La República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a enfrentarse este miércoles en Nueva York en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Fue durante una audiencia de seguimiento ante la jueza Loretta Preska, donde los fondos demandantes solicitaron la aplicación de sanciones y el Estado argentino reiteró su pedido de suspensión total del proceso. El episodio se inscribe en una nueva escalada procesal con impacto directo en la estrategia judicial del país, en la discusión sobre inmunidades soberanas y en el frente financiero e institucional que rodea al histórico litigio.

La audiencia formó parte del monitoreo del proceso de discovery ordenado por el tribunal y ya estaba prevista con antelación. Sin embargo, cobró especial relevancia por el cruce de posiciones entre las partes, en un expediente que sigue siendo uno de los principales focos de riesgo legal para el Estado argentino en el exterior.

Audiencia ante la jueza Preska: sanciones, discovery y pulseada procesal

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, el encuentro se desarrolló luego del pedido de sanciones presentado por Burford Capital y de la solicitud de suspensión total del proceso impulsada por la defensa argentina. El tribunal federal del distrito sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, lleva adelante el seguimiento del discovery, una etapa clave del litigio en la que se discute el alcance de la información que el Estado debe aportar.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la audiencia había sido fijada desde fines del año pasado y cuestionaron la estrategia de los demandantes, a la que calificaron como una escalada de presión. En ese sentido, fuentes oficiales remarcaron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos amparados por inmunidades soberanas”.

La defensa argentina sostuvo que exigir datos al Banco Central de la República Argentina sobre la localización de activos equivaldría a reclamarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos información sensible sobre sus propias tenencias, lo que —según planteó— vulnera principios básicos del derecho internacional público y del régimen de inmunidades soberanas.

La posición del Estado argentino y la estrategia de defensa

Durante la audiencia, la representación legal de la Argentina reafirmó su compromiso de completar la documentación pendiente vinculada a los puntos previamente acordados con el tribunal y de continuar avanzando en las comunicaciones relacionadas con ciudadanos que manifestaron su voluntad de cooperar con el proceso.

Desde la defensa destacaron que el país continúa demostrando “responsabilidad y buena fe” en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, aun cuando mantiene firme el pedido de suspensión total del juicio. “Frente a este nivel de presión, el Estado sostiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en el uso de todas las herramientas legales disponibles”, explicaron fuentes oficiales tras la audiencia.

En ese marco, la Argentina reiteró su objeción a determinados requerimientos formulados por los demandantes en el discovery, al considerar que exceden los límites legales y afectan activos protegidos por inmunidades soberanas. La audiencia permitió, además, reafirmar la decisión del actual Gobierno de sostener una estrategia jurídica activa en el litigio, con una defensa institucional que busca acotar el alcance de las medidas solicitadas por Burford Capital.

Impacto del litigio por YPF

El nuevo cruce judicial en Nueva York vuelve a poner en primer plano el juicio por la expropiación de YPF, un proceso de alto impacto económico, político e institucional para la Argentina. La disputa por el alcance del discovery, las sanciones solicitadas por los demandantes y el pedido de suspensión total del proceso reflejan una etapa de máxima tensión procesal, en la que se define no solo la estrategia jurídica sino también los márgenes de exposición patrimonial del Estado.

En términos institucionales, la discusión sobre inmunidades soberanas y requerimientos de información sensible al Banco Central se proyecta como un eje central del conflicto. Al mismo tiempo, la postura argentina busca enviar una señal tanto a los tribunales internacionales como a los actores financieros sobre la decisión de defender sus prerrogativas soberanas y limitar eventuales precedentes que puedan afectar otros frentes judiciales o financieros.

El litigio continúa abierto y bajo seguimiento permanente del tribunal, en un escenario donde cada movimiento procesal tiene implicancias directas sobre la posición del país frente a uno de los juicios más relevantes de su historia reciente.