Tras tres jornadas de protestas y miles de pasajeros afectados, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el gremio de controladores aéreos alcanzaron un entendimiento salarial en la Secretaría de Trabajo. El acuerdo permite garantizar la continuidad del servicio aéreo en los 54 aeropuertos del país y despeja el fantasma de nuevas cancelaciones para el próximo fin de semana.

El conflicto con los controladores aéreos, que amenazaba con escalar en un paro nacional el sábado 30 de agosto, quedó desactivado en la noche del miércoles tras un acuerdo paritario entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la EANA, dependiente del Ministerio de Defensa.

El entendimiento, homologado por la Secretaría de Trabajo que conduce Omar Yasin bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, establece un incremento salarial escalonado que se aplicará sobre las remuneraciones vigentes al 31 de mayo de 2025:

• 1,3% desde el 1 de junio
• 1,3% desde el 1 de julio
• 1,3% desde el 1 de agosto
• 1,2% más 4% desde el 1 de septiembre (sobre remuneraciones al 31 de agosto)
• 1,1% más 3% desde el 1 de octubre (sobre remuneraciones al 30 de septiembre)
• 1,1% desde el 1 de noviembre (sobre remuneraciones al 31 de octubre)

Desde EANA confirmaron que el entendimiento “garantiza la normalidad de todas las operaciones aéreas y la continuidad plena de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos de todo el país”.

El Gobierno, en tanto, celebró que el gremio aceptara la propuesta original. “No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”, señalaron fuentes oficiales cercanas a la Casa Rosada.

Impacto económico y social de las medidas de fuerza

El conflicto no fue menor: según cifras de Aerolíneas Argentinas, 15.000 pasajeros resultaron afectados el martes 26 de agosto, con un costo estimado para la compañía de bandera de entre USD 1,5 y 2 millones. Ese día, de los 295 vuelos programados, 178 sufrieron alteraciones: 82 cancelados y 96 reprogramados.

El domingo anterior, la cifra de usuarios damnificados había escalado a 19.000 pasajeros, principalmente en vuelos de cabotaje, con severas complicaciones en aeropuertos como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

Las protestas de Atepsa se ejecutaron de manera escalonada, con bloqueos en la autorización de despegues y planes de vuelo. En algunos casos, las restricciones alcanzaron tres franjas horarias diarias, generando congestión en la operación y obligando a reprogramaciones masivas.

El cronograma original contemplaba medidas hasta el sábado 30 de agosto inclusive, pero las últimas dos fechas quedaron sin efecto tras el entendimiento alcanzado en la mesa de negociación

El paro de controladores aéreos constituyó el primer gran conflicto sindical en el sector aeronáutico durante la gestión de Javier Milei, con un fuerte componente político: el Ejecutivo buscó enviar un mensaje de firmeza frente a medidas de fuerza que afectaban a servicios estratégicos de conectividad nacional.

El Ministerio de Capital Humano destacó que “la voluntad de diálogo permitió garantizar la paz social sin comprometer la operatividad del sistema aeronáutico”. Desde Atepsa, en tanto, subrayaron el “amplio respaldo de los trabajadores en los 54 aeropuertos del país” y la necesidad de resguardar condiciones laborales en un contexto de alta inflación y ajuste fiscal.

La normalización de los vuelos trae alivio a las aerolíneas, al turismo y al comercio exterior, sectores directamente afectados por las interrupciones en la conectividad aérea. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a conflictos laborales en áreas críticas, así como la necesidad de mecanismos preventivos de conciliación que eviten paros sorpresivos con alto costo económico.

Hacia adelante, la proyección estará marcada por la evolución de las paritarias en el sector aeronáutico y la capacidad del Gobierno de sostener su estrategia de negociación sin ceder a medidas de presión sindical.