Quirno endureció la posición argentina por Malvinas y advirtió que podría avanzar penalmente contra petroleras británicas

La disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática argentina. El canciller Pablo Quirno advirtió que el Gobierno podría avanzar con acciones penales contra los directivos de las empresas británicas Rockhopper Exploration y Navitas, involucradas en el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, en las Islas Malvinas.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario sostuvo que ambas compañías y sus responsables podrían estar incurriendo en delitos contemplados por la legislación nacional. “Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, afirmó.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de impulsar procesos judiciales contra personas físicas, incluso con eventuales penas de prisión y multas, Quirno respondió afirmativamente y ratificó que la administración de Javier Milei utilizará los mecanismos legales disponibles para impedir el desarrollo de las actividades petroleras.

El canciller recordó que las dos empresas ya recibieron sanciones bajo la legislación argentina y planteó que la estrategia oficial contempla tanto actuaciones en el ámbito judicial nacional como presentaciones ante organismos internacionales.

La advertencia se conoció luego de que el diario británico The Guardian publicara información sobre las comunicaciones dirigidas a responsables de Rockhopper Exploration, en las que se habría alertado sobre las posibles consecuencias penales de su participación en el proyecto petrolero.

El proyecto Sea Lion y la disputa por los recursos naturales

El principal frente de la estrategia diplomática argentina se encuentra actualmente en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Allí, el Gobierno presentó una solicitud de medidas provisionales para intentar suspender las actividades de explotación hidrocarburífera hasta que se constituya el tribunal arbitral que deberá examinar la controversia.

El planteo adquiere relevancia por el cronograma previsto para Sea Lion, cuyo inicio de explotación está proyectado para el primer trimestre de 2027. La Argentina busca que exista una intervención internacional antes de que las operaciones ingresen en una fase que podría modificar las condiciones materiales de la disputa.

Quirno sostuvo que el desarrollo de las actividades petroleras constituye una decisión unilateral del Reino Unido y cuestionó que Londres desconozca las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la necesidad de evitar acciones que puedan alterar la situación mientras persista la controversia de soberanía.

El canciller aclaró, sin embargo, que la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no busca obtener un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas. El objetivo específico es discutir la explotación de los recursos naturales en el área marítima en disputa.

Esta distinción es relevante desde el punto de vista jurídico: la competencia del tribunal está vinculada con la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no con la resolución del diferendo territorial entre la Argentina y el Reino Unido.

El funcionario también señaló que espera que Londres cumpla un eventual pronunciamiento favorable a la posición argentina, dado que ambos países forman parte del marco convencional internacional en el que se sustenta la presentación.

La discusión plantea un desafío adicional para la política exterior: conseguir que los instrumentos jurídicos internacionales tengan efectos concretos sobre las actividades económicas en una zona donde persiste una controversia de soberanía.

La conexión marítima con Chile y el control de las cargas

Quirno también se refirió a la eventual reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, una cuestión que introduce otra dimensión en la estrategia argentina sobre el Atlántico Sur.

El canciller explicó que la legislación nacional contempla la libre circulación de embarcaciones, pero establece requisitos de autorización para los buques que transporten cargas hacia y desde el archipiélago.

“Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, señaló.

En ese contexto, manifestó su expectativa de que las empresas que participen de esa conexión respeten las disposiciones nacionales y que Chile mantenga su posición histórica de respaldo al reclamo argentino de soberanía.

La cuestión logística adquiere importancia porque el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos requiere una red de abastecimiento, transporte y servicios que excede el área específica de explotación. Por eso, el Gobierno busca que su estrategia no se limite a las actuaciones contra las compañías petroleras, sino que también contemple los circuitos de apoyo a esas operaciones.

Quirno vinculó esta política con otras iniciativas impulsadas por la administración de Milei, entre ellas el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas orientadas a reforzar la presencia y las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

Irán declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea y Argentina rechazó la decisión

En la misma entrevista, el canciller abordó otro frente de tensión diplomática: la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.

Quirno afirmó que el Gobierno rechaza “rotundamente” esa determinación y sostuvo que las Fuerzas Armadas nacionales no registran acusaciones de terrorismo, a diferencia de las imputaciones que pesan sobre la Guardia Revolucionaria iraní.

El funcionario relacionó la decisión de Teherán con la determinación adoptada por el Gobierno argentino en marzo de 2026, cuando incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas.

Según recordó, después de esa medida tanto Javier Milei como el propio canciller fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el régimen iraní. Como respuesta, la Argentina declaró persona no grata a personal diplomático de ese país que se encontraba en territorio nacional.

Quirno defendió el funcionamiento institucional de las Fuerzas Armadas argentinas y sostuvo que actúan bajo el marco constitucional y la conducción del presidente, en su carácter de comandante en jefe.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la relación bilateral y la continuidad de una política exterior argentina alineada con la decisión de profundizar las medidas contra estructuras vinculadas al régimen iraní.

La agenda diplomática también incluye al Vaticano y Paraguay

En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que dejó un mensaje orientado a mejorar la convivencia social y política. El canciller reconoció que el proceso de transformación impulsado por el Gobierno genera tensiones y discusiones, aunque planteó la necesidad de encauzarlas institucionalmente.

Por último, confirmó que el Ejecutivo mantiene una relación positiva con Paraguay tras la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia y adelantó que se trabaja en una comunicación entre Milei y el nuevo mandatario paraguayo.

En cambio, evitó confirmar una eventual visita del vicepresidente estadounidense JD Vance y señaló que cualquier anuncio sobre esa posibilidad corresponde a las autoridades de Washington.

La agenda expuesta por Quirno muestra que la política exterior argentina combina actualmente tres dimensiones: la defensa del reclamo de soberanía sobre Malvinas, la disputa por el control y la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y el posicionamiento diplomático frente a conflictos internacionales. En el caso de los hidrocarburos, el resultado dependerá tanto de la capacidad de sostener los planteos jurídicos como de la respuesta del Reino Unido y de los actores empresariales involucrados.