El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en marcha AlertAR, el nuevo Sistema de Alerta Temprana que permitirá emitir notificaciones inmediatas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de áreas geográficas específicas ante desastres naturales, alertas meteorológicas extremas o situaciones de seguridad pública. La iniciativa quedó formalizada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial y asigna $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para financiar la infraestructura necesaria. El objetivo es fortalecer la capacidad estatal de responder ante eventos críticos y garantizar información preventiva en tiempo real a la población.

Un sistema nacional basado en Cell Broadcast: alcance, normativa y financiamiento

El proyecto AlertAR se apoya en la tecnología Cell Broadcast, un estándar que permite enviar mensajes simultáneos y segmentados a todos los teléfonos móviles presentes en zonas definidas, sin necesidad de instalar aplicaciones, estar conectado a datos o suscribirse a ningún servicio. La normativa explica que estos avisos buscan “poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública”, de acuerdo con la Resolución ENACOM Nº 960/2025.

El sistema forma parte del Programa Conectividad de Interés Público (CIP) y fue solicitado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que demandó una herramienta eficaz para la difusión inmediata y masiva de información ante emergencias.

ENACOM respondió con la elaboración del Proyecto Específico AlertAR, que contempla: Infraestructura activa: servidores, routers, software, sistemas de conmutación. Infraestructura pasiva: torres, antenas, cableado y sistemas eléctricos. Adaptaciones tecnológicas por parte de los prestadores móviles. Un esquema de financiamiento integral desde el FSU que cubre instalación, operación, mantenimiento y soporte durante 36 meses.

El organismo también aprobó los convenios de colaboración necesarios para su ejecución: Acuerdos entre ENACOM y organismos competentes. Convenios con empresas prestadoras de servicios móviles. Un acuerdo específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.

Este andamiaje interinstitucional permitirá activar, operar y supervisar el sistema en todo el país, garantizando un funcionamiento uniforme y estándares de calidad.

Implementación, control operativo y protocolos de emisión

La resolución establece que AlertAR debe asegurar su disponibilidad ante cualquier evento crítico. Para ello, se definieron tres etapas operativas: Licitación pública para seleccionar al proveedor responsable de la tecnología. Instalación de equipamiento, integración con redes móviles y adecuación de infraestructura. Período de prueba de 60 días, bajo supervisión técnica y jurídica del ENACOM.

Una vez activado, el “usuario administrativo” —la autoridad responsable designada por Seguridad— será quien emita, monitoree y defina el contenido de los mensajes conforme a protocolos específicos.

La normativa también prevé la actualización permanente de los programas asociados y la fijación de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las metas por parte de todos los actores involucrados.

Con este diseño, AlertAR apunta a convertirse en un componente estratégico de la gestión de riesgo nacional, centralizando los canales de advertencia y ampliando la capacidad estatal para proteger a los habitantes y sus bienes.

Impacto institucional y desafíos de implementación

La puesta en marcha de AlertAR marca un cambio estructural en la política pública de comunicaciones de emergencia. Con financiamiento asegurado, cobertura nacional y tecnología estandarizada, el sistema se alinea con prácticas internacionales utilizadas en países con alta exposición a fenómenos meteorológicos extremos o crisis de seguridad.

En lo inmediato, el desafío central será la coordinación entre organismos de Seguridad, ENACOM y prestadores móviles. Para garantizar: Emisión oportuna de alertas sin demoras en eventos críticos. Capacitación interjurisdiccional, especialmente en provincias y municipios. Pruebas periódicas para asegurar el funcionamiento durante todo el año. Actualización tecnológica constante, tal como prevé la resolución 1387/2025.

Para el sector privado —operadores móviles— el proyecto implica adaptar parte de su infraestructura, un proceso que demandará inversiones y coordinación técnica. Para el sector público, supone consolidar un sistema que puede reducir daños, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos. En un país con alta recurrencia de eventos climáticos severos.