La
difícil situación que atraviesan las Comunidades Mbya Guaraní y la compleja
articulación intercultural de ellas con los “jurua”[1] (los
blancos), dejan entrever fortalezas y debilidades de este intercambio histórico
y siempre nuevo. El Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) con motivo de la Pandemia Covid-19,
en una declaración sobre los pueblos originarios, afirman que “el aumento de
las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una depresión mundial
agravarán aún más la situación, causando un temor de que muchos indígenas
mueran, no sólo por el virus en sí, sino también por los conflictos y la
violencia vinculados a la escasez de recursos, y en particular de agua potable
y alimentos.”[2] El listado de debilidades se podría
continuar, en la provincia de Misiones, con: el “manejo abusivo de los montes”,
la fragilidad de los pasos fronterizos, el embate de la “costumbre blanca” a la
cultura ancestral guaraní[3], entre
otros. Por otra parte, muchas acciones han fortalecido a las comunidades Mbyá:
la implementación del Auxiliar Docente Indígenea (ADI) en el ámbito educativo,
el egreso de maestros y profesores mbya guaraní, la implementación del Programa
de Salud Indígena (PSI) desde Salud Pública, entre otros, representan las
fortalezas de la cooperación intercultural para el desarrollo y encuentro entre
las culturas.
En este universo de desafíos, la intervención de las fuerzas públicas es relevante, y cuando ocurren hechos donde presuntamente se violan los derechos humanos, la CPPT toma parte como organismo fiscalizador. El convenio 169 de la OIT, que en noviembre de 2014 fue ratificado por la Argentina, establece que “no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. (Convenio 169.OIT. art.3.inc.2.), así también “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados” (Convenio 169.OIT.art.4.inc.1).
En
este marco declaratorio de los organismos internacionales, donde se prohíbe el
uso de la fuerza y coerción, así también recomiendan medidas especiales para el
trato con las personas de los pueblos originarios, la Comisión Provincial de
Prevención de la Tortura activa un Programa de Prevención Estratégica
de la Violencia Policial en Comunidades Mbya Guaraní. El programa tendrá como
objetivo monitorear la situación de las Comunidades de los Pueblos con respecto
a las intervenciones policiales y articular con las Instituciones afines para
prevenir posibles malos tratos y proteger los derechos de la “preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” (CN.Artí.75.inc.17.). El
Programa de Prevención contemplará los siguientes principios:
La Libre Determinación. En el caso de la adopción de cualquier medida que pueda afectar a los integrantes de las comunidades guaraníes, se debe procurar obtener su consentimiento libre, previo e informado, basado en el derecho a la libre determinación.
La no Discriminación. Se deben reconocer y darle lugar a los derechos y responsabilidades culturales, espirituales y religiosos de las Comunidades Mbya Guaraní, al considerar las medidas de respuesta al virus.
Principio de Dialogo y Cooperación. Iincluir representantes, líderes y autoridades tradicionales de las Comunidades Guaraníes, en los comités o entidades de respuesta a la pandemia del COVID-19, durante la emergencia como en las acciones posteriores[4].
La Protección de Derechos. Recomendar dispositivos de mediación y transformación de conflictos como alternativas al uso de la fuerza, con participación de un intérprete en las intervenciones policiales, y en otras medidas especiales recomendadas por los Organismos Internacionales, para proteger a los integrantes de las Comunidades Mbya Guaraní.[5]
Con estos principios como marco referencial, para la
implementación del Programa de Prevención, se pretende avanzar en líneas de acciones
concretas, como ser, la visita y entrevistas a las autoridades de las
Comunidades Mbya Guaraní, el registro de todas las intervenciones de las
fuerzas públicas y la articulación con organizaciones afines. El abordaje de
situaciones complejas será desde acciones estratégicas, para prevenir la
violencia y proteger los derechos de las personas pertenecientes a la etnia
Guaraní.
[3] “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente” (Convenio 169.OIT.art.5.inci.a.).
Más que un par, como me sugirió un apreciado amigo, van varias, expuestas sin un orden riguroso.
Nacionalizar el comercio exterior, para evitar maniobras de sub y sobre facturación, tan habituales entre los “eficientes” privados.
Fomentar el compre nacional, en todos los organismos estatales.
Nacionalizar las empresas de servicios públicos, evitando los abusos del tipo cometido por los “amigos” de Macri con las tarifas y la falta de inversiones.
Nacionalizar todos los peajes de rutas, aplicando sus utilidades para financiar nuevas obras viales.
Volver a poner en marcha los ferrocarriles, incluso cambiando sus trazados y unificando las trochas, para facilitar las interconexiones entre distintas líneas férreas.
Volver a crear una Flota Fluvial y recrear ELMA, para que los fletes del comercio exterior queden en manos argentinas. La misma ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas), debe tener a su cargo el servicio de cabotaje entre puertos marítimos argentinos.
Estimular el desarrollo industrial, poniendo énfasis en industrias de mano de obra intensiva y en las de tecnologías sensibles o de punta. Buscar financiaciones para obras de infraestructura de gran valor estratégico, como se habían conseguido en los acuerdos concretados con China y Rusia (no excluyente de otros países).
Dar impulso a obras hidroeléctricas y nucleares, para diversificar positivamente la matriz energética, modificando a la vez las aberrantes condiciones leoninas establecidas en los contratos estipulados a favor de los financistas que utilizaron las promociones a ultranza de las mal llamadas “energías limpias”, como la eólica y la solar.
Decidir las ejecuciones de grandes obras públicas, en función de sus importancias estratégicas y geopolíticas.
Apoyar los desarrollos tecnológicos propios.
Estimular la instrucción pública en todos los niveles, así como la salud pública.
Poner en vigencia el ITAEA (Impuesto a las Tierras Aptas para la Explotación Agropecuaria), para evitar extensiones de campos improductivas, sancionando impositivamente a los dueños que no los ponen en producción.
El listado sigue.
Sé que varios ultra conservadores (u oligarcas contumaces), clasemedieros con ínfulas de oligarcas aspiracionales, y los milicos proceseros de altas graduaciones, con malicia o cerrazón mental, querrán descalificar esas ideas, calificándolas amañadamente de “comunistas”. Si no fueran tan “distorsivos” o carentes de fundamentos en sus apreciaciones, verían que no difieren mucho o casi nada, de las aplicadas en sus momentos por las potencias industriales “occidentales”, en base a las cuales se desarrollaron.
MGTR. CARLOS ANDRÉS ORTIZ Analista de Temas Económicos y Geopoliticos
“Les he dicho todo esto pero pienso que pa´nada, porque a la gente azonzada no la curan con consejos: cuando muere el zonzo viejo queda la zonza preñada.” A.J.
Hace algunos días hice una publicación en una red social muy masiva que generó un interesante debate social al respecto de las utilidades del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) otorgado por el Gobierno Nacional y destinado a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Las reacciones de propios y extraños fueron muy diversas, incluso llevaron a que una persona de mi equipo técnico bajara el posteo y que varios compañerxs me recomendaran tener otra “forma de comunicar” ahora que soy funcionario nacional. En mi opinión (luego de varios días del hecho, habiendo estado atento al veredicto de unos y otros, a los ataques más o menos sistemáticos de algunos medios de comunicación locales, a las “recomendaciones” en privado de los propios y al “aguante” público de compañeras y compañeros) la razón más importante a tanta crítica al posteo fue la de utilizar “inocentemente” las palabras “peronismo y asado” en una misma publicación y el hecho de tener un cargo en la administración nacional.
Pero no es inocente la persecución mediática y la exigencia “apolítica” de no usar el cargo público para “hacer política” (para que utilizaría el cargo entonces??). Incluso alguien por ahí sostuvo que este es un organismo técnico y no se lo puede vincular con ningún “color político”. Posta. Les juro. Hasta alguno le pareció que mientras estuviera en la función debería “evitar” hablar de peronismo. Esa “inocencia” se parece mucho a la que “practican” algunos medios nacionales que influyen fuertemente en la opinión pública para atacar a funcionarios y dirigentes nacionales de este gobierno cuando toman decisiones contra sus intereses y/o privilegios.
En este caso, con excelente habilidad comunicativa de tipo “fake news” lograron que comentaran contra un posteo que no habían comprendido, que incluso ni siquiera leído, un sector de la sociedad beneficiaria del IFE a la que mi comentario además reivindicaba. Muy jauretchano. Don Arturo, en el Manual de Zonceras Argentinas advertía que una zoncera se basa en un sofisma cuya fuerza no se da por la argumentación, todo lo contrario, excluyéndola y “actuando dogmáticamente mediante un axioma introducido en la inteligencia —que sirve de premisa— y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad en la discusión como de que no haya discusión. Porque en cuanto el zonzo analiza la zoncera, deja de ser zonzo”.
Es decir, la zoncera tiene la característica de tomar desprevenido al sentido común. Bueno, yo dije y sostengo que con el IFE mucha gente come asado. Sencillo. Real. Y ellos dijeron: es una barbaridad!! tienen que seguir con el choripan!! Acá la zoncera: “un funcionario público no puede emitir una opinión política” (el sofisma, el axioma, el dogma) y en realidad lo que dicen es “no puede emitir una opinión peronista”.
Pero los peronistas, el pueblo, los grasitas, nosotros y nosotras, cuando tenemos una posibilidad nos damos el gusto. Garantizamos la leche, el pan, la carne, el puchero, el guiso con el IFE y porqué no, hacemos un fueguito, porque volvemos a tener Patria. “Un funcionario nacional dijo que la gente come asado con el IFE”. Pum. Listo. “Palo y a la bolsa” como diría Fontanarrosa. No hay remate. No hay argumentación. No hay investigación. Nada. Solo copia de pantalla y viralización. Cierto es, muchxs compatriotas están pasándola mal. Pero eso es por culpa del neoliberalismo, no de los militantes de este gobierno. Para ubicarnos en situación, el trasfondo de esto es un ánimo de “acomodar” a un militante peronista dentro de un molde descartable de funcionario políticamente correcto. Bueno. No. Gracias.
Quedensé tranquilos aquellos que piensan como yo y que confían en mí en esta administración. Tomen asiento quienes esperan mis errores para echarle la culpa a mis convicciones. Tengan un poquito mas de paciencia aquellos titulares de derechos que necesitan resolver trámites, que ya nos estamos acomodando para hacer una gestión única en Anses Posadas. Finalmente una aclaración: no me desperonizo nada!. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la UDAI. Abrazo cariñoso!
“Hay que incubar un nuevo emprendedurismo pos pandemia, sin descuidar a los que están. Hay un montón de planes de estímulo nacionales para sostener el salario caído. Pero hay que armar un equipo de Gobierno que acompañe a todo el universo de la provincia que todavía no accedió. Eso es urgente. Son diez mil pesitos que les salva, pero a los emprendedores hay que acompañarlos, porque van a necesitar lo que se llama la economía del conocimiento”. La descripción es del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, en una virtual reunión de gabinete, que encabezó junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad.
El conductor político de la Renovación se refería al enorme paquete de asistencia económica que lanzó el Gobierno nacional para hacer frente a las consecuencias de la parálisis por la cuarentena, pero que, sin embargo, en muchos casos no llegó al terreno.
Son más quienes cuentan los motivos de rechazo que quienes lograron hacerse con la ayuda efectiva. La burocracia suele frenar las mejores intenciones.
Por eso el Gobierno provincial puso en marcha su propio plan de asistencia a empresas, autónomos y monotributistas. Uno de los requisitos centrales es haber tramitado y no conseguido -o solo en forma parcial-, a la ayuda nacional. Y son muchos.
Por eso el plan presentado por Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el presidente del Fondo de Crédito Misiones, Horacio Simes, no tiene tope y apunta a la mayor cantidad de empresas posible.
Son tres líneas de créditos de hasta cien mil pesos para monotributistas o autónomos sin empleados, 600 mil para Pymes con problemas para pagar salarios y la última de 500 mil pesos para reposición de stock o capital de trabajo que permita retomar el ritmo de actividad. Las tasas varían entre el 16 y 22 por ciento anual para salarios y reactivación o compra de capital de trabajo.
En el Gobierno entienden que el paquete será efectivo si las cámaras empresarias ponen énfasis en que la información llegue a sus asociados, ya que, aunque parezca mentira, uno de los problemas que aparecen en el análisis de las trabas, es la falta de conocimiento. Pero confían en que la ayuda será más accesible que la nacional, ralentizada por la letra chica de la Administración Federal de Ingresos Públicos y una insólita parálisis de la Administración Nacional de Seguridad Social, que hasta se vio forzada a un cambio de autoridades en medio de la cuarentena y que recién hace pocos días designó a sus delegados en Misiones, donde los flamantes funcionarios todavía fungen como militantes sin empaparse de las responsabilidades que traen aparejadas sus cargos.
El equipo económico provincial detectó esos problemas. Muchos no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia -por ser monotributistas y tener algún vínculo con el Estado, por ejemplo- y otras tantas empresas que podían acceder a créditos a tasa cero, fueron rechazadas por atrasos en cargas sociales. Al menos el 40 por ciento de los que deberían, no accedió a la ayuda nacional.
En paralelo, ya se prepara un paquete de ayuda excepcional para el turismo, devastado por la parálisis de provocada por el coronavirus. Será con el Consejo Federal de Inversiones y recursos de Misiones a través del Fondo de Crédito para atender a las MiPymes turísticas que están con las persianas bajas desde mediados de marzo. El paquete será inicialmente de unos 20 millones de pesos. Se complementará con otro de Nación que pagará salarios por seis meses y también asistirá a autónomos -guías, choferes- por tres meses, además de obras de infraestructura en 50 puntos del país.
Pensar la Misiones pos pandemia es central para la nueva normalidad. La tecnología, las compras virtuales, las plataformas de promociones llegaron para quedarse. Las soluciones tecnológicas pueden ser una invaluable fuente de ingresos y fábricas creativas para la demanda laboral que ejercen los jóvenes misioneros. La apuesta es grande: Misiones postuló al Parque de la Innovación para fabricar respiradores bajo licencia de la Nasa. La puja por la licencia se dio con 98 competidores del mundo. Se gane o no, queda demostrado que se puede.
En paralelo hay otras herramientas digitales en estudio que parten de la base de la app Misiones Digital. Una billetera electrónica para pagar impuestos o servicios, realizar trámites o transferencias está en desarrollo. Habrá otras apuestas vinculadas a las chacras, que ya experimentaron la venta online y podrían profundizar ese camino con el respaldo de la empresa Marandú. El Parque de la Innovación servirá también como punto de partida para otras pymes que tienen la idea pero necesitan el empujón crediticio o logístico.
El conocimiento debe transformarse en la industria del futuro para no depender exclusivamente de la materia prima y sus vaivenes. Misiones necesita generar empleo y la parálisis del coronavirus desnuda los contrastes. En algunas actividades el teletrabajo es tan o más eficiente que la presencia física, lo que, en el caso del comercio, puede derivar en la destrucción de puestos de trabajo.
El empleo privado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones del país en febrero, previo al impacto del Covid-19. En términos nominales en el NEA, fue Misiones la provincia con la mayor cantidad de puestos de trabajo perdidos: 2.523; seguida por El Chaco con 2.123, Corrientes con 696 y Formosa con 653. Todavía no se conocen los datos de marzo, pero seguramente serán desalentadores.
Como contracara, la chacra goza de buena salud. No solo aumentó el consumo de frutas y verduras durante la pandemia, sino que la yerba mate, producto esencial misionero, genera hoy un inesperado ingreso de divisas que, con fronteras y comercios cerrados, se queda en Misiones. El precio de la materia prima, fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, fue sobrepasado largamente por la cotización del mercado. La puja empezó tímidamente en Andresito, donde una cooperativa comenzó a pagar 26 pesos por el kilo de hoja verde y ahora toda la provincia está comprando a ese precio. La diferencia de ingresos para la chacra es significativa. Al valor original, la hoja verde valía casi 17 mil millones de pesos. Ahora, unos 22 mil millones.
Como el precio de mercado comenzó a pagarse poco después del 1 de mayo, se calcula que la diferencia para los productores será de unos 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, lo que es bueno para un sector implica una fuerte presión para la industria que tiene precios congelados y arrastra problemas de financiamiento desde hace varios años, con una deuda acumulada y exigible en los bancos. El presidente del INYM, Juan José Szychowski anunció que una de sus primeras incursiones en Buenos Aires será para pedir a la Nación que permita aumentar el precio a salida de molino para aliviar a las industrias. Curioso es que el flamante presidencia, mirado de reojo por la industria, tenga como primera misión, buscarle un poco de oxígeno. Pero es también una buena oportunidad para discutir la rentabilidad de la yerba mate con el sector que menos esfuerzo hace en la cadena: los supermercados.
El Gobierno nacional -casi desde siempre- impuso una yerba barata para acomodar indicadores en Buenos Aires y no impactar en la inflación. Pero hoy la inflación es un problema menor para la economía -la de abril fue la más baja en 28 meses- y queda claro que se explica mucho más por especulación que por balances reales. En abril la suba de precios fue de 1,5 por ciento, pero con aumento de 3,2 por ciento en alimentos, lo que presiona sobre la línea de pobreza en una economía paralizada.
Alberto Fernández tiene un horizonte más cercano para resolver un problema clave: la deuda. Las negociaciones con los acreedores no son sencillas, pero el acuerdo está más cercano de lo que parece. Con la economía en desplome en todo el mundo, no hay excusas para rechazar un acuerdo que Argentina pueda cumplir.
“El éxito para Argentina significa alcanzar un acuerdo sostenible, con el que podamos comprometernos y cumplir”, explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. La oferta contempla tres años de gracia, una quita de 5,4% sobre el capital adeudado (u$s 3600 millones) y una reducción de intereses del 62%, equivalente a u$s 37.900 millones.
Más allá de la retórica de cada negociación, Argentina recibió tres contraofertas de los acreedores BlackRock y de los grupo Ad Hoc y Exchange.
El respaldo del Fondo Monetario Internacional a la posición argentina también resulta oportuno en el momento. No es un apoyo generoso, sino un reconocimiento implícito de la propia responsabilidad del organismo en la crisis argentina. El informe del Banco Central sobre la fuga de capitales en los últimos cuatro años es lapidario.
Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó USD 100.000 millones en el período.
Con la reversión de los flujos de capitales a principios de 2018, el gobierno de Mauricio Macri decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo récord de USD 44.500 millones.
A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones.
La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones.
Por su parte, la FAE de los 10 principales compradores explica USD 7.945 millones. Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, adquirió USD 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló USD 16.200 en compras netas durante el período.
Mientras siguen las negociaciones por la deuda, el Gobierno de Alberto Fernández goza de una altísima aprobación por el manejo de la pandemia y la atención del Estado. La crisis económica pasó a un segundo plano, aunque se proyecta una caída en el PBI del 6,6% para 2020. El impacto directo será sobre empleo, ingresos fiscales y sector externo.
Pero en la batalla contra la pandemia, los resultados son alentadores. La ciencia argentina inclina la balanza. Un consorcio público y privado liderado por científicos del Conicet desarrolló un rápido test para el coronavirus que permite testear muestras y obtener resultados en menos de dos horas (con similar sensibilidad que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requieren equipamiento completo (termocicladores en tiempo real).
Con 7805 contagios y 363 fallecidos -ninguno en las últimas 24 horas-, la Argentina es uno de los países con la situación epidemiológica controlada. De hecho, en los últimos días hubo cero contagios en buena parte del país. La situación es compleja, sin embargo, en Capital y Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Río Negro. Misiones cumplirá este domingo dos semanas sin contagios y se mantiene con 25 casos. Eso permitió flexibilizar la cuarentena, permitir las caminatas y reabrir el sector comercial, incluidos el shopping posadeño y las tradicionales Placitas.
Sin embargo, en el Gobierno y el equipo de salud no hay triunfalismo y la rigurosidad se mantendrá por bastante tiempo más. Será clave el resultado de este domingo, cuando miles de personas salgan a mover los músculos después de más de 50 días. Será la prueba de fuego y si todo sale bien, se espera que la semana próxima se incorpore a las caminatas saludables a los mayores de 60 años, el grupo de riesgo más complejo.
En cambio, la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta es la de mayor cantidad de contagios. Mucho tiene que ver allí la densidad de población, lo que actualiza el debate por el centralismo histórico, que en este caso juega en contra de los porteños. ¿Será uno de los temas a analizar pos pandemia?
De cualquier modo, Argentina está bien encaminada en la impredecible lucha contra el enemigo invisible. Especialmente en la región.
Hace unos días le preguntaron a Jair Bolsonaro cómo explicaba que Brasil tenga 12.000 muertos y Argentina 320. Bolsonaro respondió suelto de cuerpo: “Hay que hacer la cuenta por millón de habitantes”. Brasil tiene 74 muertos cada millón de habitantes. Argentina, 8.
Este sábado Brasil superó las quince mil muertes por coronavirus – 15.632-, que se convirtió en la primera muerte por enfermedad en el vecino país. A este ritmo, nadie se anima a vaticinar cuántos muertos acumulará el vecino, pero ya es el sexto país del mundo con mayor cantidad de muertos por la “gripezinha”.
El viernes renunció Nelson Teich, el ministro de Salud que había asumido hace un mes. Se fue también en desavenencias con Bolsonaro por el desmanejo de la pandemia. Lo reemplaza el general Eduardo Pazuello, con una larga experiencia en logística. Comando boina negra, paracaidista y maestro de salto libre, el general nunca trabajó en salud.
La pandemia que estamos atravesando generó una inédita asistencia económica del Estado nacional no solo a las empresas sino también a personas físicas que requieren de un apoyo estatal para conservar mínimamente su nivel de ingresos. Programas aplicados como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) generaron que en Misiones se inyecten más de $2.600 millones a particulares, lo que se agrega a los bonos extraordinarios a jubilados, como partidas extra.
A la par de esto, la importancia de respetar la cuarentena y el distanciamiento social se vio rota en las últimas semanas a partir de la apertura de los bancos para el pago por ventanilla de jubilaciones y programas sociales nacionales, que generó en esos primeros días una alta concentración de personas en la calle que disparó todo tipo de críticas no solo a las entidades bancarias, sino, sobre todo, al Anses y al Gobierno nacional.
Ello permitió poner en la lupa la cuestión de la bancarización: la necesidad de ir a hacer horas de fila en un banco ponía en riesgo todo tipo de cuidado sanitario. Pero al mismo tiempo, abrió el debate acerca de la oferta de dispositivos para extraer dinero para aquellos que sí disponen de una tarjeta de débito y que, aún así, deben hacer fila en los cajeros automáticos con todo el peligro que ello acarrea.
En ese marco, viene un dato importante: los denominados “puntos de acceso” (PDA) a servicios bancarios, entiéndase estos como los lugares donde una persona puede hacer depósitos y extracción de dinero en efectivo, que incluye sucursales bancarias y cajeros automáticos, es notablemente baja en proporción con la cantidad de gente que la usa: en toda la Argentina, el promedio de PDA cada diez mil adultos es de apenas 8,6. Si lo comparamos con otros país, Brasil tiene 23,2 y México 12,3.
Observando por provincias, nueve de las diez con menores PDA cada 10 mil adultos son del norte argentino. Del otro lado, la que tiene la mayor proporción es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mientras la CABA tiene 21,9 c/10 mil adultos, Formosa, que se ubica última, tiene apenas 4,8. Todas las provincias del NEA y de NOA están por debajo del promedio nacional.
En este marco, la provincia de Misiones tiene la cuarta proporción más baja del país y la segunda del NEA, con 6 PDA cada 10 mil adultos. Chaco y Corrientes no están muy lejos (6,3 y 6,2 respectivamente).
Hay que considerar que los PDA no consideran las nuevas modalidades de retiro de efectivo que se dan en farmacias o supermercados previa compra de productos. Sin embargo, la necesidad de aumentar los PDA en todo el país es notable, principalmente en las provincias de mayor retraso.
Si bien hay una tendencia mundial de ir hacia la plena bancarización de las transacciones, disminuyendo el uso del dinero en efectivo para pasar a operar cada vez con modalidades virtuales, lo cierto es que, en la Argentina, y sobre todo en el norte, estamos aún lejos de eso, tanto en el comportamiento individual de querer tener y disponer de efectivo, sino también porque aún se debe seguir avance en la disponibilidad de pago online por parte de comercios.
La pandemia mostró el lado mas grave de este problema en un contexto muy especial, pero el problema existe desde hace mucho tiempo. Quizás este sea el momento ideal para repensar el sistema.
Por ALEJANDRO PEGORARO. Director de Consultora Politikon Chaco. Exclusivo para ECONOMIS.
