El mate identidad
Sin querer, la yerba mate tocó fibras sensibles en Misiones y abrió un debate que sirve para actualizar conceptos políticos. El disparador fue la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate que limitó las futuras plantaciones a cinco hectáreas por productor para evitar una sobreproducción que tire abajo los precios. Es un fantasma que en forma cíclica sobrevuela el mercado yerbatero. A fines del siglo pasado, en la era de la desregulación, una crisis de sobreoferta y bajos precios le dio vida al mismo INYM al calor de un tractorazo que hace poco cumplió dos décadas. Es el mismo fantasma que hace poco obligó al INYM a prohibir las plantaciones durante 2017, 2018 y 2019, una medida mucho más drástica que nunca llegó a cumplirse durante el gobierno de Cambiemos.
Ahora la limitación de plantaciones abrió un litigio que deja expuestos los modelos y las políticas productivas de Misiones y Corrientes.
Por estas horas será la Corte Suprema la que dirima dónde finalmente se debe discutir la potestad del INYM de poder regular los mercados. La yerbatera La Cachuera cuestionó esa potestad ante el juez Gustavo Fresneda, un juez federal de Paso de los Libres muy cercano al radical Ricardo Colombi y que llegó ocupar ese cargo en los últimos meses del gobierno de Cambiemos. El magistrado siquiera escuchó los argumentos del INYM o de Misiones en defensa de la regulación de plantaciones y falló a favor de los intereses de la empresa que, coincidentemente, son los mismos que los exhibidos por el gobierno correntino y la principal yerbatera de la provincia vecina, Las Marías.
El INYM apeló y consiguió un primer guiño. La misma Cámara Federal de Corrientes elevó la causa a la Corte para que dirima dónde debe discutirse el tema: la Justicia federal misionera reclamó la causa, ya que tanto el INYM como La Cachuera tienen domicilio aquí. En Paso de los Libres siquiera se planta yerba.
Pero es una causa que va más allá del deseo de La Cachuera de expandir sus yerbales. Está en juego mucho más. Está en juego la misma existencia del INYM, cuya razón de ser es el poder regular los precios y mercados para garantizar una sustentabilidad de la cadena. Sin esa facultad, es volver a los 90.
La política productiva de Misiones también se pone sobre el tamiz. Se trata de la definición de un modelo productivo que Misiones y que forma parte de su misma identidad: pequeñas parcelas con miles de familias de productores que viven de la yerba, el tabaco u otros productos. La provincia de Corrientes es antagonista. Tiene otro modelo, que, depende de la óptica, es mejor o peor, pero, en esencia, distinto.
Incluso, el debate va más allá de la yerba. Supongamos que La Cachuera, o cualquier otra marca, quisiera plantar mil hectáreas de soja. ¿Debería el Estado mirar al costado? ¿Ceder su capacidad regulatoria? ¿No intervenir?
Hace no mucho tiempo la alianza Cambiemos quiso experimentar con Misiones, y ampliar la frontera agrícola en sociedad con la corporación Maizar. La propuesta era plantar 200 mil hectáreas de maíz transgénico para exportar a Brasil. Nada se decía del impacto ambiental. Sólo la férrea oposición del Gobierno provincial y el grito en el cielo de cientos de productores, frenó el entusiasmo de algunos dirigentes rurales y los funcionarios locales del gobierno de Mauricio Macri.
La discusión sobre el rol del Estado divide aguas entre Misiones y Corrientes. La diferencia sustancial radica en el modelo fiscal y su trascendencia en la economía. Mientras algunos sectores políticos y empresarios cuestionan el modelo tributario misionero, lo cierto es que la economía local tiene cimientos mucho más sólidos para mostrar que del otro lado del Chimiray. En el sector forestal, por caso, el empleo aquí es más del doble que en Corrientes, que se muestra como potencia y es citada por representantes de la oposición como modelo a seguir. La diferencia se amplía cuando se miden otros parámetros del empleo privado: desde el inicio de la pandemia, el crecimiento misionero del empleo privado formal fue del 4,4%, creando 4.340 puestos de trabajo. Misiones se ubica como la provincia de mayor generación del empleo del NEA y la segunda a nivel país, sólo superada por Tierra del Fuego, con una plantilla mucho menor..
En términos absolutos, Misiones creó más puestos de trabajo que todo el resto de las provincias del NEA en conjunto (3.164 entre Chaco, Corrientes y Formosa). Es también, la misionera, la economía con mayor empleo registrado de la región, con 102.057 puestos, mientras que Corrientes tiene solo 76.720.
La discusión disparada por la yerba mate es de tanta relevancia que la primera plana de la política misionera salió en defensa de la limitación de plantaciones y de la producción primaria.
Inicialmente fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad el que ratificó la posición de Misiones, “porque acá están los tareferos, acá están los yerbales y no queremos que la sobreoferta del producto, tire para abajo el precio de la yerba y disminuya nuestra capacidad productiva”.
“Nosotros dijimos claramente, antes de las elecciones legislativas. La provincia de Corrientes apoya y acompaña esta medida dictada por un juez de Paso de los Libres. Misiones apoya y acompaña la decisión del INYM que es una decisión de protección y cuidado a nuestros productores y a nuestra cadena productiva”, recordó Herrera Ahuad.
“Voy a ser tajante y contundente. El gobierno de Misiones se pone al frente, acompañando a nuestros productores y acompañando la decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, subrayó Herrera Ahuad.
Después, el presidente de la Legislatura y conductor político de la Renovación, Carlos Rovira se expresó en coincidencia con la “muy acertada y firme decisión del Juez José Luis Casals de declararse competente para poner orden a un atropello de la autoridad judicial de Jurisdicción de Corrientes en lo referente a un pedido de una empresa para plantar cientos de hectáreas de yerba”.
En el mismo sentido, Rovira elogió el “coraje y trascendencia” del presidente del INYM, Juan José Szychowski “en defensa de los pequeños productores y en el camino de la lucha por un precio justo para nuestro producto madre: la yerba mate”.
Szychowski había dicho que “la decisión judicial afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución no puede implementarse vamos camino a una sobreoferta de hoja verde llevando a la caída de precios y a una crisis en el sector yerbatero”.
Para Rovira, el debate es mucho más profundo que el conflicto puntual por la resolución 170, que fue cuestionado por La Cachuera. Se trata nada menos que del equilibrio de una de las principales cadenas productivas de Misiones, de la que dependen miles de productores y sus familias. “Acá no se trata solo de las tierras, sino del precio, la producción, la economía en su conjunto”, analizó.
Al mismo tiempo, el conductor de la Renovación recordó que se trata de defender un precio de referencia para la yerba en torno a los 50 centavos de dólar -idea que ya había expuesto hace algunos años-. Ese es el precio promedio que hoy está pagando el mercado, pero que rápidamente puede caer si los grandes jugadores del mercado tienen cada vez más materia prima y dejan de comprar al pequeño productor.
Rovira entiende que la resolución del organismo yerbatero es un “acto de defensa en contra de grandes actores sectoriales que buscan quedarse con plantaciones e influir en el precio”.
Las respuestas no son meras descripciones. El gobernador correntino -de Cambiemos- Gustavo Valdés, había cuestionado el límite de plantaciones y amenazado con ir a la Justicia.
El juez Fresneda, de Paso de los Libres, donde no se planta yerba, en definitiva, defiende un modelo productivo, que tiene del otro lado de la frontera, a Las Marías como principal exponente. Esa firma en Corrientes y La Cachuera en Misiones, son el uno y dos del mercado yerbatero.
“Nos acompañamos mutua y permanentemente, porque queremos sumar más legisladores para plantear nuevos debates en el Congreso de la Nación”, señaló Valdés durante su visita a Misiones para explicar su vínculo con Martín Arjol, el ganador de la interna en la alianza Cambiemos. Lejos de la agenda misionerista, el diputado electo por Cambiemos responde a su padrino político y salió en coro a repetir el mensaje pour la galérie del gobernador correntino: casi dos semanas tardó Valdés en cuestionar el laudo de la Nación que fijó un precio para la yerba mate muy por debajo de lo que pedían los productores misioneros. “Consideramos que el valor mínimo por kilogramo no debería ser menor a los $52 para el productor yerbatero. Nos hubiese gustado un acuerdo de precios entre todos los sectores. Pese a nuestro esfuerzo no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa del Instituto Nacional de Yerba Mate. Debemos revalorizar la producción y la industria de manera conjunta, con estrategias en común para abastecer al mercado interno y afianzar las exportaciones”, dijo Valdés.
Sin embargo, durante toda la discusión de precios, en el seno del INYM, los representantes correntinos no movieron una sola ficha a favor de un precio como el que proponían los productores. Los directores correntinos apelaron al “consenso” entre lo que pedía la producción y lo que ofrecía la industria -35 pesos ofreció la industria correntina y a ese valor se plegó la misionera-. Misión imposible, ya que el valor propuesto por la industria no cubre los costos de producción, según la grilla del propio INYM y porque la producción se resiste a cobrar menos de 50 pesos, el equivalente a unos 50 centavos de dólar que, el sector productivo y el Gobierno de Misiones, consideran debería ser el valor promedio permanente.
Vale preguntarse cuál es la posición formal del radicalismo, que se mantiene ajeno al debate. Hace unos días la diputada Anita Minder -que perdió ante Arjol-, recordó en tono nostálgico a Raúl Solmoirago como uno de los mentores de la ley del INYM: “En palabras propias decía que ‘esta política yerbatera contempla como eje en su diseño a la familia rural, la equidad y el desarrollo regional. Procura implementar políticas de desarrollo sustentable, dentro del marco de economía de mercado, apuntando a la incorporación del productor al complejo productivo social. Es la única alternativa para poder preservar a la actividad y compartir entre todos, productores y molineros, el negocio yerbatero dentro de un marco de desarrollo rural socialmente aceptable. De no ser así, asistiremos a la desaparición del productor”. ¿Es aquel radicalismo o éste, identificado con Valdés?
Pero el radicalismo, así como el partido Justicialista, mantienen un llamativo silencio ante los debates estructurales de la provincia. Cada cual atiende su juego. La UCR está en medio de su interna para definir autoridades parlamentarias y que rol jugará ante el PRO, el socio mayor en la alianza al que desdeñan por lo bajo, pero con el que se emparentan desde hace tiempo: a 20 años de la caída de la alianza, la entonces ministra Patricia Bullrich era ministra, hoy es jefa política.
En el peronismo tampoco hay reacción. El partido Justicialista sigue sin poder definir su situación interna. A falta de votos, Gonzalo Costa de Arguibel insiste en acceder a la conducción partidaria por la vía rápida. Esta semana presentó un petitorio ante la Secretaría Electoral para que proclame su lista, Convergencia Justicialista. como nueva autoridad y conducción partidaria. La Cámara Nacional Electoral, que había avalado las facultades del partido para formar coaliciones electorales en Misiones, advirtió que no presentó ningún elemento nuevo al reclamo, por lo que resulta inadmisible.
