Causa $LIBRA: Taiano rechazó reabrir la investigación y defendió el sobreseimiento de Milei
El fiscal Eduardo Taiano cuestionó el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pidió asumir la acción penal y consideró prematuro el cierre de la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver si habilita la reapertura del expediente o mantiene el sobreseimiento solicitado para Javier Milei, Karina Milei y otros imputados.
La causa judicial por el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo institucional. El fiscal federal Eduardo Taiano se pronunció en contra de reabrir la investigación y ratificó su posición favorable al sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los otros nueve imputados.
En un escrito presentado ante la Justicia, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió el criterio que había sostenido durante la instrucción y cuestionó la intervención solicitada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, que pretende asumir el ejercicio de la acción penal y continuar con la investigación.
“Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones”, expresó Taiano.
El pronunciamiento se produjo después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptara el pedido de sobreseimiento formulado por la fiscalía el 22 de octubre y dispusiera el cierre del expediente. Frente a esa decisión, Rodríguez presentó un planteo en el que calificó de prematuro el cierre de la investigación y solicitó que la PIA pudiera intervenir directamente en el impulso de la acción penal.
La presentación fue remitida a Taiano para que fijara posición, luego de que el juez federal Daniel Rafecas, en funciones de subrogante del Juzgado Federal N°8, corriera vista al fiscal.
La disputa institucional por el alcance de la investigación
Uno de los principales argumentos de Taiano para cuestionar la intervención de la PIA está relacionado con el período durante el cual ese organismo tuvo acceso al expediente. Según sostuvo, la dependencia especializada en investigaciones administrativas y hechos de corrupción pudo consultar las actuaciones entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025, por lo que consideró que no contaba con conocimiento integral de los elementos probatorios incorporados desde el inicio de la causa.
El fiscal calificó de “sorpresiva” la presentación de Rodríguez y consideró “desacertadas” sus conclusiones. También cuestionó que los fundamentos de la PIA no contemplaran, a su entender, la totalidad de las pruebas incorporadas al expediente durante 2025.
En su escrito, Taiano sostuvo que la discusión planteada constituye una discrepancia sobre la valoración del material probatorio y rechazó que esa diferencia justifique prolongar la etapa de instrucción.
La fiscalía argumentó que existe un cuadro de atipicidad que impediría atribuir a los funcionarios públicos involucrados las conductas denunciadas. También sostuvo que no se pudo determinar la existencia de un perjuicio para las arcas del Estado.
En ese sentido, el fiscal defendió que los elementos reunidos no justifican mantener abierta la investigación ni avanzar con imputaciones contra los funcionarios alcanzados por el pedido de sobreseimiento.
No obstante, Taiano aclaró que su fiscalía no formula objeciones de carácter procesal respecto de la admisibilidad formal de la presentación de la PIA. Esa distinción deja planteada una discusión que deberá resolver el juzgado: la posibilidad procesal de que el organismo intervenga no implica necesariamente que sus argumentos deban ser aceptados en cuanto al fondo de la investigación.
Martínez de Giorgi deberá resolver el futuro de la causa $LIBRA
La definición quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá evaluar los argumentos contrapuestos y determinar si corresponde habilitar la intervención de la PIA en el ejercicio de la acción penal y reabrir la investigación, o si mantiene el criterio que derivó en el cierre del expediente.
La controversia excede la discusión sobre la situación procesal de los imputados y vuelve a poner en primer plano el alcance de las competencias de los organismos de control y del Ministerio Público Fiscal en investigaciones que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Por un lado, Taiano sostiene que la investigación reunió elementos suficientes para fundamentar el sobreseimiento. Por otro, la PIA considera que el cierre fue prematuro y que todavía existen aspectos que justifican continuar con las actuaciones.
La resolución judicial será determinante para establecer si el expediente continúa cerrado o si se abre una nueva instancia de investigación sobre el caso $LIBRA, que tuvo repercusión política e institucional por la participación pública del Presidente en la promoción del activo digital.
