcionalidad de la carga tributaria.

Implicancias futuras para el ecosistema pyme

Con estos ajustes, la resolución se posiciona como una respuesta concreta a las demandas históricas del sector pyme y emprendedor, que reclamaban una normativa más accesible y adaptada a sus capacidades operativas.

La digitalización del régimen de comprobantes, sumada a la desburocratización progresiva de los procesos impositivos, podría favorecer una mayor formalización de la economía y estimular la inversión en sectores que tradicionalmente enfrentan barreras de entrada al sistema tributario.