La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora una reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones del sector, implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes. El cambio, presentado como parte de una estrategia para abaratar el costo laboral y promover el empleo formal, encendió alertas en el sistema de salud sindical por su impacto fiscal y sanitario, y reavivó el conflicto político e institucional con las organizaciones gremiales.

Qué cambia la reforma y por qué impacta en las obras sociales

El proyecto de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la formalización. Además de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) —que prevén transferencias del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa—, la iniciativa reduce en un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, manteniendo sin cambios el aporte del trabajador en 3%.

La medida afecta a un sistema de salud tripartito —sector público, obras sociales sindicales y sistema privado— y, de acuerdo con especialistas, profundiza la crisis financiera de las obras sociales. El médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, advirtió que la reducción provocaría una caída del 11% en la recaudación del subsistema sindical. En términos nominales, fuentes gremiales estiman una pérdida cercana a $16.500 millones mensuales para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de hasta $90.000 millones para las obras sociales, totalizando alrededor de $106.000 millones por mes.

Desde el Ejecutivo, la lógica es que una mayor formalización eleve la base de aportantes y compense el menor aporte por trabajador. Sin embargo, Regazzoni calificó ese razonamiento como un error “técnico”: con menor recaudación per cápita, el sistema enfrenta más demanda sanitaria sin financiamiento suficiente, lo que agrava la tensión entre prestaciones y recursos.

Fondo Solidario, PMO y una fragilidad que se profundiza

El recorte propuesto llega en un contexto de fragilidad extrema. No existen cifras oficiales actualizadas del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero estimaciones privadas ubican su costo entre $65.000 y $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados de menores ingresos. A esto se suma que los trabajadores de mayores salarios suelen derivar aportes al sistema privado, concentrando el riesgo en las obras sociales.

El titular de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri, señaló que cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones por discapacidad, como transporte escolar, lo que limita la cobertura del resto de los afiliados. “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado”, afirmó, y advirtió que muchos gremios ya subsidian con fondos propios a sus prestadores, una dinámica que consideran insostenible.

Lingieri cuestionó además el foco del recorte: “El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan”. En su análisis, la reforma prioriza reducir aportes al sistema de salud sin abordar otros componentes del costo empresario.

Más empleo, menos cobertura: la contradicción de base

Una de las críticas centrales apunta a la contradicción estructural del proyecto: si la reforma logra aumentar el empleo formal, el sistema de obras sociales no tendría capacidad para absorber nuevos afiliados con menos recursos disponibles. “Si hay más trabajadores, no podemos atenderlos. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que el esquema podría trasladar la carga al Estado.

Como antecedente, el dirigente citó el caso de los monotributistas, que hoy pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría A aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina al sistema de salud y el 10% al FSR, una ecuación que el sector considera difícil de escalar sin financiamiento adicional.

La CGT también cuestionó la falta de consenso y de instancias formales de diálogo, pese a que —según Lingieri— el sector estaba dispuesto a negociar alternativas.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la discusión integral del “costo argentino” y apuntó a la cuota sindical como parte del debate, al advertir que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador” por la sumatoria de descuentos.