“El liberal extremo, si no matiza su doctrina, termina siendo anarquista”. La frase es de Rodolfo Barra, el actual procurador de Justicia de Javier Milei y fue dicha en una conferencia dictada a abogados misioneros, hace dos años. Las palabras del especialista parecen contradecir puntualmente algunos de los ejes del Decreto de Necesidad y Urgencia que impuso el libertario y cuestionan particularmente la idea de que a menor regulación y más “libertad” habrá una mejor economía para todos. En coincidencia con el pensamiento del Papa Francisco, feroz crítico del capitalismo extremo, Barra aseguró que “no todo es automático, al derrame hay que ayudarlo. La teoría del derrame no se produce, o no como debiera. La teoría dice que cuando el recipiente se llena, comienza a derramar, pero si a medida que vierto el líquido, crece el recipiente, el derrame es menor. No va a haber derrame o va a haber muy poco. Si crece el recipiente más que el líquido, nunca hay derrame. El recipiente lo acapara un sector de la población, se lo apropia y lo hace crecer demasiado, mientras vuelca menos líquido. La tarea del Estado es hacer con su regulación, con su legislación, con la Justicia, hacer que la proporción entre el líquido que se vierte, y capacidad del recipiente, sea proporcionada, para que siempre haya vuelco. Esto sin hacer que el recipiente quede estático, porque no habría inversión. Y que siempre haya líquido”, sentenció el actual Procurador. Clarito. Aunque debe agregarse que la teoría del derrame no funciona. Punto. Hasta el FMI lo reconoce en su documento Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, publicado en 2015.
Las conclusiones son esclarecedores: “Descubrimos que aumentar la participación del ingreso de los pobres y de la clase media en realidad aumenta el crecimiento, mientras que un aumento de la participación del ingreso del 20 por ciento superior resulta en un menor crecimiento; es decir, cuando los ricos se vuelven más ricos, los beneficios no se filtran hacia abajo. Esto sugiere que las políticas deben ser específicas para cada país, pero deberían centrarse en aumentar la proporción del ingreso de los pobres y garantizar que no se produzca un vaciamiento de la clase media”, detalla el estudio firmado por Era Dabla-Norris ; Kalpana Kochhar ; Nujin Suphaphiphat ; Franto Ricka y Evridiki Tsounta. Todo lo contrario a lo que está sucediendo en la Argentina en estos primeros 30 días de Javier Milei.
Es esa misma teoría la base que sustenta el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei y también el proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso. Desregulaciones concentradas en maximizar los beneficios de los sectores económicos más poderosos y libre competencia para que los precios fluyan a su gusto hacia arriba.
Es tan brutal la reforma propuesta por Milei que no dejó sector sin afectar. Y por eso mismo, son múltiples los planteos para frenarla. Las primeras reacciones se conocieron esta semana, con sendos fallos que bloquearon el DNU en el capítulo laboral, lo que abrió la puerta para que otras cautelares también prosperen.
Vale la pena repasar un par de párrafos del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El juez Alejandro Sudera argumentó con una elipsis apuntada directamente al Presidente: “Viene a mi memoria que en su inmortal obra “Bases y puntos de partida para la organización -que obró como una de las fuentes materiales de la Constitución política de la República Argentina” Nacional de corte liberal de 1853- Juan Bautista Alberdi se preguntó -y respondió- al respecto: ¿Qué importa que las leyes sean brillantes, si no han de ser respetadas? Lo que interesa es que se ejecuten, buenas o malas; ¿pero, cómo se obtendrá su ejecución si no hay un poder serio y eficaz que las haga ejecutar? ¿Teméis que el ejecutivo sea su principal infractor? En tal caso no habría más remedio que suprimirlo del todo. ¿Pero podríais vivir sin gobierno? ¿Hay ejemplo de pueblo alguno sobre la tierra que subsista en un orden regular sin gobierno alguno? No: luego tenéis necesidad vital de un gobierno o poder ejecutivo. ¿Lo haréis omnímodo y absoluto, para hacerlo más responsable, como se ha visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No: en vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución, no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable. Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución”.
Culmina con otra sentencia: “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”.
Los camaristas que frenaron el DNU en el capítulo laboral, también aluden a un fallo de la Corte Suprema que descartó la posibilidad de que se encaren modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso en un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Sin embargo, otros efectos inmediatos del DNU están vigentes y serán irreversibles. Las prepagas anunciaron incrementos iniciales del 40 por ciento, el combustible aumentó tres veces desde que asumió Milei y el litro de nafta hoy está por encima de los mil pesos. El precio de los combustibles superó incluso las proyecciones de Sergio Massa, quien en campaña había advertido que con los precios “liberados”, la nafta iba a estar a 800 pesos. En menos de 30 días, la predicción fue superada.
Las facturas de energía llegan con subas disparatadas.
En la audiencia pública por el precio del transporte público de Posadas, los cálculos oficiales determinaron que sin los subsidios nacionales, el boleto debería costar 1.212 pesos. Va en línea con lo que plantean los empresarios, entre 1 dólar o un dólar con cincuenta. Hoy el boleto con SUBE en Posadas cuesta 250 pesos. Sacar los subsidios, representa un aumento del 384,8 por ciento.
La historia ocurre dos veces: la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa. En el sector yerbatero se preparan para resistir el DNU que volvió a desregular el mercado. Los productores, incluidos algunos que protagonizaron los tractorazos de hace 20 años, que le dieron vida al Instituto Nacional de la Yerba Mate, por ahora quieren ir por la vía legal y preparan una cautelar para respaldar la que presentó el gobernador Hugo Passalacqua. Pero no descartan volver a las rutas y se declararon en estado de asamblea permanente. Advierten que el DNU no demuestra ni necesidad ni urgencia y explican que el mercado “regulado” había permitido recuperar precios y equilibrar -un poco- la cadena productiva. El 2023 cerrará como el de mayor consumo de yerba mate del último lustro. Un dato que contrasta con la urgencia de que el mercado imponga sus normas. Los productores saben que cuentan con el respaldo de la Provincia y pedirán lo mismo a los legisladores nacionales. El radical Martín Arjol ya se pronunció en contra de la desregulación. Florencia Klipauka tendría otra actitud, ya que responde políticamente a Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador que celebró la pérdida de facultades del organismo yerbatero. El senador Martín Goerling también se pronunció en contra de la desregulación.
Al INYM, transformado en un instituto de promoción y estadísticas, volvería a ser comandado por Daniel Notta, el presidente del primer directorio, entre julio y septiembre de 2002.
Notta es un ejecutivo de Yerbatera Misiones y un hombre de confianza de Ramón Puerta, cuyo hijo Pedro fue el único en celebrar abiertamente el DNU de Milei que volvió a desregular el mercado yerbatero como ya había sucedido en 1991. Según trascendió, Notta se reunió con Fernando Vilella, el secretario de Bioeconomía y ahí se terminó de definir el nombramiento, ya que en primera instancia se había barajado el nombre de Alberto Ré, otro ex presidente, durante la gestión de Cambiemos.
Vilella sabe, de primera mano, que la Provincia no está de acuerdo con la desregulación. El funcionario recibió a Passalacqua quien planteó sus reparos -como había hecho en 2018 ante una iniciativa similar de Mauricio Macri-. El gobernador misionero también se quejó por la reimplantación de retenciones para el sector tabacalero y la industria forestal. Fue uno de los más enfáticos gobernadores en explicar el impacto del plan de ajuste en las economías regionales.
En el sector forestal hubo una reacción inusitada. Todos los sectores que integran el Instituto Forestal -desde la producción hasta la industria-, advirtieron que las retenciones paralizarán las exportaciones y serán una “catástrofe laboral”. “Las nuevas medidas arancelarias quitan competitividad comercial a la foresto-industria misionera, comparando con oferentes internacionales de países que no aplican retenciones a las exportaciones. Esto puede conllevar dejar afuera de esos mercados a la industria misionera”, detalla el documento y agrega que “las industrias grandes, al mermar sus exportaciones, volcarán sus productos en mercado nacional, perjudicando a las PyMES”, dando como resultado una disminución de demanda de mano de obra por recesión económica. La historia… la historia se repite.
El forestal no es el único en alerta. El monte nativo también sufre por los alcances de la Ley Ómnibus que Milei envió al Congreso. El proyecto hiere de muerte a la ley de Bosques -última barrera para el cuidado de los pocos montes que quedan en pie-. “Se pretenden autorizar los desmontes en las áreas de protección I (rojo) y II (amarilla). Esto actualmente está expresamente prohibido en el artículo 14 de la ley que señala que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). La categoría roja abarca a sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluye áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”, explica la especialista Silvia Kloster, subsecretaria de Cambio Climático de Misiones.
“De autorizarse el desmonte desaparecerían las áreas protegidas tanto parques provinciales, municipales o reservas privadas como algunas de categoría internacional como sería la Biosfera Yaboty, vinculando la aprobación a la salvaguarda de la participación ciudadana. Afectaría la implementación del programa Jurisdiccional REDD+ ya que las actividades de restauración no tendrían sentido ante la inexistencia del bosque, además de ir en contra de la política de conservación de Misiones del último reducto del bioma selva paranaense”, remarca Kloster.
Hay preocupaciones mucho más tangibles. El comercio de Misiones comienza a sentir los efectos del dólar alto y la inflación descontrolada. Los combustibles están más caros que en Paraguay y Brasil y eso desalentó el turismo comercial. Hay ciudades de frontera que están extrañamente vacías, en contraste con los últimos meses previos. Cruzar a Encarnación por el puente San Roque González puede ser una postal desoladora: el viaducto está vacío. Cara Misiones para los paraguayos. Cara Encarnación para el poder adquisitivo de los misioneros.
Ajeno al tiempo, Milei sigue ensimismado en su plan económico libertario y prometiendo más y más medidas de ajuste en medio de crecientes rumores de una crisis interna, en la que sobresalen las reuniones habituales entre Mauricio Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La historia, como no, se repite. El FMI se muestra reticente a aflojar el cinturón y el ministro de Economía, Luis Caputo, después del plan de ajuste, negocia un megacanje con los bancos y paga deuda con las reservas del Banco Central, justamente lo contrario a lo prometido en la campaña presidencial. La incógnita sigue siendo la tolerancia de la sociedad. Esa misma sociedad que hace pocas semanas lo entronizó con el 56 por ciento de los votos, mira sorprendida cómo aquello que parecía no ser posible, pudo serlo.
