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La UIA y sus vergonzosas acciones antindustriales

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Hace muy pocos días que una delegación de la UIA (de supuesto alto nivel institucional), mantuvo una vergonzosa reunión, de muy cómplice y genuflexa postura, precisamente con el ministro Caputo, uno de los principales integrantes de la actual tríada ferozmente industricida (Milei-Caputo-Sturzenegger), quien con sornas claramente burlonas en sus opiniones, y mentiras alevosas, lleva a cabo la destrucción sistemática de todo el entramado industrial y tecnológico nacional, del cual llegamos a estar orgullosos los argentinos.
Demostrando ignorancia extrema de la realidad socio económica argentina, o carencia de elementales conocimientos de Economía, y cobardía para no plantarse con dignidad ante las políticas ferozmente industricidas, optaron por reclamar nimiedades, de muy pobres o nulos efectos ante el vendaval destructivo libertario – neoliberal; mientras que en cambio omitieron totalmente las causas principalísimas y muy evidentes del industricidio en perpetración, que con toda intencionalidad y evidente desprecio por nuestro país y su futuro, perpetran con todo sadismo libertarios y sus secuaces.

Argentina está gravemente agredida por las intencionales políticas destructivas de todo nuestro tejido socio económico, y forzada a una brutal primarización económica, además de las genuflexas acciones de política exterior subordinada a las potencias anglosajonas y sus aliados/subordinados directos, que nos ponen en el triste rol de colonia dócil e inerme, en curso de desguace total.
Los muy “modositos” representantes de la UIA reunidos con Caputo, dando sobradas muestras de ejercer un rol de miserable subordinación a los alevosos industricidas, omitieron por completo las perversas acciones principales que Milei y secuaces perpetran para exterminar por completo el antes dinámico y poderoso Sector Industrial Argentino.
Ni una palabra dijeron los representantes de la UIA -según trascendidos periodísticos- de las medidas de industricidio premeditado perpetrado por el gobierno nacional con sádica crueldad, el cual evidentemente goza ante el daño y sufrimiento causados; lo cual va en línea con el odio libertario hacia el Estado.
Lo esencial, “casualmente” omitido por los representantes de la UIA ante Caputo, se cita seguidamente:

  • La brutal y creciente avalancha de importaciones, muchas a precios de dumping, que ahogan a la producción nacional. ¡Ningún país serio y con criterio de grandeza nacional, regala su mercado interno a productos extranjeros!
  • El artificial alto valor de nuestra moneda, sostenido desde el gobierno libertario, el cual además de sostenerse en base a un demencial endeudamiento externo, produce un encarecimiento sádicamente premeditado de toda la producción nacional, siendo otro factor que impide competir contra la avalancha de importaciones…¡las que incluso destruyen las producciones primarias de Argentina, siendo que importamos masivamente desde naranjas, a yerba mate y otros alimentos que acá producimos!
  • La miseria generalizada, que se extiende sin pausa, cuan tenebrosa mancha de aceite que todo lo tapa, destruye el poder adquisitivo de nuestra población, lo cual produce bajas acentuadas en prácticamente todos los rubros comerciales, achicando más aún el mercado interno para nuestra industria.
  • El crédito bancario, además de muy caro ante el accionar perversamente negativo de las operaciones de “carry trade”, que fomentan el endeudamiento externo golondrina, con divisas que entran para volcarlas en pesos a tasas muy altas, y luego fugarlas al exterior. ¡Timba financiera y endeudamiento descomunal, tal como ya lo hicieron Caputo y Sturzenegger en el gobierno de Macri! – Financiar inversiones industriales es una operatoria que no existe hoy en el sistema bancario argentino – .
  • Poco después, ante el cierre de la emblemática productora de neumáticos Fate, solo hubo una muy tibia “preocupación” de la UIA. ¡Eso es complicidad encubierta y cobardía cívica! Esa postura cobarde y/o cómplice, viene de lejos, según parece.
    Apenas comenzado el destructivo y anti industrialista gobierno libertario, el entonces presidente de la Unión Industrial Argentina, Funes De Rioja mostró sus “habilidades discursivas” para evitar “cuidadosamente” (léase con sutil complicidad), toda crítica al claro perfil destructivo en general, y en particular acentuadamente anti industrial del gobierno libertario.
    Al mismo directivo de la UIA se le atribuye la nefasta frase con la que definió -y acepto en forma sumisa y cómplice- la perversa orientación que tempranamente mostraba el gobierno de Milei y sus secuaces, al comparar la situación de Argentina con el rumbo de colisión del Titanic, cuando marchaba raudamente hacia la trágica colisión y naufragio, al expresar en el marco de una
    reunión reservada “no hay botes salvavidas para todos”. Ni se preocupó por presionar para cambiar tan nefasta orientación anti industrial, como lo demuestran los densos silencios cómplices y los hechos de brutal industricidio.
    De por si es altamente significativo, que la UIA no haya estado conducida por un empresario industrial o un ingeniero de clara formación y actividad vinculada a la industria; mientras que Funes De Rioja, siendo abogado, la presidió.
    Esos cambiados o raros roles, de un abogado laboralista puesto a comandar el supuesto ente industrial por excelencia, está en línea con la negativa prédica de muy limitado horizonte mental del liberalismo económico, que solo parece empeñado en reducir costos laborales y precarizar las condiciones de trabajo, llevándolos a niveles de servidumbre, mientras que algunos empresarios industriales demuestran que en vez de invertir en equipamiento y tecnología, muestran la mediocre avidez de fugar divisas, o de “diversificarse” comprando campos o invertir en operaciones rentísticas o especulativas.
    Liberalismo económico doctrinario, que en particular en Argentina, en las tres o cuatro décadas de bonanza, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, en los que los altos precios de las materias primas que exportábamos, hubiesen permitidos solventar un fuerte y diversificado desarrollo nacional, creando una sólida base industrial y tecnológica, y una territorialmente amplia y diversificada infraestructura que hubiese integrado, desarrollado y poblado nuestro extenso y en general marginado territorio, en el cual solo parecían importar la centralista y egoísta gran ciudad puerto, y la feraz muy productiva Pampa Húmeda.
    Yendo más atrás en el tiempo, en su trayectoria institucional, bastante prolongada, por cierto, la Unión Industrial Argentina no evidenció abundar en muestras claras del elemental patriotismo, virtud que debe ser implícita en todo argentino bien nacido. Las prédicas nefastas y acciones del establishment ultra conservador en lo político, y ultra liberal en lo económico, se oponían de hecho a nuestra industrialización, e incluso entorpecían y denostaban el desarrollo local de las ciencias duras, oponiéndose a implementar carreras universitarias de ingeniería.
    Analizando antecedentes de esa más que centenaria institución, surgen datos que explican su patológica adhesión al nada pro industrial liberalismo económico extremo.
    La UIA fue creada en 1887, en pleno auge del poder del mitrismo y sus sucesores, período en el cual básicamente por el nefasto accionar de Mitre y Sarmiento, se instrumentaron las condiciones para la creación y consolidación de la poderosa oligarquía agropecuaria, la cual con el pleno respaldo del Estado, cooptado por esos intereses, consolidó la apropiación de muy extensas porciones del muy fértil territorio de la Pampa Húmeda.
    Su primer presidente fue Antonino Cambaceres, político destacado del régimen ultra conservador y socialmente excluyente, de aquella Argentina semi feudal. Fue terrateniente, cuya principal actividad era el manejo de sus dos estancias, y no desarrolló ninguna actividad industrial destacada por su complejidad ni importancia relativa.
    Todo parece indicar que la UIA no se desprendió de la fuerte y muy negativa impronta ultra liberal, en cuyo contexto nació; la cual en los hechos es contraria a la decidida industrialización.
    Por algo Perón, al apuntalar un decidido accionar industrialista y de desarrollo tecnológico nacional, apoyó la creación de la Confederación General Económica, en 1953; siendo un ente de fuerte accionar industrialista y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales.
    Esa experiencia se repitió en la tercera presidencia del carismático líder, volviendo a tener un rol activo de CGE; todo lo cual cambió para peor, con el muy nefasto “proceso”, con el cual la “oligarquía vacuna” (la Sociedad Rural y su entorno) estuvo muy de acuerdo.
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La piedra y el algoritmo: nada humano es absoluto

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Hay momentos en que el mundo parece demasiado grande. Los mercados se mueven a velocidades que no controlamos, la tecnología redefine reglas en tiempo real, y se habla de “nuevo orden” como si fuera un destino escrito en mármol.

Todo parece macro. Todo parece inevitable.

En ese clima vuelve una escena antigua: David frente a Goliat.

Pero la historia no es un elogio de la fuerza. Es un elogio de la precisión.

Hoy el gigante no lleva lanza. Lleva algoritmos. Lleva datos, plataformas, mercados globales. No necesita gritar; optimiza. No impone por volumen, sino por estructura.

Y frente a eso, uno puede sentirse pequeño.

Pequeña como persona.
Pequeña como territorio.

Misiones es una de las provincias más pequeñas de Argentina. Y, sin embargo, tiene el 92% de su perímetro en frontera. Vive literalmente expuesta al mundo. Lo que en otros lugares es discurso, aquí es experiencia cotidiana. Flujos, tensiones, intercambios, diferencias cambiarias, presiones económicas. Vivir en frontera es vivir en contacto permanente con lo externo.

Desde esa perspectiva, la pregunta es inevitable: ¿qué es la piedra?

La piedra es elegir identidad cuando todo empuja a diluirse.

La piedra es la agricultura familiar que decide sostener producción diversificada en lugar de depender de un solo cultivo. Es la chacra que multiplica alimentos y saberes. Es la feria franca que acorta distancias entre productor y consumidor.

La piedra es comprender que en un mundo de cadenas globales frágiles, producir cerca no es romanticismo: es estrategia. La soberanía alimentaria no es un concepto abstracto. Es una respuesta concreta a la incertidumbre.

La piedra es comunidad organizada. Es red territorial. Es mujeres rurales liderando procesos. Es agregar valor en origen en lugar de exportar solo materia prima.

En una provincia pequeña y fronteriza, eso no es menor. Es una forma de equilibrio. Es una forma de no quedar a merced de vaivenes externos.

El algoritmo organiza el mundo en datos.
La piedra organiza el mundo en vínculos.

El algoritmo responde a escala.
La piedra responde a territorio.

Nada humano es absoluto. Tampoco los gigantes económicos, tecnológicos o políticos que hoy parecen intocables. La historia está llena de estructuras que parecían eternas… hasta que dejaron de serlo.

Misiones, pequeña en mapa, enorme en biodiversidad, en cultura, en resiliencia, demuestra algo interesante: la escala no define la influencia. Lo que define es la coherencia estratégica.

David no intentó convertirse en Goliat. No compitió en tamaño. Eligió precisión.

Tal vez esa sea la enseñanza para este tiempo. No negar la magnitud de los cambios. No minimizar la complejidad del algoritmo. Pero tampoco asumir que todo está decidido.

Porque no todo gigante es invulnerable.

Y ninguna realidad humana es absoluta.

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Reforma laboral en Brasil: qué explicó el salto en el empleo formal

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Pese a que Brasil conserva similares rasgos a los de la Argentina en términos de proteccionismo, cierre de la economía, elevada presión tributaria, excesivas regulaciones y poder burocrático, desde 2017 se observa una divergencia en la trayectoria de ambos países en términos de crecimiento y de generación de empleos privados formales.

Es desde entonces que Brasil se aparta del sendero estanflacionario de la Argentina, fenómeno en buena medida atribuible a dos reformas adoptadas bajo el gobierno de Temer (2016/2018): a) una reforma laboral profunda y b) el establecimiento de una pauta firme, como techo al gasto público, que permitió al mismo tiempo el retorno de la tasa de inflación a niveles de un dígito bajo y el relajamiento de la política monetaria (en ese entonces, ahora con Lula ha retornado la incertidumbre fiscal).

La reforma laboral de Brasil de 2017 sacudió un statu quo de décadas en cuanto al funcionamiento del mercado laboral. Las normas vigentes databan de 1943, cuando el presidente de entonces, Getulio Vargas, firmó el decreto conocido como la CLT, las iniciales de “Consolidación de las leyes del trabajo”. Lo que hizo la reforma de 2017 fue traspasar a la negociación colectiva la redefinición de 15 items que hasta entonces habían estado reglados por la CLT, retirándolos al mismo tiempo de la interferencia de la Justicia del Trabajo.

Vale decir, a partir de esos cambios legales, las condiciones de contratación y rescisión se definen de acuerdo a convenios que, a su vez, pueden tener distintas escalas de representación, hasta el de acuerdos individuales.

Así, se ganó en flexibilidad en diversidad de ítems: la definición de la jornada de trabajo, la posibilidad de negociar la participación en los dividendos, la segmentación del período de vacaciones, el intervalo entre jornadas, la creación de un banco de horas y de nuevas modalidades de empleo (tiempo parcial; intermitente) entre otros. Además, creó la posibilidad de penalizar las demandas laborales de mala fe, con una serie de cláusulas destinadas a acotar la “industria del juicio”.

Un reciente estudio del FMI sobre reformas estructurales en Brasil muestra impactos muy significativos en el potencial de crecimiento a propósito de la reforma laboral de 2017, destacando el aumento de empleo formal, la menor litigiosidad y el fuerte aumento de la productividad, particularmente en actividades intensivas en empleo.

En el presente, Brasil está avanzando en una profunda reforma tributaria, que condensa en un IVA nacional impuestos distorsivos de las distintas jurisdicciones (incluido simil de Ingresos Brutos). El FMI estima que, cuando se complete su implementación, esta reforma también tendrá fuerte impacto en el PIB potencial. Varios vectores convergen cuando se eliminan impuestos distorsivos y se unifican en un IVA, aunque su alícuota parezca elevada: mejor asignación de recursos de inversión; reducción del costo de los insumos y bienes intermedios de producción local, incentivos a la formalización de la economía, ampliación de escalas por incremento de la demanda, etc.

En este sentido, la referencia de Brasil puede ser extremadamente útil a la hora de evaluar el impacto potencial de la reforma laboral que se discute en el Congreso argentino. Aunque ahora el gobierno de Lula esté “volviendo a las andadas”, con una reversión parcial de los avances, la diferenciación de la última década es innegable. Entre 2016 y 2025, Brasil creció 14,5 puntos porcentuales más que la Argentina, y la brecha en la creación de empleos privados formales fue de 14,5 puntos porcentuales en ese período.

Actualmente, la tasa de desempleo en Brasil se ubica en el 5,2 %, su piso histórico. Notable refutación a quienes suponen que las reformas laborales destruyen empleos. Por el contrario, se gana en competitividad y en empleos privados y salarios formales al mismo tiempo.

Brasil no necesitó transformarse en Finlandia. De hecho, sigue caracterizado por elevada presión tributaria, creciente deuda pública, excesivas regulaciones y burocracia, sin haber superado sus rasgos proteccionistas y de economía relativamente cerrada.

Lo que cambió bajo el gobierno de Temer (2016/2018) fue: a) se modernizó el funcionamiento del mercado laboral y b) se estableció una pauta estricta para el gasto público. Esas dos reformas se conjugaron con una reconfiguración de la macro. Después de los “cepos” de Dilma, y a partir de cierto nivel del tipo de cambio real, las expectativas de devaluación se evaporaron, iniciando un sostenido declive de las tasas de interés y de la inflación, abriendo espacio a la recuperación del consumo, de la inversión y de la productividad.

Focalizando en las “condiciones iniciales” de la macro, para la fase en que se aprobaban los proyectos de Temer, el “mix” de dólar/tasa sin dudas potenció los efectos de la reforma laboral sobre el empleo. Luego de alcanzar un pico nominal en 2015, con una paridad de 4,20 reales por dólar, el tipo de cambio bajó al entorno de 3,50 en 2016 y 3,20 en 2017, volviendo al nivel nominal de 2015 recién hacia el fin de 2019.

Tras la sobrerreacción de la paridad dólar/real durante la crisis del gobierno de Dilma, las expectativas de devaluación se esfumaron, creando condiciones para una baja secuencial de la tasa Selic, definiendo una escalera descendente de la tasa real de interés, de 5,0 % en 2016 hasta 0,2 % anual en 2019. La relativa estabilidad nominal de la paridad dólar/real abrió espacio para una sostenida apreciación de la moneda brasileña en términos reales, del orden del 20 % desde principios de 2016 hasta principios de 2018, explicable por el elevado punto de partida.

Así, antes de la irrupción de la pandemia, los datos mensuales de creación neta de empleos llegaron a los 173,2 mil puestos de trabajo en febrero de 2019, habiendo partido de una destrucción neta de 104,6 mil empleos en febrero de 2016.

En un horizonte más amplio, se tiene que el empleo privado formal creció en Brasil a un ritmo acumulativo de 1,5 % anual entre 2026 y mediados de 2025, guarismo que contrasta con el estancamiento del lado argentino. Vale subrayar que una proporción mayor de empleo privado formal tiene repercusiones positivas en el plano fiscal, en el financiamiento del sistema previsional, en la capacitación de los trabajadores y en la productividad.

Así, también los indicadores de productividad muestran divergencia entre los dos socios del Mercosur. Tomando como base 100 la Productividad Media del Trabajo en 2016, para 2024 este índice registraba un incremento de 6,3 % para Brasil y una caída de 12,5 % para la Argentina.

Y las exportaciones respondieron al nuevo escenario, ya que en productos agropecuarios las ventas al exterior de Brasil pasaron de 52,0 a 120,0 mil millones de dólares entre 2016 y 2024; en minería de 15,0 a 34,0 mil millones, en celulosa de 5,6 a 10,6 mil millones y en petróleo de 11,2 a 56,6 mil millones. Las exportaciones totales de bienes de Brasil, que en 2016 guardaban una relación de 3 a 1 con las de la Argentina, pasaron en el presente a un ratio cercano al 4 a 1.

Pese a que la manufactura brasileña tiene problemas de competitividad similares a los de la argentina, con un volumen de exportaciones de la industria de transformación que se ha estancado en la última década, la expansión y competitividad del resto de los sectores ha sido suficiente para llevar la tasa de desempleo al piso de 5,2 %, como se refirió más arriba.

Cierto es que Brasil no tiene retenciones a las exportaciones agroindustriales: el empleo directo e indirecto asociado al campo captura el 26,5 % del total de los puestos de trabajo en el vecino país; mientras que para la Argentina se estima en torno al 16,0 % (empleos directos e indirectos).

Por otro lado, respecto al “mix” de dólar/tasa de interés vigente en el momento en que Brasil hizo la reforma laboral, parece difícil lograr un contexto análogo en la Argentina, en la medida en que subsistan las restricciones cambiarias para personas jurídicas y un techo pautado para la evolución de la banda cambiaria, factores que, además, pueden estar obturando parcialmente el flujo de Inversión Extranjera Directa. En Brasil, el aporte de la IED es recurrentemente positivo, con un saldo en torno a los 3,0 puntos del PIB por año.

Replicar las “condiciones iniciales” de Brasil en la etapa de instrumentación de la reforma laboral sería más factible a través de un esquema bimonetario de “flotación administrada”, con el que podría alcanzarse un equilibrio de tipo de cambio y de tasas reales de interés de corto y de mediano plazo, compatibles con el ahorro y la inversión.

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El fin de un reclamo politizado que afectó a los productores tabacaleros

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Desde este miércoles, todas las industrias tabacaleras volverán a abrir sus puertas para continuar el acopio de la materia prima. La actividad se reanudará luego de que la Justicia ordenara el desalojo del grupo de “Productores Tabacaleros Autoconvocados”, liderado por el ex candidato a diputado nacional Maximiliano Hoff, que integró la lista encabezada por el ex policía y ladero de Ramón Amarilla, Germán Palavecino. El grupo de manifestantes se encontraba apostado en la entrada de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, principal boca de acopio de la provincia, reclamando que los precios pactados por los gremios del sector y los compradores estaban por debajo de los 5.000 pesos por kilo que exigían.

Desde un primer momento se intentó instalar desde las redes sociales, con el tabacalero libertario Hoff a la cabeza, la apariencia de un reclamo espontáneo y masivo, pero en realidad quedó demostrado que la movida tuvo un fuerte trasfondo político y la principal finalidad era generar un clima de descontento generalizado en el sector tabacalero, sin éxito.

Días atrás, el presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), Jorge Kapaun, había cuestionado con dureza la protesta encabezada por Hoff frente a la sede de la entidad. Aseguró que se trataba de un reclamo minoritario, sin sustento económico, que derivó en la paralización del acopio, la suspensión de más de 150 trabajadores y denuncias ante la Justicia federal y provincial. “La verdad es que es un grupito de gente liderado por Maximiliano Hoff y después se suma el policía Amarilla. Son los líderes de la protesta y por eso tenemos mucho disgusto, porque hoy hay cinco empresas que están comprando tabaco y siguen estando frente a la cooperativa”, afirmó.

El titular de la CTM rechazó que el conflicto estuviera motivado por el precio acordado para la campaña 2026 y recordó que el valor fue consensuado en una mesa amplia, con participación de asociaciones, compradores y la supervisión del Gobierno provincia. Subrayó que el reclamo de 5.000 pesos por kilo carece de sustento: “ellos piden 5.000 pesos, pero no saben de dónde va a salir. Con ese precio ya estamos fuera del nivel de los precios internacionales. Para nosotros el reclamo es político, no es un reclamo genuino. Yo me debo a los socios de la cooperativa y no puedo atender a cualquier que corta la calle”, remarcó con mucha indignación.

En la misma línea, el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, afirmó que el 75% de los productores tabacaleros había aceptado el aumento del 30%. “Todas las economías regionales están muy complejas y la única que todavía se sostiene es el tabaco; lograr un 30% en este momento de crisis económica no es un mal negocio”, afirmó.

Piñeiro advirtió además que el conflicto puso en riesgo inversiones estratégicas para la provincia. Mencionó que una empresa internacional evalúa firmar un contrato a diez años, pero aclaró que “una multinacional va a venir solamente donde haya tranquilidad, acuerdos y paz para trabajar; si perdemos esta oportunidad, tiramos todo abajo y perjudicamos a miles de familias”.

Fuerte malestar de los productores por el bloqueo a la Cooperativa Tabacalera de Misiones

El conflicto tabacalero infligido por el grupo liderado por Maximiliano Hoff se produjo en plena etapa de acopio, un momento clave para la economía de miles de familias rurales de la provincia que dependen del cultivo como principal ingreso inmediato.

La elección de la CTM como punto para realizar la protesta no fue casual. En una entrevista radial, el periodista especializado Jorge Balanda explicó que se trata de la mayor acopiadora de la provincia y concentra un alto volumen de producción, lo que le otorgaba un mayor poder de negociación a Hoff. Según el periodista, de los más de 12 mil productores tabacaleros que tiene Misiones, más del 95% quiere entregar su producción.

El presidente de la CTM detalló que el bloqueo de la cooperativa impidió el normal funcionamiento de la planta. “Tuvimos que suspender a más de 150 empleados porque no dejaban entrar a trabajar. Hay 20 camiones que entraron el primer día y no pudieron salir”. Además advirtió que la paralización favoreció la comercialización ilegal y apuntó contra Hoff y su pequeño grupo: “esta gente está permitiendo el comercio ilegal, porque los productores necesitan plata y empiezan a vender en negro a 2.500 o 2.800 pesos. Después dicen que las empresas pagan mal, pero ellos son los responsables de lo que está ocurriendo”.

Las mentiras de Hoff propagadas a través de las redes sociales

Días atrás, el ex candidato cercano a Amarilla, Maximiliano Hoff, había instalado desde las redes sociales versiones sobre una supuesta reapertura de la negociación por el precio del tabaco en Misiones que rápidamente quedaron envueltas en una fuerte polémica luego de que los gremios y las entidades del sector desmintieran categóricamente las declaraciones del productor que encabezó el bloqueo de la CTM.

Hoff aseguraba que se había logrado el compromiso de retomar el diálogo con las empresas y cámaras a partir del pasado jueves. En ese mensaje afirmaba que “nos han confirmado que nos van a recibir, sentarse a dialogar, a rediscutir el tema del precio del tabaco”.

Pero la polémica no quedó ahí, sino que involucró a la diputada del PRO Analía Labandoczka al confirmar que “una diputada ha hecho esa conexión” para facilitar el acercamiento. Además, aprovechó la oportunidad para convocar a más productores a sumarse al bloqueo para demostrar el descontento con el valor acordado.

Sin embargo, desde las entidades gremiales la respuesta fue inmediata y contundente. El presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Carlos Knoll, negó categóricamente cualquier contacto o convocatoria para reabrir la discusión y calificó la versión difundida por el referente de los autoconvocados como falsa. En un mensaje dirigido a los productores, sostuvo que “con respecto a lo dicho hoy del señor Máximo, esta es una información totalmente falsa” y remarcó que “en ningún momento tuvimos contacto ni llamada o mensaje”.

El dirigente recordó que el precio fue definido en una mesa de negociación realizada días atrás y que el acuerdo alcanzado representa el máximo posible en el actual contexto. En ese sentido, señaló que “el precio que se ha fijado en la mesa de negociación es el precio máximo que hemos podido lograr” y reconoció que “yo sé que por ahí hay muchos productores que capaz consideran insuficiente el precio”, aunque insistió en que fue el mejor resultado alcanzable.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, quien también desmintió la existencia de una reapertura de la negociación anunciada por Hoff. El dirigente afirmó que el audio “es totalmente mentiroso, es falso” y aclaró que no existió ningún tipo de diálogo ni acuerdo para volver a discutir el precio.

Desde la Cámara explicaron que el valor fue consensuado y firmado en un acta que involucró a empresas, cooperativas y gremios, tras evaluar la situación del mercado y el contexto regional. “Hemos consensuado y firmado un acta de acuerdo donde las empresas acordamos un promedio de 3.400 pesos por kilo”, sostuvo Piñeiro, y agregó que “en ningún momento el señor Maximiliano se comunicó conmigo ni se habló de una reapertura”.

Reanudación del acopio y desarme de la operación política

La actividad se retomará desde este miércoles, luego de que la Justicia ordenara el desalojo del grupo de productores liderados por Hoff, que se encontraban bloqueando la entrada a la Cooperativa Tabacalera de Misiones. El conflicto con trasfondo político había generado complicaciones en la CTM, que ahora se sumará a las operativas Blasa y Cotavi, permitiendo que miles de familias productoras puedan entregar con normalidad su tabaco.

Desde la CTM, Kapaun había marcado su postura: “no vamos a permitir que se use a la cooperativa políticamente porque no es más que una jugada política de algunos pocos que quieren mostrar su hilacha y perturbar la paz social de la provincia y de la cooperativa. Así que responsabilizamos a este grupo, nos presentaremos ante la justicia con los abogados”. Y agregó: “vamos a ir hasta el fondo de la cuestión. Alguien va a tener que pagar la pérdida que ocasionó más de siete días sin trabajar. Esto es una usurpación de propiedad ajena y la justicia va a actuar”.

La orden dictada por la jueza Selva Raquel Zuetta fue notificada por la Unidad Regional VI y puso fin a dos semanas de protesta impulsada por un pequeño grupo de manifestantes. En el oficio se dispuso que, en caso de acreditarse la obstrucción del ingreso o egreso al predio de la CTM, se procediera al despeje, incluso de manera compulsiva si no había acatamiento voluntario.

La reapertura del acopio busca normalizar la comercialización y evitar mayores pérdidas de calidad en la materia prima almacenada en las chacras.

De acuerdo a las estimaciones, Misiones tendría este año un récord de 37 millones de kilos producidos, cifra que superaría el promedio histórico de 30 millones en los mejores años.

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La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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