Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.

El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo. 

Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.

La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.

Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.

Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.

El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria. 

En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite. 

El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.

El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.

Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.

El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.

Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.

Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.

Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.

Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.

La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.

Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado. 

El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.

Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir. 

Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.

Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.

La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167. 

El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.

En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados. 

Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué. 

Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria. 

El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza. 

Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste. 

El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.

Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.

Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.

“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.

Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de  construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.

También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años? 

“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.

“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.

La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”.