La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, compuesto por 180 artículos, pero encendió alertas sobre cinco disposiciones puntuales que, según la entidad, podrían generar inestabilidad en el sector productivo y afectar de manera directa el funcionamiento de las cámaras empresariales. Las objeciones se concentran en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que introducen cambios en el régimen de convenios colectivos y en el financiamiento de las organizaciones representativas del empresariado.

La advertencia no es aislada: también fue acompañada por reclamos de la Cámara de Comercio, ADIMRA y entidades empresariales del interior del país, que comparten la preocupación por el impacto institucional y económico de la iniciativa si se aprueba sin modificaciones.

Convenios colectivos y ultraactividad: el riesgo de una transición abrupta

Uno de los ejes centrales del planteo de CAME es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Desde la entidad sostienen que, si bien los convenios requieren actualización, los cambios propuestos podrían provocar una ruptura abrupta del marco normativo vigente.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que “estos convenios, si bien hay que retocarlos o mejorarlos o actualizarlos, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente agregó que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.

Desde la óptica de la mediana empresa, la ultraactividad funciona como un mecanismo de previsibilidad en las relaciones laborales. Su eliminación o restricción, sin un esquema gradual, podría impactar en la planificación productiva, en los costos laborales y en la estabilidad de los acuerdos vigentes, especialmente en sectores con menor capacidad de negociación individual.

Aportes patronales y financiamiento: una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical

El artículo 128 del proyecto es señalado como uno de los puntos más sensibles. La norma propone la quita de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, una medida que, según CAME, comprometería seriamente su sostenibilidad financiera.

Diab sostuvo que esta modificación colocaría a las entidades empresariales en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical, que mantiene sus mecanismos de financiamiento. En ese marco, afirmó que el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

La confederación remarcó que estos recursos no solo sostienen la estructura institucional, sino también programas de formación profesional que se desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el titular de la entidad. La eventual pérdida de estos fondos, advierten, tendría un impacto directo en la competitividad y en la capacidad de adaptación de las pymes.

Riesgos legales y gestiones políticas antes de la votación

Además de los aspectos financieros, CAME alertó sobre posibles consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de los artículos 130, 131 y 132. Según el análisis de los asesores legales de la entidad, estas disposiciones “pueden traer conflictos legales futuros”, lo que abriría un nuevo frente de incertidumbre para empresas y cámaras en un contexto ya complejo.

Ante este escenario, la confederación intensificó su estrategia de diálogo político. Representantes de CAME mantuvieron reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de encuentros con distintos gobernadores. El objetivo es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la reforma.

El debate se da en un momento clave para el entramado productivo, donde la reforma laboral es presentada como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo, pero también genera tensiones sobre el equilibrio institucional entre sindicatos, empresas y el Estado. Para CAME y otras entidades empresariales, el desafío pasa por introducir cambios sin desfinanciar a las organizaciones representativas ni erosionar la previsibilidad que requieren las pymes para sostener la actividad.