El ajuste impulsado por el gobierno nacional dejó de ser una discusión macroeconómica para convertirse en una crisis concreta en las provincias. La decisión de recortar, demorar o directamente eliminar transferencias y programas nacionales tiene efectos inmediatos: salarios congelados, servicios públicos degradados y una creciente incapacidad estatal para responder a emergencias sociales y ambientales.

Desde el inicio de este gobierno,las provincias enfrentan una caída real de los recursos nacionales. La coparticipación federal se derrumbó en términos reales como consecuencia de la inflación y la recesión, mientras que las transferencias no automáticas fueron prácticamente desmanteladas. A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte sustantiva del salario de los y las docentes en todo el país, y el recorte de programas educativos y sanitarios que sostenían presupuestos provinciales.

Corrientes es un caso paradigmático. En la provincia, docentes, trabajadores de la salud y empleados estatales no reciben aumentos salariales, con ingresos que pierden poder adquisitivo mes a mes. La causa es clara: el Estado nacional dejó de enviar fondos específicos y redujo drásticamente su aporte al sostenimiento de las provincias, trasladando el ajuste directamente a los salarios.

La misma situación se replica en Chaco, donde la recomposición salarial docente quedó virtualmente congelada; en La Rioja, que denunció la quita de fondos nacionales y el incumplimiento de compromisos asumidos; y en Santa Cruz, donde la paralización total de la obra pública nacional destruye empleo y afecta ingresos provinciales. En Misiones, Formosa y Santiago del Estero, la caída real de la coparticipación y la desaparición de programas federales profundizan desigualdades estructurales.

El desfinanciamiento nacional también se expresa con crudeza frente a las emergencias ambientales. En Chubut, los incendios forestales que avanzan sobre miles de hectáreas volvieron a dejar en evidencia la ausencia del Estado nacional. El recorte del presupuesto destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, la subejecución de partidas específicas y la falta de envío de recursos logísticos y humanos dejaron a la provincia prácticamente sola frente a la catástrofe.

La reducción de fondos nacionales implica menos brigadistas, menos equipamiento, menos medios aéreos y menor capacidad de prevención. No se trata de un fenómeno natural inevitable, sino del resultado directo de una política deliberada de desinversión estatal. Mientras el gobierno nacional pregona el “achicamiento”, el fuego avanza y las comunidades quedan expuestas.

Lo que ocurre en Corrientes, Chubut y en el conjunto de las provincias no es desorden ni herencia, es una decisión política consciente. El gobierno nacional elige no enviar los fondos que corresponden, desmantelar políticas públicas y retirarse de sus responsabilidades constitucionales. El resultado es un país con salarios pulverizados, territorios incendiados y Estados provinciales debilitados a propósito.

No hay federalismo posible cuando la Nación ajusta desde el centro y descarga el costo sobre docentes, trabajadores estatales y comunidades enteras. El “equilibrio fiscal” que se proclama se sostiene sobre sueldos congelados, escuelas sin recursos y provincias abandonadas frente al fuego. Ese no es un plan de gobierno: es una política de daño.

Negar fondos es gobernar por asfixia. Y gobernar por asfixia es elegir quién pierde: pierden los trabajadores, pierde el ambiente, pierden las provincias y pierde la democracia.