Por Chris Lane y Elliott Harris. En 2015, 193 países adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta global hasta 2030. Estos objetivos se basan en la idea de que, para lograr un futuro sostenible, el crecimiento económico debe ir de la mano con la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Nuestras respectivas instituciones, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoyan plenamente estos objetivos. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, estos objetivos representan una inversión para lograr un mundo más pacífico, próspero y cooperativo, especialmente en la época actual, cada vez más peligrosa. Para el FMI, contribuyen a respaldar la estabilidad económica y el crecimiento sostenible e inclusivo.
En 2017, la mayoría de los flujos de financiamiento del desarrollo aumentaron, ayudados por la recuperación de la economía mundial, una mayor inversión y unas condiciones favorables de los mercados financieros. Sin embargo, menos de tres años después de la adopción de los ODS, su ejecución está tropezando con un fuerte obstáculo: el aumento de la deuda pública en algunos países en desarrollo. Este es el sobrio mensaje que transmite un nuevo informe sobre el financiamiento para el desarrollo elaborado por las Naciones Unidas en colaboración con el FMI y casi 60 agencias.
El problema es el siguiente: como apuntó recientemente el Subdirector Gerente del FMI, Tao Zhang, el 40% de los países de bajo ingreso enfrenta un alto riesgo de sobreendeudamiento o no es capaz de cumplir plenamente con el servicio de su deuda, en comparación con el 21% de hace solo cinco años. Además, varios países en desarrollo se están quedando atrás en términos de ingreso per cápita, por efecto de factores como la fragilidad y los conflictos, incluidos los países vulnerables como Haití, la República Democrática del Congo y Chad.
Ante una baja recaudación tributaria, un apoyo internacional débil
 Una dificultad clave es que muchos de estos países no pueden recaudar suficientes ingresos fiscales. Existen muchos motivos para ello: bases impositivas reducidas, la excesiva y prolongada dependencia de las industrias extractivas y una administración tributaria débil. Pero la evasión fiscal también contribuye al problema. La escasa recaudación fiscal en países en desarrollo y de bajo ingreso —en los que el ingreso fiscal mediano representa solo el 13,3% del PIB— se debe, en parte, a la informalidad y a la evasión fiscal.
En vista de lo anterior, la primera medida de cualquier estrategia de reforma debe ser, sin duda, incrementar la recaudación interna. Pero en un mundo en el que la actividad empresarial tiende cada vez más a la globalización, los esfuerzos internos por sí solos no serán suficientes. Necesitaremos, además, fortalecer la colaboración internacional en materia fiscal. Es alentador que los gobiernos estén elaborando nuevas normas internacionales de intercambio de información fiscal: tenemos que asegurarnos de que los países en desarrollo también se beneficien de ellas.
Asimismo, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) tiene un papel fundamental. Según datos recientes, la AOD se elevó a USD 146.600 millones en 2017, pero esto supone menos de la mitad del objetivo del 0,7% del ingreso nacional bruto acordado a nivel internacional. Además, gran parte de esa AOD se está empleando en emergencias, como costos internos en ayuda para refugiados y ayuda humanitaria. Si bien dicha asistencia es esencial, deja menos recursos disponibles para inversiones públicas a largo plazo en desarrollo sostenible. Las entradas de AOD a los países más pobres y vulnerables se han estancado y permanecen concentradas en algunos de ellos. Los países donantes deben intensificar su asistencia en esta área.

Inversión privada para apoyar los ODS
En vista de las grandes necesidades de inversión, será crucial atraer más inversión privada. Sin embargo, los países menos desarrollados siguen teniendo dificultades para hacerlo a la escala requerida, en particular en sectores que están fuera de las industrias extractivas. El informe insta a los países en desarrollo a continuar creando condiciones empresariales competitivas, entre otras formas, mejorando los marcos institucionales y regulatorios y preparando reservas de proyectos y proyectos en los que se pueda invertir, sobre todo en infraestructura.
Más recientemente, las autoridades económicas también se han centrado en compartir los riesgos con los inversionistas privados, mediante instrumentos como las garantías y las asociaciones público-privadas. Si se realizan adecuadamente, estas actividades combinadas pueden generar inversiones adicionales que ayuden a alcanzar los ODS. De momento, estas actividades no se están llevando a cabo principalmente en los países que más lo necesitan. Solo el 7% del financiamiento privado movilizado hasta el momento se ha canalizado hacia proyectos en los países menos desarrollados.
También existe el riesgo de que estas actividades aumenten la carga de la deuda, por ejemplo, a través de los pasivos contingentes fuera del balance. Estos riesgos deben manejarse cuidadosamente.
Crecientes riesgos vinculados con la deuda
Sin embargo, el reciente aumento de la deuda no es malo en todos los aspectos. En los últimos años, el mayor acceso a los mercados financieros internacionales y la obtención de préstamos de nuevos acreedores como China ha liberado financiamiento muy necesario para inversiones en infraestructura. Además, la inversión en capacidad productiva, si se realiza adecuadamente, puede generar mayores ingresos que compensen el servicio de la deuda. El informe recomienda que las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda tengan en cuenta este importante canal.
Pero los problemas se plantean cuando la deuda ya es elevada, cuando los recursos no se gastan adecuadamente (como cuando existe corrupción y deficiencias en la gestión de gobierno), o cuando un país se ve golpeado por desastres naturales o shocks económicos, como una reversión repentina de los flujos de capitales. Otro tema es que la nueva ola de crédito privado en muchos casos trae aparejadas tasas de interés más elevadas y vencimientos más cortos.
Además, la coordinación entre los acreedores es ahora más difícil, lo que crea problemas cuando es necesaria una restructuración de la deuda. Cuando el riesgo de crisis de la deuda es alto, actuar con rapidez para reducir la tensión financiera inmediata puede ser lo que marque la diferencia entre una rápida recuperación o un daño duradero. Debemos reflexionar a fondo y hallar soluciones innovadoras en este ámbito. Por ejemplo, un mayor uso de los instrumentos de deuda supeditados a la situación futura —que reducen o aplazan el cumplimiento de las obligaciones de deuda de un país durante las crisis— puede proporcionar cierto alivio en algunos casos. Al reducir los riesgos de incumplimiento y las primas por riesgo, también amplían el margen de maniobra fiscal existente para la inversión.
Otra idea interesante son los swaps de deuda por actividades relacionadas con el cambio climático, los cuales implican que los proveedores de fondos concesionarios recompren la deuda pendiente de pago, lo que liberará recursos para luchar contra el cambio climático y ayudará a las regiones fuertemente golpeadas por los desastres relacionados con el clima.
¡Ahora es el momento!
Lo esencial es que solo nos quedan 12 años para implementar los ODS. La recuperación actual de la economía mundial brinda una gran oportunidad, pero debemos asegurarnos de que la agenda de financiamiento no se desvíe por la acumulación de deuda pública.
Las Naciones Unidas y el FMI están unidos en esta causa común. Así lo demuestra nuestro informe conjunto, en el que se presentan recomendaciones sobre las finanzas públicas y la deuda, las inversiones privadas, el comercio y otras prioridades para el financiamiento de los ODS. Nuestras instituciones se han comprometido a reforzar su apoyo a los ODS, en el ejercicio de sus funciones al servicio de los países miembros, a fin de asegurar un mundo más próspero y pacífico.

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