Federación Agraria evalúa ir a la Justicia por la Ley de Tierras y seguiría el camino de Misiones
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La Federación Agraria Argentina (FAA) analiza acudir a la Justicia para defender la Ley de Tierras Rurales, después de que la Corte Suprema rechazara por razones procesales la demanda que cuestionaba su derogación mediante el DNU 70/2023. Su vicepresidente, José Luis Volando, advirtió que eliminar los límites a la adquisición de campos por extranjeros puede profundizar la concentración de la propiedad y debilitar a los pequeños productores.
La eventual presentación seguiría el camino que marcó el gobernador Hugo Passalacqua, quien ya instruyó al fiscal de Estado a defender los intereses de Misiones frente a la derogación de la normativa. Ambas posiciones convergen en la defensa del territorio y de los recursos naturales, una discusión especialmente sensible para una provincia fronteriza.
“Estamos de acuerdo con que la ley siga vigente”, sostuvo Volando en una entrevista con La Red Rural. El dirigente confirmó que la entidad estudia una acción judicial propia o una presentación junto con otras organizaciones, aunque aclaró que todavía no concretó ese paso.
“Nosotros estamos analizando ir a la Justicia, ya sea en forma individual o en conjunto con otras organizaciones”, señaló. También expresó su expectativa de encontrar una vía para discutir la derogación: “Creo que existe el resquicio para poder ganarlo en la Justicia”.
El nuevo escenario se abrió con la decisión de la Corte de rechazar la demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, al considerar que carecía de legitimación para promoverla. El tribunal no resolvió la constitucionalidad de la derogación, pero su pronunciamiento despejó el camino para la aplicación del artículo 154 del decreto de Javier Milei.
Para Volando, la discusión tiene consecuencias concretas sobre la estructura productiva. Su argumento central es que los límites a la extranjerización permiten inversiones bajo condiciones que buscan evitar que la capacidad de compra de grandes capitales termine desplazando a quienes producen y viven en el territorio.
El dirigente estimó que alrededor del 6% de las tierras se encuentra en manos extranjeras y contrastó esa proporción con el límite del 15% contemplado por la normativa. Según planteó, existe margen para nuevas adquisiciones sin necesidad de eliminar las restricciones.
“No es que no puedan comprar más, sino que pueden comprar muchísimo”, afirmó. A su entender, quitar los topes podría aumentar la presión sobre los productores argentinos y acelerar su desplazamiento.
La preocupación de Federación Agraria también alcanza al control de los recursos naturales. Volando puso como ejemplo las áreas cordilleranas, donde el acceso al agua resulta decisivo para sostener la producción. Allí, señaló, la compra de grandes extensiones puede alterar las condiciones de trabajo de establecimientos vecinos.
“Cuando vos comprás una superficie grande de tierra, también te estás apropiando de esos recursos naturales”, sostuvo. Su advertencia apunta a un problema que excede la titularidad de una parcela: la concentración territorial puede modificar el acceso al agua y las relaciones productivas de toda una zona.
En ese marco, defendió la necesidad de mantener controles sobre las adquisiciones en áreas fronterizas. Vinculó esa preocupación con la seguridad nacional y advirtió que una flexibilización, desde su perspectiva, podría facilitar el contrabando y el narcotráfico.
La posición de FAA expone, además, diferencias dentro de la Mesa de Enlace. Volando atribuyó a la Sociedad Rural una mirada favorable a la derogación y la relacionó con los intereses de propietarios de grandes superficies, que podrían obtener mejores precios al ampliar el universo de compradores.
“En el caso nuestro, somos pequeños productores, representamos las economías familiares y las economías regionales”, contrapuso. La diferencia, según explicó, nace de las distintas escalas y necesidades de los sectores representados por cada entidad.
Sin embargo, descartó que esa discrepancia implique una ruptura. Definió a la Mesa de Enlace como el “Parlamento del campo”: un espacio donde las organizaciones llevan sus demandas, construyen acuerdos cuando es posible y mantienen posiciones propias cuando no hay consenso.
“No hay espacio hoy para romper la Mesa de Enlace”, afirmó. Consideró que la unidad sigue siendo necesaria para plantear los problemas del interior ante el Gobierno nacional, al que cuestionó por concentrarse en las variables macroeconómicas sin conocer suficientemente la realidad de los productores.
“Principalmente este gobierno no entiende mucho de campo, hay que decirlo como es”, sostuvo. En su evaluación, las demandas vinculadas con el crédito, la tecnología y la supervivencia de los establecimientos familiares necesitan una representación común para ganar fuerza.
Volando reclamó políticas diferenciadas para los pequeños productores, con financiamiento accesible para incorporar tecnología y beneficios fiscales que contemplen su escala. También planteó que una reducción de retenciones debería considerar prioritariamente a los establecimientos de menor tamaño.
“Favorecer al chico sin perjudicar al grande”, sintetizó. Esa definición atraviesa también su defensa de la Ley de Tierras: para Federación Agraria, la apertura del mercado debe contemplar qué ocurre con quienes tienen menos recursos para competir por la propiedad y sostener la producción.
Por ahora, la entidad mantiene la presentación judicial en estudio. La decisión pendiente es cómo construir un planteo que permita llevar nuevamente a los tribunales la discusión sobre los límites a la extranjerización de la tierra, en una línea de defensa que Misiones ya decidió impulsar.
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