El Gobierno elimina la obligación de informar precios de combustibles en tiempo real: fin a la resolución 314/2016. Libre mercado en los combustibles: se elimina el sistema de monitoreo estatal de precios en surtidor

En línea con la desregulación del mercado energético, el Ministerio de Economía derogó el sistema obligatorio de carga de precios minoristas en surtidores. La medida busca reducir burocracia, aliviar costos operativos y fomentar la competencia entre estaciones de servicio.

El Ministerio de Economía oficializó este lunes la derogación de la Resolución 314/2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar en un sistema centralizado cualquier modificación de precios en naftas, gasoil y GNC dentro de las ocho horas posteriores al cambio. La decisión, formalizada a través de la Resolución 717/2025, se enmarca en la política de desregulación del mercado que impulsa el Gobierno nacional bajo el nuevo paradigma económico basado en la libre competencia.

La resolución anterior había sido dictada en un contexto de fuerte intervención estatal en la fijación de precios del sector energético. Con la nueva normativa, el Ejecutivo considera que los precios deben surgir del juego de la oferta y la demanda, sin que el Estado actúe como ente centralizador de datos.

Razonamientos detrás de la medida

El Ministerio, encabezado por Luis Caputo, argumentó que la obligatoriedad de reportar precios suponía una carga operativa y administrativa innecesaria, en especial para estaciones de servicio de menor escala, afectando la eficiencia y la competitividad del sector.

Además, se señala que en la actualidad los consumidores cuentan con herramientas digitales –como apps, sitios web y redes sociales– que permiten acceder a información actualizada en tiempo real, lo cual vuelve innecesario el monitoreo estatal.

“La tecnología y la competencia son suficientes para garantizar la transparencia del sector, sin necesidad de una intermediación estatal que duplique información”, sostiene el texto oficial.

Uno de los argumentos más relevantes es que el sistema de reporte obligatorio podría alentar prácticas de precios homogéneos entre competidores, disminuyendo la competencia efectiva y acercándose a esquemas de cartelización, algo contradictorio con la intención de fomentar un mercado libre y dinámico.

La medida también se alinea con el Decreto 70/2023, que consagra los principios de libertad económica, circulación de bienes y servicios, y la iniciativa privada como ejes rectores del nuevo orden económico.

Perspectiva histórica y alcance normativo

La ahora derogada resolución 314/2016 había sido implementada por el ex Ministerio de Energía y Minería, en un marco regulatorio que buscaba controlar precios en un contexto inflacionario y con subsidios cruzados. En contraste, la Resolución 717/2025 establece que este tipo de controles no se justifican en el entorno actual de apertura y liberalización del mercado energético.

El Gobierno ratifica que la transparencia de precios está garantizada por el Sistema de Información Federal de Combustibles, que sigue vigente para precios mayoristas y volúmenes de venta, y por mecanismos de mercado espontáneo.

Con esta resolución, el Gobierno profundiza su estrategia de desregulación y reducción del intervencionismo estatal en los mercados clave. Para las estaciones de servicio, especialmente las pymes del interior, se trata de un alivio en términos de costos de cumplimiento y una oportunidad para definir políticas comerciales con mayor autonomía.

De cara al futuro, se espera que el sector se vuelva más competitivo y transparente por acción del propio mercado, aunque algunos especialistas advierten que la eliminación del control público podría generar disparidades regionales si no se garantiza una oferta suficiente y sostenida.