El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit financiero de $635.529 millones, después de afrontar intereses de deuda por $1,35 billones. El resultado surgió de un superávit primario de $1.990.322 millones y permitió sostener el saldo positivo de las cuentas públicas por octavo mes consecutivo. Según los datos oficiales, el resultado financiero acumulado en los primeros ocho meses equivale a aproximadamente 0,2% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 1,1%.

El Ministerio de Economía informó además que el resultado financiero de agosto fue 62,8% superior al registrado en el mismo mes del año anterior. En términos nominales, los ingresos totales alcanzaron $15,03 billones, con un crecimiento interanual de 32,2%, mientras que los gastos primarios llegaron a $13,04 billones, un 32,9% más que un año atrás.

La diferencia entre el resultado primario y el financiero permite observar el peso de los intereses. En agosto, el Estado obtuvo casi $2 billones antes del pago de intereses y terminó con un excedente de $635.529 millones después de computar $1.354.793 millones en intereses netos de las tenencias intra sector público. La dinámica muestra que el equilibrio fiscal no depende solamente de la evolución del gasto primario, sino también del costo financiero de la deuda.

Un ajuste que no fue uniforme

En términos reales, el gasto primario se redujo 0,5% interanual durante agosto. Pero detrás de esa variación agregada hubo comportamientos diferentes entre las principales partidas. Las transferencias a universidades aumentaron 9,7% real, mientras que las prestaciones del PAMI crecieron 4,9%, la Asignación Universal por Hijo avanzó 4,7% y las pensiones no contributivas lo hicieron 4,2%.

Los datos oficiales muestran además que las prestaciones sociales totalizaron $8,4 billones durante el mes, con una suba nominal de 33,7%. Los subsidios económicos alcanzaron $1,27 billones y crecieron 36,7% interanual, en un contexto que el Ministerio de Economía vinculó con mayores costos de generación energética derivados de la crisis en Medio Oriente. Las remuneraciones sumaron $1,6 billones, con un incremento nominal de 24%.

También hubo un aumento significativo del gasto de capital. Las erogaciones destinadas a este concepto llegaron a $403.965 millones, 90,3% más que en agosto del año pasado, con incidencia de obras viales y trabajos vinculados al complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff, según la información oficial.

La lectura de estas cifras muestra que el sostenimiento del resultado fiscal convive con una recomposición dentro del propio gasto público. Mientras el gasto primario total tuvo una baja real marginal, algunas partidas vinculadas con educación, prestaciones sociales e inversión mostraron incrementos por encima de la inflación.

El superávit como ancla de la política económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a presentar el resultado como parte de la estrategia de consolidación fiscal del Gobierno. Según su planteo, el orden de las cuentas públicas se alcanzó mediante una reducción del gasto acompañada por una disminución acumulada de impuestos equivalente a alrededor de 3% del PBI.

El Gobierno sostiene que la continuidad del superávit constituye una condición para estabilizar las variables macroeconómicas y avanzar sobre la inflación y el poder adquisitivo. Esa es una interpretación de política económica del Ejecutivo; el dato verificable es que el SPN mantiene un resultado financiero positivo y que el acumulado hasta agosto representa alrededor de 0,2% del PBI.

El próximo paso de la agenda fiscal estará atravesado además por el programa con el Fondo Monetario Internacional. Una misión técnica del organismo tiene previsto iniciar el 21 de septiembre la tercera revisión del programa vigente, con especial atención sobre las metas fiscales y la acumulación de reservas.

En paralelo, el Gobierno incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 la previsión de un cuarto año consecutivo de superávit financiero. Caputo había señalado días atrás que, de concretarse, se trataría de un período de cuatro ejercicios con resultado financiero positivo sin que el país se encuentre en default, una caracterización que el propio Gobierno utiliza para describir la trayectoria fiscal proyectada.

El dato de agosto, por lo tanto, no es solamente una cifra mensual. Consolida una trayectoria fiscal que el Gobierno busca convertir en una regla permanente, mientras enfrenta el desafío de sostener el equilibrio de las cuentas públicas con una estructura de gasto en la que conviven recortes reales, aumentos de determinadas prestaciones, mayores erogaciones de capital y un costo financiero de la deuda que continúa absorbiendo una parte sustancial del resultado primario.