A partir de la lamentable situación que el mundo sufre por la pandemia del virus Covid-19, un problema sin precedentes en la historia de la humanidad, ya que podríamos decir que se está combatiendo en una “guerra” dónde o nos unimos todos o indefectiblemente vamos a ser víctimas de una tragedia digna del “genocidio” más grande que hayamos conocido.
En Sudamérica tuvimos la suerte que el virus llegó mas tarde en relación al hemisferio norte, por lo tanto, el destino nos dio la oportunidad de anticiparnos y prepararnos mejor para no sufrir lo que están pasando en Europa o en EEUU.
Entonces, el momento histórico pedía que nuestros dirigentes estén a la altura y más allá de algunos irresponsables como el caso del abyecto presidente de Brasil Jair Bolsonaro, hay que reconocer que la mayoría si lo estuvo y lo está. En especial en nuestro país donde existe una sensación que por primera vez la clase política se puso los “pantalones largos”, encabezados por el Presidente Alberto Fernández y el Ministro Ginés González García quienes, con mucha sensatez, tomaron medidas tan duras y contundentes como necesarias.
A pesar de todo, quizás no sea suficiente porque todavía existen “personajes” nefastos que no quieren entender que es tiempo de priorizar la salud y la empatía por sobre la economía y las apetencias personales. Fernández, un presidente que sorprendió gratamente por su capacidad de diálogo, de lograr que la Grieta se cierre -por lo menos en éstos tiempos de crisis- y que por sobre todas las cosas consiguió poner en valor algo que durante muchos años ha sido una discusión que parecía no tener fin: el Rol del Estado; hoy día si hay una certeza es que el mundo entero debe tomar ese camino, entender que el mercado NO puede ser el que lleve las riendas.
El nuevo orden mundial seguramente no tendrá lugar para gobiernos que dejen hacer a las grandes corporaciones lo que quieran, en detrimento del trabajo, de la educación y la salud pública (recordemos que el gobierno argentino que concluyó el 10 de diciembre último, había eliminado, entre otros, los Ministerios de Salud y de Trabajo).
“Nadie se salva solo”, fue uno de los conceptos que dejó el Presidente ante el G-20 en la videoconferencia realizada en las últimas horas, dejando en claro que, no solo ante la emergencia actual sino que también el nuevo paradigma debe ser el de la solidaridad, con una fuerte intervención del Estado para regular y cuidar a los más vulnerables, promoviendo políticas más inclusivas, acentuando la equidad para lograr mayor igualdad y bienestar.
Sin temor a equivocarme, una vez que ésta emergencia global pase, vendrán tiempos muy difíciles en materia económica y social, el camino para salir de ello será largo y tormentoso, espero que en esa hora la política argentina siga priorizando a la gente y que nos lleve a encabezar el nuevo mundo y que ésta vez estemos definitivamente unidos y todas y todos bajo la “protección” de un Estado presente, fuerte y que construyamos con generosidad y empatía.
Como dice una filosofa contemporánea: “El público se renueva” (Mirtha Legrand), por lo que hay que retomar ciertos temas, sobre todo, cuando tienen cada vez más espacio en la agenda mundial. Estamos hablando de la temática ambiental y en esta nota explicaremos qué es un Amparo Ambiental, quiénes y cuándo pueden interponerlo.
Se sienten cada vez más reales las consecuencias del calentamiento global anticipado por los científicos desde la primera reunión en Estocolmo en 1972, el año en que nací, y son los jóvenes que están cuestionando (con justa razón) un estilo de vida que se volvió insostenible e indefendible. Hoy por hoy y a nuestro favor, existen Derechos Colectivos desconocidos por la mayoría de los ciudadanos y habitantes de nuestro país, que sirven para reclamar por el ambiente. Hablamos de los derechos de Tercera Generación: del Consumidor y del Ambiente.
Estos derechos fueron incorporados a la Constitución Nacional Argentina en 1994 en los artículos 41, 42 y 43. El artículo 41 de nuestra Constitución nos dice que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. (…)”, mientras que el art. 43 asegura que toda persona podría reclamar ese derecho a un ambiente sano a través de una acción de amparo. Se trata de un amparo ambiental y el mismo, agrega el artículo, puede interponerse siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.
Además, estos artículos fueron complementadas con la Ley 25.675, promulgada en noviembre de 2002, o mejor conocida como “Ley general del ambiente”. En la misma se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y se contempla el “daño ambiental colectivo”, que equivale al daño que padecemos todos mas allá de la presencia efectiva de mortificación individual: aquí se incluyen los daños de contaminación atmosférica, visual, sonora, de las aguas, degradación del suelo, electromagnética (antenas de radio, televisión, telefonía celular, etc.), etc.
Puede ocurrir que no nos enteremos de la extinción de una especie animal o que al enterarnos, nos parezca una noticia irrelevante, igual habrá daño colectivo, porque este surge de una definición legal fundada en consideraciones científicas (Horacio Rosatti, Derecho Ambiental Constitucional). A su vez, el art. 27 de dicha ley menciona que los hechos o actores jurídicos, lícitos o ilícitos que por acción u omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva serán objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción; pero, en caso de que no sea técnicamente factible su reposición, el juez fijará una indemnización sustitutiva que deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental, ello con independencia de su culpa o dolo (art. 28 de ley citada).
Por último, en 2015 se produjo un hito inédito, el nuevo Código Civil sancionado (que regula principalmente relaciones entre privados), dio un giro ambiental y se inició formalmente una etapa de Derecho Privado Ambiental. Prueba de ello es el art. 14 del CCyC. de Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen tanto los derechos individuales como los derechos de incidencia colectiva asegurando que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
Con todo lo visto hasta ahora, podríamos decir que Argentina es un ejemplo a seguir en materia legislativa a nivel internacional, pero la mayoría de nosotros desconoce la existencia de estas normas y no se puede ejercer los derechos que se desconocen. Y si bien muchas veces las violaciones al medio ambiente, su degradación o contaminación pueden ser groseras (vertido de aguas sucias, contaminadas con sustancias toxicas, desechos líquidos y/o metales pesados, provenientes de una industria a un arroyo o rio, sin tratamientos ni Estudios de Impacto Ambiental), mayoritariamente se configuran en acciones disimuladas, en un ámbito muy difícil de circunscribir y con alcances siempre inciertos.
Por otro lado, también nosotros como sociedad nos hemos resignado a tolerar cierta degradación ambiental a fin de no detener lo que se ha denominado “progreso” pero, está claro que todas estas violaciones, afectan siempre a la salud y por lo tanto debemos asegurarnos de exigir al sector privado, la mayor prudencia y grado de contaminación mínimo comparado con el beneficio que produce el hecho generador. Y al sector público el contralor del sector privado.
Entonces, ¿Cuál es el proceso a seguir?
En caso de querer reclamar, ser oídos y ejercer nuestros derechos, la mayoría pensamos en principio, que deberemos transitar muchas veces varias jurisdicciones y oficinas (nacionales, provinciales y municipales), además del reclamo ante las personas y/o industrias contaminantes, sin obtener respuestas claras ni satisfactorias. Por ello, nuestra Constitución Nacional incorporó una GARANTIA, que es el art. 43 que ya nombramos al principio, cuyo fin es hacer efectivo los DERECHOS del ART. 41.
De esta forma y retomando: cualquier personapodría iniciar una acción de amparo ambiental siempre que no exista otro medio judicial más idóneo… (Ver más arriba). Y a esto se le suma lo que se denomina “Legitimación”: que estipula que la acción de legitimarse jurídicamente en el amparo, es amplia y corresponde a cualquier persona, ONG, etc. que se sienta agraviada por el acto contaminante.
¿Y qué sucede si no tengo certeza de que se está produciendo o ya se produjo un daño ambiental?
Si no hay certeza sobre el estado del ambiente, lo que se busca es el cese de la Acción ilegal: el juez interviniente podrá disponer de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general (art. 32, ley 25675). Esto es lo que se denomina en derecho como “Tutela inhibitoria” y su objeto principal es prevenir el daño antes de que se produzca o disminuir los efectos del ya producido (art. 10 in fine Código Civil). Esta tutela también se tiene en cuenta en el art 4º de la Ley general del ambiente cuando enuncia que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
Por último, la sentencia en los procesos ambientales tiene efecto “erga omnes”, que quiere decir “respecto de todos”. Por lo tanto, toda sentencia que acoja favorablemente la pretensión en un proceso ambiental, necesariamente, debe tener efecto a favor de todas las personas que pueden verse perjudicadas por la degradación del ambiente, por el mismo hecho.
Hasta aquí, un resumen básico de lo que es un amparo ambiental que busca dar una respuesta al habitante, vecino y/o ciudadano por el reclamo de sus derechos (ambiente sano, salud, patrimonio natural y cultural, etc.). No es tan complejo como se cree ya que el legislador buscó que sea accesible.
A continuación desarrollaré un ejemplo hipotético puntual, por el cual se interpondría una acción de amparo ambiental por parte de una persona cualquiera:
Supongamos que podría darse un caso de contaminación electromagnética como consecuencia de las antenas de telefonía celular que vemos por toda la ciudad. En relación a esto, existe algo llamado “electropolución”: el ingeniero en electrónica Néstor Hugo Mata cuenta que este concepto abarca un campo de distintos tipos de energías electromagnéticas que son irradiadas en el ambiente, producto del uso de artefactos, tanto industriales como hogareños. Esta irradiación ambiental es agresiva y dañina para la salud cuando supera un cierto nivel. A su vez, considera el caso particular de los efectos nocivos del uso de la telefonía móvil con sus aparatos individuales y toda la red de estaciones fijas y repetidoras que invaden el territorio nacional, especialmente las zonas urbanas donde la densidad de antenas y teléfonos es cada vez más alta.
El citado autor señala que existe un gran desconocimiento público de las incidencias que tienen sobre la salud humana este tipo de instrumentos y cita un estudio estadístico realizado por el Departamento de Oncología del Hospital Universitario de Obrero en Suecia según el cual quienes utilizan teléfonos celulares tienen un 60% más de probabilidades de contraer cáncer de cerebro que quienes no los utilizan; también las radiaciones emitidas por las antenas para redes WIFI que se usan en la interconexión inalámbricas dentro de hoteles, oficinas, escuelas y hogares, son perjudícales para la salud de la población.
De modo que – y volviendo al ejemplo hipotético – soy una persona que vive en la ciudad de Posadas – Misiones y me llama la atención la cercanía que hay entre unas antenas y otras. Existen dos casos llamativos:
1) Dos antenas, ambas de dos empresas de telefonía que prestan servicios en la ciudad, ubicadas una frente a la otra y donde lo único que las separa es una calle y se encuentran sobre la Av. Urquiza (entre las calles Pedro Morcillo y Gómez Portiño).
2) Una antena instalada sobre la calle Trípoli al 3300, justo al lado de la escuela Normal 10 (aledaña a la Av. Lavalle y Av. Alte. Brown).
Para entender el caso puntual del que se habla – antenas de Telefonía –debemos entender quiénes y cómo se regula (o debería ser regulada) la instalación de antenas. Existen normas nacionales de regulación y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que es la autoridad nacional que da una de las habilitaciones necesarias para colocar una antena en algún lugar, espectro, etc. La provincia de Misiones, por su parte, tiene el poder de Policía Ambiental, una competencia no delegada a la nación, que debe (o debería exigir) –en caso de querer instalarse una antena por parte de una empresa de telefonía interesada –, contar con un Estudio de Impacto Ambiental previo a la instalación de las mismas. A su vez, cada uno de los municipios deberían solicitar dicho estudio EIA – y la autorización de la CNC –antes de otorgar la autorización de Instalación, y ejercer un control sobre la ubicación de las mismas de forma global en la ciudad, cuidando la cantidad y evitando la superposición de las mismas en una zona determinada, y su ubicación en lugares sensibles como sería el próximo a escuelas. Es evidente que no puede prohibirse el uso de la telefonía celular ni de otros elementos de la tecnología moderna como la instalación de antenas, pero el Estado (nacional, provincial y municipal) debería prohibir estrictamente, por razones de salud, que esas instalaciones se den próximas a escuelas (hay numerosa jurisprudencia en otras provincias que han hecho lugar a estos amparos, debiendo retirar dichas antenas), jardines de infantes, hogares de ancianos y zonas residenciales, sin nombrar que debiera exigir que se cumplan con todas las demandas técnicas recomendadas por organismos internacionales para reducir al mínimo los niveles de exposición (duplicada de seguro al haber dos antenas juntas). Además, es preocupante el no cumplimiento de la normativa que establece que ante cualquier instalación de esta índole, debe llevarse a cabo procesos de información pública previas. Todavía no he encontrado a ningún vecino de la ciudad de Posadas que haya participado de un proceso de participación ciudadana por alguna de las antenas que están en la ciudad de Posadas.
La famosa frase “si pasa, pasa” es parte de cierta viveza criolla cotidiana, pero si hablamos de acciones que involucran peligro en salud de las personas, esto no debería permitirse. Allí es donde comienza nuestro derecho a reclamar. Allí es donde tenemos derecho a interponer una acción de amparo ambiental.
En la medida que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y demandemos ante la Justicia su respeto, las empresas se van a preocupar por cumplir las normas legales y también el Estado por hacerlas cumplir. Todos debemos velar por el cumplimiento de las normas: empresas y/o Industrias; Estado nacional, provincial, municipal; nosotros ciudadanos; y la Justicia, es el garante último con el que contamos, cuando todo lo demás ha fracasado.
A modo informativo, nos resulta importante transmitir lo mas importante del contenido de la Circular A6942 del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA) emitida el 20 de marzo del corriente. La misma se encuentra dirigida a las entidades financieras, las casas de cambio, las agencias de cambio, las empresas no financieras emisoras de tarjeta de crédito, las cámaras electrónicas de compensación, las empresas administradoras de redes de cajeros automáticos, las empresas no financieras emisoras de tarjeta de compra y a las infraestructuras del mercado financiero.
La comunicación del BCRA, establece que desde el 20 de marzo hasta el 31 inclusive, las entidades financieras y cambiarias no podrán abrir sus sucursales para atención al público.
Por el contrario, establece que los sujetos obligados deben garantizar que los usuarios tengan acceso a los servicios de constitución de plazos fijos, otorgamiento de financiaciones y servicios relacionados al sistema de pago. Las entidades nombradas en el primer párrafo deberán brindar este servicio de manera remota.
Otro de los puntos que incluye el BCRA, refiere a que los cajeros automáticos deberán contar con los suficientes fondos para poder extraer efectivo como así también deberán hacerlo los puntos de extracción extrabancarios.
Respecto de aquellos vencimientos que deban cumplirse entre el 20 al 31 de marzo inclusivo, se establece que estos se prorrogaran al 1 de abril de 2020. Ello es aplicable a la compensación electrónica de cheques, pero en este caso, no se computará este plazo de cuarentena obligatoria para el vencimiento de plazo de 30 días para la presentación de aquellos.
Las entidades financieras y cambiarias seguirán operando entre ellas y con sus clientes como así también lo harán las bolsas de valores y mercados de capitales autorizados por la CNV, la Caja de Valores y los agentes del mercado de capitales registrados ante la CNV. Asimismo, las operaciones cambiarias mayoristas y de las licitaciones de letras de liquidez de fecha 25/3 y 26/3 podrán ser operadas mediante el SIOPEL.
Por último, la circular indica que “deberán funcionar las Cámaras Electrónicas de Compensación, el Medio Electrónico de Pagos, las redes de cajeros automáticos y de transferencia electrónica de fondos, las administradoras de tarjetas de crédito y débito, los adquirentes y procesadores de medios de pago electrónicos, los proveedores de servicios de pago, así como sus prestadores conexos y toda otra infraestructura de mercado necesaria para la normal prestación de los servicios de las entidades financieras y de los sistemas de pago.”
Perpetraron el feroz golpe de Estado, para imponer sin oposición alguna el perverso sistema político – económico – social neoliberal; y para ello no les hizo asco perpetrar asesinatos, torturas y desapariciones, amparado todo ello en la “lucha contra la subversión”. La primera víctima posiblemente fue el Mayor Bernardo Alberte, en la noche del golpe, arrojado al vacío desde su departamento, por una partida uniformada asesina, cuyo jefe llegaría después al generalato. Alberte era un prestigioso, leal y muy patriota colaborador de Perón y de la Doctrina Nacional. A los pocos días, luego de una ríspida reunión con Videla, en la que el gremialista Oscar Smith se opuso a los negociados que Martínez De Hoz puso en marcha en el sector eléctrico, favoreciendo con alevosía a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (de la que el ministro era Director), a las pocas cuadras fue secuestrado y “desaparecido” (léase asesinado sin que se encuentre su cuerpo). Entre la noche del golpe y el día siguiente, los colaboradores del Dr. Julio C. González (quien ya era preso político apenas consumada la insurrección) fueron apresados y sometidos a feroces interrogatorios, a consecuencia de los cuales uno de ellos falleció a las pocas horas de paro cardíaco, y otro más sumó las listas de asesinados. El “delito” que cometieron fue ser leales a la patria, para lo cual entre otras acciones, enfrentaron los intereses oligopólicos de las petroleras anglosajonas, cortando sus irritantes privilegios. Tiempo después, en un atentado presentado como “accidente”, fue atropellado y matado el muy querido folclorista Jorge Cafrune. Ninguno de los antes mencionados era “terrorista”, el terrorista era el gobierno militar procesero, que en ese marco eliminó toda oposición al genocidio económico – social que se puso en rápida perpetración. El endeudamiento externo, en una escala antes nunca alcanzada, fue una de las herramientas instrumentadas para sumir al país en la dependencia y el subdesarrollo crónico, la misma metodología utilizada en los años ’90 y en el macrismo, para dejarnos inermes ante los dictados del poder financiero. El “proceso” utilizó a las FFAA como tropas de ocupación, al servicio antinacional, en el propio territorio nacional. Infame rol de los supuestos “patriotas”. Antes de toda esa masacre premeditada y alevosamente ejecutada, que fue el accionar de los apátridas proceseros, el Operativo Independencia, en Tucumán demostró que la violencia irracional de grupos guerrilleros, podía combatirse dentro del marco legal e institucional. Pero no, las guerrillas fueron la excusa perfecta para usurpar el poder y satisfacer la orgía de violencia que planificaron y ejecutaron los grupos del poder ultra conservador, como la Sociedad Rural y otros, con los uniformados como brazo perpetrador. Por su parte, el Operativo Dorrego, realizado en 1973, con participación de militares del ejército y componentes de la juventud peronista, se realizó para llevar alivio a zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Posiblemente, de haberse seguido en esa línea de acción, hubiese habido canales de diálogo constructivo, que habrían impedido posteriores derramamientos de sangre. Queda la duda… El 24 de marzo de 1976, sin duda alguna, quedó grabado en nuestra historia como una de las fechas más oprobiosas, de las más tristes y de deplorable recordación. Vendrían luego más de siete años de gobiernos oligárquicos y antinacionales…con formato a puro himno y bandera. Se habían formado e institucionalizado los patrioteros de bandera. Largamente preparado, como lo relata el Dr. Julio C. González (ex Secretario Legal y Técnico de las presidencias de Perón y de su sucesora, que merece respeto, lo que no implica coincidencias con su enfoque de la Historia Argentina), el nombre adoptado ya definía el carácter oligárquico, ultra liberal y pro anglosajón que le confirieron sus perpetradores: “Proceso de Reorganización Nacional”, denominación con claras raíces mitristas, asumiéndose como sucesores del “Proceso de Organización Nacional” que Don Bartolo perpetró un siglo antes (desde 1862) para imponer a base de degüellos y brutales derramamientos de sangre (aplaudidos y fomentados por Sarmiento y otros), el unitarismo portuario, y con él la subordinación expresa a Gran Bretaña y la adopción sin cortapisas del liberalismo económico, que nos ponía en el dócil rol de proveedor de materias primas, al servicio de los talleres de “La Rubia Albión”. El tema tiene aristas complejas, y el justificativo de los golpistas del ’76 fue “la subversión terrorista”, concepto que pretendía abarcar a las distintas guerrillas, que utilizando violencia e irracionalidad, terminaron siendo funcionales al “sistema” que repudiaban. Un análisis serio y bien fundamentado, hace ver que los dos brazos de la misma tenaza de violencia desenfrenada (las guerrillas y los aparatos represivos, primeramente al estilo paraestatal del tipo Triple A, y luego desde el propio Estado en el “proceso”), fueron totalmente funcionales a las “recomendaciones” del historiador británico – canadiense Harry S. Ferns, quien sutilmente definió que la única forma de destruir los notables avances que había logrado Argentina desde el peronismo en adelante, era mediante una guerra civil. El mencionado Dr. González, hace notar que los focos de las violencias de las guerrillas, estaban puestos en los militares (como provocación irracional), en las dirigencias industriales y en científicos abocados a proyectos importantes (como sucedió con algunos que hacían investigaciones científicas para volcarlas a la producción). Todo funcional, por ambas partes, para hacer retroceder a Argentina a estadios de subdesarrollo, de economía primaria crónica, que claramente estábamos superando, ubicándonos en el umbral del desarrollo autosustentable. Los poderes transnacionales querían una Argentina pobre y atada al subdesarrollo; acorde a la siempre miope y egoísta visión de la oligarquía campera tradicional y de sus ramificaciones, la oligarquía diversificada, como la definió Eduardo Basualdo. Los brazos ejecutores de tan infame tarea, fueron los uniformados argentinos; algunos pocos como cómplices intencionales (los que el historiador José María Rosa definió como “los generales de empresa”), y la mayoría, de puro colonizados mentales, cargando dos décadas largas de adoctrinamiento antinacional, recibido en la Escuela de las Américas y en otros cursos “ad hoc”; todo eso produciendo un limado de neuronas al ras, reemplazando todo razonamiento propio y lógico, por montañas de abigarrados prejuicios inculcados como supuestas verdades absolutas. Ese limado neuronal, incluyó el cambio total de prioridades: ya no se trataba de “defender a la patria”, sino en ser “defensores del sistema”, proceso de anulación mental que provocó que muchos de los uniformados se sintieran identificados con los objetivos del “mundo libre, occidental y cristiano” (un pernicioso y falaz concepto, pues no era ni libre, ni occidental ni menos aun cristiano, sino perversamente materialista), al cual subordinaban gustosos toda prioridad nacional… claro está que todo eso profusamente salpimentado con abundantes dosis de patrioterismo explícito, que a puro himno y bandera, en realidad pisoteaba con alevosía los reales Intereses Nacionales. Tan profundo es el grado de colonización cultural al que fueron sometidos nuestros uniformados, que por odio recalcitrante contra el peronismo, inculcado persistentemente desde 1955 en adelante, apoyaron y aun muchos siguen apoyando al macrismo, negándose a ver y menos a razonar, los profundos destrozos generales ejecutados adrede en el reciente tercer período neoliberal (2015-2019), y las viles acciones de entrega de soberanía, perpetrados en ese muy negativo reciente período de nuestra historia. Como ignorantes muy profundos de Historia, Economía y Geopolítica (demostrado palmari
amente en 1982), los uniformados argentinos subordinados al neoliberalismo, menos aun comprenden que la meta real del precedente gobierno, y del establishment ultra conservador, es perpetrar la disolución nacional; perverso objetivo bosquejado en el siniestro “proceso”, buscado en el período noventista, y puesto en ejecución en el macrismo. La Historia enseña, y mucho, si se la analiza con fundamentos y con rigurosidad; no pensando en función de prejuicios. ¿Volveremos a tener Fuerzas Armadas con clara Mentalidad Nacional? El interrogante sigue abierto.
“De película”. Es esa la respuesta que mejor me sale y con la que normalmente respondo a mis amigos y familiares que por estos días me consultan cómo estamos viviendo la pandemia aquí en Madrid luego de una semana completa de aislamiento total, más propio de ver en alguna serie de Amazon o Netflix y, sin embargo, se ha transformado más pronto que tarde en la vida real, algo para lo que claramente no estamos preparados.
El shock del Covid19 o coronavirus que sufren tanto la economía global como los mercados financieros ya es sin dudas superior a la de 2008. Los desplomes del 30% en unas semanas no tienen precedentes en la historia. Para tener una idea del impacto, Estados Unidos sufrirá en el segundo trimestre una caída aproximada en su PBI del 14%, la Unión Europea del 22% y el Reino Unido del 30%, mientras que la recesión global del primer trimestre será del 12%, donde en Estados Unidos se calcula será del 4%, en la Unión Europea del 15 %, en el Reino Unido del 10 % y en China del 40,8 %.
Si, leyeron bien, aunque en el caso de China ya comenzaría a recuperarse en el segundo trimestre puesto que esta pesadilla la comenzó a vivir 3 meses antes.
Pero para tener bien en claro, lo que se viene es una crisis totalmente diferente y no comparable a las vividas anteriormente, por la simple razón que ahora no se trata de un shock financiero sino de un quiebre de la economía real.
La DEMANDA colapsará no solo por miedo sino porque tenemos que quedarnos en casa guardados hasta quién sabe cuándo y por ello dejaremos de consumir, salvo alimentos y remedios.
Pero también va a colapsar la OFERTA porque cerrarán fábricas, se frenarán la industria y la producción, y qué decir del empleo. Esto último es importante, casi diría clave para entender sobre todo si pensamos que las crisis de oferta se viven únicamente en periodos de guerra.
Por otro lado, esta no es una crisis de los mercados que no sabemos ni dónde nace, esto no es 1929, ni 1987 ni mucho menos 2008. Hoy el enemigo tiene nombre y apellido, se nos plantó de frente y nos está atacando directamente, sobre todo a nuestros viejos. Por estas cosas, para cuando este tsunami se retire, la crisis del 2008 habrá sido como un paseo por el parque.
Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos la bomba de la deuda. Al cierre de 2019 la deuda corporativa total pendiente batía el récord de 13,5 billones de dólares en todo el mundo. No es casualidad que el FMI advirtiera a 8 países (Estados Unidos, Japón, China y varios estados europeos) de que un impacto la mitad de grave que la crisis de 2008 pondría en riesgo casi el 40% de la deuda corporativa global, es decir, que las empresas no podrían cubrir sus pagos solamente con sus ingresos. Hagan sus cálculos señores…
Es cierto que lo prioritario hoy es salvar vidas, evitar los contagios, en definitiva, aplanar la curva y esperar que todo pase lo más rápido posible para poder recomenzar y poner a correr nuevamente a la maquinaria.
Pero los gobiernos, y hablamos no solo a nivel individual de país sino a nivel mundial, deberán evitar al máximo el contagio a la economía. Es clave que los esfuerzos y decisiones se tomen lo más globalmente posible porque a todos les convendrá. Sin dudas que es momento de dejar a un lado las cuestiones partidarias, pero yendo al hueso es hora de hacer menos política monetaria que esta vez solo aliviará, pero no nos salvará, y de concentrarse en una eficaz política fiscal, de hecho, hay países que sin demora ya han empezado.
Es hora de que no tiemble el pulso de nadie para bajar impuestos, exonerar, posponer o rebajar vencimientos inclusive. Es momento de llegar a fuertes acuerdos con el sector privado, como por ejemplo los bancos para aplazar deudas. Hay que liberar todos los recursos disponibles, regenerar incentivos y la mejor ayuda es no quitar los pocos recursos que quedarán disponibles una vez que baje el agua, que tengan por seguro bajará.
No es momento de comenzar a ponerle precio máximo a todo, de enloquecerse o de pretender tapar el sol con la mano, es momento de ser inteligentes y comprender primero qué está pasando, de que será un proceso largo, pero sobre todo, de que es momento de incentivar para que la producción marche, recupere el terreno perdido y hacer de todo esto solo un mal recuerdo.
Y en el caso de Argentina celebro que, asustados por los acontecimientos en Europa, se hayan tomado medidas a tiempo a tiempo para evitar que crezcan los contagios cuando se están adentrando en el otoño. Sin embargo, eso es solo el primer paso, lo que vendrá después será clave para reencauzar un país que ya viene quebrado hace demasiados años.
En un momento como éste tan único en nuestra historia, que Dios los bendiga y proteja a todos y cada uno de sus familiares y amigos. #SeamosResponsables y #QuédenseEnCasa…
