El Senado convirtió en ley la reforma de propiedad privada y restituyó los límites a la extranjerización de tierras rurales
El Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 42 votos afirmativos y 26 negativos, sin abstenciones. El texto aprobado restablece la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, incorpora cambios en los procedimientos de desalojo, restringe las condiciones para las expropiaciones y promueve la modernización de los registros inmobiliarios.
La decisión mantiene los límites legales a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las cuestiones más controvertidas del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa original contemplaba eliminar esas restricciones, pero el texto terminó incorporando la restitución del régimen sancionado en 2011, luego de su derogación mediante el DNU 70/2023 y de las controversias judiciales posteriores.
La votación reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados. También acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En contra votaron el bloque Justicialista y legisladores de distintos espacios provinciales.
La sanción representa el cierre de un recorrido parlamentario con modificaciones sustanciales respecto de la propuesta inicial. Durante su tratamiento se retiraron o quedaron fuera capítulos vinculados con el Registro Nacional de Barrios Populares y el manejo del fuego, mientras que el debate sobre la Ley de Tierras obligó al oficialismo a revisar su posición original.
Qué cambia en el régimen de tierras rurales
La restitución de la Ley 26.737 recupera el límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, computado sobre el territorio nacional y también sobre cada provincia y municipio. La norma establece, además, que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% de ese cupo. Es decir, el 30% no es el límite general de extranjerización, sino una restricción adicional dentro del porcentaje permitido.
El régimen también conserva el tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente según la ubicación y las características productivas del terreno. A esto se suman restricciones para la titularidad de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones previstas legalmente.
La reincorporación de estas disposiciones tiene relevancia para el mercado de tierras rurales, las inversiones agropecuarias y la administración de recursos territoriales. Su aplicación involucra tanto a las autoridades nacionales como a las jurisdicciones provinciales y municipales.
Desalojos: procesos más breves y restitución de inmuebles
Otro de los ejes centrales de la ley es la modificación de los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. El texto establece que los desalojos tramiten mediante un proceso sumarísimo, con el objetivo de acortar los plazos respecto de los procedimientos anteriores.
Para los casos de inmuebles usurpados o de ocupación precaria, el juez podrá disponer la restitución inmediata cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y se presente una caución juratoria. El pedido deberá estar respaldado por documentación que permita acreditar la titularidad del inmueble.
La normativa contempla también mecanismos de intervención judicial temprana. En determinadas causales, como cambio de destino, deterioro del inmueble, realización de obras nocivas o uso abusivo, el juez deberá realizar un reconocimiento dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con intervención de la Defensoría Oficial, para identificar a los ocupantes y verificar la situación.
La reforma incorpora previsiones específicas cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que ello implique necesariamente la interrupción del proceso judicial.
Para los conflictos derivados de la falta de pago de alquileres de viviendas, la ley establece una instancia previa de intimación fehaciente. El propietario deberá otorgar al inquilino un plazo no inferior a diez días corridos para regularizar la deuda, contado desde la recepción de la notificación y con indicación del lugar de pago.
La norma también prevé sanciones para evitar el uso abusivo de las medidas de restitución inmediata. Si se demuestra que el propietario obtuvo la desocupación ocultando hechos o documentación relevante, podrá recibir una multa de hasta diez veces el monto del alquiler mensual en favor de la contraparte.
Expropiaciones: límites a la intervención estatal
La reforma modifica también la Ley de Expropiaciones y establece criterios más restrictivos para que el Estado declare la utilidad pública de un bien. La decisión deberá identificar de manera específica el objetivo perseguido y justificar que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional.
En materia de indemnizaciones, el texto incorpora el reconocimiento del lucro cesante, aunque fija un límite general equivalente al 30% del valor del daño emergente. Ese tope podrá superarse si el propietario demuestra fehacientemente que el perjuicio fue mayor.
El valor del inmueble deberá calcularse tomando como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier acto administrativo, legislativo, medida o anuncio público fehaciente relacionado con la expropiación. La actualización de la indemnización se realizará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación.
Otro aspecto relevante es que la transferencia del dominio no podrá concretarse sin el pago íntegro de la indemnización correspondiente. La reforma también contempla los supuestos de expropiación irregular, cuando el Estado toma un bien sin pagar, impide de manera sustancial su disponibilidad o restringe el derecho de propiedad de forma equivalente a una expropiación.
En cuanto a la ocupación temporánea anormal, la norma establece que deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y fija un plazo máximo de 90 días, prorrogable por única vez ante circunstancias graves y de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales. También prohíbe reiterar la ocupación por la misma causa.
Regularización dominial y modernización registral
El proyecto incorpora modificaciones al régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri, con el objetivo de facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única para familias que acrediten una posesión pública durante los diez años anteriores y cumplan las condiciones previstas.
En paralelo, impulsa cambios en la Ley 17.801 para modernizar el funcionamiento de los registros de la propiedad inmueble. La reforma apunta a incorporar documentos electrónicos, firma digital y herramientas que permitan mejorar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de la información registral.
La digitalización de los registros busca reducir instancias administrativas y fortalecer la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias. Su implementación dependerá de la adecuación tecnológica y operativa de los sistemas registrales, que funcionan bajo competencias distribuidas entre las distintas jurisdicciones.
Un proyecto que cambió durante el debate parlamentario
El recorrido legislativo de la iniciativa estuvo marcado por modificaciones respecto del texto original elaborado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. La propuesta inicial buscaba eliminar las restricciones de la Ley de Tierras, en línea con la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.
Sin embargo, durante el tratamiento parlamentario se retiraron capítulos y se modificó el articulado. La Cámara de Diputados reincorporó la vigencia de la Ley 26.737 y el Senado terminó sancionando esa versión.
Durante el debate, el senador justicialista Martín Soria cuestionó el cambio de posición del oficialismo y señaló la contradicción entre el proyecto original y el texto finalmente aprobado. En sentido contrario, la senadora chubutense Edith Terenzi defendió la restitución del régimen de tierras y sostuvo que permitía cerrar la incertidumbre jurídica generada por la derogación mediante el decreto.
Con la sanción, el Congreso establece un nuevo marco normativo que combina la protección de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales con procedimientos judiciales más ágiles para recuperar inmuebles, mayores requisitos para las expropiaciones y una actualización del sistema registral. El alcance concreto de esos cambios dependerá ahora de su aplicación por parte de los tribunales y de los organismos administrativos responsables.
