Javier Milei

Claves que abren el debate sobre la independencia monetaria y los límites al poder político en la reforma del BCRA

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzó a instalar uno de los debates económicos e institucionales más relevantes de los últimos años. El Gobierno nacional sostiene que el objetivo es impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria, consolidando un marco legal que preserve el valor de la moneda. Sin embargo, detrás del consenso que genera la necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica aparecen múltiples interrogantes sobre el alcance real del proyecto y sus posibles efectos de largo plazo.

Según el portal iProfesional el mercado financiero está digiriendo los lineamientos fundamentales del proyecto para reformar al Banco Central. Según declaración de intenciones de Javier Milei, servirá para que nunca más un gobierno despilfarrador pueda incurrir en déficits que luego son financiados con “la maquinita”.

Sin embargo, la propuesta sobra la nueva Carta Orgánica ya está despertando debates entre los expertos, que creen que hay riesgos ocultos en la “letra chica”. A continuación, un listado sobre las principales dudas que se plantearon sobre la reforma.

¿El desempleo no tiene nada que ver con el BCRA?

El presidente Milei considera una aberración el hecho de que la Carta Orgánica le asigne a una herramienta (el BCRA) una gran cantidad de objetivos, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Es por eso que propone que, en la reforma, se defina que el Central sólo debe preservar el valor de la moneda.

Sin embargo, no es necesariamente un tema que genere consenso a nivel mundial. En países que han sufrido el trauma de desempleos muy elevados, también se incluye la consecución del pleno empleo como objetivo de los bancos centrales.

Entre ellos, destaca el caso nada menos que de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en una enmienda de 1977 a su ley fundacional agregó expresamente que el cuidado del empleo está entre sus misiones fundamentales. De hecho, a la hora de tomar las decisiones sobre modificación de tasas de interés, uno de los indicadores clave en el análisis de la FED es el ritmo de creación de empleo.

Esto obedece a que, según los economistas que estudiaron la crisis de los años 30, la excesiva contracción monetaria fue un factor que agravó la recesión. Uno de los que argumentaron en ese sentido fue Milton Friedman, de quien Milei es declarado admirador.

¿Siguen vigentes los “regalos” del BCRA al Tesoro?

Hubo una chicana inmediata que plantearon los críticos de Milei luego de que éste publicara su propuesta: se plantea la conveniencia de prohibir medidas que este mismo gobierno ha adoptado. Eso, desde el punto de vista político, podría restarle credibilidad al gobierno a la hora del debate.

Concretamente, lo que se critica es el traspaso de utilidades desde el BCRA al Tesoro, basadas en ganancias contables, por activos que sólo se habían valorizado por efecto de la inflación.

Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Santiago Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el “clavo” de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.

Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese “activo”.

Como el propio ministro Toto Caputo reconoció en su comunicado, las letras intransferibles son, en realidad, un activo ilíquido y sin valor de mercado, que el BCRA había sido forzado a recibir, a cambio de dólares, que son un activo líquido y valioso.

Los economistas críticos hablaron de “maquillaje contable” y de un regreso de la “maquinita de emitir pesos”. Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.

Y la propuesta de Milei no llega a eliminar por completo la asistencia al Tesoro, sino que la limita a la cancelación de deudas. A primera vista, eso liberaría de la responsabilidad penal por emisión al directorio del BCRA.

¿Un resquicio para la emisión mediante la compra de deuda?

Milei señala la necesidad de terminar con el vicio de la emisión sin respaldo, pero hay analistas que destacan que no sólo con “la maquinita” se expande la cantidad de dinero, sino que también hay formas indirectas, como la compra de títulos de deuda por parte del Banco Central.

De hecho, hoy es una práctica común que la entidad dirigida por Santiago Bausili intervenga en el mercado secundario. Muchas veces, el sentido de esa intervención es incidir en el tipo de cambio, ya sea mediante la compra o la venta de bonos “dólar linked”.

El efecto de esa política es, de hecho, inyectar o retirar pesos del mercado. Por ejemplo, ha sido una situación repetida en las últimas semanas la venta de bonos antes de las licitaciones del Tesoro. De esa manera, el BCRA retira liquidez y, al mismo tiempo, contiene la cotización del dólar, con lo cual ayuda al Tesoro a que aumente el atractivo de sus colocaciones de deuda en pesos.

Es, por otra parte, un tema sobre el que los economistas no se ponen de acuerdo. Hay quienes sostienen que el BCRA sí debe contar con el permiso para comprar deuda, porque es una garantía para evitar que haya corridas por crisis de confianza sobre un default de los bonos.

¿Autonomía del BCRA o una mayor dependencia del presidente?

Otro tema polémico es cómo debe protegerse la independencia del directorio del BCRA respecto del poder político. En los hechos, todos los gobiernos, incluido el de Milei, han usado al Central como una oficina dependiente del presidente, y han interferido en su gestión.

El ejemplo más recordado fue la expulsión, por decreto, de Martín Redrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, porque el titular del BCRA se negaba a transferir reservas a un fondo dependiente del gobierno.

Pero no sólo el peronismo violentó la autonomía del Central: también durante el macrismo hubo injerencias. Ya el primer mes, hubo presión sobre Federico Sturzenegger para que se pusiera tope a un movimiento alcista del dólar. Y a los dos años, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció el fin del régimen de metas de inflación.

Lo que Milei plantea como solución es que se necesite una mayoría especial del Congreso -dos tercios de ambas cámaras- para remover a los directores, una cantidad de votos muy difícil de obtener. Pero, en contraste, no modifica el método actual para el nombramiento, que es mucho más laxo, a tal punto que hay directores designados “en comisión”, sin el aval del Senado.

Al respecto, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado del peronismo, dio una pista sobre cuál será el argumento opositor: “Si avanzara la propuesta de reforma oficialista, la asimetría entre el proceso de designación y el de remoción sería tan abismal que consolidaría la discrecionalidad presidencial”. Desde ese punto de vista, el presidente pondría a las autoridades del BCRA a su antojo y por decreto, mientras que al Congreso le resultaría casi imposible removerlas.

¿Quién detendrá a las cuasimonedas provinciales tras cambios en el BCRA?

Uno de los argumentos fundamentales de Milei es que con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA no solamente se pondría coto a la propensión de los políticos por el déficit fiscal nacional, sino que también funcionaría como disciplinador de los gobiernos provinciales y municipales.

Sin embargo, muchos analistas suelen recordar que, ante situaciones de crisis de caja, los gobiernos provinciales pueden volver a emitir cuasi monedas. De hecho, ocurrió con La Rioja durante el primer año de la gestión Milei, y otras provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, amenazaron con hacer lo mismo si desde la Casa Rosada no se regularizaban las transferencias de recursos.

Las cuasi monedas son, desde el punto de vista técnico, bonos y no dinero, dado que tienen una fecha de vencimiento, a la cual deben ser rescatados por el gobierno provincial. Eso es lo que hace que, por más que se reforme carta orgánica -de hecho, aunque el BCRA fuera eliminado- podrían seguir existiendo.

A lo sumo, lo que puede hacer el gobierno para desalentar su emisión es que ARCA no acepte las cuasimonedas para para el pago de impuestos -algo que sí se permitió en la crisis de 2001-, pero no es un riesgo que la reforma del Banco Central pueda hacer desaparecer.

Banco Central: ¿se puede volver todo atrás con una nueva ley?

Desde el punto de vista legal, lo que afirman los abogados es que una nueva carta orgánica no queda blindada por el hecho de que se sancione como ley del Congreso. El argumento es simple: en un próximo gobierno que tenga mayoría, una nueva ley podría sustituir a esta reforma.

Esto es lo que lleva a que algunos defiendan la necesidad de que la reforma esté respaldada por la propia Constitución nacional. Es un argumento que toma como referencia el célebre caso de Perú, que le dio amplia autonomía a su Banco de Reserva como parte de una reforma constitucional sancionada por el presidente Alberto Fujimori luego del autogolpe con el que disolvió el Congreso.

“El fin de la convertibilidad demostró que al cambiar la composición del Congreso, pueden revertir cualquier ley, y la Corte Suprema no ha dado indicios de proteger el derecho de propiedad”, afirmó Agustín Etchebarne, uno de los economistas más afines al gobierno.

¿El modelo peruano es válido para el Banco Central de Argentina?

Finalmente, queda pendiente el debate de fondo: ¿es realmente conveniente una independencia absoluta del Banco Central? Y, en todo caso, ¿es eso posible en un país como Argentina?

Entre quienes se muestran más escépticos figuran economistas que, al inicio de la campaña electoral de Milei, le aconsejaron la dolarización total de la economía. El caso más notorio es el de Emilio Ocampo, quien sostiene que el ejemplo de Perú -en el que aparentemente se basa la nueva reforma- no es aplicable al contexto argentino.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la legendaria fortaleza del Banco Central peruano no ocurre “a pesar de” la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

“La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables”, afirma el abanderado de la dolarización.

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Lula pide investigar de dónde salió la plata del viaje de Milei a Brasil y puede agravarse la crisis diplomática

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La tensión diplomática entre Argentina y Brasil continúa profundizándose. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta separar el conflicto político de la relación comercial bilateral, el Palacio de Itamaraty endureció su postura y mantiene por tiempo indefinido en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, a la espera de una señal de distensión por parte de la Casa Rosada.

Según fuentes diplomáticas brasileñas, el regreso del embajador dependerá exclusivamente de la evolución del conflicto. Mientras tanto, la representación brasileña en Argentina quedó a cargo del encargado de negocios, Eduardo Uziel.

La decisión constituye uno de los gestos diplomáticos más severos adoptados por Brasil desde el retorno de la democracia y llega después de que Milei calificara públicamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” durante un acto partidario en respaldo de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

La estrategia de la Casa Rosada

Desde el Gobierno argentino buscan minimizar el impacto institucional del conflicto. La posición oficial sostiene que las diferencias personales entre ambos mandatarios no alterarán la relación económica entre los dos principales socios del Mercosur.

En ese sentido, funcionarios nacionales remarcan que el comercio bilateral continuará funcionando normalmente y que las inversiones y los vínculos empresariales permanecerán al margen de la disputa política.

Sin embargo, la interpretación en Brasil es diferente. En Itamaraty consideran que los agravios fueron pronunciados por un jefe de Estado utilizando recursos oficiales y, por lo tanto, entienden que el conflicto ya dejó de ser una cuestión personal para convertirse en un incidente institucional entre ambos países.

Una denuncia que puede abrir otro frente

La crisis sumó un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia impulsada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), junto con legisladores aliados, para que la Fiscalía General de Brasil investigue si la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro constituyó una injerencia indebida en el proceso electoral brasileño.

El planteo solicita determinar quién financió el viaje presidencial, bajo qué carácter se realizó la visita —particular, oficial o de Estado— y si se utilizaron recursos públicos argentinos para participar de una actividad proselitista en otro país.

La investigación también busca establecer si existió utilización de estructuras estatales para favorecer una campaña electoral, una cuestión especialmente sensible para la legislación brasileña, que prohíbe el financiamiento extranjero de actividades políticas.

Posibles consecuencias en Argentina

El episodio también llegó a la Justicia argentina. Los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia para que se investigue un eventual uso indebido de recursos públicos durante el viaje presidencial a San Pablo.

La presentación apunta al empleo del avión presidencial, la utilización de fondos estatales y la participación de una comitiva oficial en una actividad de naturaleza partidaria, lo que podría derivar —si prospera la investigación— en causas por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una relación en su momento más delicado

En Brasil sostienen que el retiro del embajador marca un cambio de estrategia de Lula da Silva, que habría abandonado la tradicional prudencia diplomática frente a la Argentina para responder con mayor firmeza a los ataques del presidente argentino.

Por su parte, la Cancillería argentina asegura que no existen negociaciones para desactivar el conflicto y descarta cualquier gesto que pueda interpretarse como un pedido de disculpas. La apuesta oficial es preservar el vínculo comercial mientras la relación política atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de las últimas décadas.

Al trasfondo bilateral se suma además un componente geopolítico: en Brasil interpretan que Milei profundizó su alineamiento con Donald Trump, mientras Lula consolida su acercamiento estratégico con China, una dinámica que agrega una dimensión internacional a una disputa que ya excede el intercambio de declaraciones y comienza a impactar sobre la relación entre los dos principales socios del Mercosur.

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Sturzenegger avanza sobre el sistema de Riesgos del Trabajo: eliminan 122 normas para reducir burocracia y anticipan una reforma más amplia

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La reforma del mercado laboral comenzó a mostrar uno de sus primeros movimientos concretos fuera de las leyes de fondo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el inicio de una revisión integral del sistema de Riesgos del Trabajo con una medida que apunta a reducir la burocracia acumulada durante décadas: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) eliminó 122 resoluciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón, y constituye el primer paso de una estrategia más amplia orientada a revisar el costo regulatorio que enfrentan empresas, aseguradoras y trabajadores dentro del sistema creado por la Ley 24.557.

Empezamos a abordar el tema de los riesgos del trabajo. De los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación“, expresó Sturzenegger al presentar la medida. Según explicó, el objetivo es realizar una revisión integral de toda la normativa vigente junto con la SRT.

El ministro sostuvo que la resolución constituye una “limpieza normativa” que prepara el terreno para futuras reformas y destacó que muchas de las disposiciones eliminadas permanecían vigentes desde hacía más de tres décadas, prácticamente desde la creación del organismo.

Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas con procedimientos que ya habían sido reemplazados por plataformas digitales, registros administrativos que perdieron utilidad, estructuras internas sin funciones operativas y programas que dejaron de implementarse hace años. La resolución elimina, por ejemplo, el registro de graduados universitarios en Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información de la SRT y diversos procedimientos presenciales que habían quedado superados por la digitalización administrativa.

Una depuración normativa para reducir costos administrativos

La resolución distingue dos situaciones. Por un lado, reconoce formalmente la pérdida de vigencia de 29 resoluciones que, aunque seguían apareciendo como activas, ya habían sido reemplazadas por normas posteriores, por lo que su derogación era, en los hechos, tácita desde hacía años. Algunas de ellas habían dejado de producir efectos incluso desde 2002 o 2010.

En paralelo, la SRT derogó expresamente otras 93 resoluciones o artículos específicos cuyo objeto ya se había cumplido, cuyos plazos habían vencido o que resultaban redundantes dentro del actual marco regulatorio. Entre ellas aparecen numerosas normas dictadas entre 2015 y 2024 que habían quedado sin aplicación práctica.

Desde el organismo sostienen que esta depuración busca brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la consulta del Digesto Institucional y evitar que ciudadanos, empresas y profesionales deban interpretar un entramado normativo compuesto por disposiciones que ya no tenían efectos reales.

El objetivo: un sistema más simple y previsible

La medida se inscribe dentro del proceso de revisión normativa impulsado por el Decreto 90/2025, que ordenó a todos los organismos nacionales identificar regulaciones innecesarias para disminuir cargas administrativas y simplificar los procedimientos estatales.

En ese marco, la propia resolución sostiene que eliminar regulaciones obsoletas contribuye a reducir la incertidumbre jurídica, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia administrativa sin afectar derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas.

Para las empresas, la decisión implica un marco regulatorio más claro al eliminar obligaciones y procedimientos que ya no tenían aplicación efectiva. Para los estudios jurídicos, asesores laborales y profesionales de higiene y seguridad, la depuración también reduce el riesgo de interpretaciones contradictorias derivadas de normas que permanecían formalmente vigentes pese a haber sido superadas por regulaciones posteriores.

La señal política detrás de la medida

Más allá del alcance administrativo de la resolución, el mensaje político fue explícito. Sturzenegger vinculó la iniciativa con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei para reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del Estado.

“La agenda de reducir normas es el camino que nos señala el presidente Javier Milei”, afirmó el ministro, dejando entrever que la depuración normativa constituye apenas la primera etapa de una reforma más profunda sobre el régimen de Riesgos del Trabajo, un sistema que desde hace años acumula reclamos empresariales por sus costos, su litigiosidad y su complejidad regulatoria.

Aunque la Resolución 35/2026 no modifica las prestaciones ni los derechos de los trabajadores, sí marca el inicio de una revisión estructural que podría derivar en futuros cambios sobre uno de los componentes más sensibles del costo laboral argentino.

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La confianza en el Gobierno volvió a caer en julio, aunque Milei mantiene mejores niveles que Alberto Fernández

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La confianza de la sociedad en el Gobierno nacional volvió a deteriorarse durante julio, en un contexto donde la estabilización macroeconómica aún no logra traducirse en una recuperación sostenida de las expectativas ciudadanas. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de encuestas nacionales realizadas entre el 1 y el 16 de julio, se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de cinco, lo que representa una caída mensual de 6,5%. Con este resultado, el indicador retoma la trayectoria descendente que caracterizó a casi todo 2026, interrumpida únicamente por el leve repunte observado en junio.

El dato adquiere relevancia porque el ICG es uno de los principales termómetros de legitimidad política en Argentina. Más allá de las variables económicas, el índice mide percepciones vinculadas con la capacidad del Gobierno para resolver problemas, la honestidad de sus funcionarios, la eficiencia en la administración pública, la preocupación por el interés general y la evaluación global de la gestión.

A 31 meses del inicio del mandato de Javier Milei, la comparación histórica muestra un escenario de claroscuros. El nivel de confianza actual es 3,9% inferior al que exhibía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia, cuando el ICG alcanzaba 2,01 puntos. Sin embargo, supera ampliamente el registro de Alberto Fernández, cuyo índice era de apenas 1,12 puntos, una diferencia positiva del 73,3%. También se mantiene por encima de los niveles que mostraban las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner en igual etapa de gestión, aunque continúa por debajo de los valores registrados por Néstor Kirchner, quien conserva el mayor promedio histórico del indicador.

La baja de julio no fue homogénea. Cuatro de los cinco componentes del índice retrocedieron respecto de junio. El mayor deterioro correspondió a la percepción sobre la eficiencia en la administración del gasto público, que cayó 15,4%, seguida por la evaluación de la capacidad para resolver los problemas del país (-7,3%) y la percepción sobre la preocupación del Gobierno por el interés general (-6,9%). La única dimensión que prácticamente se mantuvo estable fue la vinculada con la honestidad de los funcionarios, que descendió apenas 0,4%.

El informe también permite identificar cambios relevantes en la composición del respaldo social. La mayor caída mensual se produjo entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza se redujo 23%, mientras que entre los mayores de 50 años continúa registrándose el nivel de apoyo más elevado. En paralelo, la brecha entre hombres y mujeres se redujo debido a un fuerte descenso de la confianza masculina, mientras que entre las mujeres incluso se observó una leve recuperación respecto del mes anterior.

Desde una perspectiva territorial, el interior del país continúa siendo la región donde el Gobierno conserva mayor nivel de confianza, con 2,09 puntos, por encima de la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, del Gran Buenos Aires, donde el índice volvió a registrar el menor nivel nacional con 1,63 puntos.

El estudio también confirma que las expectativas económicas siguen siendo el principal determinante de la confianza política. Entre quienes creen que la economía mejorará durante el próximo año, el ICG alcanza 4,15 puntos, más del doble del promedio nacional. En contraste, quienes esperan un deterioro económico apenas otorgan 0,33 puntos al Gobierno. La diferencia evidencia que la percepción sobre el futuro económico continúa siendo el factor que mejor explica el respaldo social a la administración nacional.

Otro dato significativo es que la confianza resulta considerablemente menor entre quienes fueron víctimas de delitos durante los últimos doce meses. En ese segmento el índice cayó 25,9% en julio, reforzando la incidencia que las preocupaciones vinculadas a la seguridad mantienen sobre la valoración de la gestión pública.

En términos estructurales, el retroceso del ICG no implica necesariamente un cambio abrupto en el escenario político, pero sí marca una advertencia para el Gobierno. La estabilidad macroeconómica comienza a consolidarse en algunos indicadores económicos, aunque todavía enfrenta el desafío de transformarse en una mejora perceptible para amplios sectores de la sociedad. La experiencia histórica del propio índice muestra que la sostenibilidad de la confianza depende menos de las expectativas iniciales que de la capacidad de convertir los avances económicos en resultados concretos sobre el ingreso, el empleo, la seguridad y la calidad de vida. En ese sentido, el ICG continúa reflejando que la legitimidad política sigue siendo un activo relevante para la administración de Javier Milei, aunque con señales de desgaste que obligan a observar con atención la evolución de los próximos meses.

Índice de Confianza en el Gobierno_DiTella_Julio2026 by CristianMilciades

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Georgieva se reunió con Milei y su gabinete

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La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina marcó un nuevo gesto de respaldo político al programa económico del Gobierno nacional y reforzó el mensaje que la administración de Javier Milei busca transmitir a los mercados: la consolidación fiscal y el desarrollo del sector energético son los pilares sobre los que pretende sostener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de mediano plazo.

La agenda comenzó con una reunión entre Georgieva y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, para luego trasladarse a la Casa Rosada, donde la titular del organismo fue recibida por el presidente Javier Milei. Posteriormente, encabezó junto al mandatario un encuentro de Gabinete ampliado en el que participaron las principales autoridades económicas y políticas del Gobierno, además de la cúpula técnica del FMI encargada del seguimiento del programa argentino.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

La delegación del Fondo estuvo integrada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; el jefe de misión para la Argentina, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampfli; el representante residente del organismo en el país, Max Alberto Alier Montenegro; y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Finalizado el encuentro, Georgieva publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejó explícito el respaldo del organismo al rumbo económico. “Gracias, presidente Javier Milei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, expresó.

El mensaje sintetiza la visión del Fondo respecto de la actual etapa del programa económico: consolidar las reformas estructurales, preservar el equilibrio macroeconómico y generar condiciones para que el capital privado acelere las inversiones productivas.

Vaca Muerta, el símbolo de la nueva etapa

La gira continuará este martes con una actividad inédita para una máxima autoridad del FMI. Georgieva viajará a Neuquén para recorrer el yacimiento de Loma Campana, en Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La visita representa un cambio de enfoque respecto de las tradicionales misiones del organismo. Mientras históricamente las negociaciones con el Fondo estuvieron centradas en las metas fiscales, monetarias y financieras, esta recorrida incorpora la dimensión productiva del programa económico, poniendo el foco en el principal activo estratégico del país para la generación de divisas.

Desde el Gobierno consideran que Vaca Muerta constituye la principal plataforma para incrementar las exportaciones energéticas durante la próxima década y fortalecer la acumulación de reservas internacionales, un aspecto clave para consolidar la estabilidad cambiaria y mejorar la capacidad de repago de la deuda externa.

La recorrida también es interpretada por analistas del mercado como una señal institucional hacia los inversores internacionales, al mostrar el respaldo del FMI a uno de los proyectos productivos con mayor potencial de crecimiento de la economía argentina.

Estabilidad macroeconómica e inversión, los desafíos de la próxima etapa

Más allá del respaldo político, la visita se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reafirmar la sostenibilidad de su programa económico hasta 2027. En el plano técnico, las conversaciones incluyen el seguimiento de las metas comprometidas con el organismo, particularmente luego de que el Sector Público Nacional registrara en junio un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo superior al billón de pesos.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron esos resultados a factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo y el diferimiento en la percepción del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas, al tiempo que ratificaron el objetivo de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno al cierre de 2026.

En este escenario, la presencia de Georgieva combina dos dimensiones complementarias. Por un lado, representa un respaldo institucional a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Por otro, busca fortalecer la confianza de los mercados en la capacidad del país para sostener el programa económico mediante una combinación de disciplina fiscal, estabilidad financiera y expansión de sectores estratégicos como la energía.

Con la visita a Vaca Muerta, el Gobierno intenta mostrar que la discusión con el FMI ya no se limita únicamente al cumplimiento de metas financieras, sino que incorpora una agenda orientada al crecimiento, la inversión y la generación estructural de divisas como condición para consolidar la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

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