Por Eloy Marchán / CONNECTAS Hub – La destitución de Dina Boluarte en Perú responde a la existencia en ese país de una camarilla de partidos que ponen y quitan presidentes casi a su antojo, en un sistema que ha derivado hacia una especie de parlamentarismo. En medio de la expectativa por las elecciones del año próximo, y de protestas populares, ¿quién o qué puede explicar lo que pasa en Perú?

El miércoles 15 de octubre, durante la Marcha Nacional convocada por la Generación Z, colectivo de jóvenes nacidos luego del 2000, un policía mató de un disparo a Mauricio Ruiz Sáenz. Cantante de hip hop, activista, 32 años y padre de un niño, Ruiz fue uno de los miles de ciudadanos que salieron a protestar contra la clase política peruana.

Desde hace dos semanas, gobierna al Perú José Jerí Oré, el octavo jefe de Estado en nueve años. Pero los ciudadanos sienten que “es más de lo mismo” y por eso salieron a las calles para exigir “que se vayan todos” y reclamar transparencia en las elecciones generales que tendrán lugar dentro de seis meses.

Con 38 años, Jerí es el tercer presidente más joven de la historia, es un personaje público desde hace cuatro años, y su ascenso vertiginoso está lleno de casualidades. De hecho, en las elecciones congresales del 2021 sacó 11 mil votos, una cifra mínima en la circunscripción de Lima, donde hay 8 millones de electores. Sin embargo, recibió su curul solo porque era el suplente del expresidente Martín Vizcarra, del partido Somos Perú. Este ganó la plaza con casi 165 mil votos,  pero estaba inhabilitado de ejercer cualquier cargo político.

Como si fuera poco, al llegar al legislativo se convirtió en presidente del Congreso casi por descarte, lo que le permitió quedar en primer lugar en el orden sucesoral. 

Accedió a ambos cargos por decisión de lo que se conoce como la “Coalición parlamentaria”, grupo de bancadas de derecha que para muchos analistas y periodistas, son los que de verdad mandan en el país: en primer lugar el Fujimorismo, seguido por APP, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos y Acción Popular.

Esos rostros y colores partidarios tienen lo que muchos analistas consideran sus intereses en común: impunidad judicial y deseo de mantenerse en el poder más allá del 2026. Según los expertos, estamos hablando de un “monstruo político con varias cabezas”.

Jerí completó su carrera de casualidades cuando  Dina Boluarte salió de Palacio de Gobierno. La presidente fue destituida en la madrugada del viernes 10 de octubre debido, entre muchos otros factores,  a su ineficiencia en la lucha contra la delincuencia. La decisión se desencadenó cuando, dos días antes, un grupo delincuencial disparó contra el grupo musical Agua Marina mientras daba un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Según se supo, Agua Marina se negaba a pagar cupos a los extorsionadores, y aunque no hubo muertos, el hecho conmocionó al país. Con el agravante de que Agua Marina no es la primera orquesta que sufre un ataque de la delincuencia. En marzo, Armonía 10 tuvo que enterrar a su vocalista Paul Flores, quien murió luego de que sicarios balearon el bus en que viajaban.

¿Por qué el Congreso destituyó recién ahora a Boluarte, cuando al comienzo de su mandato las fuerzas del gobierno reprimieron protestas con medio centenar de muertos? Es que Agua Marina es el grupo musical con más seguidores en el Perú, y la mayoría de ellos residen en el norte del país, un bastión electoral de la derecha, sobre todo del fujimorismo.

Pero además, Boluarte se había convertido, con su mal gobierno, en un lastre justo para quienes la pusieron en el cargo, que comenzaron a ver en su cercanía un peligro para las elecciones de abril del 2026. La vacancia de Boluarte recibió 122 de 130 votos afirmativos, una cifra tan histórica como el 2% de popularidad que la presidenta llegó a tener.

Jerí: presidente por casualidad

Tras la vacancia de Boluarte, quien no tenía vicepresidentes, le correspondió a Jerí tomar la jefatura de estado por las reglas de la sucesión presidencial. Pero todavía hay otra casualidad. Un mes y medio antes de jurar como mandatario, un caso contra Jerí por violación sexual quedó archivado en una polémica decisión del fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez, quien también ocupa el cargo interinamente.

Gálvez está en el puesto gracias a una medida cautelar que lo repuso pese a haber sido destituido por sus vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos”, donde jueces y fiscales intercambiaban favores y sentencias.

Aunque parezca increíble, eso no es todo. Jerí llegó a Palacio de Gobierno con cuatro carpetas fiscales abiertas. Dos por cohecho, al supuestamente cobrar cupos de 150.000 soles y 200.000 dólares por sacar adelante leyes y presupuestos públicos desde el Congreso. La tercera carpeta es por enriquecimiento ilícito, pues Jerí aumentó su patrimonio en 1.000% en solo un año, mientras integraba la comisión de Presupuesto del Legislativo.

La cuarta carpeta fiscal tiene que ver con desobediencia a la autoridad, pues Jerí no fue a la terapia psicológica que le había ordenado un juez “por impulsividad y conducta sexual patológica”. Apenas asumió la presidencia, aparecieron en redes sociales una serie de mensajes misóginos y sexistas escritos y nunca borrados por Jerí en Twitter.

“Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todo lo demás existe Mastercard”; “Lo que más me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras! Son un encantoooo”; “Se enseña ruso. Solo a señoritas”, dicen algunos de los mensajes. Son tantos los tuits, que entusiastas del ciberespacio crearon una web llamada “josepajeri.com” con todas las calenturas virtuales del jefe de Estado.

 La marcha y la protesta

A Mauricio Ruiz lo conocían como “Truko” en su barrio de San Martín de Porres, al norte de Lima. En sus canciones de hip hop hacía protesta social y decía que soñaba con que el Perú se convirtiera en una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades.

El último lunes, el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se refirió a Ruiz como “terruco” y dio a entender que estaba bien muerto. En el hablar peruano, ser “terruco” es ser terrorista. La familia de Ruiz ha decidido demandar a Rospigliosi por difamación.

Rospigliosi, anteriormente un dirigente de izquierda y defensor de derechos humanos, hoy sigue a la ultraderecha más recalcitrante. Experiodista de la revista “Caretas”, fue muy crítico de la dictadura de Alberto Fujimori y hoy es el rostro más representativo de ese movimiento, después de Keiko Fujimori.

Desde que llegó al Congreso en 2023 —también por casualidad pues el titular murió de un infarto—, Rospigliosi ha promovido leyes para limitar la aplicación de los delitos de lesa humanidad y dar una amnistía a militares y policías violadores de derechos humanos.

El policía que mató a Mauricio Ruiz no llevaba uniforme, pues era un agente ‘terna’, como se conoce en el Perú a los efectivos encubiertos, que ahora suelen  infiltrar las protestas. Hasta el último momento la Policía y el Gobierno intentaron vender la idea de que “Truko” murió por un disparo de un manifestante. Acorralados por los videos y testimonios, tuvieron que admitir la verdad.

La Marcha Nacional dejó más de 100 heridos, la mayoría protestantes, según señalaron las organizaciones de derechos humanos y los medios independientes. Para este sábado habrá una nueva marcha de los ciudadanos disconformes con el régimen. Buscando neutralizarla, el último martes el Gobierno decretó estado de emergencia en Lima

Rospigliosi, anteriormente un dirigente de izquierda y defensor de derechos humanos, hoy sigue a la ultraderecha más recalcitrante. Experiodista de la revista “Caretas”, fue muy crítico de la dictadura de Alberto Fujimori y hoy es el rostro más representativo de ese movimiento, después de Keiko Fujimori.

Desde que llegó al Congreso en 2023 —también por casualidad pues el titular murió de un infarto—, Rospigliosi ha promovido leyes para limitar la aplicación de los delitos de lesa humanidad y dar una amnistía a militares y policías violadores de derechos humanos.

El policía que mató a Mauricio Ruiz no llevaba uniforme, pues era un agente ‘terna’, como se conoce en el Perú a los efectivos encubiertos, que ahora suelen  infiltrar las protestas. Hasta el último momento la Policía y el Gobierno intentaron vender la idea de que “Truko” murió por un disparo de un manifestante. Acorralados por los videos y testimonios, tuvieron que admitir la verdad.

La Marcha Nacional dejó más de 100 heridos, la mayoría protestantes, según señalaron las organizaciones de derechos humanos y los medios independientes. Para este sábado habrá una nueva marcha de los ciudadanos disconformes con el régimen. Buscando neutralizarla, el último martes el Gobierno decretó estado de emergencia en Lima y prohibió reuniones bajo el argumento de la ola delincuencial.

Rospigliosi, anteriormente un dirigente de izquierda y defensor de derechos humanos, hoy sigue a la ultraderecha más recalcitrante. Experiodista de la revista “Caretas”, fue muy crítico de la dictadura de Alberto Fujimori y hoy es el rostro más representativo de ese movimiento, después de Keiko Fujimori.

Desde que llegó al Congreso en 2023 —también por casualidad pues el titular murió de un infarto—, Rospigliosi ha promovido leyes para limitar la aplicación de los delitos de lesa humanidad y dar una amnistía a militares y policías violadores de derechos humanos.

El policía que mató a Mauricio Ruiz no llevaba uniforme, pues era un agente ‘terna’, como se conoce en el Perú a los efectivos encubiertos, que ahora suelen  infiltrar las protestas. Hasta el último momento la Policía y el Gobierno intentaron vender la idea de que “Truko” murió por un disparo de un manifestante. Acorralados por los videos y testimonios, tuvieron que admitir la verdad.

La Marcha Nacional dejó más de 100 heridos, la mayoría protestantes, según señalaron las organizaciones de derechos humanos y los medios independientes. Para este sábado habrá una nueva marcha de los ciudadanos disconformes con el régimen. Buscando neutralizarla, el último martes el Gobierno decretó estado de emergencia en Lima

José Jerí se tomó seis días para nombrar a su gabinete ministerial, que resultó integrado por técnicos afines a los partidos políticos presentes en el congreso y funcionarios de segundo orden. Y el presidente tuvo dificultades para nombrar a su primer ministro, pues cinco candidatos declinaron el nombramiento, según información recogida por este reportero.

Finalmente, asumió el cargo Ernesto Álvarez Miranda, un exmagistrado del Tribunal Constitucional, cercano a las fuerzas de ultraderecha, y que, en su cuenta de Twitter, no tenía reparos en llamar “subversivos” a los manifestantes.

Muchos analistas comparan a Jerí y Álvarez con Manuel Merino y su premier Ántero Flores Araoz, quienes en medio de protestas ciudadanas duraron cinco días en Palacio, luego de que el Congreso destituyó a Martín Vizcarra en el 2020.

 El parlamentarismo imperfecto

Pero, ¿qué lleva a que el Congreso peruano destituya con tanta frecuencia a los presidentes? La Constitución Política establece un sistema presidencialista combinado con una fuerte capacidad del Congreso para vacar al Ejecutivo. Esa situación se hizo aún más fuerte desde que el presidente Martín Vizcarra, en ejercicio de facultades constitucionales, cerró al Legislativo. Pero en la elección subsiguiente, el nuevo cuerpo cambió el 40% de los artículos, y se atribuyó aún más poder. Desde entonces, si un presidente no tiene mayoría absoluta en el Legislativo, está a un paso de ser destituido.

Ese parlamentarismo imperfecto que se ha instaurado poco a poco en el Perú ha llevado a que para la “Coalición parlamentaria” sea  más rentable ejercer el poder desde el Congreso pues la presidencia se ha convertido en un cargo volátil. Cuatro de los seis últimos presidentes no tuvieron bancada o su grupo político se restringía máximo a cinco parlamentarios.

Entre los cambios más significativos hechos a la Carta Magna están restablecer la bicameralidad, pese a que en un referéndum del 2018 ganó el no. También se ha limitado al máximo la cuestión de confianza, el arma que tenía el presidente para cerrar el Parlamento.

Curiosamente, no se han tocado los artículos que tienen que ver con el capítulo económico. Eso parece tener algo que ver con que, a pesar de la turbulencia política que lleva una década, el Perú sigue creciendo a un ritmo superior al 3% anual. Ello se explica en gran parte porque el Banco Central de Reserva es un ente autónomo y el ministro de Economía usualmente ha sido una persona técnica.

Pero es que en el Perú la economía legal e ilegal conviven sin ruborizarse. Según estimaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, el 14% del PBI actualmente proviene de fuente ilícita. Eso significa 33.000 millones de dólares. Por ejemplo, el Perú exporta más oro ilegal que legal.

Muchos catalogan a la “Coalición parlamentaria” como un buldócer que no tiene límites. Ellos han puesto a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia —ente encargado de nombrar y destituir jueces y fiscales—. Y se sienten cómodos con Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación. También han aprobado leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado, limitan la detención preliminar para delincuentes y reducen el alcance de los delitos de lavado de activos.

Una prueba de la lealtad del TC con el fujimorismo se evidenció el último lunes. Cinco de los siete magistrados votaron a favor de archivar el caso Cócteles, donde se procesaba judicialmente a Keiko Fujimori por lavar activos por 19 millones de dólares en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Con un panorama como ese, repleto de funcionarios de méritos cuestionables, que han llegado al poder por fuerza de la casualidad y manejados desde bambalinas por fuerzas políticas oscuras, no es de extrañar que los jóvenes de la generación Z estén enfurecidos. Para ellos, solo hay una solución: “¡Que se vayan todos!”.

Eloy Job Marchán Guzmán Periodista y sociólogo. Miembro de #CONNECTASHub. Director del portal periodístico El Foco y reportero del semanario Hildebrandt en sus trece.