COLUMNISTAS

Urge nacionalizar las Fuerzas Armadas

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Fuerzas de defensa o tropas de ocupación al servicio de la antipatria. Desde los albores de la Patria Argentina, al Centenario.

Nacido con la Patria, como una imperiosa e impostergable necesidad para la defensa, el Ejército Argentino tuvo el antecedente de 1806, con el Regimiento de Patricios creado luego de derrotada la primera invasión inglesa; pero formalmente fue creado el 29 de mayo de 1810.

Poco después se gestó la Armada, nacida también de la necesidad de defender los ríos navegables, las extensas costas marítimas, y el enorme Mar Argentino. La Fuerza Aérea se creó en el siglo XX, primero como parte del Ejército, pasando después a tener entidad propia.

Por su parte, tres Fuerzas de Seguridad pueden considerarse -valga el concepto- como extensiones de la respectiva Arma a la cual se asemejan por sus funciones y características. Gendarmería (GN), Prefectura (PNM) y Policía Aeronáutica (PSA), respecto al Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea.

Por su mayor cobertura geográfica, por el número de efectivos, y por su trayectoria histórica, es el Ejército el arma con mayor peso institucional, lo cual se prueba, entre otros hechos, por ser siempre un alto oficial de esa arma, quien condujo a nuestro país, en los sucesivos y recurrentes gobiernos pretorianos, que tomaron por asalto el poder formal.

A excepción del golpe de Estado de 1943 (claramente nacionalista), y en cierto modo el de 1966, que tuvo acciones de corte Nacional, pero también componentes liberales (o sea apátridas); todos los otros gobiernos pretorianos tuvieron perfiles liberales, ultra conservadores, y anti industriales (acorde a “los mandatos” de la muy reaccionaria oligarquía campera, de la influyente Sociedad Rural y otros entes similares); y en Política Exterior, fungieron como “alineados” con la Potencia Mundial anglosajona “de turno”, hasta fines de la década del ’30 el Reino Unido, después EEUU.

Las excepciones a esos “alineamientos explícitos y automáticos”, fueron el radicalismo yrigoyenista, el desarrollismo frondizista, y principalmente, los gobiernos de orientación peronista, que crearon e implementaron la Doctrina de la Tercera Posición, la cual fue referente a nivel mundial.

Entre otros líderes y/o referentes mundiales en Geopolítica, De Gaulle, Tito y otros mandatarios relevantes, adhirieron al concepto de la Tercera Posición; y Alexandr Duguin la menciona para fundamentar su Cuarta Teoría Geopolítica, base ideológica del renacimiento de Rusia y su implementación del exitoso Capitalismo de Estado; lo cual evitó la nada inocente disolución de la gigantesca nación eslava, que fogoneaban los Centros de Poder de “Occidente”.

En los dos siglos largos de vida de Argentina, el Ejército tuvo institucionalmente diversos cambios, muchos de ellos por la fuerza de los hechos y las circunstancias, lo que en el complejo devenir del siglo XIX de nuestra patria es muy complejo detallar en una breve síntesis.

La rigurosidad y orden sanmartinianos, se complementó con el accionar nada convencional pero muy efectivo de las montoneras al mando de Güemes, el mismo que comandó el abordaje por tropas de caballería de un buque británico encallado en la costa de Buenos Aires.

Después, en el marco de las luchas de las montoneras, en el actual NOA argentino, Güemes pasaría a ser el único General argentino, herido en combate y después muerto a consecuencia de la herida recibida.

Tampoco cabe olvidar al patriota Belgrano, abogado e improvisado General, quien enfrentó con decisión a las fuerzas realistas que se hicieron fuertes en el Alto Perú, pero no pudieron avanzar hacia el sur.

Hubo muy serias divergencias entre los Federales (con criterio de Patria Grande), y los unitarios portuarios y las proto oligarquías provincianas, atosigadas del ideario liberal (funcional a las potencias imperiales de esas épocas), que como colonizados mentales de doctrinas de Europa, solo aspiraban a ser un “paisito” de escasas dimensiones, y buscaron subordinarnos a otra corona europea, despreciando a las provincias y defendiendo mezquinos intereses de los comerciantes porteños y ciertos sectores “ilustrados” (prototípicos antecesores de los “intelectuales” subordinados gustosos de potencias extranjeras); enfrentados a los federales, quienes con criterio de grandeza nacional no exenta de conflictos, se opusieron a las mediocridades de confusos intelectuales carentes de raíces nacionales, y de viles traidores que se subordinaron a intereses imperiales.

Rivadavia y sus seguidores doctrinarios, persiguieron y obligaron al exilio a San Martín, además de disolver el libertador Regimiento de Granaderos a Caballo, y entre otras muchas infamias, usaron vilmente al “Espada Sin Cabeza” Lavalle (marioneta de apátridas unitarios y de agresores franco – británicos), para fusilar al patriota Dorrego.

Esos mismos unitarios, con Mitre como referencia, nos usaron para la fratricida guerra genocida contra Paraguay, fogoneada por los imperios de Brasil y del Reino Unido.

Internamente, los mitristas perpetraron una guerra de exterminio contra los caudillos federales, genocidio brutal alentado entre otros por el falso “gran educador” Sarmiento. Para esas infames tareas, los unitarios usaron como oficiales de las tropas argentinas a los uruguayos Sandes, Irrazábal y Paunero, violentos y brutales, para exterminar a los patriotas federales, implantando el terror como método de sometimiento.

Entre muchos otros asesinatos alevosos, mataron al ya anciano Chacho Peñaloza, para luego exhibir por varios días su cabeza puesta en una pica como grotesca vengativa acción.

Con ello, el ejército tempranamente fue cooptado y usado por los unitarios, para imponer por la fuerza la doctrina económica liberal, la cual es herramienta de sometimiento político, económico y cultural, al servicio de las mega potencias extranjeras.

Cabe decir que el medio siglo largo, desde Caseros (1852) al Yrigoyenismo (1916), el poder político centrado en Buenos Aires tuvo muchas infamias, como la del presidente Quintana, quien siendo senador y asesor del Banco británico había avalado la prepotencia británica que amenazó bombardear Rosario por parte de una cañonera, para avalar el accionar prepotente del accionar imperial británico.

Párrafo aparte merece el múltiple traidor Urquiza, quien, con tropas y financiación extranjeras, traicionó y derrotó a las fuerzas federales de Rosas (quien había vencido los bloqueos navales impuestos por Francia y Gran Bretaña).

Después Urquiza traicionaría a los caudillos federales, desoyendo sus pedidos de auxilio ante las acciones vengativas del mitrismo; como también traicionó al aliado histórico Paraguay, apoyando la Guerra de la Triple Infamia.

La más evidente claudicación de Urquiza ante el poder portuario – liberal, se dio en la Batalla de Pavón, en la cual sus tropas estaban venciendo a las del mediocre General Mitre; pero sin motivo concreto alguno (y suponiéndose alguna “sugerencia” que no pudo eludir), ordenó la retirada, transformando una ya segura victoria, en una injustificada derrota por abandono.

En ese período de aquella mediocre Argentina que creció (aupada a un contexto mundial favorable a las materias primas), pero que casi ni se desarrolló, hubo muy escasos referentes asimilables a un sano nacionalismo. Los más destacados (o los únicos) que implementaron acciones con criterio de Patria soberana, fueron Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca.

En particular, Roca, en su segunda presidencia, apoyando el notable accionar de Pablo Riccheri, equipó modernizándolas y transformó las Fuerzas Armadas, y cabe afirmar que impuso criterios de profesionalismo militar congruentes con el Pensamiento Nacional, en las antípodas del crudo liberalismo apátrida del mitrismo y sus sucesores.

Roca tuvo el enorme gesto de volver a crear el regimiento de Granaderos a Caballo, ratificando con ello su postura Nacional.

Notable fue la afirmación del historiador Jorge Abelardo Ramos, quien expresó que “sin un Roca, no hubiera existido un Perón”. Eso respecto a las ideas Nacionales de las que se impregnaron las FFAA, y el grado de apertura de los Institutos Militares, que permitieron el ingreso a amplios sectores de la población, superando criterios elitistas propios de las oligarquías excluyentes.

A Roca no solo le debemos ejercer la soberanía en la Patagonia, el Gran Chaco y Misiones, sino la modernización bajo pautas Nacionales, de las FFAA, lo cual no fue poca cosa.

En mérito a la brevedad, en artículo separado se analizará el período posterior a Roca, hasta la actualidad.

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Banda cambiaria indexada: límites del esquema y lecciones de Perú

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Las modificaciones al esquema de bandas cambiarias que entran en vigencia el 1ro de enero de 2026 tienden a contribuir a dos objetivos relevantes de política económica: por un lado, generar condiciones para que el Banco Central pueda comprar dólares en el mercado; por el otro, comenzar a salir del estancamiento del nivel de actividad de los últimos dos trimestres, resignando la meta de una rápida desinflación.

Aun así, el régimen monetario-cambiario sigue siendo de transición y, más allá que puedan lograrse esos objetivos inmediatos, subsisten limitaciones que deberían removerse en aras de lograr crecimiento sostenido. La indexación del techo de la banda cambiaria en función de la inflación pasada habrá de complicar la configuración de la “curva de tasas” y la extensión del plazo de las operaciones a tasa prefijada, al tiempo que el esquema no parece contemplar el levantamiento del cepo para personas jurídicas, también relevante para la dinámica de la inversión.

Esas dos limitaciones podrían comenzar a resolverse en caso que se avance hacia un régimen bimonetario formalizado, al estilo del vigente en Perú.

Vale subrayar que un régimen monetario-cambiario que pueda ser considerado permanente, y no de transición como el actual, es clave en la dimensión de las variables financieras, pero también en el plano de la economía real, por la ampliación del horizonte que conlleva. Con “flotación administrada” del tipo de cambio, es posible morigerar el impacto de los eventuales choques externos sobre el nivel de actividad, a la vez que un esquema de metas de inflación, en donde manda la tasa de interés de referencia fijada por el Banco Central, es el más apropiado para estirar el plazo de contratos pactados a tasa prefijada, permitiendo salir del cortoplacismo financiero.

Son cuestiones relevantes cuando se aspira a romper el “techo de cristal” que opera sobre la inversión, que por supuesto también sufre el lastre de los problemas de organización de la economía y de las reformas estructurales pendientes.

En ese sentido, el tercer trimestre encendió una alerta amarilla, ya que el ajuste de la economía se concentró en la caída de 1,3 puntos de la tasa de inversión, desde 20,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Así, la tasa de inversión del tercer trimestre fue de 19,0 por ciento del Producto Interno Bruto, en un contexto de déficit externo de 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto (diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios), lo cual habla de un muy limitado volumen de ahorro interno.

Focalizando en la tasa de inversión en máquinas y equipos, el tercer trimestre marcó 12,8 por ciento del Producto Interno Bruto, sin poder traspasar la barrera de los 13 puntos contra la que chocó en 2011 y 2012, cuando se impusieron los cepos, y también en 2017 y 2018, cuando comenzó a desestabilizarse la macro.

El repaso de estos indicadores ilustra sobre un punto clave: el régimen monetario-cambiario no sólo debe facilitar el funcionamiento transaccional de la economía, sino también ser base para canalizar crecientes volúmenes de ahorro e inversión, haciendo que el bimonetarismo sea funcional a ese objetivo, y no un problema a resolver.

Es cierto que el 2026 está empezando con un horizonte más despejado, con el riesgo país en torno a 570 puntos, por condiciones políticas que acercan la agenda de reformas estructurales, la posibilidad de volver a colocar deuda en el mercado, al tiempo que se amplía el espectro de opciones de inversión, saliendo de la mera pulseada “dólar versus tasa”.

No es sencillo que el Banco Central pueda equiparar al período de mayo a diciembre de 2024, cuando la fuerte remonetización de la economía le permitió adquirir 6,9 mil millones de dólares a un ritmo de 42 millones diarios.

Focalizando en el mercado cambiario, para acercarse a esa referencia, el 2026 debería lograr que la entrada de capitales privados se duplique respecto de 2025 y que la demanda de dólares de personas físicas se achique a la mitad. Aun con esa exigencia, el arranque de 2026 podría mostrar resultados del nuevo esquema, con el techo de la banda deslizándose de acuerdo a la inflación pasada.

Este régimen habrá de funcionar “normalmente” si el tipo de cambio observado permanece a cierta distancia del techo de la banda, que se ubicará en 1.565 pesos a fin de enero y en 1.870 pesos tentativos a fin de 2026.

Pero hay algo de bruma por una inflación a la que, por un tiempo, le costará perforar el piso del 2,0 por ciento mensual, y también porque no está definido cómo habrá de reaccionar el Banco Central ante eventuales desvíos de trayectoria.

Con tipo de cambio flotante, sin techo explícito, una merma en el ritmo de compras diarias podría desencadenar un “nuevo equilibrio” de dólar y tasas de interés. Pero, en este esquema, cuando el tipo de cambio rebote contra el techo, el Banco Central debería vender, no comprar dólares.

Dos preguntas surgen a propósito de ese escenario:
a) ¿estará el gobierno dispuesto a subir las tasas de interés “lo que sea necesario” para “normalizar” el circuito de oferta de dólares?
b) ¿qué ocurrirá con la trayectoria de la demanda de dinero si se deterioran las expectativas?

Este tipo de interrogantes es lo que abona la idea de transitoriedad del actual esquema, y refuerza los argumentos acerca de la conveniencia de avanzar hacia un régimen bimonetario como el de Perú, donde hay “flotación administrada” del tipo de cambio y es la tasa de interés de política monetaria la que guía las expectativas de inflación.

En Perú, el crédito en moneda local (el sol) pasó del equivalente a 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto en 1996 a 28,5 por ciento del Producto Interno Bruto en el presente, mientras que los préstamos en moneda extranjera hicieron el recorrido inverso, del 16,8 por ciento al 8,9 por ciento del Producto Interno Bruto.

Vale decir, el bimonetarismo en Perú fue sinónimo de monetización en moneda local, no de dolarización. Algo que perfectamente podría lograrse en la Argentina.

Uno de los secretos del “triunfo” del sol sobre el dólar en la operatoria del sistema financiero peruano reside en la convergencia entre las tasas de interés en moneda local y en moneda extranjera, un fenómeno asociado a la solvencia fiscal del país, una inflación que tiende a ser inferior a la de Estados Unidos y también por el diferente tratamiento de soles y dólares en la política de encajes.

De acuerdo a datos recientes, un préstamo hipotecario se obtiene a una tasa de interés del orden del 8,0 por ciento anual en soles, y del 7,0 por ciento en dólares. Lo acotado de la diferencia explica la preferencia de las familias peruanas por endeudarse en la moneda local, tanto que hace treinta años los créditos hipotecarios se pactaban 90 por ciento en dólares y 10 por ciento en soles, y ahora esa relación es exactamente la inversa.

Pese a las turbulencias políticas de los últimos años y a conservar cierto grado de dolarización, en Perú las tasas de interés están cada vez más asociadas al ciclo económico y cada vez menos a la volatilidad del tipo de cambio.

El régimen de “flotación sucia” del bimonetarismo peruano no tiene por objetivo cambiar la trayectoria del tipo de cambio real, sino simplemente morigerar sus oscilaciones. Con ese mecanismo y políticas anticíclicas se ha logrado neutralizar el impacto de choques externos y o internos (de origen político) sobre el sector real.

En lo que va del siglo, la cotización del dólar contra el sol peruano en términos nominales registró un pico de 4,15 en 2021 y un piso de 2,55 en 2013, oscilaciones del orden del 25 por ciento hacia arriba y hacia abajo en torno al promedio.

En el presente, las exportaciones de Perú alcanzan a 87,0 mil millones de dólares, una cifra semejante a la de la Argentina, pero superior cuando se la mide por habitante: 2.536 dólares per cápita en el vecino país, versus 1.890 dólares en el nuestro.

Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.

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Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno

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Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.

La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.

Inflación: el pico fue una decisión política

Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.

El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.

El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.

Desaceleración sin recuperación

Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.

El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.

Pobreza y empleo: el uso político de los números

El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.

Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.

El relato como sustituto de la gestión

La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.

Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.

Balance final

El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.

La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.

Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.

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La victoria del Excel

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La aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Senado marca el fin de año político con la ratificación del plan de ajuste del gobierno nacional comandado por Javier Milei. No se trata de una hoja de ruta de crecimiento ni de inversiones, sino que la insistencia libertaria se ha centrado en sostener los recortes por sobre todas las demás urgencias, incluso en la educación y en la atención a las personas con discapacidad. 

La discusión, en el Senado, sin embargo, no estuvo exenta de dardos que dejaron expuestos los flancos del Gobierno, el ajuste, el endeudamiento y el empobrecimiento de buena parte de la sociedad vía devaluación e inflación disimulada. Incluso los aliados, como el radicalismo, cuestionaron la “falta de rumbo” del Gobierno. 

Pese a los intentos de la oposición, el oficialismo logró blindar los artículos 12 y 30 del capítulo 2, que no son meras cláusulas técnicas sino el corazón del nuevo ajuste: recortan recursos a educación, ciencia y tecnología y avanzan sobre el financiamiento del sistema nacional de defensa, consolidando un giro de alto costo estratégico para el país.

Sin embargo, no deja de ser un triunfo político para Milei, encaramado en el resultado de las elecciones legislativas. No parecen importarle los cuestionamientos y que hasta los aliados hayan tomado distancia de un diseño que ridiculiza el Excel de Aranguren: los números sólo cierran si queda gente afuera. 

Esa realidad es la que determina las acciones del Gobierno. El equilibrio fiscal como dogma. Déficit cero y macroeconomía “ordenada”, aunque la economía -no sólo la micro-, esté tambaleando, con crisis severas en la mayor parte de los sectores económicos. 

La inversión privada encadena datos negativos y en el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% después de caer 1,6%. 

El consumo también sigue en el pozo y cayó 2,8% interanual en noviembre.

La desconfianza no es sólo interna. A pesar del RIGI y las reverencias, el 2025 arroja un dato alarmante: la inversión extranjera directa fue negativa por primera vez desde el 2003, es decir hace 22 años. Según datos del Banco Central (BCRA), medidos en valores constantes, entre enero y noviembre se verificó una salida neta de fondos por 1.521 millones de dólares, rompiendo una serie histórica que, desde 2003, siempre había mostrado resultados positivos.

El contraste es fuerte si se observan los promedios anteriores. Mientras que entre 2016 y 2019 la IED anual rondó los 3.200 millones de dólares y entre 2020 y 2023 se redujo a unos 950 millones, en 2025 la tendencia se revirtió por completo. El rojo no solo es estadístico: marca un cambio estructural en la dinámica de los capitales externos.

El Gobierno elige no mirar más allá de su objetivo. Así, celebra datos grises como si fueran fruto de un proceso virtuoso, cuando en realidad son consecuencias evidentes del deterioro. 

Los últimos datos del mercado laboral vuelven a confirmar una dinámica tan incómoda como persistente: una creciente degradación de la calidad del empleo. La tasa de empleo subió al 45,4% y la desocupación bajó al 6,6%, incluso con una mejora adicional en términos desestacionalizados. En los papeles, la economía parece haber recuperado cierta capacidad de absorción de mano de obra. En la vida real, esa mejora se sostiene sobre una base cada vez más frágil.

El dato clave está en la composición: el 85% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año fueron inestables, informales y de bajos ingresos. La informalidad trepó del 42,6% al 43,3% de los ocupados, lo que implica que casi uno de cada dos trabajadores está hoy fuera de cualquier marco de protección laboral. No se trata de un fenómeno marginal: es el corazón del ajuste.

Dentro de ese deterioro, el caso de los trabajadores por cuenta propia es particularmente revelador. Mientras entre los asalariados la informalidad se mantuvo estancada en torno al 36,7%, entre los independientes saltó del 61,9% al 64,9% en apenas un año. Lejos de expresar un auge del emprendedurismo, lo que muestra es un mercado laboral expulsivo: personas que no encuentran empleo asalariado y se ven empujadas a formas de subsistencia precarias, sin estabilidad ni derechos.

Los datos del empleo derrumban la idea de que la pobreza se redujo. No puede haber reducción de la pobreza con trabajos e ingresos precarios e inestables. 

Los jóvenes encarnan otra paradoja. El desempleo juvenil bajó, pero no porque haya más trabajo, sino porque cayó la tasa de actividad. Es decir, menos jóvenes buscan empleo. Algunos pueden haber salido por una menor presión económica en los hogares, pero muchos otros parecen haber sido directamente desalojados por un mercado que no ofrece oportunidades atractivas. No es casual que este grupo siga siendo el más atrapado en la informalidad y la precariedad.

Los grandes aglomerados urbanos, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, exhiben una desocupación más alta que las ciudades chicas. Algunos casos son alarmantes. Río Gallegos lidera el ranking de desocupación con 10,8%, casi ocho puntos más que en 2023. Gran Resistencia ronda el 10%. Gran Rosario trepó al 8,9% por un fuerte aumento de la oferta laboral que el tejido productivo no logró absorber. 

No hay recuperación, sino ante una mutación del ajuste. Se cambia desocupación abierta por precariedad estructural. Y esa es una forma más silenciosa, pero no menos dañina, de crisis.

Hay un dejo de crueldad en la ignorancia deliberada de esos datos. Hay un dejo de malicia en la persistente urgencia del Gobierno en eliminar recursos para la educación pública, la escuela técnica y las pensiones por invalidez. No se trata de ordenar, sino de cercenar. Artículos que entraron por la ventana para insistir en leyes que ya fueron rechazadas por el Congreso. 

Después de dos años de ajuste, el modelo no cierra si no se sigue recortando en educación y en salud. Difícil de sostener el argumento si al mismo tiempo se celebra un supuesto crecimiento. 

De todos modos, no deja de ser saludable que Argentina haya vuelto a tener un presupuesto después de dos prórrogas inéditas. El Estado debe regirse por un presupuesto. Aunque raquítico, sirve para tener una guía y, sobre todo, para ejercer controles. La extensión del presupuesto desde 2023 licuó toda posibilidad de leer su ejecución en forma veraz, con datos de otra realidad de la Argentina. 

Habrá que mirar los datos promesa: 

  • Crecimiento económico para 2026 estimado en 5 % del PIB
  • Inflación proyectada de 10,1 %
  • Superávit fiscal primario proyectado en 1.5 % del PIB

Los dos primeros items son de dudoso cumplimiento. El tercero, casi una garanía.

Sin presupuesto, reinaba la discrecionalidad. Ahora le quedarán menos excusas al Gobierno para dar respuestas a las provincias, que exigen una distribución de los recursos de acuerdo a las normas vigentes y no depender del humor –el toma y daca– de la Nación.

Misiones es una de las provincias que puede hacer frente al retroceso de la Nación. Pero otras provincias atraviesan una fuerte crisis por la falta de recursos. 

El gobernador Hugo Passalacqua mantiene la determinación de encarar las obras que se puedan financiar en paralelo a las negociaciones que se hagan con Nación. Las redes eléctricas entre Posadas, Alem y Oberá, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y las de infraestructura vial que se financiarán con un crédito del BID, son muestras de las cuentas sanas, que permiten acceder al mercado de deuda, incluso con tasas mucho más bajas que otras provincias  y la misma Nación, que se atraganta con cualquier opción con tal de estirar plazos de pago de los cada vez más apremiantes vencimientos.

Al mismo tiempo, se potenciará la gestión “más cercana”, más “mano a mano”, como la que tienen que llevar adelante los intendentes que son el primer bastión de las trincheras. 

Fue un año duro para todos, durísimo. La gente la pasó muy mal y, si no la pasó peor, fue por el esfuerzo de ustedes”, expresó Passalacqua en una reunión con los jefes comunales, reconociendo el rol de los municipios en la contención social a lo largo de 2025.

Passalacqua llamó a profundizar el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para enfrentar un escenario adverso. “Para salir adelante tendremos que ser creativos y seguir trabajando en conjunto”, sostuvo, marcando la necesidad de fortalecer la coordinación institucional como condición para sostener políticas públicas de alcance territorial.

El Gobernador subrayó la continuidad de las políticas provinciales orientadas a sostener la actividad económica, con especial foco en el empleo y el consumo interno. “A través de los programas Ahora y el  Fondo de Crédito, Misiones tuvo siempre una política de estímulo a la demanda, al consumo y a las ventas”, afirmó. En esa línea, remarcó la importancia estratégica del comercio en la estructura laboral provincial: “No se olviden que el comercio es el primer dador de empleo de la provincia; entonces, cuando cuidamos el comercio, cuidamos el empleo y también el bolsillo de la gente que va a comprar”.

La economía de Misiones soportó la crisis a su manera. Hay claros ganadores y perdedores. El turismo cerrará el año con un flujo de visitantes muy cercano al récord de 2019. Navidad marcó el ingreso del turista 1,5 millones a Cataratas del Iguazú y la provincia está por encima de los dos millones. El sector exportador también está a tiro de récord. En noviembre reportó ventas externas por USD 38,5 millones, 23,2% contra igual mes del año anterior. En el acumulado, hay USD 492,8 millones, con una suba de 21,1% interanual  y el mayor volumen desde el 2011. Misiones vuelve a ratificar su amplio liderazgo en el NEA: concentra el 37,4% de las exportaciones de la región medido en dólares

El récord histórico de exportaciones misioneras en dólares, fue en 2011 con USD 535,7 millones. Con el último mes todavía sin cerrar, Misiones está cerca de romper ese récord, por lo cual podría cerrar el año con un nuevo récord o bien quedando muy cerca del mismo. Pero no todos los sectores celebran. El forestal atraviesa una profunda recesión, con un panorama incierto, en el que apenas unos pocos tienen saldo positivo. Con la yerba, igual. Un puñado de industrias equilibra balances con las exportaciones, mientras que el mercado interno cerrará en 266 millones de kilos, mejor que el 2024, pero lejos de 2023, cuando se consumieron 285 millones. 

En contraste, el sector primario navega con la certeza de que nada mejorará en el corto plazo. La asunción del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, no hizo más que confirmar el plan de desregulación del Gobierno nacional. En la primera reunión del directorio, se avanzó en una reconfiguración profunda del marco regulatorio al abrogar resoluciones clave y modificar su régimen sancionatorio, en línea con los cambios introducidos por el DNU 70/2023 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 812/2025. 

La medida implica la eliminación de normas que regulaban infracciones, períodos de cosecha y plantaciones -no hay límites- y regímenes de inhabilitación automática, con el objetivo explícito de “impedir la intromisión en un mercado competitivo” y concentrar la actuación del INYM en las verificaciones de calidad, la trazabilidad y la salubridad del producto. En los hechos, se trata de una de las desregulaciones más relevantes desde la creación del organismo por la Ley 25.564, con impacto directo en productores, secaderos, molinos y operadores comerciales de la cadena yerbatera. El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados. La responsabilidad sobre el respeto de los ciclos productivos y la calidad queda explícitamente en manos del sector privado.

El Directorio también dejó constancia que el proceso no está cerrado. Aún restan analizar resoluciones de “mayor complejidad” para determinar si se ajustan a los lineamientos del Gobierno nacional. Esa tarea continuará de forma progresiva y será comunicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Del precio de la materia prima, ni hablar. Sin embargo, sorprendió el aumento de la estampilla que deben comprar las industrias: se aplicó una suba del 28% de la estampilla yerbatera, de 25 a 32,12 pesos por kilo. No fueron pocos los cuestionamientos, ya que a contramano de la desregulación y las promesas de Federico Sturzenegger de eliminar el estampillado, se decidió fortalecer la caja del INYM. 

La articulación y la presencia del Estado son claves para conservar el empleo. Además de sostener planes de incentivo al consumo, el Gobierno analiza otras medidas para fortalecer la actividad económica y hacer frente a las asimetrías. Un dato refleja la magnitud del esfuerzo de la Provincia: en 2025 se otorgaron créditos productivos por 34.784 millones, casi quince mil millones más que en 2024. Con eso se logró mantener la actividad de pequeños secaderos de yerba y de madera y fortalecer el precio que se pagó por la materia prima. 

La preocupación por sostener la actividad tiene asidero. El consumo no repunta en todo el país y en las ciudades de frontera se siente más la recesión. Las ventas en los supermercados son el mejor indicador formal sobre el estado de la economía. En Misiones los datos de octubre fueron dispares. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $25.349 millones en octubre y en relación con igual mes del 2024, mostraron una caída del 4,7% real, la sexta baja consecutiva en este nivel comparativo. Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada, las ventas mostraron un sendero opuesto: se recuperan +5,4% real contra septiembre. 

Esas distorsiones se observaron en otros puntos de consumo. El Mercado Concentrador estuvo repleto en los días previos a la Navidad. Los supermercados vendieron apenas por encima de un día normal, aunque el año se cerró con un nuevo local en pleno centro posadeño –El Arco Exprés, con 25 nuevos empleos-. 

Pero llamó la atención la noche navideña. Escasa pirotecnia para el bien de chicos y mascotas y vacío total en la Costanera posadeña y boliches tradicionales. Apenas uno o dos abiertos y con presencia. Muchos encuentros en los hogares, con festejos gasoleros.

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Inversión nacional en Misiones: Pese a cierta mejora contra el 2024, el año apunta a cerrar entre los más bajos de la última década

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La inversión real directa del Estado nacional en las provincias argentinas disminuyó de manera considerable en los últimos dos años, producto principalmente del fuerte recorte aplicado sobre la obra pública que pegó de manera muy parecida en todos los distritos.

Este recorte se sintió con mayor fuerza en el año 2024 (que fue el peor en dos décadas), y si bien mostró cierto repunte en 2025, igualmente el año está a punto de cerrar como uno de los más bajos de los últimos años.

En ese marco, la inversión nacional en la provincia de Misiones exhibió este 2025 un rebote contra la muy fuerte caída de 2024: acumulado a noviembre, muestra un incremento de 106,4%, pero no debe dejar de mencionarse en igual período de 2024 contra el 2023, la caída era del 73%. Por ende, aun con el crecimiento vs. 2024, este 2025 se posiciona todavía -44% contra el 2023.

Si se mira la evolución de los últimos años en la provincia, se observa que luego de tocar un pico en el año 2020, la inversión nacional comenzó a mostrar un sendero a la baja. En ese año, medido a precios actuales, la inversión nacional totalizó $ 63.017 millones; sin embargo, para el 2021 disminuyó en 14,3% anual, -12,2% en 2022, -12,4% en 2023 y finalmente, -68,4% en 2024. Esto muestra un claro proceso de desinversión nacional en la provincia iniciado ya durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández, pero profundizado con el gobierno de Javier Milei: si bien el 2025 muestra un alza contra el año anterior, medido en pesos constantes sigue muy por debajo de los otros años. De hecho, actualmente se ubica -67% en comparación contra el pico del 2020.

¿Qué explica el rebote de 2025 vs. 2024? Principalmente, el driver de Construcciones, que crece hasta noviembre inclusive un 117,9% aunque, aun así, sigue -43% contra el 2023. En este punto, existe una alta concentración de la ejecución de los recursos en la obra Construcción de autovía en Ruta Nacional N° 105, Tramo: Empalme rotonda RN 12 (By Pass) – Empalme rotonda RN 14 (San José), que explica el 94,8% del total ejecutado por Construcciones en la provincia durante el año. En segundo lugar, queda la obra de Adecuación y ampliación de la Defensoría de Posadas (2,8% del total) y el podio se completa con la construcción del Jardín de Infantes 2039 (2,1% del total) financiado por un crédito del BID.

Cabe señalar que hay otras obras de fundamental importancia para la provincia que pese a tener un presupuesto asignado, no fueron ejecutadas este año: por ejemplo, se destacan la construcción de portada de acceso al Parque Nacional Iguazú, la construcción del Polo Logístico Regional Norte y la remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú – Puerto Tres Fronteras, entre otros.

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