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El ajuste es abstracto. No lo ven ni el Presidente ni sus colaboradores. Sus consecuencias son infinitamente más concretas. Se sienten en la piel de los trabajadores despedidos y en el bolsillo que sufre una carrera perdida con los precios. Provoca cimbronazos como la protesta salarial de docentes y policías en Misiones, que son un capítulo de una crónica anunciada. “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, había prometido el Presidente. Se refería a los gobernadores, en el inicio del debate de la ley Ómnibus. “Si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”, había detallado. 

Las “provincias”, de nuevo, es una expresión abstracta. La sufren los provincianos, que son argentinos de carne y hueso. Una porción amplia que ve cómo sus ingresos son corroídos por una inflación descontrolada empujada por la suba desmesurada de los precios (des)regulados por el Estado, como gas, transporte, salud y energía. 

Desde diciembre la inflación fue del 65 por ciento. El transporte aumentó 84,4 por ciento, los costos de vivienda, gas, agua y otros combustibles, 110,5. En paralelo, las provincias sufren una caída de la coparticipación inédita, con el congelamiento absoluto de los recursos para obras de infraestructura y recortes como el del Fonid, que de un plumazo amputó el salario docente en un quince por ciento. El Fondo del Transporte también fue amputado para las provincias, lo que provocó la disparada del boleto en todo el país. Pero el subsidio al sistema de colectivos del AMBA, pasó de cerca de 60.000 millones a 148.000 millones en mayo y 160.000 millones en junio. La motosierra fue sólo para el interior.

El efecto inmediato de ese plan es la parálisis económica. Ya hay cerca de cien mil despidos -en febrero se registraron casi cuatro mil despidos en Misiones, la mayor caída de la serie histórica, después de cerrar el 2023 con 108.727 empleos registrados-. La recaudación nacional cayó 10 por ciento en el primer trimestre. La de Misiones en el mismo período cayó 12,2 por ciento interanual.

Ese es el caldo en el que germinaron las protestas salariales de docentes y policías. Un reclamo desproporcionado que no se condice con el diálogo permanente en las mesas docentes y con los representantes de las fuerzas de seguridad, que rompieron lanzas en medio de las conversaciones. Los policías escalaron el conflicto sin ánimo de conciliación y con exigencias que desconocen la esencia de una negociación. Negociar es acercar posiciones. Escuchar al otro. Entender contextos. La protesta policial no tuvo nada de eso. Y con armas de por medio. Una sedición que incluyó la toma de oficinas, armas y vehículos para impedir el servicio esencial de seguridad. Inexcusable. Mucho menos para quienes alimentan las protestas en la búsqueda de una pírrica ganancia política. Los diputados y dirigentes que se muestran “angustiados” por la situación, son los mismos que celebran el agite de la motosierra de Milei y los despidos de miles de estatales en la Nación.

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Ninguno puede decir que desconocía el modelo económico del Presidente. Javier Milei ganó en Misiones en las tres elecciones del año pasado. Los docentes ni chistaron cuando le birlaron el Fonid, que tuvo que ser cubierto con fondos provinciales, que bien podrían haber sido destinados a aumentos. Ahora los manifestantes exigen a la Provincia como si no hubiera un contexto. Y le cargan la mochila de una crisis que no generó. 

Lo mismo vale para la producción yerbatera, que está sintiendo ahora los efectos de una desregulación largamente anunciada que derrumbó los precios y abrió las puertas para una competencia más barata de Paraguay y Brasil. 

En diciembre de 2022 diputados de Cambiemos habían presentado el proyecto de desregulación económica, con respaldo pleno de la por entonces minúscula fuerza libertaria. Durante todo 2023 se evidenció que esa era la plataforma del hoy Presidente, aunque no nombrara explícitamente a la yerba mate. Hoy los productores buscan en la Provincia una solución que ésta no puede dar: las matrices económicas son de la Nación, lo mismo que la posibilidad de abrir o cerrar importaciones. Paradójicamente, es la Provincia la única preocupada por la producción primaria, como quedó evidenciado en la comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, con presencia de todos los actores de la cadena. Antes el gobernador Hugo Passalacqua había enviado un reclamo formal al ministro de Economía, Luis Caputo, alertando sobre los efectos de la desregulación en las más de trece mil familias yerbateras y el impacto nocivo de las importaciones, no sólo en los precios, sino en la marca argentina de un producto de calidad.  La Justicia misionera también está dando respuestas a los reclamos de la producción: el juez Fernando Escalante ordenó la suspensión inmediata del capítulo yerbatero en el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei y que impuso la desregulación del sector, combinado con la apertura de importaciones. 

Un dato ineludible: Milei ganó con holgura en la mayoría de los municipios yerbateros. 

En las próximas horas se formalizará el tercer aumento salarial para los estatales. Alcanzará a todos. Y estará por encima de la inflación. Un suboficial mayor de Posadas que en enero cobraba 489.095 pesos, en mayo cobrará 818.175. En el sector privado, muy pocos sectores pueden exhibir aumentos similares. 

Para las fuerzas de seguridad se estableció una recomposición salarial en el sueldo básico de todas las jerarquías, resultando así el sueldo de bolsillo de un agente en 467.759,90 pesos, de un sargento en 558.778,67, de un suboficial mayor 818.175,09 pesos, de un comisario en 757.080,76, de un comisario inspector 882.561,20, de un comisario mayor en 925.541,96 y un comisario general en 1.103.447,43 pesos, todos tomando como referencia título secundario, zona capital y sin cargo. El aumento al básico también influye en el valor de las horas extras y montos para personal en situación de retiro.

Nadie puede desconocer el drama económico. La Provincia no es indiferente. Pero la centralidad del Estado no puede ser ocupada por los salarios. Para atender los incrementos, necesariamente deberán redirigirse recursos de otras áreas. Solo un delicado equilibrio económico permite afrontar las demandas. La oposición, que agita los reclamos, esconde un intento desestabilizador que los posicione como referencias pensando en 2025. 

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En contraste, la Renovación sostiene el compromiso de gobernabilidad con la Nación. La ley Bases depende de los votos de los espacios provinciales y los senadores de Innovación Federal aportarán los necesarios para destrabar la norma que Milei exige para plasmar sus ideas económicas que, promete, sacarán al país de la zozobra. Es parte del tiempo de consensos que proyectó Passalacqua el 1 de Mayo en su mensaje de Estado. Ese tiempo de consensos también implica una apertura a ideas nuevas dentro de la Renovación, tal como se discutió el jueves antes de la sesión en la Cámara de Diputados. El conductor político de la Renovación ratificó la vocación de incorporar energías y nuevas ideas de espacios y formas de pensar que prioricen a Misiones. 

El 25 de Mayo, de todos modos, llegará sin ley, ya que todavía hay controversia por varios artículos. Las críticas, llamativamente, ya no son únicamente de la política, sino que alcanzan a sectores afines. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió que hay inconsistencias en la reforma laboral que pueden generar una competencia desleal. Fue incluso más profunda la crítica sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. “El RIGI es, a nuestro modo de ver, un potente sistema de atracción de inversiones productivas. Pero no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios”, advierte la entidad que preside Alfredo González.

“Por este motivo es que un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció González.

CAME comparte la necesidad de generar incentivos a la inversión productiva. “Somos los primeros defensores de la economía real que se contrapone a la especulativa y somos conscientes de que sin incentivos no hay inversión. Pero a propósito del retorno sobre esa inversión surgen preguntas: ¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión? Preguntas que no tienen respuestas. 

De todos modos, la ley Bases está a un paso. Con ley en mano, el Presidente estará más exigido a mostrar resultados, que por ahora son escasos. Apenas una desaceleración de la inflación como dato a mostrar en cinco meses de gobierno.

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