La crisis de confianza que se generó después de las PASO del 11 de agosto ha dado lugar a una gran confusión respecto de las causas y las medidas que se adoptaron para enfrentar los problemas.

¿Fue el ajuste fiscal y monetario el culpable de la derrota del oficialismo?

En 2015, la Argentina tenía un déficit fiscal del orden de 6 a 7% del PIB que no podía ser financiado con reservas internacionales (no había reservas netas), ni tampoco en el pequeño mercado local de capitales. Eso dejaba como opciones el impuesto inflacionario y el financiamiento con deuda externa. Estas dos alternativas generan costos importantes, la primera por su impacto negativo sobre la pobreza y el funcionamiento de la economía, y la segunda porque atrasa el tipo de cambio real y expone la economía a un sudden stop.

La solución era avanzar rápido en la mejora de las cuentas fiscales pero en lugar de eso (o de intentar un gradualismo) el gobierno optó por la inacción, ya que el déficit fiscal de 2016 y 2017 no fue muy distinto del de 2015. El corte de financiamiento externo desde 2018 en adelante, que sólo pudo ser reemplazado por el FMI en forma parcial, obligó a una corrección acelerada de la posición fiscal con un impacto contractivo sobre el nivel de actividad. En definitiva, la génesis del problema es muy anterior a 2018 y 2019: es la inacción fiscal de los dos primeros años. Por ejemplo, si se hubiera optado por una reducción gradual del déficit primario a un ritmo de 1% del PIB por año, como los ahorros se acumulan, se podía haber prescindido de toda la deuda de corto plazo que hay en 2019.

Eso deja una lección importante para el futuro gobierno. Si se quiere reducir la volatilidad de la economía argentina, es prioritario resolver la cuestión fiscal.

En el campo monetario, la falta de credibilidad en el ancla nominal y objetivos muy ambiciosos en la reducción de la inflación ayudaron a que la tasa de interés real fuera alta. Ello se agravó con la crisis de confianza que requirió una compensación creciente para que los ahorristas optaran por invertir en instrumentos en moneda local. Tasas de interés muy elevadas en términos reales conspiraron también en contra del nivel de actividad.

¿Puede la crisis convertirse en una oportunidad?

Ello es posible en un gobierno que tiene un largo período de gestión por delante, pero no parece estar al alcance de uno cuyo mandato terminaría en pocos meses.

Sin embargo, esta situación no es justificativo para las medidas de corte populista decididas post PASO en materia fiscal y energética: conspiran contra la mejora en las cuentas públicas y contra los incentivos a la inversión que harán posible una mejora permanente en la oferta de petróleo y gas.

¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno en el medio de la incertidumbre? En momentos de alta incertidumbre, el margen de acción de cualquier gobierno se acota al extremo. Los problemas había que resolverlos antes para generar los colchones que permitieran un tránsito más ordenado hasta el 10 de diciembre.

Cuando hay colchones acotados y una crisis de confianza, los gobiernos se ven forzados a elegir el mal menor. Sin embargo, al tomar las decisiones con cuentagotas y favorecer a los individuos a expensas de las empresas e inversores institucionales, el gobierno nacional generó algunos costos para el futuro que podían haberse evitado. La reprogramación de la deuda de corto plazo, particularmente en pesos, donde empresas y gobiernos subnacionales estacionaban liquidez genera un daño adicional a la actividad económica y complica la recuperación de un mercado en el futuro que existe en todos los países. El daño que generan los controles a la salida de capitales puede ser acotado si se mantienen por un plazo corto. Si el nuevo gobierno los extiende en demasía, además de fomentarse las típicas operaciones de subfacturación y sobrefacturación del comercio exterior, se reducirá la inversión ante la imposibilidad de disponer libremente de las utilidades.

Los desafíos para el próximo gobierno

La oposición enfatizó durante la campaña la necesidad de reprogramar la deuda. Se habló de la que se mantiene con el FMI pero ahora se ha sumado, por iniciativa del gobierno, la que se debe en bonos al sector privado (algo más de US$ 100.000 millones). Para lograr una extensión de plazos es habitual que los países comprometan un esfuerzo fiscal primario que le de ciertas garantías a los acreedores que cobrarán luego de la extensión. Como puede verse, el problema fiscal vuelve a ser central.

Se suma a este desafío que el programa monetario parte con una inflación muy elevada que no deja mucho margen para el error. Con una economía en recesión (el PIB caería otro 3% este año) y alta inflación el nuevo gobierno puede quedar preso de algunas de sus promesas de campaña y tratar de navegar sin resolver los problemas. Ese muddling through llevaría pronto a una desilusión colectiva. La opción es enfrentar los problemas con decisión lo cual puede requerir pagar costos políticos importantes al inicio de la gestión. Paradojalmente, es crucial evitar la inacción y desconfiar de las planillas de cálculo donde todo se resuelve mágicamente si la economía crece en forma sostenida.

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