Desalojos exprés y flexibilización ambiental: la otra cara de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Según la última encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. No son los únicos: la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde que se tiene registro (2010) y, según revela un informe de Argentina Grande en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 1 de cada 4 hogares se está endeudando para llegar a fin de mes. El número de morosos incobrables se triplicó, la preocupación por el endeudamiento familiar empieza a encabezar las encuestas de opinión pública y, sin embargo, el Senado avanzará este jueves con un proyecto de ley que amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables.
Es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger e incluye también la eliminación del tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros. El objetivo del proyecto es acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos que estén en mora. ¿Cómo? La iniciativa habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago.
Según explica Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, el Código Civil y Comercial establece que sólo después de dos meses consecutivos de no pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley, esta exigencia desaparecerá y, una vez que el dueño dio aviso de la deuda, el inquilino tiene solo 10 días hasta que el juez puede dar la orden de desalojo. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, agrega Muñoz.
El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores para conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y acordó establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3.
No fue el único cambio que Bullrich tuvo que negociar para conseguir el apoyo del bloque radical y las fuerzas provinciales. Tras la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los aliados empezaron a aumentar las exigencias. Reclamaron el envío de los pliegos judiciales de sus provincias y se negaron a aprobar un nombramiento judicial más hasta que Juan Bautista Mahiques enviara los de las vacantes judiciales del interior. Le cerraron la puerta a la eliminación de las PASO y, pese al juego de seducción de Diego Santilli, exigieron que esta vez, si querían que acompañaran la reforma electoral, Luis Caputo tendría que abrir la billetera.
En este contexto, Bullrich tuvo que negociar dos meses para lograr avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aceptó modificaciones, flexibilizó el capítulo de desalojos e, incluso, eliminó el capítulo que afectaba directamente a los barrios populares. Es decir: el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP. Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante.
La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra.
Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego
La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.
En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos.
El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.
