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Destacan el cumplimiento de metas de Argentina, luego de que el FMI aprobara la tercera revisión

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El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y diversos economistas destacaron hoy el cumplimiento de las metas por parte del país en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional, que permite allanar el camino para un desembolso de US$ 6.000 millones que posibilitará pagar los vencimientos previstos del programa de 2018.

De Mendiguren hizo foco en los comentarios de los técnicos del FMI que acompañaron la tercera revisión del programa y cuestionó que la oposición “no lea” este tipo de diagnósticos.

“La oposición es tan poco seria que ni siquiera lee lo que dice el FMI sobre la economía argentina”, criticó esta mañana de Mendiguren a través de un comunicado.

El funcionario hizo referencia a los comentarios de Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental; y Ashvin Ahuja, jefe de Misión para la Argentina, quienes forman parte del equipo del FMI en las revisiones con la Argentina.

“La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica: se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”, señalaron anoche al anunciar que llegaron a un acuerdo a nivel técnico con el equipo económico del país sobre la tercera revisión del programa del organismo.

El acuerdo allana el camino para un desembolso de US$ 6.000 millones, el cual deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera que se reúna este mes.

“A pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todos las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de septiembre de 2022, incluido el déficit fiscal primario debido a fuertes controles de gastos y acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social”, afirmaron los técnicos del Fondo, quienes señalaron, a su vez, que “las autoridades siguen encaminadas en cumplir los objetivos del programa para fin de 2022”.

También remarcaron que “las acciones del nuevo equipo económico están comenzando a dar sus frutos, la inflación se está moderando (aunque desde niveles altos) y la balanza comercial está mejorando, en gran parte debido a una desaceleración apropiada de la demanda interna y las importaciones”.

De Mendiguren se mostró de acuerdo con el diagnóstico, y concluyó que “hay una gestión macroeconómica prudente y ordenamiento gradual en todas las variables”.

En la misma línea, diversos economistas destacaron el cumplimiento de las metas por parte del Gobierno a través de las medidas instrumentadas en los últimos meses, ya sea en el plano fiscal como en el monetario.

“Siempre cumplir una meta con el Fondo es importante para una economía con tantas fragilidades como la Argentina porque permite generar expectativas de que la hoja de ruta –en este caso, el acuerdo con el Fondo- se sigue cumpliendo”, enfatizó Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica en diálogo con Télam.

Si bien Delgado consideró que será “desafiante” cumplir con la meta de reservas para el cuarto trimestre al cerrar el año, señaló que la segunda edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) –conocido como “dólar soja”- “puede contribuir” a que la misma sea alcanzada.

“Posiblemente lleguemos holgados con la meta de acumulación de reservas (de US$ 5.000 millones para este año) y de déficit fiscal cuando hace un mes y medio atrás se tenían muchas dudas e incertidumbre sobre si se podía llegar a cumplir con ambos objetivos”, coincidió por su parte el director de la Consultora Sarandí, Sergio Chouza, quien también indicó a Télam que con “el nuevo dólar soja y los resultados que vienen dando en los primeros días parece que van a aliviar ese objetivo”.

De cara al 2023, ambos economistas se mostraron de acuerdo en que la política económica deberá seguir la misma senda, un aspecto recalcado por el FMI en el anuncio de anoche.

Es ese el punto de vista de Cubbedu y Ahuja, quienes enfatizaron que una “sólida implementación del programa es esencial a futuro” y que, para ello, “será fundamental” seguir con la baja “del financiamiento monetario”.

“Los agregados monetarios, la emisión y la base viene cayendo en términos reales”, explicó Delgado e indicó que, en el caso del gasto, el mismo se sitúa “20 puntos reales por debajo de lo que venia creciendo el año pasado”.

En tanto, Chouza precisó que el país deberá “extremar los esfuerzos” en el año entrante para encuadrarse dentro de los objetivos estipulados por el programa.

Entre ellos se encuentra prevista una reducción del déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022 al 1,9% en 2023.

Por otro lado, la asistencia financiera del Banco Central (BCRA) al Tesoro deberá pasar del 1% del PBI al 0,6% en 2023.

Si bien para Chouza la meta de emisión de 2023 será “más módica” al plantearse una reducción de 0,4 puntos frente a la de 2,7 puntos de este año, la meta de reservas “se vuelve un poco más agresiva” al prever engrosarlas en US$ 4.000 millones.

“Posiblemente la demanda de importaciones caerá porque el crecimiento económico va a moderarse el año que viene. Eso posibilitaría un mayor superávit fiscal y, por ende, consolidar más reservas en el Banco Central”, estimó el economista.

Por su parte, el economista Fausto Spotorno consideró “bastante buenos” los comentarios del FMI, que reconocen el “esfuerzo fiscal por reducir el déficit de acuerdo a las metas, que el gasto público creció por debajo de la inflación y el déficit fiscal es hasta ahora de 1,5 punto de PBI, lo cual le deja para los últimos dos meses hasta un punto de déficit para cumplir con la meta, lo cual digamos es factible”.

En declaraciones a Télam, Spotorno agregó que también “dice que el año que viene tiene que seguir con el ajuste fiscal para llegar al 1,9% de déficit y continuar con la política de contención del gasto e incluso movilizar impuestos para recaudar mejor”.

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Al-Khelaïfi le puso precio al PSG y piensa en una futura venta

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Al-Khelaïfi le confirmó a un medio especializado en finanzas que está valuado en 4 mil millones de euros y que la idea es vender un quince por ciento.

Después de diez años consecutivos de fuertes inversiones sin haber podido conseguir el objetivo máximo, la Champions League, el PSG decidió iniciar una política de apertura. En pleno Mundial de Qatar 2022, Al-Khelaïfi confirmó al Financial Times que está dispuestos a vender un 15 por ciento del club francés.

El presidente del club viene manteniendo en los últimos meses conversaciones con distintos inversores para iniciar nuevas estrategias de posicionamiento para expandir la marca. Según afirma el reconocido medio en cuestiones financieras si alguien comprara el 100 por ciento del club hoy en día debería abonar 4 mil millones de euros, una cifra récord que supera la venta del Chelsea por 2.5 millones este año. Así que quien quera quedarse con ese porcentaje que los qataríes pretenden vender deberán desembolsar unos 600 millones de euros aproximadamente.

Estos números, en caso de darse finalmente la operación, significarían una tremenda plusvalía para los dueños actuales. Compraron el club en 2011 por 70 millones y gastaron más de 1600 millones de euros en grandes estrellas como Messi, Neymar, Mbappé, Beckham e Ibrahimovic.

Igualmente, Al-Khelaïfi remarcó también que esto no tiene nada que ver con que se hayan “cansado” del fútbol. PSG ya piensa en la inauguración del año que viene de su nueva y lujosa ciudad deportiva y está buscando un nuevo estadio para poder recibir a más hinchas que en el Parque de los Príncipes.

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Uruguay inicia su hoja de ruta para un peso digital a partir de 2025

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Ana Claudia de los Heros, gerenta del Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay (BCU), confirmó a Forbes Uruguay que están desarrollando la reglamentación que habilite los cheques electrónicos y que el próximo paso será una hoja de ruta para la emisión de una moneda electrónica. Sin embargo, el presidente del BCU Diego Labat precisó que el peso digital no será realidad hasta después de 2025 y desvinculó su futuro al de las criptomonedas.

e está “terminando de reglamentar en breve” la normativa legal para que circulen “en el correr de 2023 los cheques electrónicos” y tengan validez archivos digitales con cheques comunes escaneados -tal como se legisló el 17 de mayo último-, confirmó a Forbes la economista Ana Claudia de los Heros, gerenta del Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay (BCU) y moderadora de la presentación este miércoles de la “Hoja de Ruta 2023-25”. Pronto habrá otra hoja de ruta para estudiar y organizar la emisión de la moneda electrónica uruguaya, pero no en este gobierno.

La novedad va en línea con una de las prioridades declaradas por la entidad en la presentación de ese camino: “Continuar estableciendo un ambiente propicio a la innovación con reglas de juego claras para la incorporación de tecnología en el sistema financiero y sistema de pagos”.

El cheque físico de papel seguirá, en una política de “neutralidad respecto de la elección de la solución tecnológica” para consumidores y empresas entre los diferentes medios de pago, según defendió el presidente del BCU, Diego Labat, como el séptimo principio del organismo, convergente con el octavo y último: “Promoción de la innovación”.

Las líneas de acción hasta 2025 -al fin de este gobierno- fueron presentadas por Labat ante el presidente de la República Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, el ministro de Industria Omar Paganini y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, que asistieron en primera fila de la Sala Enrique Iglesias de la sede central al anuncio de esta segunda agenda, luego de la primera hoja de ruta que se siguiera de octubre de 2020 hasta el 2022.

El BCU postuló implementar “sistemas integrales de compensación que funcionen las 24 horas y los siete días de la semana”, así como promover “la implementación de un sistema de pagos rápidos en línea (FPS)”, con asesoramiento y talleres de expertos de sistemas de India y Brasil, que Labat cree que avanzaron más que México, Argentina y Estados Unidos en las mejores prácticas.

Sin embargo, como rendición de cuentas, admitió ante los miembros del Poder Ejecutivo y sus funcionarios, que las transferencias instantáneas en Uruguay funcionan “todavía sin suficiente éxito” y las “transferencias de débito están listas” aunque reconoció que todavía no se aplican.

Labat contestó a Forbes que un peso digital no será realidad en el actual quinquenio, pero que junto a su Hoja de Ruta de 2023-2025 del Sistema de Pagos, se seguirá “elaborando un marco conceptual y propuesta de hoja de ruta para emisión de una moneda eléctrónica” por el BCU.

No tiene apuro, dejó claro, cuando fue consultado acerca de si el derrumbe global de las criptomonedas podría adelantar en nuestro país “el horizonte de la moneda digital. Yo digo que no, no necesariamente. La moneda digital tiene otros requerimientos y hay que plantearse para qué uno la quiere, que es lo que pretendemos discutir en los próximos dos años”.

Una primera experiencia piloto parcial en la materia “ya se realizó en el Banco Central en el año 2017”, dijo la gerenta Ana Claudia de los Heros a Forbes, en alusión -sin nombrarlo- a la presidencia del banco del hoy senador Mario Bergara (FA), durante el gobierno anterior.

Sobre si no se aceleraría la prioridad de ofrecer una moneda digital uruguaya, respaldada por reservas y controlada en sus intercambios, para dar una opción de seguridad al usuario o inversor nacional, Labat entiende que se necesita una regulación del uso de las criptomonedas en Uruguay.

“Creo que sí, por eso emitimos un documento en el pasado año 2021 con todos los lineamientos de lo que queremos regular y lo que no”. Una parte se aprobó en mayo 2022 y la parte sobre criptodivisas está en tratamiento de primera cámara en el Palacio Legislativo.

En la Agenda 2023-2025, otra de las prioridades pautadas es “profundizar el marco conceptual de activos virtuales en lo referente al tratamiento de las monedas estables”. Las stablecoins son criptomonedas de menor volatilidad en su cotización por estar vinculadas al resguardo de un activo estable o una canasta de activos, aunque dichos tipos de back-up puedan incluir un arco de opciones que va desde los commodities (materias primas) hasta otros criptoactivos.

Labat evalúa que el alcance del uso de criptodivisas en nuestro mercado local “hoy es muy bajo”. Sin embargo, aseguró: “Nos importa tomar el papel de que el ciudadano tenga claro los riesgos que eso implica. Toda la tecnología sobre la que se basan los activos virtuales tiene un montón de ventajas pero hay de fraudes a muchísimos riesgos. Lo importante es advertir y hemos hecho varias advertencias al público del riesgo que corre al invertir en criptomonedas”, concluyó.

La carta orgánica del Banco Central fija, en su artículo 3, la “supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero” como su segundo objetivo, luego de la “estabilidad de precios”. Ello ha llevado al organismo monetario a una política contractiva en un año, mediante suba de tasas de referencia de 4,5% a 11,25%.

La ruta de decisiones del Comité de Política Monetaria (COPOM), que encabeza Labat, tiene un último mojón este año el 15 de diciembre, en que los economistas que consultados prevén la suba de 50 puntos al 11,75%.

Una sola razón podría cambiarlo horas antes, el día 14, y sería que la Reserva Federal de EE.UU. no ralentizara sus subas a 0,50% en vez de las cuatro seguidas anteriores de 0,75%. Pese a la leve reciente baja de su inflación interanual, el techo en 2023 de las tasas de la Fed se debate entre el 6% y el 7%. Todo ello influirá en la última decisión clave que tome el directorio bancocentralista en 2022, que condicionará a los créditos e inversiones al inicio del nuevo año.

Fuente Forbes Uruguay

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En octubre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $103.049,1 millones

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En el mes de octubre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $129.122,1 millones, y un déficit financiero de $211.324,4 millones, sin considerar los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos. A su vez, entre enero y octubre se acumula un déficit primario de $1.225.174,3 millones y un déficit financiero de $2.171.155,8 millones, también sin considerar los ingresos antes mencionados.

Si no se descontaran dichas rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos, el déficit primario para el mes de octubre ascendería a $103.049,1 millones. Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $82.202,3 millones, lo que implica un déficit financiero de -$185.251,4 millones.

En el período de referencia, los ingresos totales del SPN ascendieron a $1.500.657,9 millones y presentaron una variación interanual de +94,5% frente a octubre de 2021, impulsada tanto por impuestos ligados al mercado interno, como al comercio exterior. De esta manera, los ingresos tributarios alcanzaron los $1.363.262,1 millones (+97,0% i.a.), motorizados principalmente por los recursos de la seguridad social y los asociados a la actividad económica.

Los ingresos asociados a Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social evidenciaron un incremento de +88,7% i.a., como consecuencia del incremento del salario medio del sector privado y sector público. Cabe mencionar que estos ingresos se encuentran disminuidos por las exenciones para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud y de las provincias del Norte Argentino.

Dentro de los ingresos ligados a la actividad económica, se destaca la recaudación asociada al IVA neto de reintegros (+$138.372,0; +108,6% i.a), como así también el impuesto a los Créditos y Débitos (+$60.107,0 millones; +86,5% i.a.). Por último, la recaudación asociada a las Ganancias presentó una variación de +$108.212,6 millones (+137,5% i.a.), producto del ingreso de la primera cuota del pago a cuenta extraordinario de ganancias realizado por las sociedades.

Mientras tanto, los tributos del comercio exterior se duplicaron frente a octubre de 2021, por lo que se incrementaron en +$117.157 millones. Esta suba estuvo impulsada principalmente por los Derechos de Exportación que crecieron +108,4% i.a., producto del registro de DDJJ de exportación del complejo sojero realizado el 30 de septiembre en el marco del Decreto 576/2022, que por cuestiones de registro tuvo impacto en el mes de octubre. Por otro lado, la recaudación por Derechos de Importación, registró una suba interanual del +73,7% (+$20.287 millones).

Respecto de las erogaciones del Sector Público Nacional, las mismas alcanzaron los $1.603.706,9 millones presentando una suba de +63,5% i.a. En este sentido, el gasto primario acumulado del Sector Público Nacional en el periodo enero-octubre arrojó una variación de +72,4% i.a. respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando así un proceso de desaceleración del gasto primario real por quinto mes consecutivo.

En lo que refiere a las prestaciones de la seguridad social, las mismas ascendieron a $580.525,9 millones (+79,1% i.a). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja incrementos conforme se recupera el mercado de trabajo formal y crece la recaudación. Por otra parte, las remuneraciones registraron una variación de +84,2% i.a. producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $622.721,0 millones (+68,6% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$211.624,5 millones (+71,9% i.a). Entre ellas, se destacan los pagos correspondientes a las Asignaciones Familiares (+$19.873,6 millones), que contemplan el pago del complemento mensual dispuesto por el Decreto N° 719/2021. A su vez, es menester mencionar que dichos beneficiarios recibieron el refuerzo mensual en el marco del Decreto N° 578/2022. Adicionalmente, se destaca en el corriente mes el refuerzo de ingresos otorgado a jubilados y pensionados en virtud del Decreto N° 532/2022, el incremento del programa Potenciar Trabajo (+$19.489,8 millones), producto del incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil; como así también las transferencias destinadas a las becas PROGRESAR (+$7.231,6 millones) y al programa ACOMPAÑAR (+$1.683,4 millones).

Por el lado de los subsidios energéticos, los mismos crecieron en +$74.340 millones (+60,7% i.a.), principalmente, por las transferencias a CAMMESA por $160.000 millones (+113,0% i.a).

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público ascendieron a $116.182,5 millones. Dentro de éstas, las transferencias corrientes a provincias arrojaron una variación de +$13.280,8. En este concepto es menester mencionar las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606, a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020 y aquellas realizadas por el Ministerio de Educación en el marco del FONID (+$5.548,2 millones). Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Universidades +$24.888,3 millones (+103,1% i.a) en virtud de los acuerdos salariales vigentes.

Finalmente, el gasto de capital registró una suba de +$67.980,1 millones respecto al año anterior. En lo que respecta a Inversión Real Directa, esta alcanzó los $57.470,3 millones (+100,0% i.a). Dentro de estas inversiones, se destacan las realizadas por Agua y Saneamiento S.A (AYSA) y ENARSA. Por su parte, las Transferencias de Capital a las Provincias, registraron un incremento de +$20.382,4 millones frente a octubre de 2021. Esta suba fue impulsada principalmente por el incremento interanual en las transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (+$16.997,8 millones).

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Efecto FTX: operadores cripto argentinos publican por primera vez pruebas de activos de sus usuarios

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Por Alejandro Tejero Vacas – Distintos operadores argentinos de criptomonedas publicaron “Pruebas de Fondos”, la primera muestra pública de los activos que custodian, administran y guardan desde la creación de estas empresas, tras la demanda de mayor transparencia y seguridad en la industria ante la quiebra de FTX, y su posterior efecto dominó sobre otras plataformas y fondos de inversión.

En los últimos días quedó en evidencia como, por múltiples fallas de seguridad y la negligencia a la hora de manejar el dinero de sus clientes, FTX, uno de los tres operadores más importantes del mundo quedó en bancarrota, en menos de una semana, luego de reconocer que no contaba con cerca de 6.000 millones de dólares que le reclamaban sus usuarios por -presumiblemente-, haber usado ese dinero para inversiones fallidas, sin su consentimiento.

“Varios operadores y plataformas Centralizadas (CeFi) fallaron debido a copiar el sistema de reserva fraccionaria de los bancos, por lo cual empiezan a prestar activos de sus clientes, los cuales deberían custodiar. De esta forma genera emisión secundaria dentro de CeFi”, explicó Pablo Sabbatella, fundador de Defy Education e investigador del ecosistema Ethereum, en un newsletter reciente sobre las causas de los colapsos de empresas cripto de estos últimos meses.

En ese sentido, aseguró, los operadores “muchas veces actúan como bancos, pero manejan el riesgo pésimamente peor y terminan quebrando por no poder responder ante la demanda de liquidez”, ya que “el manejo de riesgo que hacen, cálculo de encajes y demás medidas de risk management, es erróneo”, dado que no pueden hacer intermediación financiera como un banco comercial, sino que solo “deberían de ser custodios de nuestros activos”.

En respuesta a esta crisis de confianza, los operadores argentinos Buenbit y Lemon publicaron en los últimos días declaraciones de fondos custodiados, en las que aseguraron que guardan en múltiples direcciones de billeteras de diferentes blockchains criptomonedas de sus usuarios, desde stablecoins (DAI, USDC, USDT y BUSD) hasta volátiles, como Bitcoin, Ether, Cardano, BNB y Matic, entre otras.

En total, Buenbit aseguró que, al 11 de noviembre, custodiaba fondos en 20 tokens distintos por un valor de mercado cercano a los US$ 20 millones (según cálculos de Télam en base a información provista por la empresa y su cotización de mercado), mientras que Lemon reconoció administrar US$ 31,814 millones en 23 tokens distintos, según un documento firmado por escribano con datos al 17 de noviembre último.

“Siempre pensamos que la transparencia con los usuarios es super importante. Fuimos los primeros en listar cuáles son los protocolos descentralizados en los cuales invertimos los tokens de los usuarios y los únicos del país que, dentro de la aplicación, muestra en cuáles están invertidos y en qué porcentaje”, aseguró a Télam Matías Alberti, Country Manager de Argentina en Buenbit.

En ese sentido, dijo que decidieron hacer pública la prueba de fondos de activos que custodian para “transmitir tranquilidad en este contexto”, ya que lo que pasó con FTX trajo “mucho ruido al ecosistema”.

“Entendimos que había que actuar rápido en un contexto necesario”, destacó Alberti, aunque reconoció que el trabajo no está completo “al 100 por ciento”, ya que aún deben publicar lo que se denomina una “prueba de pasivos”, en la que deben constar que los activos que custodia la empresa coinciden con los depósitos de sus usuarios que, aseguró, tienen la intención de publicar “en los primeros días de diciembre”.

Por su parte, Marcelo Cavazzoli, Co Founder y CEO de Lemon, aseguró a Télam que los acontecimientos de las últimas semanas les mostraron “que el usuario necesita cada vez mayor transparencia y desde Lemon queremos contribuir a la confianza del ecosistema”.

“Nuestra Prueba de Fondos es un documento por el cual un contador público nacional certifica las tenencias cripto que posee Lemon -en custodia de sus usuarios- en las billeteras de la empresa”, aseguró Cavazzoli, a la vez que dijo que el informe “se complementa con otro documento (Prueba de Pasivos) certificado por escribano público, que indica el monto de los fondos de criptomonedas que los usuarios tienen depositados en Lemon”.

“En ambos documentos las cifras deben ser iguales. ¿Qué significa esto? Que todos los depósitos que la empresa recibe de sus usuarios están asegurados y en poder de la misma, listos para que el usuario pueda utilizarlos en el momento que los necesite”, detalló.

Sin embargo, otros actores del sistema mostraron reparos sobre estos documentos.

“Hemos visto muchas pruebas que simplemente consisten en documentos firmados por el CEO de la compañía, declarando que tienen todos los fondos en custodial. No dudo de la buena intención de estos documentos, pero si queremos avanzar como industria tenemos que apuntar a pruebas verificables por usuarios”, apuntó Santos Barrios, Co-Founder & CFO de Let’sBit.

Al respecto, Barrios dijo que están analizando “la mejor forma” de hacer una prueba de reservas, ya que “como mínimo debe contener las direcciones de las billeteras de fondos on-chain (para que los usuarios puedan seguir o controlar el camino de los fondos), subir o incorporar el documento en una blockchain pública para evitar adulteraciones futuras y trabajar con auditores reconocidos para los fondos en custodia centralizada”.

De un modo similar se expresó Manuel Beaudroit, CEO de Belo, quien dijo que si bien analizan hacer una prueba de fondos, “no tenemos una forma de hacerlo de forma automática por temas de infraestructura” y porque “hoy las Pruebas de Fondos son una foto y tiene que ser una película”, además de ser “un vector de ataque personal”.

“Lamentablemente, todo el ecosistema cripto está viviendo un contexto difícil. Desde hace tiempo, desde Belo incentivamos activamente el retiro de fondos hacia soluciones self-custodial cuando se trata de resguardar a largo plazo”, aseguró Beaudroit.

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