El impacto del contrabando y la competencia desigual frenan la expansión del negocio tabacalero

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La Argentina es el octavo productor y el séptimo exportador mundial de tabaco. La actividad primaria se concentra en siete provincias (Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca). 

La cadena de valor tabacalera representa una importante actividad en términos productivos, económicos, sociales y fiscales. El sector se integra verticalmente desde la producción de la materia prima; el procesamiento de las hojas, el desvenado y despalillado; el picado y obtención de hebras; la manufactura de cigarrillos y demás productos elaborados con tabaco; la distribución y la comercialización mayorista y minorista. 

Las exportaciones del complejo tabacalero se han ubicado en torno a los 300 millones de dólares, siendo uno de los principales complejos exportadores de economías regionales.

Toda la cadena de valor genera más de 250 mil empleos directos e indirectos que incluyen el cultivo y acopio de tabaco, la actividad manufacturera, la distribución y la venta mayorista y minorista. El sector está constituido por un entramado de más de 150 mil pymes; incluyendo 50 mil productores primarios, 100 empresas de venta mayorista y distribución, 100 mil kioscos en todo el país y más de diez cámaras y cooperativas provinciales que nuclean los intereses de los productores, procesan y revenden la materia prima.   

Por otra parte, representa una importante fuente de recursos fiscales. La venta de cigarrillos percibe una presión tributaria en torno al 76%-80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos (Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos) cuya recaudación superó los USD 2.000 millones (en 2022) y se distribuyen entre el Tesoro Nacional, los gobiernos subnacionales, las provincias tabacaleras y la Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES. 

En particular, el Fondo Especial del Tabaco, que se recauda en la venta de cigarrillos y vuelve a las jurisdicciones productoras, se utiliza para financiar el desarrollo social y educativo de las localidades, la infraestructura, mejorar las técnicas y los procesos de producción e intentar diversificar la matriz productiva. Por ende, este mecanismo resulta fundamental para el desarrollo del sector y de los territorios, pero además funciona como herramienta de redistribución de los excedentes que se generan en la cadena de valor.

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Es por lo tanto vital para la actividad tabacalera, que el Estado nacional combata activamente el contrabando de cigarrillos, como así también le ponga fin a la competencia desigual exigiendo a todas las empresas el cumplimiento integral de la Ley 27.430

Según el Ministerio de Agricultura de la Nación, en la Argentina, se venden aproximadamente 38.000 millones de cigarrillos al año, mientras que la cifra de cigarrillos de contrabando alcanzaría unos 3.300 millones de cigarrillos, lo que representa cerca del 10 % del mercado total. 

Y, las zonas del país donde tiene más incidencia la presencia de mercado ilegal se dan justamente en el NEA y el NOA, lo que de alguna forma guarda cierta lógica ya que, las dos marcas ilegales de mayor presencia son fabricadas en el Paraguay, e ingresan ilegalmente vía Misiones, Corrientes y Formosa. Es oportuno señalar que el Paraguay es responsable del 60% del contrabando total de cigarrillos de toda América, según estimaciones privadas.

Por su parte, el otro factor que afecta gravemente a la actividad tabacalera es la “competencia desigual”. La competencia desigual se da con aquellas compañías que tienen concedidas medidas judiciales a su favor lo que les permiten vender sus productos sin pagar el impuesto interno mínimo previsto por la Ley 27.430. 

Al evitar el pago del impuesto interno mínimo se genera un diferencial de precios con marcas que valen tres veces menos que otras, lo que genera un proceso de sustitución de demanda a favor de las marcas más baratas y afecta negativamente a la recaudación fiscal proveniente de la venta de cigarrillos. Este proceso de competencia desigual habría alcanzado en este 2023 el 40% del mercado nacional, según estimaciones a partir de datos oficiales.

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El menor precio de venta de un segmento creciente del mercado afecta negativamente los recursos del Tesoro Nacional, de la ANSES, de los gobiernos Provinciales y, sobre todo, de las economías regionales tabacaleras y los productores tabacaleros que reciben el Fondo Especial del Tabaco, ya que, a menor precio de venta declarado ante la AFIP, menor recaudación.

Las medidas cautelares otorgadas y, el consecuente no pago del impuesto mínimo por parte de las empresas favorecidas con esas medidas judiciales, habrían generado una pérdida anual directa de recursos para el país de casi USD 800 millones en 2023 según estimaciones privadas.

Todo esto es significativo para nuestra provincia por el impacto que tiene en la disminución del FET, que este año tuvo una merma de aproximadamente USD 58 millones, según estimaciones del sector productivo.

También resulta importante destacar que la comercialización de los productos ilegales se realiza, en la mayoría de los casos, a través del mismo canal formal en el que se venden los productos legales, por eso es también muy importante el trabajo conjunto y la concientización respecto del daño directo que el comercio ilegal genera en nuestras comunidades, en las economías regionales, a los productores y a la sociedad en general.

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