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Deuda: Economía reemplaza vencimientos de junio por letras a agosto 2025

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El Tesoro amplía emisión de LECAPs por $1 billón para canjear deuda con el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).

En una nueva operación de manejo de pasivos, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de agosto de 2025 (LECAP S29G5) por hasta $1 billón, con el objetivo de facilitar el canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida, instrumentada mediante la Resolución Conjunta 25/2025, forma parte de la estrategia de consolidación fiscal y reducción del peso de los pasivos de corto plazo.

Conversión de vencimientos próximos: LECAPs de junio por LECAP de agosto

La operación aprobada permitirá reemplazar dos títulos con vencimientos inminentes: la LECAP S18J5 (18 de junio de 2025) y la LECAP S30J5 (30 de junio de 2025), ambos en manos del BCRA, por la LECAP S29G5 con vencimiento el 29 de agosto de 2025. Esta extensión de plazos busca evitar concentraciones de pagos y aumentar la previsibilidad del programa financiero.

Según lo establecido, los precios de conversión serán definidos al valor de mercado vigente el 9 de junio de 2025, utilizando como referencia las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). La liquidación se concretará el 10 de junio.

Más plazo, menos presión: el BCRA reduce su exposición de corto plazo

La ampliación del instrumento vigente fue autorizada hasta un valor nominal original (VNO) de $1 billón, y se encuadra en el artículo 38 de la Ley de Presupuesto (27.701) prorrogada para el ejercicio 2025. La Secretaría de Finanzas y la de Hacienda, conducidas por Pablo Quirno Magrane y Carlos Guberman respectivamente, avanzan con una política activa de refinanciamiento orientada a despejar vencimientos sin expandir la base monetaria.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Tesoro redujo drásticamente su dependencia de deuda de corto plazo y del financiamiento indexado. Además, esta operación fortalece la coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCRA, consolidando el proceso de estabilización macroeconómica.

Implicancias para el mercado y señales de disciplina fiscal

La decisión de renovar deuda de corto por instrumentos con vencimiento más alejado, sin recurrir a nueva emisión monetaria, apunta a reforzar la credibilidad del programa económico. Para el mercado financiero, esta operación reduce riesgos asociados al “roll-over” de vencimientos masivos en junio y da continuidad al esquema de tasas sostenibles.

Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la meta de déficit cero y el ordenamiento del balance del Banco Central, enviando una señal clara a los inversores locales y extranjeros en un contexto de baja inflación y recuperación de reservas.

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Freno en la coparticipación y gasto en alza: el nuevo dilema fiscal de las provincias

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Tras el ajuste de 2024, las provincias reactivan el gasto y advierten que complicará una baja de impuestos

Las erogaciones primarias en trece provincias crecieron un 24% real interanual en el primer trimestre de 2025, revirtiendo el ajuste del año anterior. La presión fiscal y el estancamiento de la coparticipación complican el equilibrio fiscal subnacional. El gasto en salarios públicos y jubilaciones empuja la expansión, mientras la inversión pública sigue en retroceso.

El mapa fiscal provincial muestra una reversión significativa en la dinámica del gasto público. Luego de un 2024 marcado por fuertes recortes, especialmente en transferencias no automáticas desde la Nación, los gobiernos subnacionales comenzaron 2025 con un impulso expansivo en el gasto primario.

Según un informe del IERAL-Fundación Mediterránea, en un grupo de trece jurisdicciones que ya publicaron sus cuentas fiscales —incluyendo CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Tucumán— el gasto primario creció 24% en términos reales en el primer trimestre, un salto significativo frente al año anterior.

El componente más dinámico del gasto fue el salarial. Tras una caída interanual del 21% en 2024, el gasto en personal creció 17% real en los primeros meses de 2025. Esto implica que, en el acumulado bianual, el ajuste real en esta partida fue apenas del 7%. En jubilaciones, la reducción acumulada entre 2023 y 2025 es solo del 1%.

En contraste, la inversión pública sigue retraída: la caída real acumulada en dos años alcanza el 34%, reflejando una recomposición selectiva del gasto corriente, con menos dinamismo en las erogaciones de capital.

Una de las razones detrás de esta expansión está en el frente electoral legislativo, pero también en un entorno financiero más adverso que el esperado. Según Politikón Chaco, las expectativas iniciales de una recuperación económica que mejorara la recaudación fueron moderándose con el correr de los meses.

El IVA, principal impuesto coparticipable, apenas creció 1,1% real entre enero y mayo respecto al mismo período de 2024. En abril y mayo mostró caídas, afectando el flujo de recursos hacia las provincias. Ganancias, el segundo tributo en importancia, cerró el período con una caída real acumulada del 2%, y los Impuestos Internos retrocedieron 0,7%.

Solo los tributos del conjunto “Otros Coparticipados” exhibieron una suba relevante (+24,1%), aunque representan menos del 1% del total distribuido, con escaso impacto en las finanzas provinciales.

El regreso al gasto expansivo pone en duda las chances de avanzar con una reducción de la presión impositiva en las provincias. “Si este comportamiento se extendiera al resto de las 24 jurisdicciones, se estaría revirtiendo buena parte del ajuste fiscal logrado en 2024, disminuyendo las posibilidades de reducir impuestos en el futuro”, advierte el informe del IERAL.

Desde Politikón Chaco, Alejandro Pegoraro apunta que parte del financiamiento de este gasto se apoyó en una inercia de la coparticipación más alta en los primeros meses y en la colocación de deuda en pesos por parte de algunas provincias, como Mendoza, Buenos Aires y Chaco. Sin embargo, esta estrategia no es sostenible si la recaudación nacional no mejora.

El contraste con la Nación es evidente: mientras el gasto primario nacional cayó 27% real en el bienio 2023-2025, en las trece provincias medidas apenas lo hizo en un 8%. En el inicio de 2025, mientras la Nación expandió su gasto un 8% interanual, las provincias lo hicieron al triple.

Este rebote plantea dudas sobre la sostenibilidad del equilibrio fiscal subnacional en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica, presiones sociales por mayor gasto y caída real de recursos automáticos.

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ARCA actualiza normativa de facturación para operaciones con no inscriptos en IVA

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La ARCA actualiza el régimen de percepción de IVA para simplificar operaciones con consumidores finales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la normativa del régimen de percepción del IVA para operaciones con sujetos no categorizados, elevando a $10 millones el umbral para considerar automáticamente como consumidor final al adquirente. La medida apunta a reducir cargas administrativas y fomentar una gestión tributaria más eficiente.

Simplificación fiscal para comercios minoristas y mayoristas

A través de la Resolución General 5710/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ARCA dispuso una modificación clave al régimen de percepción del IVA establecido en la Resolución General 2126. El cambio eleva el monto máximo de operación para considerar a una persona como consumidor final a $10 millones, en determinados rubros comerciales.

La actualización se aplicará exclusivamente a los vendedores, locadores o prestadores de servicios que desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas, conforme el “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE):

  • 463180: Venta mayorista en supermercados de alimentos.
  • 471110: Venta minorista en hipermercados.
  • 471120: Venta minorista en supermercados.
  • 471130: Venta minorista en minimercados.

Nueva regla para la identificación de consumidores finales

Hasta ahora, los contribuyentes debían declarar expresamente su condición de consumidor final en cada operación, lo que generaba complejidades administrativas en facturación. Con la nueva redacción del inciso b) del artículo 2° de la Resolución General 2126, se presume dicha condición cuando la operación no supere los $10 millones, siempre que el vendedor no tenga indicios razonables para presumir lo contrario.

Este criterio aplicará únicamente a las actividades económicas detalladas y será válido a partir del primer día del mes siguiente a su publicación (julio de 2025).

La medida se enmarca en las facultades conferidas a la ARCA por la Ley 11.683 (procedimiento tributario), la Ley de IVA (TO 1997) y sus reglamentaciones, así como por los decretos que regulan la administración financiera y tributaria. Además, responde al mandato del Decreto 353/2025, que instruye a la Agencia a simplificar sus normativas en materia de fiscalización e información.

Este ajuste forma parte de una serie de reformas introducidas tras la disolución de la AFIP y la creación de la ARCA como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía, establecida mediante el Decreto 953/2024.

La simplificación dispuesta apunta a desburocratizar las operaciones comerciales, especialmente para grandes superficies y cadenas de comercialización de alimentos. Al elevar el umbral de identificación como consumidor final, se agiliza la emisión de comprobantes y se reduce la exposición a contingencias fiscales por errores de categorización.

Desde la ARCA aseguran que seguirán avanzando en medidas similares para reducir la carga operativa sobre los contribuyentes, sin desatender el control fiscal.

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Nueva reglamentación permite el uso de biodiesel y bioetanol en el transporte fluvial y marítimo

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El Gobierno habilita el uso de biocombustibles en embarcaciones y crea la figura de “Operador de Bunker”

La Secretaría de Energía actualizó la normativa para permitir el uso de biocombustibles puros o mezclados en embarcaciones fluviales y marítimas. Se incorpora una nueva categoría al Registro de Operadores con requisitos específicos para el suministro naval.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó este martes la Resolución 252/2025, mediante la cual autoriza la utilización de biocombustibles —en estado puro o mezclados con combustibles fósiles— en embarcaciones fluviales y marítimas. La medida forma parte del marco regulatorio establecido por la Ley 27.640, vigente hasta 2030, y tiene como objetivo ampliar el uso de energías renovables en el transporte, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar la matriz energética nacional.

Incorporación del “Operador de Bunker” al Registro Nacional

La resolución también introduce una nueva figura regulatoria: el Operador de Bunker de Biocombustibles, definida como la persona física o jurídica que suministra biocombustibles para embarcaciones, con o sin instalaciones propias. Esta categoría se incorpora formalmente al Registro de Operadores de Biocombustibles y Mezcladores, establecido por la Resolución 689/2022 y sus modificatorias.

Los operadores de bunker deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y regulatorios, que incluyen:

  • Inscripción como almacenador en el registro nacional.
  • Certificado de auditoría de seguridad de las instalaciones.
  • Habilitación ambiental y aduanera.
  • Currículum del responsable técnico a cargo de la planta.
  • En caso de no contar con instalaciones propias, contratos con empresas habilitadas para el almacenamiento.

Esta medida busca facilitar la operatoria logística del suministro de combustibles en puertos y garantizar estándares de seguridad y trazabilidad en toda la cadena de abastecimiento.

La Ley 27.640, sancionada en 2021 y reglamentada en años posteriores, sustituyó el anterior régimen de promoción de biocombustibles y sentó las bases para una política de transición energética centrada en la eficiencia, sostenibilidad ambiental y desarrollo industrial nacional. En este marco, la Resolución 252/2025 marca un avance concreto hacia la incorporación de biocombustibles en sectores de alto consumo energético, como el transporte marítimo.

Según la normativa vigente, el uso de estos combustibles será optativo para el usuario final, siempre que los motores de las embarcaciones sean compatibles.

Una estrategia alineada con la descarbonización

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, firmante de la resolución, destacó que la medida acompaña las tendencias internacionales hacia la descarbonización del transporte, particularmente en el sector marítimo, responsable de cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂.

El texto de la resolución subraya que “el uso de biocombustibles en embarcaciones marítimas se encuentra en aumento, en tanto tienen el potencial de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector”.

Con esta modificación, se espera una mayor demanda de biodiesel y bioetanol en puertos argentinos, lo cual podría dinamizar la industria nacional de biocombustibles. La nueva figura del operador de bunker también abre oportunidades de inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución para este nicho.

La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, el 10 de junio de 2025, y ya está disponible en su totalidad en el sitio oficial del Boletín Oficial de la República Argentina.

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Cómo cambia la gestión interna de ANSES con las nuevas pautas para procedimientos administrativos

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ANSES profundiza la modernización normativa: aprueban nuevas herramientas para agilizar procedimientos internos

La Resolución 245/2025 marca un hito en el proceso de simplificación administrativa en la seguridad social, con impacto directo en la eficiencia operativa y la gestión prestacional.

Nueva arquitectura para los procedimientos internos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó, mediante la Resolución 245/2025, un nuevo marco normativo para la elaboración, aprobación y aplicación de sus procedimientos internos. Esta medida refuerza el “Plan de Simplificación y Actualización de Normas de Procedimiento” aprobado en 2024, eliminando plazos artificiales y consolidando un enfoque de mejora continua.

El cambio más significativo es la incorporación de las Circulares Internas de Procesos Provisorios (CIPP), un instrumento normativo ágil que permite implementar procedimientos urgentes por hasta 60 días hábiles, asegurando la continuidad operativa sin comprometer el orden legal.

ANSES pone fin a la Comisión de Seguimiento y redefine el circuito normativo

La resolución elimina la Comisión de Seguimiento Normativo, creada originalmente para supervisar el cumplimiento de los plazos del plan de simplificación. Dado que el Manual de Procedimientos es un documento en constante evolución, la Dirección Ejecutiva decidió eliminar cualquier restricción temporal y centralizar la potestad normativa en la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas (DGDPyN).

Además, se aprueban tres nuevos anexos estructurales:

  • Anexo I: Nueva estructura general del Manual de Procedimientos.
  • Anexo II: Apertura temática, que organiza el manual en 21 capítulos desde Prestaciones hasta Recursos Humanos.
  • Anexo III: Pautas técnicas para la redacción y diagramación de normas, con criterios unificados de estilo, estructura, flujogramas y control.

Objetivos estratégicos: eficiencia, transparencia y calidad en los servicios

El nuevo marco normativo busca optimizar la gestión administrativa a través de procedimientos más simples, actualizados y con fuerte soporte digital. Las normas deben ser claras, uniformes y permanentes, orientadas a mejorar la experiencia del usuario, tanto interno como externo.

Este rediseño incluye lineamientos para detectar procedimientos obsoletos y adecuarlos frente a cambios normativos o institucionales. “La automatización, la estandarización y el uso de tecnología son claves para garantizar la transparencia y la eficiencia operativa”, indica el documento aprobado por la Dirección Ejecutiva.

Qué son las Circulares Internas de Procesos Provisorios (CIPP)

Las CIPP surgen como solución inmediata frente a situaciones excepcionales que requieran la implementación urgente de nuevos procesos, sin tiempo para recorrer el circuito habitual de aprobación. Tienen una vigencia máxima de 60 días hábiles y deben ir acompañadas de una justificación técnica documentada.

Este mecanismo busca reducir tiempos de respuesta y evitar interrupciones en la atención, al tiempo que garantiza que los procedimientos definitivos sean elaborados y aprobados dentro de un plazo razonable.

La resolución refuerza la autonomía técnica de ANSES en la gestión de sus procedimientos internos y sienta las bases para una administración pública más ágil, con mayor control de gestión y capacidad de adaptación. La estrategia normativa se alinea con los objetivos del Gobierno Nacional de reducir costos, optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio prestacional.

En un contexto donde los sistemas de protección social enfrentan crecientes desafíos, esta hoja de ruta normativa representa una apuesta por una gestión más moderna, predecible y centrada en el ciudadano.

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