DESREGULACIÓN

Desregulación: “Lectura y asimilación de contenidos”, la única exigencia para ser guía en Parques Nacionales

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La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó una profunda reforma del reglamento que regula la actividad de guías en las áreas protegidas, generando inquietud entre profesionales del turismo, instituciones educativas y actores vinculados al sector que tiene un fuerte rol económico en Misiones. A través de la Resolución 61/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se derogó el reglamento vigente desde 2019 y se puso en marcha un nuevo marco normativo que flexibiliza de forma drástica los requisitos para ejercer como guía, en nombre de la desburocratización del Estado.

Se elimina el título terciario como requisito: un retroceso en la profesionalización

El cambio más controvertido, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es la eliminación del requisito de contar con un título o certificado oficial de nivel terciario o universitario para poder ser guía habilitado. Hasta ahora, la norma exigía que los aspirantes a guías presentaran un título expedido por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación, o sus equivalentes provinciales. Esa flexibilización pone en riesgo el empleo de 300 guías profesionales que trabajan en las Cataratas del Iguazú. 

Con esta reforma, basta con aprobar un examen básico y leer contenidos provistos por la APN para obtener la habilitación como Guía de Sitio, una nueva categoría pensada para personas sin formación formal. Esto representa un giro de 180 grados respecto a las políticas que, durante años, buscaron jerarquizar y profesionalizar el trabajo de los guías dentro del sistema de Parques Nacionales.

Organizaciones profesionales del sector turístico y universidades públicas y privadas con carreras de guía de turismo expresaron su preocupación ante lo que consideran un vaciamiento del perfil profesional y una desvalorización del conocimiento técnico y académico.

“Hoy tenés que ser guía profesional de turismo, egresado de un montón de carreras de universidades públicas y privadas o de institutos reconocidos por Parques. Presentás el título, rendís un examen teórico sobre funcionamiento del parque y uno práctico, que evalúa cómo manejás a un grupo dentro del área. Además, tenés que conocer la flora y fauna local, por ejemplo, en el Parque Iguazú”, detalló un especialista conocedor de la actividad. También recordó que existían límites estrictos de carga por guía: “Nosotros teníamos un límite de 30 pasajeros por guía. Si una agencia venía con 40, tenía que contratar dos guías. Además, era obligatorio que toda agencia que ingresara con tour contratado lo hiciera con guías profesionales habilitados”.

Dos categorías, un mismo riesgo: precarización

El nuevo reglamento crea dos categorías de guías:

  • Guía de Turismo Especializado, orientado a quienes sí cuentan con formación académica y pueden brindar interpretaciones profundas del patrimonio natural y cultural.
  • Guía de Sitio, orientado a personas sin formación técnica, que podrán realizar caminatas y excursiones de baja dificultad, e incluso participar en actividades como cabalgatas y ciclismo si lo hacen a través de un prestador habilitado.

La posibilidad de que personas sin estudios formales puedan acceder a tareas de guiado preocupa por su impacto en la calidad de las experiencias turísticas y en la seguridad de los visitantes, en un contexto donde las áreas protegidas requieren cada vez más manejo responsable, educación ambiental y formación técnica.

Trámites digitales, sanciones severas

El nuevo esquema también traslada todos los trámites de habilitación, suspensión o baja a plataformas digitales, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Uso Público. Aunque esta medida se presenta como un avance en materia de modernización, existen dudas sobre su implementación real en territorios alejados o sin conectividad, donde muchos guías locales no cuentan con acceso a herramientas digitales.

En paralelo, el nuevo reglamento endurece el régimen sancionatorio: habrá multas de hasta 15 veces el derecho anual, suspensiones de hasta tres meses o inhabilitaciones de hasta tres años. Ejercer sin estar habilitado también acarreará sanciones económicas y prohibiciones de hasta dos años.

Riesgo para la educación y el empleo calificado

La reforma también genera un fuerte impacto en la educación técnica y universitaria. Carreras terciarias y universitarias de guía de turismo, que venían formando profesionales bajo estándares de excelencia y con una clara articulación con las políticas públicas de conservación, podrían ver reducido su campo laboral y el incentivo para la matrícula de nuevos estudiantes.

“El mensaje que da esta resolución es que la formación académica ya no importa. Se igualan saberes formales y no formales sin ningún tipo de puente ni evaluación real. Es preocupante”, señalan docentes de carreras vinculadas al turismo.

Más inclusión o más informalidad

Desde la APN sostienen que el nuevo esquema busca “facilitar el acceso de actores locales” y “transmitir valores de conservación desde una mirada territorial”. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de criterios claros para distinguir entre profesionales formados y guías eventuales puede fomentar la informalidad, degradar el estándar de los servicios turísticos en parques nacionales y poner en riesgo la seguridad de los visitantes.

Sin embargo, los guías profesionales advierten que no sólo se ponen en riesgo cientos de empleos, sino que se afectará la calidad de los servicios e incluso se puede poner en riesgo a los turistas. 

El nuevo reglamento entrará en vigencia en 30 días hábiles y afectará a todos los guías actualmente habilitados, que deberán adaptarse a las nuevas categorías en el momento de renovar su credencial anual.

Lo que se presenta como una medida de simplificación puede convertirse en un serio retroceso para la profesionalización del turismo de naturaleza en Argentina, un sector que venía creciendo con una fuerte impronta técnica, ambiental y educativa.

La norma entrará en vigencia dentro de 30 días hábiles y deberá ser ampliamente difundida en todas las intendencias de parques. Los guías actualmente habilitados mantendrán su condición hasta la próxima renovación.

El nuevo reglamento representa un giro importante: pasa de un modelo exclusivo y formalista, a uno más accesible, territorial y adaptado a la realidad de las comunidades que habitan los parques nacionales. Una apuesta por democratizar el turismo y fortalecer el vínculo entre conservación, desarrollo local y empleo.

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La otra desregulación: ya no será obligatorio contratar guías turísticos en Parques Nacionales

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La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció una serie de modificaciones en el Reglamento de Guías de Áreas Protegidas Nacionales, enmarcadas en un proceso de desregulación impulsado por el Gobierno Nacional. Así lo confirmó Cristian Larsen, presidente de la APN, en una conferencia de prensa en El Calafate.

La medida establece que la contratación de guías será opcional para las empresas operadoras de turismo dentro de los Parques Nacionales, salvo en el caso de actividades que impliquen riesgos específicos, como montañismo o rafting. Hasta ahora, la normativa vigente obligaba a contar con guías para toda actividad turística dentro de las áreas protegidas.

Un cambio en el modelo regulatorio

Según Larsen, la flexibilización de la regulación responde a la necesidad de “simplificación normativa y libertad de mercado”. “Este es un gobierno que está relacionado con la libertad y queremos que sean las propias personas quienes decidan contratar o no a un guía”, afirmó el funcionario.

Además, la medida también afectará a los prestadores turísticos extranjeros que operan en el país, como aquellos provenientes de Chile. “Esto aplicará para todos los prestadores, independientemente de su origen”, agregó Larsen.

Detalles del nuevo reglamento

El documento oficial sobre la reforma, identificado como expediente EX-2025-25284928-APN-DGA#APNAC, detalla los principales ejes de la modificación normativa:

  • Simplificación en las categorías de guías.
  • Ajustes en los requisitos de habilitación.
  • Cambios en los exámenes y capacitaciones para la acreditación de idoneidad.
  • Tramitación digital a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).
  • Eliminación del Registro de Instituciones Formadoras de Guías.
  • Desregulación del proceso de inscripción.

Desde la Dirección de Concesiones de APN, encabezada por Alejandro Daniel Roca, se indicó que la implementación de estos cambios comenzará en los próximos meses. “Estimamos que la aprobación final del nuevo reglamento se concrete a fines de marzo, con un período de adaptación de uno a dos meses antes de su aplicación efectiva”, explicó Roca en la nota oficial.

Impacto en la actividad turística

La decisión generó preocupación en el sector turístico, especialmente en localidades como El Calafate, donde la actividad de guías representa una fuente laboral significativa. “Es un golpe fuerte para quienes nos dedicamos a esto. Sin la obligatoriedad, muchas empresas prescindirán de nuestros servicios”, advirtió un guía de la zona.

Desde asociaciones del sector turístico ya se analizan posibles respuestas a la normativa. “Entendemos la necesidad de simplificación, pero esto puede afectar la calidad del servicio y la seguridad de los visitantes”, expresaron desde un grupo de operadores turísticos.

Mientras el debate continúa, el Gobierno avanza en su estrategia de desregulación con miras a reducir costos operativos y flexibilizar el mercado turístico en las áreas protegidas del país.

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Desregulación yerbatera: el precio de la hoja verde se desplomó y la industria culpa a las bajas ventas

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El efecto libre mercado golpea de lleno al sector yerbatero. La materia prima, que se pagaba a 370 pesos hasta hace unos días, se desplomó. Las principales industrias comenzaron a pagar 310 o 315 pesos, con un anticipo de solo 150 pesos en efectivo y el resto en cheques a 30 días, como mínimo. Hay precios incluso más bajos: en el norte se está comprando hoja verde a 280 pesos. En unas pocas horas, el valor de la hoja verde cayó entre 55 y 90 pesos. En contraste, algunas industrias siguen pagando los 370 pesos por la materia prima, pero con tendencia al ajuste y con cheques hasta 90 días.

En la industria explican que bajó el precio de la hoja verde y de la canchada por la brutal caída de las ventas en el primer trimestre. En marzo el consumo interno fue de 18.792.347 kilos, el valor más bajo en los últimos doce meses y con una caída del 29,07 por ciento interanual. El consumo también cayó 6,77 por ciento en relación con febrero y el acumulado del primer trimestre ya lleva una baja de -9,17 por ciento. Abril no fue mejor según las principales marcas.

“Los precios cayeron por la terrible baja en las ventas. Los molinos tienen stock de un mes entero envasado y sin vender. Y hoy hay exceso de hoja”, describió un comprador de la zona centro. “Se tiene que reactivar el consumo, es la única manera”, explicó. 

En los supermercados de Buenos Aires, por la parálisis del consumo, están vendiendo yerba por debajo de los costos. Lo que hasta hace unas semanas valía 4.600 pesos en góndola, ahora se vende a tres mil, en el límite de los costos impositivos y de logística. Eso empuja todos los precios hacia abajo. 

“Hay demasiada yerba importada y las cadenas presionan para abajo el precio”, coincidió un industrial de la zona sur. 

En el sector productivo la fluctuación representa un balde de agua fría. Los productores pretendían elevar el precio de la hoja verde de los 370 pesos que se pagaban hasta hace algunos días. Hoy admiten que unos pocos están pagando ese precio y los menos, apenas por encima. Temen que los precios caigan por efecto dominó. 

Desde diciembre, cuando se conoció el DNU de la desregulación que firmó el presidente Javier Milei, la materia prima aumentó sólo 50 por ciento desde los 210 del 10 de diciembre a los 315 de este viernes. Los combustibles, insumo fundamental para la producción, aumentaron en el mismo período 119 por ciento. La inflación acumulada desde diciembre es de 79,3 por ciento. La pérdida de rentabilidad está a la vista.

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Alerta yerba: Bullrich también tiene un plan de desregulación económica

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Pocos días antes de las Primarias, el candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta reveló en Misiones su intención de desregular el mercado yerbatero, retomando una idea antes expresada por Mauricio Macri. Patricia Bullrich, apenas unos días después del intendente porteño también visitó Misiones y negó tener un plan similar al de su rival en la interna de Cambiemos. De todos modos, el sector yerbatero, incluso dirigentes afines a Cambiemos, quedó en alerta, ya que Cambiemos presentó un proyecto de ley de desregulación económica que incluye la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate de regular precios y condiciones del mercado. 

Ahora Federico Sturzenegger -presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión Macri-, admitió que preparó un plan de “desregulación económica” a pedido de su ex compañera en las alianzas radical y macrista. “Es cierto que he preparado un trabajo sobre desregulación de la economía, pero dicho trabajo ha sido hecho no para Javier Milei sino para Bullrich”, reconoció el cerebro detrás del Megacanje de De la Rúa al desmentir una publicación de La Nación. 

“Hace un año acordamos con Bullrich hacer una revisión de la legislación argentina en busca de trabas a la competencia, excesos regulatorios, privilegios económicos y opacidad en el gasto público. Abordaría áreas complementarias al trabajo que estaban haciendo sus otros equipos”, contó Sturzenegger. Ese trabajo ahora se lo pasó a Carlos Melconian, eventual ministro de Economía si Bullrich ganara las elecciones. 

Trabajé con Bullrich el gobierno de la Alianza, en diputados y en el gobierno de Mauricio Macri. En todas esas instancias encontré una persona con un temple, coraje, serenidad y claridad de objetivos que no creo haber visto en otros actores políticos del país. Su mensaje de “todo o nada”, tan acorde al espíritu del trabajo realizado, es lo que me motivó a prepararlo“, detalló Sturzenegger.

Cambiemos ya tiene un proyecto de desregulación económica que descansa en el Congreso. Fue firmado, entre otros, por Alfredo Schiavoni, alineado con Larreta, pero hermano del senador Humberto Schiavoni, quien forma parte del equipo de Bullrich y que tiene como candidato a sucederlo a Martín Goerling. 

En las últimas semanas el presidente del INYM, Juan José Szychowski se puso al frente de los reclamos para que ese proyecto sea retirado del Congreso -se lo planteó incluso a Jorge Macri, primo de Mauricio y posible alcalde de Buenos Aires-, porque una eventual desaparición del organismo, puede volver a generar una crisis como la que explotó después de una década de desregulación.

En cambio ahora, con el INYM con sus funciones plenas, el mercado yerbatero atraviesa uno de sus mejores momentos, con consumo interno en alza y exportaciones récord.

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¿Volver al mensú? Relaciones de trabajo en la cosecha de yerba mate: libre mercado o regulación estatal

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En Misiones la cosecha gruesa de hojas de yerba mate se realiza entre los meses de marzo y septiembre. Aproximadamente, 18 mil trabajadores tareferos/as se adentran en los yerbales para realizar la zafra, trabajando de sol a sol, con salarios muy bajos y pago a destajo (según la productividad), en condiciones de trabajo precarias, sin las ropas ni los elementos de seguridad e higiene adecuados, muchos de ellos acampando en lugares inhóspitos, con carpas de lona, sin agua potable, ni baños. A pesar de que existen convenios de corresponsabilidad gremial un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores, no cuenta con la registración laboral, por lo tanto no acceden a los beneficios de la seguridad social para ellos/as y sus familia: sin obra social, sin aporte jubilatorio, sin ART están lejos de acceder a los derechos que gozan las/los demás trabajadores en Argentina.

Los/las tareferos/as y sus familias trabajan y viven en situaciones muy precarias, donde se vulneran muchos de sus derechos, principalmente el derecho humano de tener un trabajo digno, con salarios justos y en condiciones legales de empleo. Frente a la constatación de situaciones como esta el estado en sus distintos niveles -provincial y nacional- y a través de distintos organismos competentes (RENATRE, MTEySS, MTyE, AFIP) tiene la facultad y la obligación de velar por los derechos de trabajadores, exigiendo a los empleadores el cumplimiento de las leyes y normativas laborales. Un estado “presente” debe regular las relaciones que existen entre trabajadores y empleadores, para evitar situaciones de explotación de la parte más débil del encadenamiento económico yerbatero, en este caso los trabajadores tareferos/as. 

Sin embargo, desde posicionamientos políticos conservadores y desde ideologías económicas neoliberales, se viene criticando la “intervención del estado”, y pregonando “la desregulación de las condiciones de contratación en los “mercados de trabajo”. Empresarios y productores yerbateros llegaron a manifestarse públicamente con cortes de rutas ante la implementación de controles de seguridad, higiene e inspecciones de trabajo y seguridad social en las plantaciones donde se cosecha la yerba mate. Alegan que con éstas intervenciones el estado no los deja producir, que no se respeta su propiedad privada -ya que las inspecciones se realizan sin previo aviso y sin pedir autorización para ingresar a los yerbales-, y que se les multa por las infracciones constatadas. Argumentan que la capitalización de los empresarios favorecidos por una irrestricta libertad de mercado, es el camino para acumular riqueza que luego se  derramaría generando más empleos y bienestar.

Desde las posiciones más extremas, se llegó a plantear la propuesta de volver a desregular el mercado de la yerba mate, que implicaría la desaparición del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo creado por Ley en el año 2002, luego de los reclamos de pequeños productores y trabajadores agrarios en el histórico “tractorazo” que solicitaban la intervención estatal para obtener un precio justo para la hoja de yerba cosechada y para el salario de los trabajadores, frente a las profundas inequidades generadas a partir de la desregulación en la década de los años 90. 

Estas argumentaciones niegan los derechos adquiridos por los trabajadores, y se sustentan en los siguientes mitos que intentaremos poner en cuestión:

  1. “El estado no debería intervenir en los mercados de trabajo”: El supuesto de la economía liberal capitalista que el mejor asignador de recursos es el mercado a través del libre juego de la oferta y la demanda, se intentó aplicar de la misma manera para los intercambios de mercaderías, que para las relaciones entre personas, ocultando los  intereses de una minoría que detenta el poder y que de esta manera se apropia del valor generado por los trabajadores y agricultores. La desaparición de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y del Mercado Consignatario,  favorecieron los intereses de empresas oligopólicas que redujeron abruptamente el precio pagado por la materia prima y los salarios, como manera de maximizar ganancias y concentrar el valor generado por la  actividad yerbatera en su conjunto. 

Entendemos que en las sociedades capitalistas el estado siempre interviene, por acción u omisión; ahora bien hay que explicitar a que intereses beneficia. Generalmente se critica y estigmatiza cuando el estado acciona con medidas a favor de los trabajadores como en las últimas semanas cuando se realizaron las inspecciones de trabajo, cuyo fin fundamental es la de velar por el cumplimiento de los derechos laborales y evitar las formas de explotación extrema, como el trabajo infantil, el trabajo no registrado y las pésimas condiciones de trabajo y de vida de las cuadrillas en los yerbales

  1. “Los tareferos no quieren registrarse porque pierden los planes sociales”: Desde el año 2021 a través del decreto 514/21 el gobierno nacional hizo compatible las asignaciones por programas sociales con el salario registrado para aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades del trabajo rural, entre ellas la cosecha de yerba mate. Esto quiere decir que los/las trabajadores tareferos/as al ser dados de alta por el empleador/ra pueden seguir percibiendo los planes y programas sociales (AUH, potenciar trabajo, prestación alimentar), por lo tanto no debería ser un obstáculo para la registración laboral. Sin embargo, muchos tareferos al ser registrados perdieron la prestación alimentar debido a que en diciembre de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) a través  de la resolución 1734/21, desacopló la Tarjeta Alimentar situación que  generó desconfianza y contradicciones entre un decreto nacional que las compatibiliza y una resolución ministerial que las desacopla. La prestación alimentar es un ingreso significativo para estas familias que deben buscar formas complementarias de sumar ingresos para llegar a fin de mes, frente al impacto de la inflación, la caída del poder adquisitivo de salarios inestables y a empleadores que no pagan lo estipulado por los acuerdos y normativas vigentes. Los reclamos de sindicatos y asociaciones de productores logró subsanar el inconveniente y el MDSN a través de la resolución 1163/23, permite a las y los trabajadores rurales temporarios o estacionales de la República Argentina, que tengan hijos o hijas hasta 14 años, recibir la prestación Alimentar. Por ende, ya no debería ser un argumento la no registración de los trabajadores tareferos por la incompatibilidad con otros ingresos como los planes sociales. 
  1. “No se consiguen tareferos, tendrían que trabajar desde adolescentes”: En diciembre de 2011 se sancionó la Ley 26.727 que aprobó el Régimen de Trabajo Agrario, en que la edad de inicio en las actividades laborales se encuentra específicamente contemplada en el título IX denominado Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Se explicitan las actividades rurales que puede realizar adolescentes (entre 16 y 17 años) y cuáles son los requisitos y condiciones para que comiencen a trabajar. Las y los adolescentes no pueden realizar trabajos peligrosos, como es el caso de la cosecha de yerba mate, donde se manipulan herramientas filosas y punzocortantes (tijeras y serruchos), bajo condiciones climáticas adversas, riesgo de frío intenso o de golpes de calor en época de cosecha (bajas temperaturas en invierno y altas temperaturas durante primavera y verano). Existen además riesgos de contraer enfermedades por trabajar con la ropa húmeda durante las jornadas lluviosas, de picaduras de animales tales como arañas y víboras, y por no poder acceder a agua potable y alimentos en buen estado. Para su resguardo y protección, adolescentes no deben trabajar en tareas de cosecha de yerba mate, y menos las y los niños (está absolutamente prohibido la presencia y el trabajo infantil), situación que se encuentra aún en las inspecciones de los yerbales más alejados o de más difícil acceso. 
  1. “No puede ingresar a los yerbales porque es propiedad privada”: Esta justificación habitual de los encargados cuando llegan las inspecciones de trabajo, buscan evitar o demorar los operativos. Según las normativas vigentes los inspectores de trabajo y seguridad social están autorizados para entrar libremente y sin previo aviso, a cualquier hora del día o de la noche, en todo sitio de trabajo sujeto a inspección. Cuando se realiza una inspección de trabajo se focaliza la tarea en actividades y objetivos donde se pueda detectar el trabajo no registrado y hacer valer los derechos de los trabajadores. Sería ilógico avisar previamente al empleador que está en infracción, que podría rápidamente desarmar el campamento y evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Al ingresar a lugares donde hay una actividad económica con trabajadores en relación de dependencia, susceptibles a la fiscalización del estado, no se está invadiendo a la propiedad privada. Según el artículo 32 de la ley 25.877 (ley de ordenamiento laboral) los inspectores para el cumplimiento de sus labores pueden solicitar la participación de la fuerza pública para garantizar el correcto cumplimiento de la acción inspectiva y proteger a los funcionarios actuantes (campamentos inhóspitos, indicios de explotación laboral, etc.) 

Ante la falacia de los mitos expuestos, es menester analizar en profundidad cómo interviene el estado, cuáles son sus obligaciones, qué políticas públicas están en vigencia. Pero también reflexionar sobre cuáles faltan, cómo se puede mejorar su accionar, subsanando errores y mejorando sus competencias y funciones. Entendemos que eso se  logra con un estado presente y activo, no con achicamiento y desregulación.

Las intervenciones del estado en las relaciones laborales deben ser estratégicas, orientadas a evitar la explotación laboral, el abuso ante las asimetrías entre empleadores y empleados, la persistencia de desigualdades por cuestiones de género o de identidad étnica, y la utilización de trabajo infantil o adolescente.

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