El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., a través de la Resolución 1049/2025, que establece la desintegración vertical de la compañía y la concesión de sus principales activos. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, marca un hito en la política de transformación del sistema ferroviario y fija un plazo de 12 meses para completar la operación.

Venta de material rodante y concesión de vías

El plan aprobado contempla la venta mediante remate público del material rodante actualmente bajo administración de Belgrano Cargas. Los fondos obtenidos serán destinados a un fideicomiso administrado por el Banco Nación, con el objetivo de financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

Las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, junto a sus inmuebles aledaños, serán concesionadas a través de licitaciones públicas de alcance nacional e internacional, bajo el marco de la Ley 17.520. También se otorgará en concesión el uso de los talleres ferroviarios, mediante procesos licitatorios independientes.

Disolución de la empresa y rol de los organismos

Una vez adjudicadas las concesiones, el Gobierno procederá a la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A. La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos técnicos y contractuales, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En paralelo, el Tribunal de Tasaciones realizará la valuación del material rodante, mientras que una entidad bancaria pública estimará los flujos de ingresos futuros asociados a la explotación de las concesiones.

El proceso de remate y licitación se llevará a cabo a través de las plataformas SUBAST.AR y CONTRAT.AR, con el fin de garantizar transparencia y accesibilidad. Según lo dispuesto, el proceso completo de privatización deberá concretarse en un plazo máximo de 12 meses.

El esquema de privatización busca modernizar la operación ferroviaria, reducir el peso del Estado en la gestión de activos y atraer inversiones privadas para el desarrollo de la infraestructura. Si bien el Gobierno sostiene que el nuevo modelo permitirá mayor eficiencia y mejoras en el servicio, la transición demandará un seguimiento cercano para evitar interrupciones en la operatoria y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los futuros concesionarios.