El Gobierno Nacional oficializó una profunda reestructuración del sistema de transporte y seguridad vial mediante el Decreto 461/2025, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las funciones críticas de estos organismos serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva entidad reguladora: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El Ejecutivo argumenta que la medida apunta a mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y simplificar estructuras.

Disuelven Vialidad, ANSV y organismos de tránsito

El Gobierno nacional avanza en un plan de racionalización del gasto público y modernización del Estado. En ese marco, el Decreto 461/2025 establece la disolución de tres organismos claves en materia de infraestructura vial y seguridad en rutas:

• Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
• Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial

Según se desprende del texto oficial, el Ejecutivo considera que estas entidades presentaban una estructura sobredimensionada, con una dotación de 88.095 agentes en 2024 frente a los 35.481 registrados en 2010, además de 477 autoridades superiores distribuidas en 111 entes descentralizados o desconcentrados.

La medida dispone la reorganización de la actual CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con competencias ampliadas en materia ferroviaria, vial y de transporte urbano y suburbano. Entre sus nuevas atribuciones se encuentra:

• Fiscalización de contratos de concesión viales, ferroviarios y de transporte automotor.
• Sanción ante incumplimientos contractuales.
• Investigación de accidentes ferroviarios.
• Defensa de los derechos de los usuarios.

Además, esta agencia asumirá tareas previamente delegadas a Vialidad, lo que implica la aplicación de la Ley N.º 27.445 sobre concesiones viales.

En línea con el plan de reducción del aparato estatal, la Gendarmería Nacional Argentina tomará a su cargo el control y la fiscalización del tránsito en rutas nacionales, funciones que hasta ahora realizaba la ANSV. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá las restantes tareas normativas, estadísticas y administrativas vinculadas a seguridad vial.

Por otra parte, se eliminará el 1% del seguro automotor que se destinaba a la ANSV, y esos fondos quedarán bajo control del Ministerio de Economía.

La Junta de Seguridad en el Transporte también será reorganizada y reemplazada por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que mantendrá su rol técnico con independencia operativa para cumplir estándares internacionales. Esta nueva agencia se enfocará exclusivamente en sucesos aeronáuticos, mientras que la fiscalización de accidentes ferroviarios pasará a la nueva entidad de control de concesiones.

Declaraciones y fundamentos técnicos

El Gobierno justificó estas decisiones en función de la “emergencia pública” dispuesta por la Ley N.º 27.742 y del objetivo de reducir estructuras redundantes. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte elaboraron informes que sostienen que los modelos concesionados y tercerizados muestran mejores indicadores de eficiencia frente al esquema estatal tradicional.

En los fundamentos se destaca, por ejemplo, que en 17 distritos el desmalezado de rutas está tercerizado en un 37% (9.560 km), lo cual evidencia —según el Ejecutivo— una estructura sobredimensionada e ineficiente de la DNV para operar con recursos propios.

Con este decreto, el Gobierno redefine el rol del Estado en la planificación, regulación y control del transporte y la seguridad vial. La medida centraliza competencias en el Ministerio de Economía, transfiere tareas operativas a las fuerzas de seguridad y busca eficientizar el uso de los recursos públicos a través de organismos con menor estructura y mayor tecnificación.

Las implicancias son múltiples: desde el impacto en la gestión de obras viales hasta un cambio de paradigma en la seguridad del tránsito y la fiscalización de concesiones. Resta ver cómo se articularán estas nuevas funciones en un sistema más concentrado y con menos actores institucionales.