En medio de la arremetida del Gobierno contra las prepagas, a las que acusan de hacer “cartelización” y elevar los precios por encima de lo que define el mercado para este momento, el presidente Javier Milei cargó este miércoles contra el dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt. Lo hizo incluso con descalificaciones y lo culpó por las subas, a través de un mensaje que replicó.
Esta mañana, el mandatario subió a su red social X un escrito de otra cuenta, a la que suele retuitear y que difunde contenido libertario. “El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido: Claudio Belocopitt”, dice lo que avaló Milei, junto a una foto del empresario.
El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido: Claudio Belocopitt.
Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere.
Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la… pic.twitter.com/Bo9KqEbX5M
Pero no fue solo eso.“Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Belocopitt”, sigue el descargo que el Presidente compartió en su muro y cierra: “Este sorete juega con la salud de la gente”.
Las críticas de la Casa Rosada contra el sector de la medicina privada comenzaron con una expresión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien les achacó “declararle la guerra” a la clase media, y advirtió que haría “todo a su alcance” para defender a esta parte de la población.
La reacción causó sorpresa, ya que esta gestión siempre pregonó la no intervención sobre la economía. Al respecto, hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que desde el Gobierno “no hacen kirchnerismo”. No obstante, aclaró: “No somos proempresa, somos promercado. Bregamos por un mercado libre que beneficie a todas las partes. Cuando sentimos que eso no pasa y que hay cartelización, vamos a tomar las medidas para que no ocurra”.
Siempre bajo esa postura, el portavoz dijo que la administración mileísta tiene todas las medidas sobre la mesa para ir contra estas compañías, que avalaron alzas de entre casi 100% y más de 120% en el primer trimestre del año.
“Se están evaluando todas las alternativas para que no haya cartelización y la gente pague lo que es justo, a valores de mercado y ante un mercado de competencia. No sentimos que es lo que esté ocurriendo, no porque seamos intervencionistas. Cuando sentimos que hay algo que no está funcionando bien, nos sentamos a conversar y tratamos de llegar a una solución”, indicó Adorni, quien comentó que desde el Gobierno vieron cómo “un grupo pequeño de actores” se mostró en una forma no coincidente con el resto de los partícipes de la economía y de los precios.
“Está claro que los últimos aumentos son parte de una cartelización y no de la libre competencia de precios que defendemos, que quien contrata un servicio tenga el mejor precio y de la mejor calidad posible”, sentenció, pese a que no dio nombres.
Desde Miami, en el marco de su gira internacional, el mandatario continúa cuestionando a los profesionales de la comunicación. “Están enojados con mi posteo…me encanta”, exclamó.
Desde la ciudad costera de Miami, en el marco del inicio de su gira internacional, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo al que calificó de “ensobrados, corruptos, que hacen dinero extorsionando”.
A través de sus redes sociales, el mandatario envió una nueva crítica contra los profesionales de la comunicación que va en sintonía con su mensaje matinal, en el que reclamó por libertad de expresión “para todos”.
“Me cuentan por la cucaracha que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando están enojados con mi posteo. ME ENCANTA !!!”, planteó desde su cuenta de X, exTwitter.
En la misma línea, destacó: “Principio de Revelación los condena y la defensa corporativa sólo busca la continuidad del curro… VLLC!”.
Por la mañana, luego de haber aterrizado en territorio estadounidense, el jefe de Estado utilizó el mismo canal para prometer que su gobierno se encargará de“bajarlos (a los periodistas) de esa Torre de Marfil en la que creen que viven”.
Asimismo, reclamó libertad de expresión “para todos”, y acusó al periodismo dehaberse “corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”.
Se trata de un pedido enmarcado en la presentación de una nueva Doctrina de Política Exterior, anunciada durante la visita de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en la que reclamó por “una verdadera libertad de expresión, pero para todos y no solamente para algunos”.
“El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir”, puntualizó, y agregó: “Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones”.
Por su parte, el jefe de Estado precisó que “lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”.
“La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales”, sostuvo, y completó: “Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios”.
Para el mandatario, el conflicto con los integrantes de La Libertad Avanza reside en que no negocian “con nadie” y no se van a “quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación”. “Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven”, contrarrestó el Presidente. .
“Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas”, concluye el comunicado emitido a través de las redes.
La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar. Esos objetivos forman parte de un “plan de transición” que, si bien no ha sido explicitado en su totalidad, puede “leerse” a partir de muchas de las medidas tomadas hasta aquí.
Se trata de una tarea “por resultados”, sin fecha fija de duración, por lo que no es seguro que los mismos instrumentos que funcionaron en el arranque de la gestión mantengan su eficacia a medida que afloran nuevas dificultades. Entre los objetivos que resta cumplir se encuentra el de darle salida a la demanda reprimida de divisas por dividendos; el problema de flujos de pesos para los que todavía no hay demanda (intereses de los pases); resolver a tiempo las señales de alerta vinculadas con la “inflación en dólares”, con un rebote de precios de servicios privados que es más intenso que el experimentado a principios de 2016; junto con las precisiones acerca del régimen monetario-cambiario en el que esta transición habrá de desembocar.
La caída en la demanda de pesos explicó más de 1/3 de la aceleración inflacionaria de 2023 (la emisión, los otros 2/3), pero no siempre es subrayado su rol. Y su función en sentido inverso, el de la recuperación de la demanda de dinero como herramienta de estabilización.
Como se observa en el gráfico, hay mucho margen de recuperación para la demanda de dinero, contribuyendo a la estabilidad de la economía. Sin embargo, la confianza en el peso depende también del régimen monetario-cambiario que finalmente se adopte.
La indefinición no afecta sólo las expectativas, sino también confunde sobre los instrumentos a los que se habrá de apelar para enfrentar desafíos como el de la llamada “inflación inercial” y las señales de alerta que surgen del IPC de marzo de CABA, con precios de servicios privados que desde principios de año suben a un ritmo del 6,5 % mensual en moneda dura, rebotando a un ritmo más intenso que a principios de 2016, tras la devaluación de arranque del gobierno de Macri.
Considerando el precio de los servicios intensivos en mano de obra, caso peluquería, plomería, electricistas, servicio doméstico, consultas médicas, pasados a dólares al tipo de cambio oficial, y partiendo de un índice 100 en enero del año anterior, se llega a un índice de 86,9 a marzo de este año. Si bien se ubica todavía 13,1 % por debajo del precio en dólares de enero del año pasado, como se observa en el gráfico, el rebote es más rápido que durante la experiencia de 2016: a marzo de ese año el índice se ubicaba en 80,5, partiendo de 100 en enero de 2015.
Pese a que el ajuste es mucho más intenso en el arranque de la gestión Milei que en la de Macri, y esta política debería hacer más lento el traslado a precios de la devaluación, la actual “tablita cambiaria” parece estar fagocitando los efectos de la contracción fiscal y monetaria en términos de evolución de la “inflación en dólares”.
La importancia del régimen cambiario-monetario, que se adopte tiene que ver también con la recuperación del nivel de actividad, ya que ésta no será firme hasta que comience a ser alimentada por entrada genuina de capitales. Ya se sabe que la persistencia de los cepos es el primer obstáculo para pasar a ese escenario.
La desaceleración de la inflación que se observa en 2024 tiene más que ver con el freno a la emisión de origen fiscal, que por aumento de la demanda de dinero. Y, como otros vectores de emisión se han mantenido activos, ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases (antes Leliq) para retirar liquidez, una dinámica que tiene un costo elevado. Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 10,9 billones de pesos, pese a que también ha habido esterilización de pesos por BOPREAL y operaciones del Tesoro. La transición hacia la estabilidad se ve complicada no tanto por el stock de “exceso de pesos”, sino por ese flujo: actualmente, el pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA es una cifra de más de 2,1 billones de pesos/mes, equivalente a 6,8 % de la Base Monetaria Amplia. Una presión inflacionaria subyacente que es una “piedra en el zapato” para proyectar estabilidad.
El gobierno ha bajado la tasa de interés para que esta “emisión endógena” se modere, llevándola de 8,6 % a 6,8 % mensual. Y espera la oportunidad para volver a recortarla. Tendrá que hacer hincapié en la dinámica de la “inflación núcleo”, ya que el IPC habrá de seguir cargando con la mochila de la actualización de tarifas, que tendrán incidencia significativa en las mediciones del INDEC en estos meses del otoño.
Aun después de eventuales bajas adicionales de la tasa de interés, el piso de las presiones inflacionarias seguirá siendo elevado. De allí la importancia que tiene en la hoja de ruta oficial obtener 15 mil millones de dólares de libre disponibilidad, de modo de necesitar cada vez menos de la tasa de interés para encontrar un equilibrio entre el peso y el dólar en un eventual régimen de “competencia de monedas”.
Respecto a la tarea de canalizar “demanda reprimida” de dólares, el BOPREAL juega un rol destacado, al costo de engordar la deuda en moneda dura, ya que cumple simultáneamente con los dos objetivos planteados más arriba. Se canalizaron pagos de importaciones, al tiempo que se esterilizaron pesos por 6,5 billones desde el 10 de diciembre.
Ahora que quedan menos títulos por colocar para importadores, es posible que se intente replicar esta experiencia para dar salida también a la “demanda reprimida” de divisas por las remesas de dividendos pendientes. Ahora bien, parte del éxito de la colocación del BOPREAL ha tenido que ver con los arbitrajes con el dólar libre (CCL), por lo que aquellos que esperan una unificación cambiaria rápida quizá tengan que esperar, al menos, hasta que se complete esa posible segunda fase del BOPREAL destinada a dividendos. Esto explicaría también la persistencia de “restricciones cruzadas”, que penalizan a las empresas quitando acceso al mercado oficial cuando realizan operaciones en el CCL.
Ahora bien, la otra parte del plan de transición depende del sendero que se elija en la bifurcación que marca opciones como “dolarización sintética” vs competencia de monedas.
La ventaja de régimen de competencia de monedas está en que, durante la transición, podría ser compatible con la recuperación de la demanda de dinero, ya que el gobierno se auto-obligaría a recrear condiciones como las que dieron lugar al nacimiento de la convertibilidad en abril de 1991. Por el contrario, algún tipo de dolarización prematura podría llevar a caídas adicionales de la demanda de dinero y más inflación durante la transición.
El otro factor determinante de la demanda de dinero es lo que ocurra con la economía real y la forma que adquiera la salida de la recesión. Si la recuperación es en V, esto conlleva mayor demanda genuina de pesos. Es cierto que la capacidad ociosa es elevada, pero ante el sesgo de la política fiscal, se requieren otros motores: Es el caso del crédito al sector privado, pero esta variable está supeditada al régimen monetario-cambiario.
Otro vector es la recuperación de la masa de ingresos de la población en términos reales, complicada primero por la inflación, y ahora también por la pérdida de empleos.
Por la magnitud de la caída de los ingresos de los trabajadores, parece lógico esperar un rebote, que alimente la demanda y la salida de la recesión. Pero, el deterioro de la década de la estanflación ha sido tan profundo, que más temprano que tarde el rebote de los salarios se enfrentará al techo que impone la baja productividad de la economía.
Obsérvese que, desde el cuarto trimestre de 2011 (cuando se instalaron los cepos al cambio y al comercio exterior), la productividad media del trabajo cayó un 17,3 % acumulado, mientras que el salario real de trabajadores formales lo hizo un 19,0 %. Son variables fuertemente correlacionadas, por lo que el rebote de los ingresos laborales deberá venir asociado a la evolución de la productividad, para que resulte sustentable.
Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
El gobierno emitió elDecreto 302/2024 para liberalizar el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de esta manera elimina la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet.
Este decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.
Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.
La publicación en el boletín oficial señala que “El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”.
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.
Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.
Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.
El oficialismo negoció durante semanas con los gobernadores y bloques aliados. Qué reformas apunta la megainiciativa.
El Gobierno nacional giró el martes por la noche el borrar final de la ley de Bases y Puntos de Partida al Congreso de la Nación, tras negociar con los gobernadores y bloques aliados durante semanas.
A continuación, los puntos principales del mega proyecto que supo tener en su versión madre 644 artículos:
Emergencia
El oficialismo propone dictar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.
Reforma Laboral
Si bien esta versión en menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores.
A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Privatizaciones
Ya no son 40 las empresas a privatizar, sino muchísimas menos. Sin embargo, continúan en el pelotón: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
A este lista se podrían plegar otras que su privatización sería parcial: Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes
El paquete fiscal, que el Gobierno había decido retirar de la ley Bases original, ahora se llama “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”.
El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de $2.200.000.
