La causa Vialidad volvió a abrir un frente de discusión judicial con la presentación de una nueva evidencia por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego aseguraron este martes que una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad permite cuestionar uno de los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.

La defensa presentó el nuevo elemento en el marco de su estrategia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anticipó que también buscará incorporarlo a las actuaciones judiciales en Argentina. Según explicaron los letrados, el documento contiene información sobre la distribución de fondos de un fideicomiso destinado a obras públicas entre 2009 y 2015.

El punto que los abogados consideran determinante es la proporción de recursos que habría recibido el grupo empresario vinculado a Lázaro Báez. De acuerdo con el análisis presentado por la defensa, las empresas de Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso durante el período estudiado. Otros medios que reconstruyeron la conferencia consignaron la cifra como inferior al 1%.

Para Beraldi, ese dato contradice la hipótesis según la cual el decreto que instrumentó el fideicomiso habría tenido como finalidad beneficiar específicamente a Báez. El abogado sostuvo que la información fue obtenida a partir de una planilla presentada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad como testigo en la causa conocida como Cuadernos.

Según la explicación brindada por la defensa, hasta ese momento no habían tenido acceso a esa información en forma completa. A partir de la documentación, los abogados realizaron un análisis de la distribución de los recursos y concluyeron que las empresas vinculadas a Báez se encontraban entre las que recibieron una proporción menor de los fondos.

La nueva prueba y una condena firme

La relevancia jurídica del planteo debe distinguirse de la valoración que hace la propia defensa. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025 después de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso, la presentación de los abogados no modifica por sí misma la situación procesal de la expresidenta. Lo que plantea la defensa es la existencia de un elemento que, a su criterio, puede justificar una revisión de la condena. La estrategia contempla tanto el ámbito judicial argentino como la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El equipo jurídico también anticipó que existen otros elementos que todavía no serán difundidos y que forman parte de la estrategia para cuestionar los efectos de la sentencia. Entre los objetivos señalados se encuentra la revisión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El eje de la discusión pasa ahora por determinar qué alcance puede tener la nueva documentación dentro de los mecanismos de revisión disponibles y, especialmente, si los datos aportados modifican o no la valoración de los hechos que realizaron los tribunales que intervinieron en la causa.

Una disputa sobre la distribución de la obra pública

La evidencia presentada por la defensa introduce una discusión cuantitativa sobre el destino de los recursos administrados mediante el fideicomiso. La planilla, según la descripción de los abogados, permite observar el conjunto de fondos asignados a distintas empresas y obras durante el período 2009-2015, en lugar de analizar de manera aislada las contrataciones vinculadas al Grupo Austral.

Ese cambio de escala es el fundamento sobre el cual la defensa construye su nuevo argumento: si el grupo empresario vinculado a Báez recibió menos del 1% de los fondos analizados, sostienen los abogados, ese dato debería ser considerado al evaluar la hipótesis de un direccionamiento deliberado de los recursos.

La discusión, sin embargo, deberá atravesar las instancias correspondientes antes de producir cualquier efecto sobre una sentencia que actualmente se encuentra firme. La nueva documentación abre así una nueva etapa de controversia alrededor de Vialidad, pero su eventual incidencia jurídica dependerá de la valoración que realicen los organismos competentes.

El caso vuelve a poner en primer plano una cuestión central para el control de la obra pública: no alcanza con determinar cuánto dinero recibió una empresa; también resulta necesario reconstruir el universo completo de recursos, contratos, adjudicaciones y mecanismos de asignación para establecer qué significado tiene esa participación dentro del conjunto.

En ese terreno se jugará ahora la discusión impulsada por la defensa. La planilla de Vialidad aporta una nueva base documental al debate, mientras que su capacidad para modificar la situación judicial de Cristina Kirchner todavía deberá ser determinada por las instancias que correspondan.