El Senado sancionó la nueva Ley de Discapacidad por unanimidad: pensiones, actualización de aranceles y financiamiento permanente
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma establece un régimen permanente que reemplaza el esquema de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre, y mantiene los principales derechos y prestaciones que habían sido incorporados durante el debate legislativo en Diputados.
La sanción representa un acuerdo político transversal después de meses de controversias entre el Gobierno nacional, la oposición y las organizaciones vinculadas con la discapacidad. El texto definitivo conserva la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo formal bajo determinados límites de ingresos, el nomenclador universal de prestaciones, la actualización periódica de aranceles y las coberturas sanitarias.
El nuevo marco también establece mecanismos de financiamiento presupuestario, auditorías periódicas y procedimientos para regularizar las deudas con prestadores. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con la reglamentación, para lo cual la norma contempla un plazo de 30 días. El Gobierno conserva sus facultades constitucionales para disponer eventuales vetos parciales o totales.
El resultado legislativo tiene una dimensión económica y social significativa: busca reemplazar la incertidumbre asociada a las sucesivas prórrogas de la emergencia por reglas permanentes para beneficiarios, prestadores, instituciones y familias que dependen de la continuidad de los servicios.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, recupera prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y de emergencia.
Uno de sus puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se establece en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, se mantiene la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición busca evitar que la incorporación al mercado laboral implique automáticamente la pérdida de una prestación que constituye un respaldo económico para las personas con discapacidad.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa como instrumento central para acreditar la condición y acceder a los beneficios previstos por el sistema.
Otro componente relevante es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, mecanismos que buscan establecer criterios comunes de reconocimiento y financiamiento de los servicios en todo el territorio nacional.
La normativa también ratifica la actualización periódica de los aranceles mediante un mecanismo vinculado al índice de movilidad jubilatoria, relacionado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo es evitar que los valores reconocidos a los prestadores pierdan capacidad de financiamiento frente a la inflación.
Financiamiento y deudas con los prestadores
Uno de los aspectos más sensibles del nuevo régimen es la previsión presupuestaria para garantizar la continuidad de las prestaciones.
La ley establece partidas específicas dentro del Ministerio de Salud y dispone que la asignación presupuestaria destinada al sistema no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior. También contempla compensaciones desde el Tesoro cuando los recursos asignados resulten insuficientes.
El debate parlamentario estuvo atravesado por las diferencias respecto del costo fiscal de la iniciativa. Durante la sesión, el senador Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que ubicaron el gasto en aproximadamente 600.000 millones de pesos para el ejercicio en curso. Por su parte, el senador Agustín Monteverde hizo referencia a una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.
Las cifras expusieron uno de los principales desafíos de implementación: garantizar los derechos reconocidos por la ley y, al mismo tiempo, asegurar que las partidas presupuestarias permitan sostener las prestaciones y los servicios.
La norma también incorpora una disposición específica para las deudas que pudieran mantenerse con los prestadores al momento de su sanción. En esos casos, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.
El punto resulta relevante para centros de rehabilitación, instituciones educativas, transportistas, profesionales y organizaciones que integran la red de atención, cuya capacidad operativa depende de la regularidad de los ingresos.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva legislación incorpora un esquema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en el sistema.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo los controles mediante el cruce de información con distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El procedimiento contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio cuando se detecten incumplimientos objetivos, pero establece garantías de debido proceso inclusivo, con mecanismos de notificación y rehabilitación provisoria.
La discusión sobre los controles ocupó una parte importante del debate parlamentario. Desde el oficialismo se defendió la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar irregularidades y mejorar la administración de los recursos públicos. Desde la oposición, en cambio, se advirtió sobre la necesidad de evitar que los procedimientos administrativos terminen afectando a personas que efectivamente necesitan la cobertura.
La senadora Alicia Kirchner también expresó preocupación por la capacidad operativa de las oficinas de ANSES para atender las demandas vinculadas con el sistema. Según señaló, existen 427 centros para todo el país y advirtió sobre la concentración territorial de esas dependencias.
La implementación de las auditorías deberá compatibilizar, por lo tanto, dos objetivos: garantizar la transparencia en la asignación de los recursos y evitar interrupciones injustificadas en los derechos de los beneficiarios.
Un acuerdo político después de meses de conflicto
La votación unánime de 71 senadores reflejó un consenso que atravesó a los principales bloques políticos, aunque durante el debate quedaron expuestas diferencias sobre el origen de los problemas del sistema, la administración de los recursos y las responsabilidades del Estado.
El senador Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de abandonar el esquema de emergencia y establecer reglas permanentes.
«La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad», sostuvo.
Desde la oposición, Alicia Kirchner consideró que la sanción representa una respuesta importante, aunque advirtió que no resuelve todos los problemas acumulados. También planteó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los organismos responsables de implementar las prestaciones.
La senadora Lucía Corpacci, por su parte, sostuvo que la aprobación fue consecuencia de la movilización de las organizaciones y familias vinculadas con la discapacidad. También advirtió que el cumplimiento de la norma dependerá de que el Presupuesto contemple los recursos necesarios.
Desde Provincias Unidas, Alejandra Vigo puso el foco en la necesidad de acompañar a las jurisdicciones provinciales y optimizar los recursos destinados a garantizar los servicios.
El radical Maximiliano Abad destacó la importancia de superar las respuestas transitorias y construir políticas públicas sostenidas, mientras que Patricia Bullrich definió la sanción como resultado de un acuerdo político y social que incorpora mecanismos de transparencia y previsibilidad.
Misiones: Goerling puso el foco en las pensiones y los certificados de discapacidad
Durante el debate, el senador nacional por Misiones Martín Goerling Lara destacó la importancia de que la dignidad de las personas con discapacidad y la estabilidad de sus familias no dependan de una declaración de emergencia con vencimiento.
«La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento», expresó.
El legislador también introdujo una discusión sobre la distribución territorial de las pensiones y los certificados de discapacidad. Según los datos que mencionó durante su intervención, en Misiones cerca del 6% de la población percibe una pensión por invalidez, una proporción superior al promedio nacional.
Además, cuestionó las diferencias registradas entre municipios y mencionó el caso de una localidad donde los certificados alcanzarían aproximadamente al 19% de la población.
Sus planteos trasladaron al recinto una discusión sobre los criterios de otorgamiento, los mecanismos de control y las posibles diferencias territoriales en la aplicación de las políticas de discapacidad.
El desafío para Misiones, al igual que para el resto de las provincias, será garantizar que el nuevo marco nacional se traduzca en prestaciones efectivas, continuidad de tratamientos y mayor previsibilidad para las instituciones que brindan servicios.
La reglamentación, el próximo paso para la aplicación efectiva
Con la sanción del Senado, la nueva ley deja atrás el esquema de emergencia y establece una estructura permanente de derechos, prestaciones, financiamiento y controles. Sin embargo, su impacto concreto dependerá de las decisiones administrativas y presupuestarias que acompañen su implementación.
El Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días para reglamentar la norma. Esa instancia será determinante para precisar los procedimientos de acceso, los mecanismos de actualización, las auditorías y la organización de los pagos a prestadores.
La aprobación legislativa constituye un punto de partida para ordenar un sistema que durante los últimos años estuvo atravesado por conflictos presupuestarios, demoras en los pagos y controversias sobre los mecanismos de auditoría.
La prueba central será convertir el consenso parlamentario en previsibilidad operativa: que las personas con discapacidad puedan sostener sus tratamientos, que las familias conozcan sus derechos, que los prestadores reciban los recursos correspondientes y que los controles administrativos no se transformen en nuevas barreras de acceso.
