Diputados: ocho bloques pidieron una sesión para debatir el DNU 70, deudas y discapacidad
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Ocho bloques de la Cámara de Diputados formalizaron el pedido de una sesión especial para el 15 de octubre a las 14, con un temario que reúne tres asuntos de alto impacto social y político: el DNU 70/2023, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. La convocatoria fue respaldada por 32 legisladores y abrió un período de negociaciones en torno al quórum y al contenido de los proyectos que llegarán al recinto.
El pedido lleva las firmas de representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. En conjunto, esos espacios reúnen 122 bancas si se contabiliza la totalidad de sus integrantes, por lo que todavía necesitan asistencia adicional para alcanzar el quórum de 129 diputados requerido para iniciar una sesión de la Cámara baja.
Ese número convierte a los bloques que no integran ninguno de los dos grandes agrupamientos en actores relevantes para la convocatoria. Entre ellos aparecen espacios con representación vinculada a gobiernos provinciales, como Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia. La definición de sus legisladores será parte de las conversaciones que se desarrollen antes del 15 de octubre, al igual que la asistencia efectiva de los diputados que firmaron el pedido.
El primer punto del temario es el DNU 70/2023, dictado en diciembre de 2023 y denominado por el Poder Ejecutivo “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. El decreto modificó o derogó numerosas normas y, entre otras disposiciones, derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La discusión volvió a ganar centralidad después de una resolución de la Corte Suprema vinculada con una causa promovida por el CECIM La Plata. El máximo tribunal informó que sus decisiones y sentencias se encuentran publicadas en su sistema oficial de jurisprudencia; las interpretaciones sobre el alcance sustantivo de una resolución judicial deben distinguirse de sus aspectos procesales y del estado concreto de la controversia.
El DNU ya había sido rechazado por el Senado, pero la Cámara de Diputados todavía no había completado el trámite parlamentario. La Ley 26.122 establece que las cámaras deben pronunciarse de manera expresa sobre la aprobación o el rechazo de los decretos y que el rechazo de ambas cámaras implica su derogación.
Los otros dos asuntos incluidos en la convocatoria tienen una dinámica parlamentaria diferente. Tanto el endeudamiento familiar como la situación del sistema de discapacidad cuentan con dictámenes de comisión, aunque existen posiciones contrapuestas sobre el alcance de las medidas que debería aprobar el Congreso.
En discapacidad, el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo no establece una nueva emergencia, pero incorpora garantías vinculadas con el sistema prestacional para las personas con discapacidad. El texto opositor plantea, en cambio, prorrogar durante un año la emergencia establecida por la Ley 27.793. La diferencia no es solamente formal: define si el Congreso extendería un régimen de emergencia o avanzaría mediante un esquema permanente de garantías y prestaciones.
En materia de endeudamiento y morosidad también existen distintas propuestas. El dictamen oficialista concentra las medidas en educación financiera y mayores exigencias de información para los consumidores que acceden a créditos. Los proyectos opositores incorporan herramientas de alivio para deudores, entre ellas mecanismos de pago, límites sobre determinadas tasas y modificaciones en el tratamiento de intereses punitorios, según los textos que obtuvieron despacho.
La sesión solicitada, por lo tanto, no supone todavía la aprobación de ninguna de esas iniciativas. El primer desafío será reunir el quórum necesario y, una vez abierto el recinto, ordenar un temario cuyos proyectos tienen dictámenes diferentes y deberán atravesar la discusión y votación correspondiente.
En paralelo, el oficialismo y sus aliados cuentan con margen para negociar una estrategia parlamentaria alternativa. Entre las posibilidades que se analizan aparece la convocatoria a una sesión que incluya discapacidad y endeudamiento, pero excluya el DNU 70/2023, una diferencia que podría modificar las condiciones para reunir a los legisladores necesarios.
El 15 de octubre funcionará así como una fecha de referencia para una negociación que excede a los bloques que formalizaron el pedido. El resultado dependerá de la asistencia efectiva al recinto, de las posiciones que adopten los espacios provinciales y de los acuerdos que puedan alcanzarse sobre cada uno de los tres expedientes, que llegan a esta instancia con antecedentes, dictámenes y mayorías diferentes.
Quienes firmaron el pedido
El pedido de sesión fue firmado por Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Ariel Rauschenberger, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Itai Hagman, Diego Giuliano, Hugo Yasky, Graciela Parola, Lucía Cámpora y Andrea Freites, de Unión por la Patria.
Por Provincias Unidas lo hicieron Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Esteban Paulón y Pablo Farías; también Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por la Coalición Cívica.
Completan las firmas Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Nicolás Del Caño, Frente de Izquierda; Jorge “Gato” Fernández, de Primero San Luis; y las monobloquista Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.
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