El conflicto yerbatero abrió un nuevo capítulo. Luego del frustrado encuentro con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde el Gobierno nacional ratificó que no dará marcha atrás con la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), los productores decidieron cambiar el eje de la discusión: ahora buscarán que la Provincia de Misiones declare la Emergencia Yerbatera.

La decisión fue tomada este jueves durante una reunión realizada en Aristóbulo del Valle, donde participaron representantes de distintos sectores de la producción primaria. Allí resolvieron avanzar en un pedido formal al Gobierno provincial para que impulse una ley que permita desplegar herramientas excepcionales de protección frente a la crisis que atraviesa el sector.

La iniciativa marca un giro en la estrategia de los productores. Hasta ahora, la mayor parte de las acciones estuvo orientada a reclamar al Gobierno nacional la restitución de las facultades regulatorias del INYM o la derogación de los aspectos centrales del DNU 70/2023. Sin embargo, tras la reunión con Sturzenegger -que terminó sin resultados concretos- comenzó a consolidarse la idea de que la Provincia debe utilizar las competencias que conserva dentro del sistema federal para intervenir en defensa de su principal economía regional.

El proyecto no pretende reemplazar al INYM ni reconstruir el régimen anterior de regulación de precios. La propuesta apunta a que Misiones ejerza sus propias facultades constitucionales para evitar que la crisis termine provocando un daño irreversible sobre miles de pequeños productores.

Los fundamentos jurídicos que acompañarán la iniciativa sostienen que el DNU 70/2023 modificó profundamente los mecanismos nacionales de protección de la producción primaria, pero no eliminó los derechos constitucionales vinculados al trabajo, la propiedad, el desarrollo regional, el cooperativismo, el ambiente y la preservación de las economías regionales.

En consecuencia, argumentan que la Provincia conserva competencias para actuar de manera transitoria mientras persista el actual escenario institucional.

El documento enfatiza que la emergencia “no crea nuevas competencias”, sino que vuelve imprescindible ejercer las que históricamente pertenecieron al Estado provincial en materia de desarrollo productivo, recursos naturales y poder de policía administrativo.

El cambio de estrategia

El encuentro de Aristóbulo del Valle refleja también un cambio político dentro del movimiento yerbatero.

Durante meses, las organizaciones insistieron en recuperar las facultades regulatorias nacionales. Pero la reunión con Sturzenegger dejó un mensaje contundente: la Casa Rosada no modificará el rumbo de la desregulación.

Ante ese escenario, los productores resolvieron concentrar sus esfuerzos en la Legislatura y el Gobierno de Misiones.

En los próximos días comenzarán a elaborar el pedido formal para que la Provincia declare la emergencia del sector y habilite un conjunto de medidas de protección destinadas a sostener a la producción primaria, hoy el eslabón más castigado de la cadena.

Una crisis que excede el precio

El documento que servirá como base para el proyecto sostiene que el problema no se explica por un exceso de producción ni por una caída significativa del consumo.

Según el análisis, la crisis se originó tras la modificación del esquema institucional dispuesto por el DNU 70/2023, que eliminó herramientas destinadas a equilibrar la negociación entre productores e industria. En un mercado altamente concentrado en las etapas de industrialización y comercialización, esa decisión fortaleció el poder de negociación de los grandes compradores y debilitó a miles de pequeños productores.

Los productores advierten que la consecuencia es un proceso de descapitalización creciente de las chacras, con impacto sobre el empleo rural, el arraigo y la sustentabilidad económica de la principal economía regional de Misiones.

El desafío político

La eventual declaración de Emergencia Yerbatera abrirá un nuevo debate institucional.

La Provincia deberá definir hasta dónde puede avanzar con medidas propias sin invadir competencias nacionales y cuáles serán las herramientas concretas para asistir a los productores.

Al mismo tiempo, el proyecto volverá a poner en el centro de la escena el alcance del federalismo económico: si, frente a la retirada del Estado nacional de una política pública estratégica, las provincias tienen margen para intervenir y proteger sus economías regionales.

Para los productores, la respuesta ya está definida. Tras la negativa de la Nación, consideran que llegó el momento de que Misiones utilice todas las herramientas constitucionales disponibles para evitar que la crisis yerbatera termine destruyendo la base productiva de una actividad que sostiene a miles de familias en toda la provincia.