Fake news en Misiones: jueces y fiscales advierten sobre estafas, impunidad digital y riesgos para la democracia
La desinformación dejó de ser un problema limitado a la circulación de rumores en las redes sociales. En la actualidad, puede involucrar estafas económicas, suplantación de identidad, daños a la reputación, manipulación del debate público y dificultades para investigar delitos cuyos rastros digitales se encuentran alojados en otros países. Ese fue el eje de la jornada “Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades”, realizada en la Cámara de Representantes de Misiones, donde jueces, fiscales y especialistas plantearon los desafíos jurídicos, tecnológicos e institucionales de un fenómeno que interpela tanto al Estado como a las plataformas y a los ciudadanos.
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El encuentro reunió a integrantes del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), autoridades legislativas y representantes del Poder Judicial. La discusión no se limitó a la necesidad de regular los contenidos falsos. También abordó una cuestión más compleja: cómo establecer responsabilidades y proteger derechos cuando la información se produce, se replica y alcanza a miles de personas en segundos, mientras que la identificación de sus autores y la obtención de pruebas pueden depender de procedimientos judiciales internacionales.
La apertura estuvo a cargo del juez César Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU, quien sostuvo que las noticias falsas pueden distorsionar la realidad, afectar la vida privada y perjudicar a personas e instituciones. En su exposición, vinculó la preocupación por la calidad de la información con las enseñanzas del papa Francisco y la necesidad de promover una comunicación respetuosa, orientada a la verdad, la comprensión y la convivencia social.
El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, destacó la importancia de reunir a especialistas para analizar un problema que atraviesa la vida cotidiana, la actividad institucional y el desarrollo de nuevas tecnologías. También planteó la necesidad de fortalecer la formación ciudadana y evaluar herramientas normativas que permitan responder a los cambios en las formas de producir y distribuir información.
Macías señaló que la Legislatura viene trabajando en cuestiones vinculadas con la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial. En ese marco, consideró que la participación de especialistas nacionales e internacionales puede contribuir a identificar problemas concretos y aportar criterios para el tratamiento legislativo. La discusión, según su planteo, exige responsabilidad tanto al momento de difundir información como al consumirla, porque una publicación no verificada puede generar consecuencias que exceden el entorno digital y alcanzar a las familias, las instituciones y la comunidad.
La jornada dejó expuesta una dificultad central: la circulación de información falsa no siempre constituye, por sí misma, un delito específico, pero puede formar parte de conductas ilícitas que sí están contempladas en la legislación. A esa distinción se suma un problema operativo: aun cuando una persona denuncia un hecho que considera perjudicial, la investigación puede encontrar obstáculos para determinar quién creó el contenido, quién lo difundió y desde dónde se administró la cuenta utilizada.
En el transcurso de la actividad, la Cámara de Representantes de Misiones y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas suscribieron un convenio marco destinado a generar actividades y espacios de formación de manera articulada.
La propuesta fue organizada de manera conjunta por COPAJU, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas y el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, con el objetivo de promover el análisis y la reflexión sobre los efectos de la desinformación en la vida institucional, profesional y ciudadana.
La frontera entre la desinformación y el delito
El fiscal de Instrucción especializado en Ciberdelitos del Poder Judicial de Misiones, Juan Pablo Espeche, explicó que la fiscalía interviene en investigaciones relacionadas con delitos cometidos en entornos digitales y trabaja también en prevención, capacitación y cooperación. La competencia provincial permite observar modalidades que se repiten en distintas localidades y detectar patrones que, en algunos casos, afectan a personas de diferentes puntos de Misiones.
Entre los hechos que llegan a la fiscalía, Espeche mencionó las estafas digitales y otras conductas que pueden comenzar con la difusión de información falsa y derivar en amenazas, extorsiones u otros delitos. La utilización de imágenes manipuladas, videos hiperrealistas y voces clonadas mediante inteligencia artificial agrega una dificultad: el contenido puede parecer auténtico incluso cuando fue creado para inducir a error.
El fiscal remarcó que no existe en el Código Penal argentino un delito autónomo que abarque, de manera general, toda publicación de una noticia falsa. Sin embargo, eso no significa que cualquier conducta vinculada con la desinformación quede fuera de la ley. La evaluación depende del contenido, del daño ocasionado y de la posible configuración de otras figuras penales.
Una publicación falsa que atribuya a una persona la comisión de un delito, por ejemplo, puede comprometer el honor y dar lugar a una acción por calumnias, si se reúnen los requisitos legales. En esos supuestos, explicó Espeche, la persona afectada debe conocer cuál es la vía procesal adecuada. Cuando se trata de delitos de acción privada, puede ser necesario iniciar una querella con asistencia letrada, en lugar de esperar que la fiscalía impulse directamente una investigación penal.
El panorama cambia cuando la desinformación se utiliza para obtener dinero mediante engaños, promover una estafa o producir otras conductas delictivas. En esos casos, la investigación debe identificar los mecanismos utilizados, reconstruir los movimientos y preservar la evidencia disponible. La calificación jurídica no depende únicamente de que una noticia sea verdadera o falsa, sino de las acciones concretas que se hayan realizado y de los bienes jurídicos que puedan haber sido afectados.
Esta distinción resulta importante para las personas que sufren una publicación dañosa. No todo contenido falso configura automáticamente un delito, pero tampoco corresponde asumir que una publicación digital carece de consecuencias legales. La respuesta depende de cada caso y de la posibilidad de acreditar los hechos.
Cuando la identidad también puede ser falsa
Durante su exposición, Genoveva María Ferrero, vocal titular del IFBC y secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó casos judiciales relacionados con la utilización de imágenes, voces y perfiles falsificados para promocionar supuestas inversiones.
En uno de los ejemplos, explicó que se utilizaron la imagen y la voz de una figura pública vinculada con el área económica para promocionar una inversión que prometía rendimientos. A través de perfiles en redes sociales y sitios web que imitaban la estética de páginas legítimas, los responsables buscaban generar confianza y conseguir que las víctimas entregaran su dinero.
La expositora también mencionó casos de suplantación de identidad vinculados con mensajes políticos y la promoción de inversiones falsas, además de maniobras relacionadas con la venta de entradas para eventos deportivos. Según describió, las denuncias permitieron activar procedimientos para identificar cuentas, procurar el bloqueo de sitios y movimientos de dinero y, en determinados casos, recuperar fondos.
El valor de estos ejemplos radica en que muestran cómo una falsedad digital puede transformarse en un perjuicio económico concreto. La imagen de una persona reconocida, un video aparentemente auténtico o una página que reproduce el diseño de una empresa pueden funcionar como instrumentos para reducir las dudas de una víctima y acelerar una decisión de pago.
Ferrero explicó que, frente a una denuncia, las unidades especializadas pueden reunir imágenes y otros elementos, analizar direcciones IP, identificar cuentas y solicitar medidas para bloquear operaciones o interrumpir el funcionamiento de los sitios denunciados. La rapidez puede ser determinante para intentar recuperar el dinero, aunque no garantiza un resultado favorable en todos los casos.
En ese sentido, relató que la reacción inmediata ante una estafa puede facilitar la intervención de los investigadores y la adopción de medidas sobre los fondos. La advertencia tiene una consecuencia práctica: cuando una persona advierte que fue engañada, demorar la denuncia puede reducir las posibilidades de actuar sobre cuentas o movimientos que todavía se encuentran disponibles.
La expositora también subrayó que los contenidos manipulados no se limitan a las estafas económicas. La clonación de voces y la generación de videos falsos pueden utilizarse para atribuir declaraciones que nunca fueron realizadas, simular apoyos políticos o construir escenas destinadas a influir en la percepción pública. En todos esos casos, la dificultad consiste en distinguir una representación auténtica de otra generada para engañar.
El problema de investigar plataformas que operan en otros países
Espeche puso el foco en uno de los principales obstáculos que enfrenta la investigación de los delitos digitales: la información necesaria para identificar a los responsables suele estar en poder de empresas radicadas fuera de Argentina. Las publicaciones pueden realizarse mediante cuentas falsas, difundirse masivamente y desaparecer pocos minutos después, mientras los investigadores deben iniciar procedimientos para acceder a los datos que permitan reconstruir su origen.
El fiscal explicó que las autoridades pueden solicitar información a las plataformas a través de canales de cooperación voluntaria. Sin embargo, esos mecanismos no garantizan que la empresa entregue todos los datos requeridos. La respuesta depende de los procedimientos aplicables y de la información solicitada.
Cuando se necesita avanzar por vías formales de cooperación internacional, el proceso puede exigir la intervención judicial y la tramitación de exhortos por los canales correspondientes. El tiempo que demanda ese recorrido contrasta con la velocidad de circulación de los contenidos: una publicación puede alcanzar a una audiencia amplia antes de que los investigadores consigan identificar a su autor.
El problema no se reduce a conocer el nombre asociado a una cuenta. Las investigaciones pueden requerir distintos tipos de información, desde datos de registro y contacto hasta registros de conexión y contenido de las comunicaciones. Cada categoría tiene condiciones y exigencias diferentes, por lo que no todos los datos pueden obtenerse mediante el mismo procedimiento.
El anonimato, la creación rápida de perfiles y la posibilidad de eliminar publicaciones complican la preservación de la evidencia. Además, una cuenta puede utilizar datos falsos o corresponder a una persona cuya identidad fue usurpada. Por eso, la identificación de un perfil no siempre equivale a la identificación del responsable material de una conducta.
Estas dificultades, señaló el fiscal, muestran la necesidad de fortalecer la capacitación, los mecanismos de cooperación y las herramientas de prevención. También revelan una asimetría entre las capacidades de las plataformas tecnológicas y las de los sistemas judiciales que deben investigar hechos ocurridos en entornos digitales.
La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se trata de contenidos que afectan la reputación o la intimidad. Según el tipo de hecho denunciado, puede haber una vía judicial disponible, pero el resultado dependerá de la posibilidad de preservar las pruebas, identificar a los responsables y cumplir los requisitos procesales correspondientes.
Regular no es lo mismo que garantizar el cumplimiento
El presidente de COPAJU y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, propuso ampliar el enfoque del debate. A su entender, las noticias falsas no pueden analizarse como un fenómeno aislado, porque forman parte de transformaciones económicas, tecnológicas y políticas que modifican la manera en que las sociedades producen conocimiento, organizan sus relaciones y ejercen el poder.
Gallardo vinculó la expansión de las plataformas digitales con la concentración económica y la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para intervenir en la circulación de información. También advirtió sobre la dependencia de infraestructuras digitales administradas por empresas privadas, desde servicios de almacenamiento hasta sistemas que sostienen actividades financieras y registros públicos.
En su exposición, planteó que esa dependencia abre interrogantes sobre la soberanía digital de los Estados. La capacidad de administrar los datos, controlar infraestructuras críticas y establecer reglas efectivas sobre los servicios tecnológicos se vuelve relevante cuando una parte de las comunicaciones y de la actividad económica depende de proveedores externos.
El juez relacionó estas transformaciones con la evolución de las estrategias de conflicto. Se refirió a las formas de confrontación que buscan influir sobre las sociedades sin recurrir exclusivamente a la fuerza militar, mediante acciones que condicionan la percepción pública, alteran el debate y afectan la capacidad de las poblaciones para comprender lo que ocurre.
En ese marco, incorporó el concepto de guerra cognitiva, entendido como una modalidad de intervención orientada a influir en la manera en que las personas procesan información y construyen interpretaciones de la realidad. Su planteo fue que la desinformación puede tener consecuencias que superan el daño individual y convertirse en un factor de debilitamiento de la confianza social y de las instituciones.
Gallardo sostuvo que la proliferación de contenidos falsos puede conducir a un escenario en el que las personas dejen de confiar incluso en información verdadera. Esa pérdida de referencias compartidas dificulta el debate democrático y favorece la desmovilización social. La preocupación no se limita, por lo tanto, a que una noticia falsa sea creída, sino a que la repetición de engaños vuelva más difícil reconocer qué información merece confianza.
El magistrado también advirtió que los algoritmos que ordenan y distribuyen contenidos no son necesariamente neutrales en sus efectos. La selección de publicaciones, su alcance y la velocidad con la que se difunden influyen en las conversaciones públicas, mientras que las reglas que organizan esos sistemas no siempre resultan transparentes para los usuarios.
Sin embargo, el debate sobre cómo intervenir no presenta una respuesta única. Durante la jornada se señalaron diferencias entre quienes consideran que determinadas medidas pueden derivar en censura y quienes proponen actuar sobre el diseño y las políticas de las plataformas. La discusión requiere distinguir entre la protección de derechos, la responsabilidad por conductas ilícitas y las restricciones que podrían afectar la libertad de expresión.
Gallardo remarcó que la existencia de normas no resuelve por sí sola el problema. La regulación necesita mecanismos de ejecución, capacidad institucional y cooperación entre jurisdicciones. En un entorno donde los contenidos y los datos pueden encontrarse en países distintos, la eficacia de las respuestas depende también de que los procedimientos puedan aplicarse más allá de las fronteras.
Inteligencia artificial: una herramienta útil con riesgos propios
La intervención de Ferrero incorporó otro eje: la utilización de inteligencia artificial dentro de las instituciones judiciales. La funcionaria explicó que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en pautas para orientar el uso de estas herramientas, ante la ausencia de una regulación nacional integral que resuelva todos los aspectos de su aplicación.
En su planteo, la inteligencia artificial puede ayudar a procesar información y asistir en distintas tareas, pero no debe sustituir el criterio ni la decisión de jueces y fiscales. La responsabilidad de evaluar las pruebas, interpretar los hechos y resolver los casos continúa correspondiendo a las personas que ejercen esas funciones.
La discusión no se limita a la posibilidad de producir contenidos falsos. También incluye los sesgos que pueden incorporarse a los sistemas de inteligencia artificial a través de los datos y criterios utilizados para entrenarlos. Ferrero recordó una experiencia vinculada con el papa Francisco, quien había llamado la atención sobre la necesidad de analizar cómo las tecnologías pueden reproducir estereotipos al representar, por ejemplo, a una persona considerada exitosa, una buena madre o alguien socialmente valorado.
La pregunta que dejó planteada es quién define esos parámetros y qué valores se reproducen cuando los algoritmos generan imágenes, ordenan información o asisten en decisiones. La inquietud adquiere especial importancia cuando estas herramientas se incorporan a procesos educativos, judiciales o administrativos que afectan derechos.
La expositora señaló que el desafío consiste en aprovechar las capacidades de la tecnología sin delegar en ella decisiones que requieren evaluación humana, responsabilidad y comprensión del contexto. Esto supone no solo establecer reglas de uso, sino también capacitar a quienes emplean los sistemas y revisar sus resultados.
El planteo coincide con una de las tensiones centrales de la jornada: la misma tecnología que permite procesar grandes cantidades de información y facilitar tareas puede utilizarse para fabricar pruebas engañosas, simular identidades o amplificar prejuicios. La respuesta institucional exige, por lo tanto, comprender tanto las oportunidades como los riesgos.
La responsabilidad de quienes producen, comparten y consumen información
Las exposiciones coincidieron en que la prevención no depende exclusivamente de los tribunales ni de la aprobación de nuevas normas. También requiere cambios en las prácticas cotidianas de quienes reciben mensajes, publican contenidos o los comparten con otras personas.
Espeche recomendó revisar la fuente de una información, buscar si otros medios o sitios confiables publicaron el mismo hecho y comprobar el contexto antes de difundirlo. También advirtió sobre la necesidad de no entregar dinero ni datos personales ante mensajes sospechosos y de conservar enlaces, capturas de pantalla, comprobantes y conversaciones cuando se presume la existencia de un delito.
Estas medidas no permiten detectar todos los contenidos manipulados ni reemplazan una investigación especializada, pero pueden reducir la exposición a engaños y facilitar la preservación de pruebas. En particular, cuando una publicación incluye una promesa de inversión, un pedido urgente de dinero o una oferta difundida mediante una identidad conocida, verificar por un canal independiente puede evitar decisiones precipitadas.
La responsabilidad de compartir información también tiene una dimensión colectiva. Una publicación que parece inofensiva puede multiplicar un dato falso, perjudicar a una persona o contribuir a una campaña de engaño. La viralización aumenta el alcance del contenido, pero no constituye una prueba de su veracidad.
Al mismo tiempo, la exigencia de verificar no debe convertirse en una justificación para limitar indiscriminadamente la expresión. El desafío consiste en distinguir los errores, las opiniones, las críticas y las conductas que lesionan derechos o configuran delitos. Esa evaluación requiere criterios jurídicos claros y procedimientos que respeten las garantías de las personas involucradas.
Una agenda que combina justicia, educación y capacidad tecnológica
La jornada en la Cámara de Representantes de Misiones abrió una discusión que excede el tratamiento legislativo de las noticias falsas. La protección de los ciudadanos frente a estafas y suplantaciones de identidad, la investigación de delitos que dependen de información alojada en otros países, el uso responsable de inteligencia artificial y la preservación de la libertad de expresión forman parte de un mismo problema, aunque demandan respuestas diferentes.
Desde la perspectiva institucional, los aportes de los especialistas apuntaron a la necesidad de mejorar la coordinación entre organismos, capacitar a los operadores judiciales, fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y establecer pautas para el uso de herramientas tecnológicas. Desde la perspectiva ciudadana, la prevención exige contar con información accesible, reconocer señales de engaño y conocer los canales disponibles para denunciar.
La discusión también dejó planteada una cuestión estructural: los Estados deben responder a un entorno digital cuyas infraestructuras, plataformas y sistemas de distribución de contenidos están en gran medida bajo control privado y operan a escala internacional. La elaboración de normas constituye una parte de la respuesta, pero su efectividad depende de la capacidad de aplicarlas y de obtener la colaboración necesaria para investigar hechos concretos.
El desafío es construir mecanismos que protejan a las personas sin debilitar derechos fundamentales. En ese equilibrio, la justicia debe distinguir las conductas ilícitas y preservar las garantías; las instituciones políticas, debatir reglas adecuadas; las plataformas, responder por sus obligaciones; y la sociedad, desarrollar herramientas para evaluar críticamente la información que recibe.
La conclusión que atravesó las distintas exposiciones no fue que exista una solución única, sino que la desinformación requiere una respuesta sostenida y coordinada. En una sociedad hiperconectada, verificar antes de compartir es una medida individual relevante, pero no suficiente: la protección de los derechos también depende de instituciones preparadas, investigaciones eficaces, transparencia tecnológica y reglas capaces de funcionar en el entorno digital real.
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