EN FOCO

Misiones sin glifosato, el desafío de una chacra sustentable

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En diciembre de 2018 la chacra misionera se enfrentó a una amenaza impulsada por el Gobierno nacional y corporaciones empresarias. Implicaba una producción intensiva de 200 mil hectáreas de maíz, con una enorme presión sobre el modelo productivo y sin ningún estudio de impacto ambiental. Sólo la firmeza del Gobierno provincial y la resistencia de los mismos productores pudieron frenar la iniciativa de los dirigentes de Cambiemos. Cuatro años después, Misiones vuelve a marcar territorio: esta vez con una posición diametralmente opuesta.  “Este año vamos a trabajar muy fuerte en una ley que presentamos hace unos años, que es la eliminación del glifosato, uno de los elementos más dañinos del mundo. Uno de los venenos más nocivos que generó la industria. No vamos a discutir que sirvió para empujar un modelo de agricultura, pero a la luz del cambio climático, creo que sobran razones”, anticipó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

Misiones ya tiene una ley que prohíbe el uso del glifosato en ámbitos urbanos. Pero ahora el objetivo es extender esa legislación al ámbito rural. “Empezamos la tarea de prohibir su uso en los espacios urbanos para que no sea un shock y que nadie proteste. Sabemos de la importancia del glifosato en el mundo tabacalero, también en el yerbatero, en todos los órdenes. Ya no hay más excusas, la ley tiene tres o cuatro años de sanción, y habíamos dicho que progresivamente nos íbamos a preparar. Ya estamos preparados”, argumentó Rovira. El conductor político de la Renovación reveló otro dato: “Tenemos el primer producto herbicida totalmente orgánico que puede y debe reemplazar al glifosato aquí, ya está, así que se terminó la excusa, a usarlo”.

En eso trabajó la Biofábrica. Pero también hay actores privados. En el Parque Industrial de Posadas está Agro Sustentable, una firma que fabricará biofertilizantes y biopesticidas. En principio, según el CEO de la firma, Joaquín Basanta, la planta, con 30 empleados, podrá sacar al mercado cien mil litros por mes.

La prohibición del glifosato va en línea con el cuidado de la biodiversidad, pero también tiene un costado pragmático: Europa comienza a suprimir importaciones de productos que afecten la naturaleza y provoquen deforestación. Las principales economías europeas son responsables del 80% de la deforestación a través del uso y consumo de mercancías que llevan aparejado un riesgo forestal.

“Nuestros productores se tienen que preparar. El té va a valer fortuna porque Ucrania y Rusia se van a quedar sin té. Ya no lo tienen. Y así toda la producción. La yerba mate también puede abrir nuevos caminos de exportación, nuevas vías, hay que estar muy atentos. Los commodity forestales, la madera también, todo va a subir”, dijo Rovira.

El glifosato tiene fama negativa, pero es uno de los tantos herbicidas que históricamente se utilizaron en producciones que no se limitan a la yerba, el tabaco o el té como comúnmente se cree, sino que alcanzan a las propias frutas y verduras que día a día se consumen en las mesas de toda la provincia.  

Su prohibición, sin embargo, va en línea con mojones que fueron marcando la chacra. 

En el 2004, a través de un esfuerzo mancomunado con las empresas tabacaleras y el Instituto Nacional de  y Tecnología Agropecuaria (INTA) y de una decisión consensuada con los productores, el Gobierno de la Provincia convirtió a Misiones en la primera provincia que erradicó el uso del bromuro de metilo en la producción de tabaco y de hortalizas a campo.

Pese a la mala fama, el sector tabacalero fue el pionero en cuanto a promover el uso responsable de agroquímicos y trabaja junto al ministerio de Ecología en acciones conjuntas para mitigar el impacto de su uso. Algunos ejemplos puntuales son la puesta en marcha del Centro de Acopio de Envases Vacíos de Agroquímicos en Dos de Mayo y la ausencia del glifosato dentro del paquete tecnológico del sector. 

UNA RELACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS. El productor Cristian Klingbeil cultiva junto a su suegro 27 hectáreas de yerba mate y en ellas trabajan mayormente con motoguadaña para actividades de mantenimiento. “En 2021 tuvimos que aplicar herbicida únicamente en dos hectáreas para controlar el cadillo”, contó a Economis el productor que se animó a iniciar un camino con nuevas prácticas culturales en sus chacras.  

El glifosato en la yerba se utiliza para las actividades de control de malezas. “Durante muchísimos años trabajamos muy mal descuidando las dosis, los momentos de aplicación, y el agua que se utiliza, entre otras cosas. Hoy estamos aprendiendo de manera diferente… Estamos conscientes de que tenemos que transformar la forma de trabajar en las chacras”. 

El trabajo sostenido permite logros y beneficios directos que pueden ir observándose de a poco. La presencia de pájaros, la desaparición de la cola de zorro o del bichito del rulo y el hecho de que no hay tanta caída de hoja, son algunos de ellos. 

Según detalló el productor tealero y yerbatero, “cuando empezás a aplicar mal los herbicidas, las semillas se vuelven resistentes a los herbicidas. Al tercer año, no matás más con el mismo herbicida. Tenés que cambiarlo, aumentar la dosis o agregar otros. Así se van transformando en transgénicas”. Los errores se cometieron principalmente ante la falta de información y capacitación. Pero también, ante la falta de exigencias y asesoramiento y controles por parte del Estado. 

“Hay una diferencia abismal del costo de la mano de obra entre una cosa y la otra: haciendo un análisis por hectárea, en un yerbal promedio que generalmente se ve en toda la provincia de pocas plantas por hectárea, 4 pasadas de motoguadaña corresponderían a seis veces más el gasto de mantener con herbicida un yerbal”, así describe Klingbeil la cuestión de costos que afectan directamente al bolsillo del productor. 

La experiencia reciente indica que los productores que empezaron a mermar la aplicación de herbicidas en los yerbales, lograron notaron cambios en las épocas de sequía. “Por ejemplo, el yuyo que dejás en el yerbal mantiene la humedad en el suelo, se descompone y genera un abono orgánico que colabora a su vez con el control más natural de plagas; pero la desventaja inmediata es el costo. Ahora bien, también es cierto que con el trabajo sin herbicidas a los dos o tres años, hasta la tierra cambia de color y hay mas humedad en el suelo”. 

Juan Carlos Furlán, productor agroecológico de Cerro Corá, la clave estará en el proceso de transición, ya que el costo de producción aumentaría sin el respaldo del herbicida. “Se podría gravar el uso del glifosato y con eso mismo, financiar la transición”, explica.  

La transición es clave. En Sri Lanka se prohibió el uso del glifosato y otros herbicidas similares, como una forma de promover la agricultura orgánica pero después de una prueba fallida, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás. El país enfrentó una caída de las exportaciones de té, la principal exportación agrícola y de otros productos básicos. Las plantaciones perdieron productividad. 

Klingbeil coincide en la necesaria transición y sostiene que el cambio cultural debe ser progresivo: “Cuando hay un buen precio de la materia prima, todo cambio es posible y viable”. Además, dejó entrever la importancia de los incentivos que estimulen los cambios de hábitos y la adopción de nuevas prácticas culturales, como por ejemplo el programa del INYM que permite la compra de motoguadañas.

YUYO CERO. En el caso del té el control de malezas es sumamente exigente dado que las máquinas no están preparadas para seleccionar los brotes y dejar los yuyos. “Hay un alcaloide que no debe existir en el té y que desde Europa catalogan como cancerígeno, por lo cual le decimos chau a la materia extraña… la motoguadaña y la carpida son complicadas y prácticamente imposibles dentro del té por lo cual hay que utilizar sí o sí herbicidas y luego, también la limpieza a mano”. 

Para no encarecer el trabajo a mano se utiliza el herbicida para controlar lo máximo posible. “Nosotros no sabemos cómo se está probando el tema de los herbicidas orgánicos. Si hoy me prohíben el glifosato en el té, tengo que abandonar la actividad por una cuestión de costo de mano de obra”, señala Klingbeil

“Estamos desapareciendo como producción tealera. En los últimos cinco años se eliminaron alrededor de 1.000 hectáreas de té y si a eso le sumamos la producción sin glifosato sería un knockout para los pequeños productores y prestadores de servicios. Nos empezarán a rechazar las cargas y eso será fatal para nosotros”.

El productor sostiene que en virtud de las certificaciones, se redujo el uso de herbicidas. “Pasamos de gastar dos litros por hectárea a utilizar medio litro. Corregimos prácticas como el pico aplicador y mejoramos mucho en esas cosas. Controlamos el PH del agua para analizar si es compatible con el uso del herbicida por ejemplo, cosa que antes no se hacía.  Si el PH está desregulado, neutraliza el herbicida. Muchas de estas cosas fuimos aprendiendo gracias a las capacitaciones sobre temas de las certificaciones. Desaprender las prácticas históricas para adquirir nuevas formas de producir”.

El proyecto disparador. Hugo Escalada, ex diputado y actual presidente del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO), fue el responsable de presentar en 2015 el primer proyecto de prohibición total del uso del glifosato que finalmente no prosperó. Según contó a Economis, el producto sigue siendo el principal aliado para matar malezas en muchas producciones. “La realidad es que hoy si vos medís cualquier producto de la tierra misionera, te va a aparecer la huella del glifosato”, añadió.

“El glifosato tiene una característica principal que consiste en que es muy difícil que se disuelva. El agua surca la tierra, arrastra el glifosato hacia la tierra y nosotros tomamos el agua de ahí”. En consecuencia no llega al cuerpo humano únicamente por el alimento sino también por el agua. En Misiones abundan los hilos de agua, vertientes y arroyos que se utilizan como abrevaderos. 

En cuanto a la reacción que se podría generar la eliminación del glifosato en la producción forestal, Escalada expresó que “obviamente los productores que utilizan glifosato van a poner el grito en el cielo, porque tienen un producto que es una panacea: le reduce horas de trabajo de manera infernal, le ahorra tener que emplear a gente para hacer ese tipo de trabajo, la aplicación es muy sencilla y fácil a través de una mochila”. 

“Nuestros colonos se han acostumbrado a trabajar con tóxicos muy poderosos por el tema de la producción del tabaco. El tabaco es fácilmente agredible por todo tipo de plagas. Entonces, los tóxicos más fuertes que se utilizan, se utilizan justamente en el tabaco. Hay muchos colonos que sabiendo que les van a afectar mosquitos, los terminan rociando en frutas y verduras”, contó y agregó que “no lo hacen adrede, sino por una cuestión cultural”. 

“En términos de producción, nosotros los seres humanos en general, nos hemos vuelto muy eficientes produciendo sin tener en cuenta las consecuencias… pero no han avanzado al unísono los controles de lo que genera esa producción rápida, eficiente y competitiva. ¿Pero a costa de qué? Primero está la vida”.

Para el abogado es necesario contar con una alternativa que suplante el herbicida y,  remarcó que “ojalá que el producto alternativo que anunciaron sea eficiente”. 

“Hoy la gente se acostumbró a leer las etiquetas de los productos, pero nadie pide la información de las frutas y verduras que consumimos, y es necesario hacerlo”, advirtió.

CERTIFICACIONES ORGÁNICAS Y PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción, Luciana Imbrogno, explicó a Economis que en Misiones existen más de 1.000 hectáreas certificadas como orgánicas (productos certificados libres de agroquímicos) y más de 2.000 están transitando el camino de la certificación. Yerba mate, té, banano, moringa, stevia, jengibre, cúrcuma y algo de cítricos son algunos de los cultivos orgánicos en Misiones.  

“El mercado de orgánicos crece. Este año, el cultivo que tiene mayor porcentaje de la superficie certificada es la yerba mate: prácticamente el 99% de los orgánicos en la provincia” aseguró Imbrogno, agregando además que hay un nicho de mercado específico, logra mejores precios y hay consumidores que buscan activamente la yerba orgánica. 

AgroSustentable es una empresa que se instaló en Misiones hace dos años mediante una articulación con la Biofábrica, y que a partir de abril producirá biofertilizantes con subproductos de base vegetal y animal, sin químicos ni para el productor ni para el suelo. 

Joaquín Basanta, CEO de la empresa, explicó que “para nosotros es algo que cambiaría el esquema de lo que se ve en el mundo. Nuestra premisa como empresa es hacer productos orgánicos certificados y sin ningún nivel de toxicidad, generando un triple impacto y que llegue a los productores”. 

La proyección es fabricar alrededor de 100 mil litros de productos por mes es la producción que está planificada para este año, y alcanzaría a horticultura, yerba mate y té. En paralelo, el equipo técnico de la empresa avanza trabajando con un total de 20 productores de distintos sectores, con ensayos en campo a través de los cuales van evaluando el impacto de los bioinsumos en los cultivos.

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Cuatro días de trabajo y tres de descanso, la semana laboral que se ensaya en decenas de países

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Bélgica sorprendió esta semana al anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días, una noticia que fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores aunque lo cierto es que no se reducen las horas laborales sino que se pueden organizar de otra forma.

La posibilidad de achicar la semana laboral se empezó a discutir en muchos países a raíz de las nuevas formas de trabajo que trajo la pandemia, aunque decenas de empresas en todo el mundo ya lo venían experimentando, cada una a su manera.

En Bélgica, por ejemplo, el proyecto prevé que se trabaje menos días aunque las mismas horas, por el mismo salario.

Según el acuerdo alcanzado entre los ministros de la coalición gobernante, que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento, el trabajador podrá elegir concentrar sus 40 horas semanales en cuatro días o podrá optar por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.

El caso de España, uno de los primeros países en hablar de semana de cuatro días, es diferente porque a lo que se apunta es a reducir las horas de trabajo, tal como señaló el diputado español Íñigo Errejón, impulsor del proyecto en su país.

“Trabajar 10 horas diarias para librar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario” alertó Errejón, aunque se alegró de que la posibilidad tener tres días de descanso ya no sea un tabú y cada vez más empresas o países lo estén intentando.

El proyecto que impulsa Más País, el partido que dirige Errejón, supone una rebaja de las horas y se le está dando impulso mediante proyectos piloto acordados con el Ejecutivo.

El Gobierno español aportará 10 millones de euros a unas 200 empresas que participarán de la prueba para implantar, este año, la jornada laboral de 32 horas semanales o cuatro días. Se estima que alcanzará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores.

Los principales gremios apoyan la medida impulsada por Errejón subrayando que se trata de una “reivindicación histórica del movimiento sindical”.

La patronal española, en cambio, rechaza ese modelo de trabajo porque teme que afecte la productividad.

Sin embargo, según la ONG 4 Day Week Global (4DWG, Semana de cuatro días mundial), aquellos que lo hicieron mejoraron no solo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus familias.

Además, comprobaron que ese esquema también sirve para resolver problemas de igualdad de género, permitiendo un reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres y favorecieron el camino hacia un trabajo más sostenible.

En diálogo con Télam, un representante de 4DWG reveló que un resultado inesperado para las empresas fue que les resultó más fácil atraer y retener talento.

El primer país en implementar la jornada reducida fue Islandia, tras una prueba de cuatro años (2015-2019) entre los empleados del sector público de la capital, Reikiavik.

Las 2.500 personas que trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario tuvieron menos estrés y agotamiento, mejoraron su salud y su equilibrio de vida y empleo sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.

Hoy, el 86% de los islandeses trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón horario, algo que los sindicatos ya están negociando.

En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian aprobó la semana laboral de cuatro días desde 2018 y Unilever lo hizo en 2021. En plena pandemia y con las fronteras del país selladas, la primera ministra, Jacinda Ardern, prometió extenderlo a todo el territorio para fomentar el turismo interno y la economía.

En el Reino Unido, en tanto, está en marcha la iniciativa a través de 30 empresas que, si logran su cometido, podrían ayudar a que el Parlamento adopte por ley la semana laboral de 32 horas a nivel nacional.

Suecia, por su parte, probó reducir la jornada laboral en 2015 en varios centros de cuidados de ancianos, un sector al que le cuesta reclutar personal.

Las 70 enfermeras que participaron de una prueba registraron menos licencia por enfermedad, mejores condiciones de salud y aumentaron la productividad. Además, se crearon empleos adicionales y se redujeron los costos de cobertura por problemas de salud.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por sus altos costos y fue descartado por el Gobierno, aunque algunas empresas, entre ellas Toyota, lo mantienen hasta el día de hoy.

Son muchas las firmas que priorizan el rendimiento por encima de las horas trabajadas.

En Japón, Microsoft es la primera en aplicar la jornada laboral de cuatro días y comprobó que los trabajadores mejoraron su productividad en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

En Estados Unidos y Alemania también son las empresas las que han estado impulsando la reducción horaria, cada una con sus diferencias, como la estadounidense Basecamp, que lo hace solo durante el verano.

En España, en cambio, la empresa que atrajo todas las miradas es DelSol Software, que hace varios años viene practicando este esquema, que se tradujo en mayor rendimiento, más facturación y menor ausentismo.

En Argentina, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales y el del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta un 3% del PBI.

La falta de descanso impacta de distintas maneras: baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas, cardíacas, cáncer, abortos espontáneos en el primer trimestre y nacimientos prematuros.

Para 4DWG, está demostrado que reducir la semana laboral de 40 a 32 horas funciona para empleados y empleadores.

“Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco”, recordó la ONG antes de subrayar que no se debe perder tiempo en esa discusión: “Ya estamos atrasados para una actualización”.

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Analizando la meta fiscal de 2022

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Uno de los parámetros más destacados del potencial acuerdo con el FMI que anunció el gobierno concierne a la meta fiscal: según las mismas declaraciones oficiales, en 2022 el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) debería mostrar un déficit primario de 2,5% del PIB, lo que implica una reducción de 0,6 p.p. respecto de 2021[1]. Asimismo, el Ministro Guzmán afirmó que esta meta se cumplirá manteniendo constante el gasto en términos reales (incluso mostrando un “crecimiento moderado”) y reduciendo la asistencia monetaria del BCRA de 3,7% del PIB en 2021 a 1% del PIB en 2022. ¿Es esto factible? 

Antes de intentar contestar esta pregunta, resulta relevante aclarar que los detalles que finalmente incluya el potencial acuerdo serán cruciales: en primer lugar, conocer los supuestos macroeconómicos subyacentes a la meta, ya que la dinámica fiscal es distinta en escenarios de desinflación que cuando hay aceleración inflacionaria. En segundo lugar, e intrínsecamente asociado al primer elemento, si la meta definitiva se fijará en % del PIB o en términos nominales. 

Para abordar en análisis de la posible trayectoria del déficit primario, en el siguiente ejercicio asumiremos que en términos macroeconómicos se tomaría un crecimiento real de 4% (similar al Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre) y una inflación de 40% (que refleja la desinflación contemplada en dicho Proyecto pero con el mayor punto de partida que finalmente dejó 2021). Asimismo, asumiremos que el tipo de cambio y los salarios formales aumentan como la inflación, y que el intercambio comercial se incrementaría en términos similares a los proyectados por el gobierno en septiembre (lo cual constituye uno de los principales riesgos fiscales en 2022). 

Con esta dinámica macroeconómica (que luce ambiciosa), el punto de partida para el cumplimiento de la meta aparece desafiante: por el lado de los recursos, incluso manteniendo constante en términos del producto los principales conceptos no se repetiría el Aporte Extraordinario sobre los Patrimonios (por lo que los ingresos totales caerían en 0,5% del PIB en 2021).  

Por el lado del gasto, el índice de movilidad jubilatoria (que indexa el 40% de las erogaciones) podría mostrar un aumento promedio muy superior a la inflación proyectada en el ejercicio (hasta febrero 2022 crecerá al 53% i.a.), lo que implica un incremento del gasto 0,3 p.p. en términos del producto. Es decir, en base a estos supuestos, el punto de partida en materia de déficit se ubica más cerca de 4% que de 3% del PBI. 

Lógicamente, hay fuentes de “ahorro” posibles. En 2021 una parte del gasto correspondió al “paquete COVID 2da Ola”, que no necesariamente estará completamente en 2022; por ejemplo quizás no se necesite comprar tantas vacunas dado el avance que ya tuvo la campaña de inmunización. En este sentido, en este ejericio supondremos que los gastos que financió el Aporte Extraordinario en forma específica no se repetirán en 2022 (lógicamente esto, a diferencia de los recursos, implica una decisión explícita en materia de política fiscal). 

Asimismo, en 2021 el gasto primario contiene otros 0,2% del PIB en bonos a jubilados, pensionados y asignaciones, que no necesariamente deban otorgarse en 2022 debido al crecimiento real del índice de movilidad. Con estos dos elementos, el punto de partida de 2021 se ubica en 3,2% del PIB. 

Sobre esta base, sólo mantener el resto del gasto público constante en términos reales redundaría en un ahorro adicional de 0,5 p.p. del producto, y el gasto primario excluyendo el gasto COVID mostraría un alza real de 2,2%. Por esta razón, el diferencial entre la inflación promedio (que se utiliza para medir el gasto en términos reales) y la nominalidad de la economía (que incluye el crecimiento real además de la inflación) será una pata fundamental para el cumplimiento de la meta. De hecho, el anuncio oficial se enfocó en remarcar la dinámica real del gasto y no su peso como proporción del producto. 

Pero, en primer lugar, mantener ese “resto” del gasto primario constante en términos reales será sumamente desafiante, ya que la cuarta parte de dicho conjunto son los subsidios económicos, que en el último trimestre navegaban a un ritmo de crecimiento de 120% i.a. (45% en términos reales). Por esta razón es que el gobierno ya anunció que tendrá lugar una suba de tarifas, muy probablemente de forma segmentada, sentencia reforzada por un comunicado del FMI.  

En segundo lugar, este conjunto de supuestos es insuficiente para alcanzar la meta (el déficit se ubicaría en 2,7% del PIB) por lo que se deberá “exigir” una parte por el lado de los recursos. Más aún, si la dinámica del intercambio comercial es menos optimista que lo esperado por el gobierno, la brecha a cubrir sería superior. 

Ahora bien, ¿qué ocurriría si la inflación es mayor a la proyectada? En un escenario donde la desinflación no ocurre habría un menor crecimiento real -y en términos del PIB- de las erogaciones indexadas a la movilidad. Pero, por otro lado, habría una mayor presión sobre el gasto en subsidios, ya que se requiere un ajuste tarifario mayor para mantener dicho gasto constante en términos reales. Asimismo, el resto del gasto tendría presiones hacia la “licuación”, y se requerirá de mayores partidas nominales para alcanzar el objetivo de que no caiga en términos reales.  

Las conclusiones que arroja este primer ejercicio muestran que: 1) considerando los efectos inerciales y los riesgos la meta de 2,5% del PIB para 2022 luce desafiante, aunque cumplible; 2) la trayectoria macroeconómica supuesta será crucial: un escenario de mayor inflación empuja las presiones sobre los subsidios pero erosiona el peso del gasto indexado por movilidad; 3) una inflación mayor a la proyectada genera una tensión entre la mejora del resultado fiscal y el objetivo de mantener el gasto en términos reales; y 4) si el objetivo del gobierno es mantener el gasto en términos reales se deberán hacer mayores esfuerzos por el lado de los recursos, esfuerzos que se amplifican si el intercambio comercial no aumenta respecto de 2021. 

Este último punto explica un elemento adicional de los anuncios: sin cambios en la política tributaria (al menos, no anunciados como parte del entendimiento), se le deberá exigir una mayor eficiencia a la recaudación. Por esta razón, las acciones en materia de reducción de la evasión que se dejaron entrever en los anuncios estarían apuntando en este sentido. 

Sobre este punto cabe aclarar que el Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre mostraba una importante suba en los recursos de la seguridad social -posiblemente impulsados por el “arrastre” de la masa salarial y la caducidad de las exenciones que rigieron en 2021- que en parte podrían cerrar esta brecha, pero implica –nuevamente- que los recursos del comercio exterior al menos repitan los valores de 2021.  

En definitiva, la meta fiscal de 2022 no implica un ajuste de magnitud (-0,6 p.p. del PBI en relación al año pasado) pero dados los efectos inerciales, la estructura del gasto, los riesgos que muestran las proyecciones macroeconómicas y los objetivos internos (sin cambios en la política tributaria y sin caída real del gasto), tampoco sería tan sencilla de cumplir.  

Si el cumplimiento de la meta fiscal (que igualmente vemos factible) luce difícil, más compleja aún resultará la tarea de cerrar el programa financiero: en 2021 la totalidad del déficit primario se financió con emisión monetaria, mientras que la meta para 2022 estipula que la misma sólo podrá cubrir menos de la mitad del rojo. 

El establecimiento de una meta rígida en materia de emisión (1% del PIB) tiene dos razones. En primer lugar, porque para este acuerdo con el FMI, donde al clásico foco de la dinámica de la deuda se le suma el objetivo de contener la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas resulta necesario para reducir la dominancia fiscal. En este sentido, el entendimiento encuentra al gobierno y al organismo a “mitad de camino”: el déficit bajaría gradualmente, pero la emisión se reducirá a un ritmo consistente con un ajuste fiscal más pronunciado. En segundo lugar, por limitantes legales: el BCRA no tendría utilidades contables en 2022, que explicaron 2/3 de la asistencia total en 2020-21, y el límite de adelantos transitorios (que para modificarlo se requiere una Ley en el Congreso) podría alcanzar como máximo 1,3% del PIB. 

Por esta razón, la mayor “laxitud” lograda en materia de la trayectoria fiscal deberá ser cubierta con otras fuentes, ya sea de organismos internacionales (el monto proyectado por el gobierno luce voluntarista) o incrementando el financiamiento neto en el mercado, agregando presiones a futuro sobre la -todavía reducida- carga de intereses y sobre el resultado cuasifiscal.  

Sin embargo, y volviendo al punto de partida, los rígidos límites sobre el financiamiento monetario que incluiría el acuerdo son al mismo tiempo un importante factor que ayudará al gobierno a no desviarse de la meta fiscal. 


[1] Cuando al resultado primario de 2021 (-2,1% del PIB) se le descuenta el registro de los DEG 

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Misiones cierra el año con empleo en alza ¿Cómo les fue a las 30 empresas grandes?

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El empleo en Misiones está pasando por un buen momento, con más de cien mil puestos de trabajo registrados y un crecimiento continuo que contrasta con otras provincias “grandes”, con problemas laborales que se agudizaron con la pandemia.

El último reporte oficial marca que nuevamente cayó la desocupación en la provincia y en algunos sectores, la situación es inédita: Misiones hoy tiene el empleo forestal más alto de la historia y duplica al de Corrientes. En paralelo, en el sector comercial, Misiones mostró la mayor expansión del empleo registrado privado. Con 20.990 puestos, mantiene su liderazgo en el norte, y se posiciona en el top tres del país.

En esa línea, las 30 principales empresas de Misiones son las responsables por el diez por ciento del empleo total y sólo cinco registraron caídas en relación con 2020. Pero en el global, son responsables de 692 nuevos puestos. 

Arauco es líder en cantidad de empleo registrado, con 1.725 puestos, 9,38 por ciento más que en 2020 y 148 nuevos empleos. En la industria manufacturera de Misiones hay 23.490 empleos registrados, 1.169 más que hace un año, más del doble que en Corrientes y más del triple que en Formosa. 

El top tres de las empresas con más empleados se mantiene igual, aunque con un cambio de posiciones. California, que abrirá su octava sucursal en Posadas, tiene 1.025 según Ricardo “Pilo” Cáceres, el empresario formoseño que es accionista mayoritario de la tradicional cadena misionera. Arauco y California son las dos únicas empresas con más de mil puestos registrados.

Del segundo al tercer lugar cayó Crucero del Norte, una de las cinco empresas grandes que tiene menos empleos que en 2020. Ahora tiene 977, contra 1.073 del año de inicio de la pandemia que paralizó el transporte de colectivos, que obligó al cierre de los dos hoteles de la firma de la familia Koropeski. Uno se recuperó con la llegada del grupo Bagú, que reabrió el Crucero Exprés de Posadas

En el cuarto puesto aparece la firma Zbikoski, propietaria de la línea de transporte Don Casimiro. En el Sistema de Transporte Interconectado emplea a más de 900 trabajadores entre conductores y administrativos. El número se eleva si se tiene en cuenta a los empleados fuera de la provincia, otros 500. Además, Don Casimiro invirtió este año en unidades cero kilómetro. 

En el rubro agroalimentos, Rosamonte sigue siendo la marca emblema de Misiones. En plena pandemia, la firma de la familia Hreñuk de Apóstoles logró mantener a toda su plantilla y este año sumó 88 puestos de trabajo para completar 650, con un crecimiento del 15,66 por ciento. El aumento del empleo en la firma apostoleña está además entre los más importantes de la provincia.

Detrás de la firma Rosamonte, entre las diez principales empresas con más empleo, se ubica Carlos Enriquez, la constructora que emplea a 624 obreros y que también tiene negocios en el turismo de Iguazú, donde es concesionaria del área Cataratas.

Dass, con visita presidencial incluída, es otra de las empresas dentro del top ten, con 550 puestos, lejos del récord, pero en constante crecimiento desde 2019 y con una inversión de 25 millones de dólares para aumentar la producción del grupo en la Argentina. 

Sin embargo, la que proporcionalmente creció más fue la forestal Laharrague Chodorge, con 42,7 por ciento: 93 empleos más que en 2020, para llegar a los 311 en total. 

En el rubro forestal, aunque no está entre las diez primeras generadoras de empleo, Papel Misionero podría sumarse a ese lugar de privilegio con la inauguración de la nueva fábrica de papel en Puerto Rico, que sumará cerca de cien empleos. La empresa, controlada por el grupo Arcor, protagonizó sí la mayor inversión del año en Misiones: 20 millones de dólares. 

La constructora Maceva fue otra que creció en empleo: 27 por ciento más, con 60 obreros, para completar 281. La actividad en la construcción creció y hay 5 por ciento más de empresas en actividad que durante 2020. 

La yerbatera Gerula también creció 23,4 por ciento, con 59 incorporaciones para llegar a 311 puestos. En el rubro salud, el sanatorio Boratti es el único que aparece entre las principales empresas con 233 empleos directos, pero en total son 359 si se consideran quienes trabajan en relación de dependencia de otras pymes como Cucyti SRL, ICCC y el Instituto de Cardiología.

En total, las principales empresas concentraban en 2020, 11.374 puestos de trabajo. El 2021 cerrarán con 13.433, 692 más y un crecimiento porcentual de 8 por ciento. 

Aunque todavía no aparece en el ranking de las 25 empresas con más empleo, la firma 5 Hermanos, que inauguró una sucursal de la cadena de supermercados en Puerto Rico, asoma como una de las novedades en el mercado: 180 empleos y una inversión de más de cien millones de pesos. 

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Seis mitos sobre las migraciones

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Por Organización Internacional para las Migraciones (OIM)* – Aunque la migración es constitutiva de nuestras sociedades y los desplazamientos son tan antiguos como la humanidad, prima la idea de que la migración es un problema reciente, una amenaza. En el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Dipló publican el primero de una serie de seis artículos que buscarán desmontar algunos de los principales mitos relacionados con las migraciones en Argentina.

Mito 1: “Los migrantes no realizan tareas esenciales y les quitan los mejores trabajos a los argentinos”

En Argentina, el camino por la ampliación de los derechos de las personas migrantes es sinuoso. Si bien a la fecha se han zanjado algunas deudas con la población migrante, otras siguen pendientes. Una de ellas es el reconocimiento de la indispensabilidad del trabajo de las personas migrantes. Esta verificación no es sólo del orden de lo ético, sino que requiere de un anclaje material en legislaciones y políticas públicas que garanticen el trabajo digno y en igualdad de condiciones entre las personas migrantes y las nativas.

De los 2,2 millones de los migrantes internacionales que se estiman actualmente en Argentina, el 84,9% proviene de América Latina y el 49% se ocupa en trabajos no registrados (1). En línea con este último dato, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) de 2020 registró que el 37% de la población migrante tiene una situación laboral inestable o se encuentra desocupada. En un país donde la tasa de desocupación es de 9,6% y la de empleo no registrado alcanza el 31,5% de la población (2), estas condiciones adversas de la realidad sociolaboral afectan a todo el campo trabajador, pero lo hacen con especial fuerza sobre las personas migrantes.

Las corrientes migratorias internacionales presentes en este país se han ido consolidando al compás de una forma particular de segmentación del mercado laboral –es decir, de la diferenciación de la fuerza de trabajo– que concentra a ciertas personas en cierto tipo de empleos en función de la intersección del género, la edad, la racialización, el origen étnico o nacional, el estatus legal y toda la amplia red de relaciones sociales en las que está inserta una persona. De esta manera, en Argentina se ha construido un mercado de trabajo para migrantes que abarca el comercio, la construcción y el servicio doméstico, sectores que representan el 53% de las ocupaciones (3), junto a la agricultura, la confección textil y otros trabajos de cuidados (4). Se trata de sectores relativamente desatendidos por la población nativa y ocupados por personas migrantes principalmente de América Latina, pero también del Caribe, África y Asia.

La pandemia

Antes del inicio de la pandemia, las dificultades más frecuentes que encontraban las personas migrantes que habitan en Argentina se relacionaban justamente con la informalidad. Al ser cruzada por la irregularización migratoria y la racialización del mercado de trabajo, limita aún más los sectores laborales a los que estas personas pueden acceder y aumenta las condiciones de desprotección social en las que trabajan. Cabe destacar que, según datos de la ENMA, el 35% de las personas migrantes no consiguieron trabajos para los que tienen formación específica o experiencia previa, entre otras causas, por no tener DNI, por dificultades en convalidar sus títulos y por discriminación. El Mapa Nacional de la Discriminación de 2013 elaborado por el INADI (5) reveló que en Argentina la xenofobia afecta específicamente a las personas migrantes latinoamericanas, africanas y asiáticas, y que en Buenos Aires la discriminación por nacionalidad o condición migrante y por color de piel es dominante.

Los impactos drásticos de la pandemia no fueron parejos en todos los sectores sociales. Algunos, como las personas migrantes, ingresaron con mucha desventaja en esta crisis e inmediatamente vieron afectadas múltiples dimensiones de sus vidas de manera extrema. En efecto, según datos de la ENMA, el 53% de las personas migrantes consultadas vio interrumpido su trabajo y perdió su fuente de ingresos durante el aislamiento obligatorio. Asimismo, en el informe elaborado por Agenda Migrante 2020 se señala que el 13% de quienes vieron su trabajo parcialmente interrumpido sufrieron asimismo una reducción significativa de sus ingresos (6).

Las personas migrantes también experimentan diversos tipos de discriminación en tiempos de pandemia. Durante la primera mitad de 2020, algunos autores (7) identificaron una dinámica de discriminación dirigida, primero, a viajantes que volvían del exterior y a personal de salud vinculado a la atención de pacientes con Covid-19, y luego orientada a personas vulnerabilizadas, entre ellas a trabajadores migrantes.

Aunque la población migrante en Argentina históricamente se integra en condiciones desventajosas a sectores fundamentales de la economía, su labor es poco reconocida, especialmente durante el aislamiento obligatorio. En este contexto, trabajadores y trabajadoras migrantes de la salud, de los cuidados, de la agricultura y de los servicios nutrieron la fuerza de trabajo de actividades consideradas “esenciales”, garantizando las condiciones necesarias para que otros pudieran cumplir el aislamiento. Sin embargo, las propias condiciones de trabajo de las personas migrantes nuevamente fueron de gran desprotección. A las bajas remuneraciones se sumaron las extensas jornadas laborales y los altos riesgos de contagio (8).

Esenciales para curarnos

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en julio de 2020 había 179.069 personas de este origen en Argentina, una cifra que ha crecido rápidamente desde su llegada al país en 2015. Si bien tienen diferentes proyectos migratorios, se destaca un perfil de personas jóvenes calificadas, quienes originalmente tenían planes de estudio o inserción laboral. Algunas los han concretado, pero otras han sufrido procesos de desclasamiento social, como señalan Mallimaci Barral y Pedone (9), en tanto encontraron menos oportunidades de inserción profesional y en condiciones de mayor precarización. De acuerdo a la ENMA, el 54% tiene un trabajo no registrado en el sector de servicios, con salarios que apenas superan el mínimo.

En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el aporte de las personas migrantes venezolanas en los servicios esenciales de salud de seis países de América Latina durante la pandemia, se destaca su labor en “la primera línea de batalla” contra el virus (10). En Argentina, la Asociación Civil de Médicos Venezolanos incluye 1.667 profesionales de este origen y 1.557 enfermeros. En ambos casos las mujeres son mayoría. Estos números -que se estiman podrían ser mayores- se traducen en personas altamente capacitadas para superar el déficit de personal sanitario en los momentos cruciales de la pandemia. Sin embargo, se trata de profesionales que hasta ahora no habían podido incorporarse plenamente al mercado de trabajo por diversas trabas de la política migratoria, relativas a la regularización de su estatus migratorio, la convalidación de títulos y la habilitación para ejercer su profesión. Sólo el 6% tenía un trabajo vinculado a la salud en Argentina.

Para hacer frente al posible colapso del sistema de salud, el decreto de emergencia sanitaria promulgado por el Gobierno Nacional al comienzo de la pandemia dispuso la contratación temporal y transitoria de profesionales de la salud argentinos y extranjeros, independientemente de contar o no con los documentos habilitantes. Según la Asociación de Médicos Venezolanos, se contraron unas 350 personas que finalmente pudieron ejercer su profesión en el país.

Sin embargo, el informe de la OIT revela que las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo no respetaban sus derechos. Contaban, por ejemplo, con equipos de protección personal insuficientes, no estaban cubiertos por un seguro de vida en caso de fallecimiento por coronavirus. Además, se veían obligados a desempeñar jornadas largas y extenuantes, se produjo una mayor contratación de médicos varones que de mujeres y obtuvieron remuneraciones más altas quienes tenían títulos convalidados.

Esenciales para cuidarnos

Otro de los sectores de la primera línea de los trabajos esenciales en Argentina durante el 2020 fue el de las tareas de cuidado: garantizar la continuidad del trabajo de cuidado supuso la posibilidad misma de mantener la cuarentena y el teletrabajo de los empleos considerados “no esenciales”.

Según datos de la Encuentra Nacional de Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad de 2018 (11), hay 1,4 millones de personas –en su mayoría mujeres– ocupadas en el trabajo doméstico y de cuidado en Argentina, de las cuales 9,1% son migrantes de países limítrofes (Bolivia y Paraguay), Perú y República Dominicana.

Si bien el decreto que dispuso el aislamiento obligatorio estableció como actividad esencial únicamente a quienes asisten y cuidan de personas con discapacidad, mayores, niños y adolescentes, la Encuesta a Trabajadoras/es de Casas Particulares y su situación laboral en el contexto de aislamiento reveló que el 6,9% de las trabajadoras consultadas cumplió tanto tareas de cuidado como tareas generales de limpieza y otras típicas del hogar. Las personas migrantes del sector doméstico temieron perder su ingreso o su trabajo si no acataban las demandas laborales de sus empleadores. Entre quienes cuidan ancianos se sumó el estrés adicional por el miedo a contagiarlos (12). Además, quienes vieron su situación más perjudicada fueron las trabajadoras migrantes no registradas, expuestas a sufrir arbitrariedades.

A las tareas domésticas también se suman las de cuidado comunitario, en las que las personas migrantes tienen una importante participación. Sostener el funcionamiento de organizaciones sociales y comunidades de apoyo en el contexto de aislamiento, como comedores y asociaciones de migrantes, fue crucial para garantizar atención y alimentación a quienes no podían “quedarse en casa”, sin distinción de origen.

Esenciales para alimentarnos

La región metropolitana sur de Buenos Aires (La Plata, Berazategui y Florencio Varela) alberga el cordón hortícola más grande de Argentina, que abastece el principal centro de consumo del país. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allí se produce el 72% de las hortalizas que se comercializan en el Mercado Central de Buenos Aires y se envían a otras provincias (13). La producción es de tipo familiar, tradicionalmente a cargo de población migrante de Portugal, Italia y Japón. Desde la década de 1980 se destaca la producción familiar de personas migrantes de Bolivia, quienes garantizan grandes volúmenes de alimentos frescos, aunque en condiciones de desventaja respecto a otros actores del sistema productivo.

A un mes de iniciada la cuarentena, estos productores bolivianos donaron verduras a quienes más las necesitaban (14). En una de las iniciativas que se conocieron, algunas familias aportaron cajones de lechuga, acelga, tomate, berenjena, espinaca, entre otros productos de su cosecha, sumando 10 toneladas de verdura que fueron llevadas a dos hospitales del partido de La Plata, a comedores y a otros puntos de cuidado comunitario de la zona. Ángel Gutiérrez, uno de los productores bolivianos que puso a disposición su casa como lugar de acopio de la mercadería donada, resumió la mirada de estas familias: “Tenemos una responsabilidad porque somos una de las actividades autorizadas y porque la producción tiene que seguir llegando a los hogares”.

Otra dinámica, aún menos visibilizada, es la de los trabajadores migrantes de provincias del noroeste argentino hacia Mendoza y Río Negro, donde se desempeñan en la cosecha estacional de frutas y verduras, que fueron exceptuadas del decreto de aislamiento. Con matices particulares, como muestran Trpin, Ataide y Moreno (15), su continuación fue sostenida por trabajadores “golondrina”.

Reconocimiento, interdependencia y reciprocidad

El reconocimiento del trabajo de las personas migrantes, su presencia en espacios vitales que sostienen al país y al mundo, requiere una mirada relacional a escala más micro y humana. Personas migrantes y nativas son parte de un entramado conjunto que se favorece del funcionamiento recíproco.

En esta línea, la presencia de población migrante en actividades esenciales durante la pandemia merece mayor atención, ya que el sostenimiento de estas actividades se debió en buena medida a mujeres y varones migrantes que siguieron adelante a pesar de las restricciones y desigualdades a las que se enfrentan.

La pandemia acentuó la desigualdad estructural y dejó expuesta, una vez más, la brecha en el acceso a derechos entre migrantes y población nativa. En Argentina se han producido avances a favor de una perspectiva migratoria en la legislación, por ejemplo, para mitigar el impacto negativo de la pandemia entre la población migrante –como atestiguan, entre otras medidas, el decreto para la incorporación de personal migrante en el sistema de salud o la reciente eliminación de la palabra “extranjero” antes señalada en rojo de todos los DNI de personas migrantes–, pero aún queda trabajo por hacer. Por ello, considerar las singularidades de la condición migratoria, como así también las iniciativas y soluciones que las propias comunidades migrantes ponen en práctica, potenciaría la perspectiva de derechos de las políticas públicas y favorecería su participación ciudadana.

Es necesario reconocer ya no sólo del “aporte” de las personas migrantes a nuestra sociedad, sino también, como sostiene Magliano (16), la “compartencia, solidaridad e interdependencia” que permite la vida. Y así tal vez se comprenda finalmente el punto de partida y sus implicancias: migrar no sólo es un hábito humano, es un derecho.

1. Organización Internacional para las Migraciones. Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado trabajo. Buenos aires: OIM, 2020.

2. https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/index.asp

3. Ibídem.

4. Trpin, V. y Ciarallo, A. Migraciones Contemporáneas. Procesos, desigualdades y tensiones. Neuquén: Publifadecs, 2016.

5. INADI. Mapa nacional de la discriminación. Buenos Aires: INADI, 2014.

6. Debandi, N. y Penchaszadeh, A. P. (coords.). Informe final sobre la situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del coronavirus. Buenos Aires: Espacio Agenda Migrante, 2020.

7. Matta, J. P., Godoy, M. I., Mariano, M., Bahl, B., Pizarro, M. R. y Larrea, N. “Algunas claves antropológicas para pensar situaciones de discriminación por COVID-19 en la Argentina. Avances de una investigación en curso”, en Revista Inclusive, N° 1, pp. 69-76, 2020.

8. Magliano, M. J. “Cuando lo esencial se vuelve invisible”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/253-la-grieta-regresa/lo-que-la-pandemia-revela/

9. Mallimaci Barral, A. I. y Pedone, C. “Nuevas dinámicas y destinos”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/252-como-sera-el-dia-despues/por-que-las-personas-deciden-migrar/

10. OIT. El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios esenciales de salud: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Lima: OIT, 2021.

11. Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad [ECETSS], Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT), 2018.

12. Rosas, C. “Últimas-otras del cuidado”, en Revista Bordes, 30-6-20. Disponible en: http://revistabordes.unpaz.edu.ar/ULTIMAS-OTRAS-DEL-CUIDADO/

13. Fingermann, L. (comp.), La agricultura familiar en el área hortícola de La Plata, Berazategui y Florencio Varela: diversas formas de dependencia y el camino de construcción de su autonomía. La Plata: Ediciones INTA, 2018.

14. “Solidaridad en la pandemia. Productores de La Plata donaron diez toneladas de verdura a hospitales y comedores”, en 221.com.ar, 30-4-20. Disponible en: https://www.0221.com.ar/nota/2020-4-30-15-36-0-productores-de-la-plata-donaron-diez-toneladas-de-verdura-a-hospitales-y-comedores

15. Trpin, V., Ataide, S. y Moreno, M. S. “Trabajadorxs temporarixs en el aislamiento: varados en las fincas y chacras”, en Pescado Fresco, 5-15-2020. Disponible en: https://pescadofrescoblog.wordpress.com/2020/05/12/trabajadorxs-temporarixs-en-el-aislamiento-varados-en-las-fincas-y-chacras/

16. Magliano, M. J., op. cit.

* Texto elaborado por OIM Argentina y María Luz Espiro.

Fuente © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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