El intento de golpe de Estado en Brasil debe poner en alerta a toda la región. No es sólo la expresión trasnochada de un bolsonarismo residual, sino el germen de una enfermedad que se expande. Esa infección se alimenta de una radicalización política que pretende validar posiciones a partir de la exterminación del otro.
El intento de copamiento del Congreso brasileño es una historia que se repite como tragedia y como farsa al mismo tiempo. Bolsonaro es un émulo de Donald Trump. Sus fanáticos copiaron al detalle el copamiento del Capitolio, incluso con pintorescos disfraces. ¿Son unos locos sueltos? No. Son una representación de facciones que desprecian la política y quieren imponer sus ideas a pesar de la voluntad popular. Las trayectorias se retroalimentan. Libretos y discursos calcados. Desprecio por el voto cuando éste le da la espalda. La historia se repite, la primera vez como tragedia, las sucesivas como farsas. Pero a veces, las repeticiones a modo de farsa, pueden ser más terroríficas que la tragedia original, como reseña el filósofo Slavoj Žižek.
Basta escudriñar quienes evitaron repudiar el ataque a Lula. Javier Milei minimizó el copamiento del Congreso brasileño como una “masiva protesta” para frenar “medidas dictatoriales” de un presidente recién asumido. Mauricio Macri comparó el ataque con el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema, al que consideró “igualmente brutal” que la invasión al parlamento brasileño. Patricia Bullrich fue más allá. Dijo que el presidente Alberto Fernández solo podía hablar de Brasil “el día que retire el pedido de juicio política a la Corte”. “Demócratas con otros países y autoritarios aquí”, insistió la presidenta del PRO.
De allí para abajo, en la alianza Cambiemos, repitieron el libreto.
Pero no es posible comparar un intento de golpe de Estado con un mecanismo constitucional -justamente quienes se dicen apegados a ella- mediante el cual se puede juzgar por mal desempeño y eventualmente destituir al presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Gabinete nacional y los jueces de la Corte. Es letra de la Constitución.
En los últimos cinco años hubo 49 pedidos de juicio político, todos por denuncias de mal desempeño, contra el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; ex ministros del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como Juan José Aranguren (Energía) y Germán Garavano (Justicia); el ex ministro de Salud de la gestión del Frente de Todos, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.
La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la entonces “mayoría automática” que acompañaba a Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. O’Connor y Boggiano fueron destituidos, curiosamente con un fuerte protagonismo de un futuro funcionario de Cambiemos, el radical misionero Hernán Damiani.
Las causas -la historia se repite- fueron muy similares a las actuales. Alberto Fernández acusa a los cortesanos por el fallo por la coparticipación que beneficio a Horacio Rodríguez Larreta en detrimento de las provincias, pero también se mencionan los fallos sobre el Consejo de la Magistratura, el 2 x 1, y hasta la crisis de la obra social de los judiciales. El pedido de juicio político destaca las irregularidades detectadas por una auditoría impulsada por el propio Máximo Tribunal.
En 2003, a Eduardo Moliné O’Connor se lo acusaba por “haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento” en el caso Meller S.A; “invalidar la esfera de competencia propias del Consejo de la Magistratura, arrogándose facultades de otro órganos del Estado”, en el caso Magariños y por “obstruir el debido proceso legal respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando” en la causa Macri, que era Franco y no Mauricio.
Tras el pedido de juicio político de la Corte adicta que hizo Néstor Kirchner el 4 de junio de 2003, uno de los más entusiastas promotores fue el entonces diputado nacional Hernán Damiani -acompañado en varios tramos por la ascendente Lilita Carrió-. «Estoy muy agradecido que me haya tocado este tema, porque fui uno de los pocos radicales que tenía ocho años de jurado de enjuiciamiento y hasta con fama de verdugo. Sirvió la convicción», señalaba Damiani sobre Moliné O’Connor. Después, fue pieza clave en la destitución de Eduardo Boggiano a quien acusó de utilizar “la Justicia para darle la razón a los poderosos y al poder político” de la gestión menemista. Cualquier parecido…
Durante el interinato de Eduardo Duhalde, hubo otro intento, que fracasó. Entonces Damiani, cuyo último paso por la gestión pública fue ser el encargado del bluf Plan Belgrano para el NEA, fustigó al Gobierno porque “no se puede cambiar impunidad por gobernabilidad”. Hay mayorías y mayorías. Hoy el radicalismo no tiene el mismo protagonismo que logró Damiani. En el Congreso, Martín Arjol se limita a replicar los comunicados de la alianza Cambiemos.
En Misiones, la UCR se siente cómoda en su papel secundario en la alianza. La expresión corporal El PRO elige lugares, el resto se acomoda. No hubo ninguna expresión en defensa del federalismo ninguneado por el fallo de la Corte que premió a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los candidatos presidenciales que comenzó el desembarco de sus equipos en la tierra colorada. Pero ese premio, es al mismo tiempo una debilidad para el intendente porteño. Lo sufrió en las playas bonaerenses, de donde lo corrieron a los gritos “por llevarse el dinero” de las provincias”. Esa debilidad es aprovechada por Bullrich y por el propio Macri, que, también en la playa, dejó una frase hacia la interna: “Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta el último día”.
La campaña de Cambiemos se alimenta del desempeño del Gobierno. Celebraron como un triunfo político el dato de la inflación de diciembre, que llevó el acumulado a 94,8%, el mayor valor desde la hiperinflación. Como si el país sufriera amnesia colectiva: sin pandemia ni guerra en el medio.
Macri dejó la inflación más alta en casi tres décadas, con 53,8% en 2019. El líder de Cambiemos también rompió el récord de 1991 y dejó una inflación acumulada de 295,7%.
La inflación no es perjudicial únicamente para el bolsillo de los argentinos, sino para las proyecciones de las empresas y el costo de producción. Todo depende de ese indicador, cuyo impacto en las provincias es inevitable e incluso más grave que en el centro del país, lo mismo que las eternas asimetrías internas que padece Misiones: una empresa maderera gastó en 2022, la friolera de 6.340.984 pesos más que una de Capital Federal por el mismo combustible. Una enorme transferencia de riqueza hacia el distrito más rico de la Argentina.
La inflación también marcó una señal de alarma para Sergio Massa, después de dos meses de moderación. Sin embargo, el ministro de Economía prometió llegar a menos del 4% en abril, algo que no parece misión imposible. Moderar la inflación es vital para la supervivencia del Frente de Todos y para el futuro del propio Massa.
Como sea el 2023, paradójicamente, no deja muchas opciones. Las propuestas son reflejos de lo mismo: centralidad, malos resultados y espalda a las provincias.
Por eso la mayoría de los gobernadores decidió desdoblar elecciones. En mayo, Misiones definirá sus propios asuntos con certezas que no tiene la Argentina. La economía local pasa por uno de sus mejores momentos y el crecimiento de la actividad se refleja en el empleo, que está cerca de romper su techo, a pesar de los resultados nacionales. Ahí radica la la fortaleza de la Renovación, que, sin ataduras, impuso un modelo de gestión concentrado en resolver los problemas internos. Las oposiciones dependen de lo que manden desde Buenos Aires y eso se refleja en el nivel de aceptación y -en algunos casos-, hasta de conocimiento. La frase del gobernador Oscar Herrera Ahuad, durante la visita del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, marca a las claras esa diferenciación. Al mismo tiempo que reclamaba más obras para el desarrollo interno de Misiones, que muchas veces no se ven, como las cloacas, o el agua potable, recordó que muchas se demoraron por el insensato rechazo de Cambiemos al Presupuesto 2022, que incluía un paquete de obras de cien mil millones de pesos.
Las encuestas marcan que Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli tienen una altísima aceptación, la misma que la gestión encabezada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.
A diferencia de las oposiciones, la oferta electoral del Frente Renovador es clara: profundizar un modelo cuyos resultados están a la vista, con la incorporación de capas jóvenes, algunas de ellas con un puñado de años cuando la coalición vio la luz. Esos jóvenes son hoy los que asumen el protagonismo, como el propio Spinelli y decenas de candidatos a intendentes y concejales en los 78 municipios. Amalgama entre experiencia y juventud, como definió Carlos Rovira, las referencias renovadoras van desde la trayectoria en la gestión, como Carlos Arce, al frente de las preferencias para el Senado, o el recientemente incorporado Colo Vancsik, que podría ser candidato a diputado nacional. Como él, hay muchos profesionales que decidieron sumarse a la política para aportar desde sus especialidades. Este fin de semana formalizó su postulación el médico Francisco Ojeda, quien armó un equipo multidisciplinario para buscar la intendencia de Garupá.
En las oposiciones, los nombres también empezaron a moverse en los municipios, pero algunos de los apellidos que suenan son los ilustres de siempre.
