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Misiones inmobiliaria: más población, más propiedad y menos crédito, la fórmula del crecimiento

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Misiones tiene argumentos concretos para explicar por qué su mercado inmobiliario crece. No se trata solo de una percepción: la provincia combina peso demográfico, cultura de vivienda propia, una fuerte tradición de intervención pública en acceso habitacional y, en Posadas, un proceso sostenido de desarrollo urbano privado en altura. 

Según el Censo 2022, Misiones tiene 1.278.873 habitantes y representa cerca del 2,8% de la población argentina. Con ese volumen, se ubica como la novena provincia más poblada del país.

Ese dato poblacional importa mucho porque el mercado inmobiliario necesita escala real de demanda. Y Misiones la tiene

Además, la provincia cuenta con 420.101 viviendas particulares ocupadas, lo que muestra un universo habitacional amplio y una base concreta sobre la cual se mueve el mercado de compraventa, alquileres, loteos y desarrollos.

Pero hay un dato todavía más fuerte: Misiones está por encima del promedio nacional en vivienda propia. En los cuadros de condiciones habitacionales del Censo 2022, la provincia registra 72,1% de viviendas ocupadas en condición de propiedad, frente a un promedio nacional de 65,5%. 

Es decir, Misiones se ubica 6,6 puntos porcentuales por encima del país. Esa diferencia no es menor: muestra una sociedad con fuerte arraigo a la casa propia, al lote y al ladrillo como forma de construir patrimonio. 

Al ordenar las jurisdicciones del cuadro nacional, Misiones queda entre las provincias mejor posicionadas del país en este indicador.

Ese rasgo cultural ayuda a entender por qué el mercado inmobiliario misionero tiene dinamismo incluso en contextos donde el crédito hipotecario todavía es bajo.

De hecho, el informe territorial de Fundación Tejido Urbano, elaborado con información del BCRA, muestra que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 34.160 hipotecas a personas humanas en todo el sistema financiero argentino, y que Misiones explicó apenas el 0,33% del total. 

Dicho de otro modo: mientras la provincia concentra cerca del 2,8% de la población nacional, su participación en el crédito hipotecario fue de sólo 0,33%, una brecha de aproximadamente 2,5 puntos porcentuales. Eso revela algo importante: en Misiones el mercado inmobiliario no crece solo por banca hipotecaria; también se mueve por ahorro privado, operaciones tradicionales, desarrollos en pozo, loteos y demanda genuina de vivienda.

En esa historia de acceso a la vivienda, el IPRODHA tuvo un papel decisivo. El propio organismo informó en 2022 que trabajaba en 4.818 viviendas nuevas para familias misioneras, de las cuales 3.369 ya estaban en ejecución o próximas a iniciarse y 1.449 habían sido licitadas. 

Ese volumen refleja una política habitacional sostenida que ayudó a que miles de familias misioneras pudieran acceder a la vivienda propia y consolidó una cultura de propiedad muy marcada en la provincia.

Al mismo tiempo, el crecimiento inmobiliario de Misiones no se explica solo por la obra pública. En Posadas, los desarrolladores privados empujaron en los últimos quince años una transformación urbana visible: el crecimiento en altura para responder a la demanda habitacional céntrica y aledaña. Ya en 2013, el nuevo Código de Planeamiento Urbano definía alturas máximas para edificios y extendía instrumentos de financiamiento urbano a toda la ciudad; y en 2018 distintos análisis locales describían a Posadas como una ciudad que “crece en altura”, especialmente en el centro y en la Costanera.

Ese proceso no fue casual. El Plan Urbano Ambiental de Posadas explica que la ciudad vivió una transformación reciente muy fuerte a partir del nuevo frente costero, la valorización del río, la aparición de nuevas porciones de suelo urbano frente al Paraná y la necesidad de ordenar el crecimiento. En ese contexto, la construcción en altura apareció como una respuesta lógica para absorber demanda en zonas con alta preferencia residencial: centro, Costanera y barrios cercanos. 

En otras palabras, el desarrollo privado en Posadas ayudó a compensar la demanda de vivir más cerca de servicios, empleo, educación, gastronomía y espacios públicos de calidad.

Por supuesto, Misiones todavía tiene desafíos de infraestructura. En cloacas, por ejemplo, la provincia muestra un nivel de cobertura inferior al promedio nacional, lo que marca una brecha pendiente. Pero incluso ese dato puede leerse en clave inmobiliaria como margen de desarrollo futuro: donde todavía faltan obras de infraestructura básica, también hay espacio para valorización del suelo, consolidación urbana y nuevos proyectos residenciales. No es una provincia saturada; es una provincia con recorrido.

Por eso, cuando se analiza por qué crece el mercado inmobiliario en Misiones, la explicación no pasa por una sola variable. Crece porque Misiones tiene escala poblacional, porque está por encima del promedio nacional en vivienda propia, porque hubo una política pública persistente que empujó acceso habitacional a través del IPRODHA, y por que Posadas encontró en los desarrollos privados en altura una respuesta concreta para acompañar la demanda urbana de los sectores céntricos y aledaños. La combinación de población, arraigo, obra pública y desarrollo privado es lo que le da solidez al mercado.

Conclusión Final: “Misiones hoy es la novena provincia más poblada de la Argentina, tiene una proporción de vivienda propia 6,6 puntos superior al promedio nacional, y además combinó durante años el trabajo del IPRODHA con un fuerte crecimiento del desarrollo privado, especialmente en Posadas. Por eso el mercado inmobiliario misionero crece: porque hay demanda real, cultura de propiedad y una ciudad capital que en los últimos quince años supo expandirse y modernizarse para absorber esa necesidad habitacional”.

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El impacto productivo del modelo Milei

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La política económica del gobierno nacional abrió un debate que, aunque se trata de limitar a la macroeconomía, va mucho más allá de ella. El ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica pueden mostrar algunos resultados en variables como la inflación o el equilibrio de las cuentas públicas, pero cuando se baja al territorio aparece una tensión central: la estabilización no está siendo neutral en términos productivos ni laborales.

Durante la semana pudimos ver los nuevos datos que confirman el grave escenario en el entramado productivo

Por caso, la Secretaría de Trabajo nacional, vía SIPA, mostró que enero de este año el empleo privado formal se mantuvo estable (0% mensual) pero desde una posición de claro deterioro: acumula una caída del 3,2% desde los inicios del gobierno con más de 206 mil empleos perdidos en ese segmento, a la par que el empleo independiente (autónomos y monotributos) crece en torno a 158 mil, no logrando compensar la merma del privado y menos aún cuando se incluye el empleo público (-77 mil). Así, se pierde empleo de calidad y crece el precario en sus diferentes modalidades, fenómeno que representa un cambio estructural del mercado laboral argentino que se contrasta con los datos oficiales sobre el ritmo global de la economía: la actividad puede crecer (aunque de manera desigual) pero no está generando empleo formal. 

Este fenómeno permite observar el fuerte unitarismo que prima en el programa: se apoya en sectores puntuales (financiero, Oil&Gas, minero y algo de agro) destruyendo, bajo argumento de desregulación, las economías regionales, algo que se verifica mes a mes con datos, entre otros, de Coninagro y su tradicional semáforo. El ataque (por acción u omisión) a las economías regionales le pega directo a las provincias y sufren las consecuencias de ello hacia todo su aparato productivo y su entramado social.

Este escenario puede verse particularmente en Misiones, donde el programa económico libertario dejó una huella concreta sobre el entramado productivo formal: huella que es, claramente, negativa. La yerba mate se mantiene en rojo desde marzo de 2024 en el semáforo de Coninagro y a esa luz de emergencia se sumó la mandioca. Ya son nueve las economías regionales en rojo. 

Según los últimos datos conocidos, desde que asumió la gestión libertaria, Misiones registra una caída de 9,4% en la cantidad de empleo privado formal, lo que equivale a 10.209 empleos menos. En paralelo, la cantidad de empresas cayó 9,9% en igual período, con 935 firmas menos en actividad

Misiones: caída del entramado empresarial

Indicador Cantidad Variación
Empresas perdidas (dic 2023 – ene 2026) 935 -9,9%
Empresas perdidas interanual (ene 2026) 446 -5,0%
Empresas perdidas mensual (ene 2026) 56 -0,7%

Ese doble retroceso permite sacar una primera conclusión fuerte: no solo se destruyeron empleos, sino que además se achicó la base empresarial que los genera. Cuando caen al mismo tiempo los puestos de trabajo y las unidades productivas, lo que aparece no es una simple desaceleración pasajera, sino un proceso de debilitamiento del tejido económico formal.

La comparación interanual de enero de 2026 refuerza ese diagnóstico. En ese corte, el empleo privado formal en Misiones mostró una baja de 4,8%, equivalente a 4.732 empleos menos que un año atrás. A su vez, la cantidad de empresas se redujo 5,0%, con 446 casos menos. Es decir, la fuerte caída no se limitó solo a un momento específico de alta recesión como 2024; sino que aun después de abandonar (estadísticamente) la recesión y entrar en período expansivo (también estadístico) de la economía, no solo no hay señales de recomposición del mercado formal misionero, sino que peor aún, se sigue destruyendo. Cerraron 446 empresas en el último año. 

Incluso en la comparación mensual de enero de 2026 se observa que el deterioro no se detuvo. El empleo privado formal cayó 0,1% respecto al mes previo, con 104 puestos menos, mientras que la cantidad de empresas se redujo 0,7%, con 56 firmas menos. Esto también es importante porque, en línea con lo que se dijo antes, muestra que el problema no pertenece sólo al primer impacto del ajuste ni puede ser explicado únicamente por una fase inicial de reordenamiento. La contracción sigue activa y golpea de manera persistente.

Para entender con mayor precisión este problema, podemos aplicar una estrategia gráfica: en lo que va de la gestión Milei, Misiones pierde 13 empleos privados formales por día; al mismo tiempo, desaparecen 1,2 empresas cada 24 horas. Esa ejemplificación ayuda a dimensionar mejor el fenómeno: no se trata de una cifra abstracta o de un ajuste estadístico, sino de una destrucción del entramado formal por goteo. Sin horizonte optimista, cada día que pasa la provincia pierde parte de su capacidad para generar trabajo registrado y sostener actividad económica bajo reglas formales.

Misiones: pérdida diaria de empleo y empresas

Indicador Promedio diario
Empleos privados perdidos por día 13
Empresas que cierran por día 1,2

Ante esto, la discusión de fondo es bastante clara: la política económica de Milei puede exhibir logros en materia de desaceleración inflacionaria (hoy, puestos más en duda que nunca) o corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero en los territorios ese programa está teniendo un costo visible sobre la economía real, que recae sobre dos núcleos centrales de cualquier proceso de desarrollo: el empleo formal y la supervivencia de las empresas. 

Sin empresas no hay inversión genuina, y sin empleo formal no hay mejora sostenible de los ingresos, ni consumo robusto, ni chances de progreso.

De este modo, el problema no es solamente cuántos empleos se perdieron hasta ahora, sino también la velocidad de la eventual recuperación: si sigue cayendo la cantidad de empresas, se deteriora la capacidad futura de recuperación. Un empleo perdido podría eventualmente recuperarse si la empresa sigue existiendo. Pero cuando la firma cierra, el daño es mayor: se pierde capital organizacional, red comercial, inversión previa y capacidad de volver a contratar. Ese es el costado más profundo del ajuste y quizás el más difícil de revertir. 

Un ejemplo claro de esto es el Comercio: desde noviembre de 2023, cerraron 367 empresas comerciales (-11,4%); otro caso es la Industria donde cerraron 115 empresas (-10,8%). También se ve en el rubro del Transporte con el cierre de 100 empresas (-12,8%) entre otros. 

Así las cosas, la política económica nacional no está siendo inocua ni neutra sobre el aparato productivo local. Recapitulando: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, la provincia perdió más de 10 mil empleos privados formales y casi mil empresas. Y lejos de haberse frenado, la dinámica siguió siendo negativa, profundizando su deterioro y sin perspectivas positivas de corto plazo. Si este rumbo macroeconómico no incluye medidas para sostener y reactivar la economía real, puede pasar algo tan simple como problemático: ver mejoras en algunos números macro a nivel nacional mientras, en las provincias, se siguen perdiendo empresas y empleos, debilitando la base productiva.

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Sin Licencia Social no hay desarrollo posible

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En estos días vimos por las redes que volvían a circular nuevamente notas, opiniones sobre el Proyecto de Corpus y sobre todo el debate en el Congreso sobre la Ley de Glaciares y su posterior aprobación. Se preguntarán que tienen en común ambos temas: la Ausencia de Licencia Social

El concepto «Licencia Social para Operar» surgió en 1997 durante una conferencia de Minería y la Comunidad en Ecuador, auspiciada por el Banco Mundial, y rápidamente entró en el vocabulario de la industria, la sociedad civil y la comunidad de negocios.

«La Licencia Social para Operar se basa en el grado en que una organización y sus actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos grupos que la componen».

Este concepto se encuentra en la actualidad en todos los documentos de organizaciones internacionales sobre ambiente y la gestión del impacto de un proyecto minero y/o energético en una comunidad, la LSO (Licencia Social) está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones mantenidas por la población local y los grupos de interés vinculados al proyecto. Eso significa que:

  • Es “otorgada” por la comunidad.
  • Es intangible, a menos que se haga el esfuerzo de medir esas mismas creencias, opiniones y percepciones.
  • Es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones y percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información.

Por lo tanto, la LSO debe ser ganada y luego mantenida. La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo o satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social para Operar, uno más bajo de aceptación y otro más alto. Mientras que el primero es suficiente para que un proyecto proceda y una mina o un proyecto energético disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados.

La credibilidad de las empresas se basa en el respeto mutuo, la honestidad, el diálogo abierto, la transparencia, el ofrecimiento de respuestas oportunas a las inquietudes de la comunidad, la transparencia de información, el carácter predecible del comportamiento ético, legal y ambiental de las compañías. La obtención de la LSO es un factor esencial para reducir los riesgos de conflictos sociales y para mejorar la reputación de la compañía.

Pero no es solo reputación, la mayoría de estas grandes inversiones necesitan de financiamiento exterior, ya que tienen “costos hundidos” se dicen en la jerga, porque son grandes inversiones en el inicio, en las que la rentabilidad se obtiene con el transcurrir del tiempo. 

Entidades como el Banco Mundial, BID, y otras bancarias piden entre sus requisitos, para el otorgamiento de su financiamiento, el cumplimiento de normas legales, técnicas ambientales a veces más exigentes que las locales; y también piden la Licencia Social, utilizan los mecanismos de Participación Pública, Audiencias Públicas y otros. Si entienden que la situación se encuentra muy forzada, que van a existir conflictos judiciales y sociales con la Comunidad no otorgan el financiamiento hasta que se solucione dicha situación.  

La Licencia Social para Operar no alude a un contrato o documento formal, sino a las características reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación de las compañías y sus proyectos. Las partes involucradas otorgan la LSO en base a la credibilidad de las empresas y al tipo de relación que ésta crea con las comunidades.

No existe una fórmula única para que las empresas obtengan y conserven la LSO. Sin embargo, son necesarios algunos principios, como el establecimiento de buenas relaciones, que tienen como base:

  • El respeto mutuo
  • La comunicación abierta
  • La inclusión de todos los involucrados
  • La honestidad
  • La divulgación total de información
  • La transparencia de los procesos del proyecto y la actividad.

¿Por qué es necesaria una Licencia Social para Operar?

La falta de LSO está asociada con conflictos sociales, retrasos en los proyectos, pérdida de maquinaria por actos de vandalismo y cierre de operaciones. Aunque es poco frecuente el cierre definitivo, pueden presentarse retrasos que incrementan los costos del proyecto.

Las empresas mineras necesitan, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, que sus proyectos se desarrollen sin interrupciones; por ello, la LSO puede ser considerada como una forma de seguro.

Actualmente, las organizaciones internacionales e industriales reconocen ampliamente en sus directrices y recomendaciones la importancia de obtener y conservar la LSO. Hay 74 instituciones financieras que han adoptado los Principios Ecuador, que son “un marco de administración del riesgo crediticio para determinar, evaluar y gestionar el riesgo ambiental y social en transacciones financieras de proyectos”. 

Nuestro país hace muchos años suscribió el Acuerdo de Escazú, que también incluye el principio de la “licencia social” en su artículo 7°, cuando establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o para la salud de la población”. 

El nombre oficial de ese tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como se ve, la participación ciudadana es uno de los ejes de este acuerdo, ratificado por el Parlamento argentino en 2020. Se sabe, pero conviene repetirlo, que los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

El Acuerdo de Escazú incluye entre los “derechos de acceso” -como lo denota su nombre formal- el acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son igualmente valiosos para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma equilibrada e integrada”.

Tuvimos un récord en la cantidad de inscriptos para participar en la Audiencias Públicas por la Ley de Glaciares, más allá de si se llevaron a cabo adecuadamente o no, el dato es el hecho que se hayan inscripto 102.000 ciudadanos de todo el país para participar, algo nos dice sobre la Opinión Pública y futura Licencia Social. Al momento del cierre de esta nota FARN, Greenpeace y otros están preparando la Demanda Ambiental más grande de la historia con 800.000 firmas.

Permítanme dudar, desde ya que vengan muchas de estas inversiones mineras a nuestro país, ya que de seguro se van a encontrar con una resistencia social pocas veces vista, problemas judiciales, sociales, etc. Y los gobiernos locales van a tener que hacer frente a esas resistencias con costos políticos en su credibilidad.

Algo parecido pasa con Corpus, un proyecto deseado a nivel nacional hace mucho tiempo, pero los Recursos Naturales (el río) son de dominio de las provincias y necesita la autorización de la provincia para ello. A su vez el gobierno de la provincia hace varios años sancionó la Ley de Soberanía Energética Ley IV N 56 que exige la participación popular (plebiscito) y del Estado provincial en caso de llevarse a cabo una nueva represa. Es decir, esa Ley garantiza a los misioneros un proceso que lleve a la Licencia Social. 

El pueblo de la provincia, los misioneros en definitiva son quienes tienen la llave para que se lleve a cabo esa obra, ya que sin la Licencia Social esa obra no existe. La Nación deberá llevar adelante un trabajo que no se hizo nunca: Información pública, audiencias públicas, lograr consensos sociales, políticos y económicos que sean del acuerdo popular, donde todos ganen.

Es interesante observar el fenómeno que se ha producido con la ley de glaciares, que a pesar de la que muchas veces en las redes circula información de dudosa procedencia y hay falta de interés por parte de la ciudadanía en muchos temas, en este caso ha logrado involucrar no solo a los habitantes de las provincias afectadas sino a todo el país, como así también representantes de las comunidades originarias, técnicos, científicos, referentes sociales, políticos y la lista continúa.

Nos muestra que es muy importante entablar acuerdos confiables con la comunidad/es que resultara afectada, en definitiva, y que las decisiones se deben tomar de manera acordada entre las partes. El Estado nacional debe encontrar nuevas modalidades de buscar la licencia social en temas de tanto impacto, para poder cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional: Desarrollo Sostenible.

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Entre el nudo gordiano y la decisión, la política se miró a sí misma en Misiones

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Ayer, en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura de Misiones, Carlos Rovira reunió a la dirigencia provincial en una escena que excedió la lógica de un encuentro partidario. No fue una cita más. Fue, en todo caso, una pausa deliberada para revisar, ordenar y, sobre todo, pensar. Estuve allí. Y lo que se insinuó no fue solo una reorganización política, sino algo más exigente: la percepción de que hay problemas que ya no admiten ser administrados como si el tiempo no pesara.

Hay imágenes que sobreviven a los siglos porque, cada tanto, encuentran un presente donde encajan con precisión. La del nudo gordiano es una de ellas. En la antigua Frigia, el rey Gordias había dejado su carro atado con una complejidad tal que nadie lograba deshacerla. La promesa era simple: quien resolviera ese enigma dominaría Asia. Hasta que Alejandro Magno comprendió que el problema no era solo el nudo, sino la forma de enfrentarlo, y lo cortó de un tajo. No lo desató: cambió las reglas.

Ayer, en Misiones, esa imagen no fue un recurso ornamental. Funcionó como diagnóstico.

La escena tenía algo de liturgia misionera y algo de examen de conciencia. En la mesa, dirigentes con trayectoria; en el salón, intendentes, referentes, estructuras que sostienen el andamiaje político de la provincia. En el centro, la palabra de Carlos Rovira, con un tono que evitó la épica fácil y se apoyó en una sobriedad poco frecuente.

Se habló de estanflación, con la precisión incómoda de quien nombra lo que ya se vive. Pero el punto no fue el diagnóstico —que cualquiera que pague sueldos o sostenga una actividad conoce—, sino el desplazamiento hacia la acción. La política, se dijo, debe volver a actuar. No a comentar. No a explicar indefinidamente. Actuar.

La consigna “el poder está en la gente” reapareció sin estridencias, casi como una verificación de origen.

Y entonces, el nudo.

Porque lo que se expuso no fue una coyuntura, sino una trama. La crisis de la producción, la concentración en sectores clave, la fragilidad de los pequeños actores, el costo de la energía, la informalidad creciente. Todo forma parte de un mismo entramado. También la política.

Hay un corrimiento que ya no puede negarse: sectores que se alejan, generaciones que no encuentran lugar, una franja —la de los cuarenta y cincuenta— que durante años quedó suspendida entre la experiencia y la renovación. Que hoy vuelva a ser convocada no es un detalle: es una corrección.

Abrirse, en ese sentido, no es diluirse. Es ordenar.

La idea de un “Encuentro Misionero” parece responder a esa necesidad: ensanchar la base, recuperar a los que se fueron, incorporar nuevas miradas sin perder identidad. No es una tarea menor. Supone admitir que el lenguaje político ha perdido capacidad de interpelación y que el vínculo con la sociedad necesita reconstruirse.

En paralelo, asoma otro fenómeno. Expresiones nuevas que capturan malestar y promesa de ruptura, pero que todavía no terminan de traducirse en una estructura sólida ni en una idea clara de provincia. La novedad, por sí sola, no constituye un proyecto. La diferencia, sin sustancia, se agota.

En ese contexto, la política provincial parece enfrentarse a una disyuntiva menos retórica de lo que suena: administrar el nudo o resolverlo.

Resolver, en este caso, no implica gestos intempestivos ni simplificaciones. Implica elegir. Priorizar. Corregir. Asumir que hay problemas que ya no admiten tratamientos graduales. Que el tiempo de las explicaciones se acorta y el de las decisiones se vuelve urgente.

El nudo existe. Está en la economía, en la producción, en la representación.

La pregunta es otra.

Si se lo sigue rodeando… o si alguien, finalmente, decide cortarlo.

Salí esperanzado, es cierto, sin un entusiasmo ingenuo. Con esa mezcla rara —y necesaria— de quien conoce las dificultades pero advierte, aun así, un gesto distinto.

A veces, en países como el nuestro, no es poco que la política se detenga, se mire y nombre el problema sin rodeos.

Lo demás vendrá después.

Si esa conciencia se traduce en decisiones que ordenen, corrijan y alivien la vida concreta de los misioneros, la metáfora habrá valido la pena. Si no, quedará como tantas otras: precisa, elegante, pero incapaz de torcer la realidad.

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Argentina en loop: el mito del eterno retorno

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Si alguien quisiera explicar la economía argentina sin tecnicismos, podría hacerlo con una sola imagen: estamos atrapados en “El Día de la Marmota”. Como en la famosa película de Hollywood, nos despertamos, una y otra vez, en el mismo día. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero el resultado es idéntico: deuda, ajuste e inflación.

El libreto no es nuevo. Lo escribió José Alfredo Martínez de Hoz, durante la dictadura cívico-militar, cuando la deuda externa pasó de 7.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. No fue un desvío: fue un programa. Como reconocería años después el propio Banco Central, gran parte de ese endeudamiento terminó financiando la fuga de capitales.

Ese modelo no murió. Lo perfeccionó Domingo Cavallo en los 90. Entre 1991 y 2001, la deuda pasó de 65.000 millones a más de 145.000 millones de dólares, en paralelo a privatizaciones masivas. El Fondo Monetario Internacional sostuvo el esquema hasta el colapso y después habló de “fallas”.

Otra vez: primero legitiman el modelo, después reconocen el desastre.

Y sin embargo, acá estamos de nuevo.

Con Luis Caputo, el ciclo no solo vuelve: acelera. El préstamo récord del FMI en 2018 —57.000 millones de dólares— terminó, según el propio organismo, financiando en gran medida la salida de capitales. Entre 2016 y 2019, se fugaron más de 80.000 millones de dólares.

Pero hay algo más constante que la deuda.

El discurso.

Porque en cada ciclo hay una promesa que vuelve como un mantra. Antes fue la “estabilidad para siempre”. Después, la “confianza de los mercados”. Hoy, se repite la misma escena, la famosa “luz al final del túnel”.

O, en versión más aggiornada, lo que dijo Luis Caputo ante empresarios en la reunión de AmCham (American Chamber of Commerce) Argentina: que se vienen “los mejores meses de la historia”.

Siempre es lo mismo: el sacrificio es ahora, el bienestar viene después.

El problema es que ese “después” nunca llega para la mayoría.

Porque mientras se promete futuro, los datos del presente son contundentes:

2018: 47,6% de inflación tras la devaluación.

2019: 53,8%.

2023: más de 200% anual.

La CEPAL lo viene señalando: en economías como la argentina, la inflación está atada a la restricción externa y al tipo de cambio. Es decir, al mismo esquema de deuda y dependencia.

Primero entra la deuda.

Después la presión sobre el dólar.

Después la devaluación.

Y finalmente, la inflación.

Mientras tanto, el salario pierde. Más de 20% de caída real entre 2016 y 2019 y, en la etapa reciente el deterioro se profundiza: desde la asunción de Javier Milei, el salario real registrado acumuló una caída, en promedio, cercana al 25%, tras un derrumbe inicial mucho más brusco luego de la devaluación de diciembre.

En paralelo, las jubilaciones fueron directamente el “ancla” del ajuste: según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), los haberes acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde el cambio de fórmula aplicado a fines de 2023, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos para alcanzar el superávit fiscal.

Como explicaba Aldo Ferrer, el problema histórico es la falta de dólares. Pero este modelo no la resuelve: la profundiza.

Ahí es donde el eterno retorno deja de ser metáfora. Como planteaba Friedrich Nietzsche, la pregunta no es si todo vuelve, sino por qué aceptamos que vuelva.

Porque en cada ciclo hay ganadores:

Los que hacen negocios con la deuda.

Los que fugan a tiempo.

Los que compran barato después de la crisis.

Y perdedores:

Trabajadores y jubilados que pagan la inflación.

El Estado que hereda la deuda.

La sociedad que soporta el ajuste.

No es mala suerte. Es un modelo.

Y también es un relato que se repite.

Siempre hay un túnel.

Siempre hay una luz.

Siempre hay “los mejores meses por venir”.

Pero del otro lado, una y otra vez, aparece lo mismo:

Más deuda.

Más inflación.

Más desigualdad.

Romper ese ciclo no es técnico. Es político.

Implica dejar de discutir promesas y empezar a discutir intereses.

Implica preguntarse quién gana con este esquema y quién pierde.

Implica, en definitiva, dejar de creer que esta vez es distinto.

Porque si no, lo que viene no es sorpresa.

Es rutina.

Despertarse otra vez.

Escuchar la misma promesa.

Y volver a vivir el mismo final.

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