El Gobierno avanza en la desregulación del comercio agropecuario con la derogación de más de 20 normas históricas. La Secretaría de Agricultura eliminó regulaciones dictadas entre 1967 y 2011 por organismos ya disueltos. La medida busca simplificar el marco normativo y adecuarlo al nuevo paradigma de libertad económica impulsado por el Decreto 70/2023.

En línea con el proceso de liberalización económica iniciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, resolvió derogar 26 normas vinculadas al control comercial agropecuario que habían quedado obsoletas.

Mediante la Resolución 119/2025, publicada este 3 de julio en el Boletín Oficial, se formalizó la anulación de resoluciones y disposiciones dictadas entre 1967 y 2011 por la ex Junta Nacional de Carnes y la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), dos organismos hoy inexistentes. La medida fue firmada por el secretario Sergio Iraeta y se encuadra en la política de reducción de regulaciones, transparencia y eficiencia administrativa.

El espíritu de la resolución se apoya en la necesidad de construir un ordenamiento jurídico coherente, claro y moderno, alineado con los principios de libre circulación de bienes y servicios, propiedad privada y libre iniciativa.

Según lo argumentado por la Secretaría, muchas de las normas derogadas respondían a estructuras regulatorias que ya no existen o a programas de fiscalización superados, lo que genera confusión normativa, dificultades de interpretación y obstáculos burocráticos innecesarios tanto para los operadores como para el propio Estado.

Desde el Ministerio de Economía destacan que este tipo de depuraciones mejora la seguridad jurídica y favorece una fiscalización más objetiva y eficiente. Además, es un paso más hacia un comercio agropecuario moderno y transparente, clave para reforzar la competitividad del sector en mercados internos e internacionales.

Este movimiento también acompaña la intención oficial de armonizar la normativa comercial con estándares internacionales, al mismo tiempo que elimina formalidades sin impacto práctico, permitiendo enfocar los recursos estatales en tareas de control más estratégicas.

Si bien muchas de las resoluciones ahora derogadas ya no se aplicaban, su vigencia formal generaba inseguridad jurídica y superposición con disposiciones más recientes. Por eso, la Resolución 119/2025 aclara expresamente que la derogación no restituye normas anteriores que hubieran sido revocadas por estas disposiciones.

En términos estructurales, la medida sienta un precedente para continuar con el proceso de revisión normativa integral, uno de los objetivos que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario tiene en su agenda desde fines de 2023.

La desregulación efectiva del comercio agropecuario no solo apunta a mejorar la eficiencia estatal, sino también a generar condiciones más previsibles para los inversores y operadores privados, eliminando rigideces que obstaculizan la dinámica del sector.

La derogación de esta veintena de normas representa un avance concreto en la implementación del nuevo modelo económico propuesto por el gobierno de Javier Milei, centrado en la apertura de mercados, la simplificación normativa y la promoción de un entorno competitivo.