¿Debe sorprender que Milei sea el político de proyección nacional mejor visto en Misiones? El dirigente que nunca vino a la provincia a hacer política, tiene una imagen positiva de 54,7 por ciento y una negativa que solo llega al 28 por ciento. El outsider se impone a Patricia Bullrich, del grupo de los halcones de la alianza Cambiemos, que en Misiones sufrió la mayor caída del país (-7,9 puntos).

Los dirigentes oficialistas mejor valorados en Misiones son Alberto Fernández con 43,1 por ciento y Sergio Massa con 42,5.

Detrás aparece el ex presidente Mauricio Macri, con 37,9 por ciento de imagen positiva y una negativa que trepa a 59,3 puntos. En Misiones, Cristina Fernández tiene la misma imagen positiva que Macri, con 37,9 puntos y una negativa casi idéntica, con 59,5.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien estuvo por unas horas en Misiones, ostenta sólo un 27,2 por ciento de imagen positiva en la tierra colorada. Pero la particularidad es que Misiones es la tercera provincia donde mejor imagen tiene, detrás de Chaco y Santiago del Estero.

Wado vino a hacer campaña en Misiones, pero sorprendió con una frase: “Misiones planifica, Misiones viene teniendo gestiones que mantienen las políticas de inclusión, políticas pensando en las nuevas generaciones. Misiones es la primera provincia que tiene un ministerio de Cambio Climático, el gobierno de Misiones les está dejando y les va a dejar a las nuevas generaciones una provincia en mejores condiciones de que las recibió y eso es muy importante porque parte de la felicidad, además de poder tener tu casa, de ampliar tu casa en un cuartito más, de conseguir trabajo y la posibilidad de tener cultura, educación, deporte, es cuidar la casa común. Misiones está siendo un ejemplo para el resto de la Argentina en cómo se cuida el medio ambiente”, indicó el titular de la cartera de Interior, quien se anota en la carrera de presidenciables.

Todos ellos están lejos de la valoración del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien se mantiene entre los mandatarios calificados como sobresalientes, con una puntuación de 66,7 por ciento en el último sondeo de CB Consultora.

Los datos de la consultora porteña no hacen más que confirmar la percepción social: es palpable el hartazgo con ambos extremos de la grieta, con una política que se mira el ombligo y que poco y nada hace por resolver los problemas acuciantes del día a día. 

Por el contrario, los principales dirigentes protagonizan una acelerada guerra de desgaste que tiene como botín al país. La cadena de bajezas sorprende por su agresividad, entre propios y extraños. 

Máximo Kirchner, ahora en su rol de diputado rebelde redobló las críticas contra Alberto Fernández: “Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer y el pueblo manda”, lo desafió. 

En la oposición no hay mejores. “Habiendo economistas como Hernán Lacunza en nuestro país me da mucha pena ver el desastroso equipo económico que nos gobierna. Al peorcito lo premiaron con la candidatura a gobernador de la Provincia”, ironizó Cristian Rittondo, el diputado macrista que se prueba el traje de candidato a gobernador de Buenos Aires. 

Lacunza fue quien defaulteó la deuda tomada por el propio gobierno de Mauricio Macri, en el inicio de la debacle de la alianza Cambiemos. El “peorcito” le sacó 20 puntos a María Eugenia Vidal. 

La tercera vía dentro de Cambiemos es Miguel Ángel Pichetto, del “Peronismo Republicano”, que tiene a Ramón Puerta como uno de sus laderos. Ninguna idea bajo el sol. El misionero propuso “privatizar Aerolíneas”.

De todos modos, los dirigentes de la alianza Cambiemos no desentonan, todos están más interesados en lo que sucede en Buenos Aires que en Misiones, donde poco y nada se los ve. 

Ninguna de las opciones “nacionales” está pensando en otra cosa que no sea 2023. Incluso en la oposición apuran reformas en el sistema electoral como si eso fuera una solución para los problemas del ahora.

Los intereses de Misiones no entran en esa apretada agenda, por lo que la boleta corta volverá a ser la opción el año próximo, como lo fue en otras oportunidades. El Gobierno quiere discutir los temas provinciales con los misioneros y sin intromisiones. Después cada uno podrá elegir lo que mejor crea para el país. 

La falta de federalismo afecta a todas las provincias por igual. La política nacional se rige por lo que sucede en la Capital Federal y muchos se encandilan con sus luces. “El federalismo no se negocia”, advirtieron esta semana los gobernadores en una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, que deberá fallar ahora sobre el reparto de coparticipación después del generoso regalo que le hizo Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. 

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

Los mandatarios aseguran que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.

El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.

“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.

Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.

La semana pasada, veinte provincias aprobaron el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.

“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añaden los mandatarios provinciales. Un vuelto, que sirve para construir candidaturas presidenciales. 

La inflación de abril no trajo ninguna señal de alivio en la escalada de los precios que amenaza con frenar la recuperación y diluye el poder adquisitivo de los salarios. Una escalada que comenzó en 2018 y que encuentra techo. El récord de 2019 bien puede ser superado este año. La inflación interanual ya es la más alta desde la salida de la Convertibilidad. 

Sin embargo, no aparecen soluciones y la interna del propio Gobierno genera zozobra permanente. Los últimos días fueron de una seguidilla de críticas del ala dura del kirchnerismo hacia el ministro de Economía y la parsimonia del presidente Alberto Fernández, más preocupado por no herir susceptibilidades que por tomar decisiones de fondo. Es difícil proyectar en un escenario de tanta fragmentación.

La débil política para contener los precios, de todos modos repite patrones históricos: cuidar la mesa del gran centro porteño y desdeñar las economías regionales. Agricultura de la Nación volvió a laudar el precio de la yerba mate bastante por debajo del valor de mercado y lejos de lo que pedían los productores. El nuevo precio para la materia prima, fijado en 46,89 pesos, implica una suba del 27 por ciento en relación con los valores previos. La inflación de los primeros cuatro meses, ya marca un alarmante piso de 23,1 por ciento. Aún contando con una inesperada desaceleración de la inflación, los datos de este mes ya igualarán lo dispuesto por la Nación para el producto madre de la agricultura misionera. 

En las oficinas porteñas las decisiones se toman sin considerar datos sencillos de cotejar. Desde el año pasado el mercado paga más de 50 pesos por la materia prima -ahora está superando los 60- y el precio determinado ahora es apenas 89 centavos más que lo que ofreció la industria cuando se discutían los precios en la mesa de negociación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Casualidad? 

Como contraste, Misiones tiene una decidida política que busca apuntalar al pequeño productor como elemento nutritivo del arraigo y un derrame efectivo en cada uno de los municipios misioneros. La riqueza del productor es la riqueza de todos. Tirar abajo los precios para que no impacten en la góndola de los supermercados porteños ni siquiera es una medida efectiva contra la inflación. Solo revela la permanencia de una mirada alejada del federalismo. La propia industria advierte que los precios deben subir para poder compensar la suba de los costos del último año. 

El Gobierno provincial marca una pauta alejada de las conservadoras decisiones nacionales. A fin de año se pondrá en operación el molino yerbatero financiado por la Provincia en Andresito, con la premisa de alcanzar los 60 centavos de dólar por la materia prima, para elevar la vara e impulsar a otros compradores a llegar a ese mismo valor. Podrá procesar 15 millones de kilos al año. Será un jugador de peso en el mercado. 

La política misionera busca robustecer la economía toda con decisiones que se extienden a toda la cadena productiva, desde el pequeño productor hasta el gran industrial, al que sienta en la mesa de decisiones para mejorar la productividad de la chacra y al mismo tiempo, fortalecer la protección del medioambiente. El Consejo AgroIndustrial que sesionará en breve por segunda vez, reúne a las principales industrias misioneras con el mismo objetivo. 

Misiones también se distingue por tomar medidas de profundo impacto social. La aprobación en la Legislatura del programa Si Misiones (Salud Integral Misiones) implica el acceso universal a los servicios de salud a todos los misioneros. La iniciativa del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, tiene ejes varios, que estarán a disposición de cada uno de los 78 municipios, pero uno de ellos es clave: el plan de los mil días, que brindará contención a la madre durante todo el embarazo y los primeros años de vida, con alimentación y servicios de salud. Fundamental para la sobrevida, para mejorar las condiciones de desarrollo y aprendizaje y garantizar una mejor calidad de vida a los niños. Una política inédita que no encuentra similitudes en provincias cercanas, muchas con un poder económico mucho mayor.

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