El Gobierno creó este miércoles la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito la Secretaría General de Presidencia y se ocupará de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y del otorgamiento de pensiones por invalidez, entre otras.
Mediante el decreto 698/2017, publicado hoy en el ‘Boletín Oficial’, el Gobierno informa que la nueva agencia “tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad”.
También señala que otra de sus tareas será “la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928”.
El texto aclara que el nuevo organismo tendrá “utarquía económico financiera y personería jurídica propia”. Y detalla que la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario (ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional).
La agencia asumirá funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, ambos eliminados hoy por el Gobierno.
Entre sus fundamentos, la medida señala que “resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión”.
Y más adelante marca que “la integración plena y la efectiva participación de las personas en situación de discapacidad en sociedad, en igualdad de condiciones, constituye un imperativo del Estado que impide ajustarse a los tiempos previstos para la sanción por vía ordinaria de una ley”.
Hace un par de días, el delegado de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Miguel Ángel López Vedoya, afirmó a este medio que desde el gobierno de Mauricio Macri se habían comenzado a devolver las pensiones por invalidez que fueron suspendidas de manera masiva y sin análisis previo.
Admitía que no contaba con números precisos sobre la cantidad de beneficiarios, y mucho menos de afectados por la decisión de Nación.
Un informe al que accedió este medio, da cuenta que desde fines del año pasado se vienen suspendiendo pensiones no contributivas por diferentes motivos, sin previo aviso al titular de la pensión ni a los Centros de Atención Local (CAL) dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como tampoco a los referentes municipales que tienen un convenio con el Ministerio.
Precisa que en Misiones se cuenta con una población de aproximadamente 73.000 pensionados por invalidez y que la medida afectó a más de 5.800 beneficiarios aproximadamente, lo que representan 26.580.000 pesos por mes, que hoy están ausenten en las necesidades de esas familias.
Por invalidez se pagan 4.476 pesos, mientras que a las madres de siete hijos se les otorgan 6.203 pesos mensuales.
Las pensiones no contributivas se enmarcan en la Ley Nº 18.910 y tienen como objetivo que aquellas personas que cuentan con una invalidez laborar o se encuentren en situación de vulnerabilidad social, sean madres de siete hijos o más, accedan al beneficio.
Entre los motivos de las suspensiones se menciona en el informe, al conyugue con beneficio.
Solo en Posadas hubo más de 900 casos de suspensiones por invalidez por cónyuge con beneficio, ya sea que el cónyuge del titular de la pensión perciba jubilación o pensión por invalidez, o sea madres de siete hijos.
Otro motivo de interrupción del pago se dio en aquellos casos de propietarios de vehículos modelos 2013 en adelante. “Estas se han realizado desde septiembre a diciembre del 2016 en su mayoría, siendo una población de aproximadamente 200 pensiones suspendidas en la ciudad de Posadas”.
El informe agrega en este sentido, que en muchos casos son automóviles de baja gama, utilizados para el traslado del discapacitado o para el uso como medio de subsistencia económica de la familia.
Asimismo, hubo suspensiones en casos de amparo familiar y se han llevado a cabo en el mes de junio de este año. Refieren a menores de edad que se encuentran bajo la responsabilidad de sus padres o tutores con ingresos superiores a tres jubilaciones mínimas (actualmente 6377 pesos), es decir un salario bruto 19.131 pesos. “Las patologías de los niños discapacitados incluyen retrasos madurativos graves, epilepsias, autismos, parálisis cerebral, hidrocefalias, microcefalias, cuadriplejias, hipoacusicos, etc.
Hubo además casos de incompatibilidad en el cruce de datos entre la AFIP y el empleo dependiente.
“Cada vez que una persona registra una inscripción como monotributista en AFIP, lo que significa que realiza una actividad laboral, esa situación es incompatible con la pensión nacional y por consiguiente siempre se suspende el beneficio. Actualmente se están cruzando datos con aquellos que en algún momento se habían inscriptos y nunca dieron de baja dicho aporte, algunos de ellos por más de 10 años, muchos de ellos pequeños productores del interior de la provincia que para la venta de una cosecha se inscribieron. Pero para solicitar la baja del monotributo para la rehabilitación de la pensión debieron cancelar la deuda generada durante esos años, sin contar ya con el beneficio no contributivo”.
El informe concluye en que la suspensión de la pensión no contributiva trae aparejado una multiplicidad de situaciones por la que debe atravesar tanto el pensionado como toda la familia.
No percibir su haber mensual, sin previo aviso.
Desinformación de los organismos
Deambular de personas con dificultades físicas, económicas.
Insuficiente e ineficiente comunicación de los diferentes organismos intervinientes.
Cortes en los beneficios otorgados como medicamentos, tratamientos oncológicos, terapias, diálisis, radioterapias, transportes escolares, instituciones educativas, pañales, oxigeno (ya que algunos pensionados son oxigeno dependientes), alimentación específicas, etc.
Sin números precisos, Miguel Ángel López Vedoya, delegado de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, afirmó que comenzaron a pagarse las pensiones dadas de baja, incluso las que siguen en condición de “observadas” por sospechas de irregularidades.
El delegado local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Miguel Angel López Vedoya, aseguró que desde mediados de este mes comenzaron a pagarse las pensiones que habían sido suspendidas por decisión del presidente, Mauricio Macri, después de haber denunciado públicamente irregularidades en la entrega del beneficio.
López Vedoya desconoce cuántas pensiones se pagan en la provincia. “Eso lo decide Nación, nosotros desde acá solo damos las altas y las bajas, ya solicitamos el detalle de cuántas pensiones son, pero todavía no nos enviaron esa información, no comprendo por qué, es una información necesaria”, manifestó a Economis.
Asimismo, reconoció que está en desacuerdo con el mecanismo que se utilizó para “cortar” el pago de las pensiones ya que se cometió una injusticia con las personas que sí merecen recibirla, dijo.
“Yo sugerí que se les dé un tiempo prudencial a las personas para que vengan a certificar su pensión. Así nos vamos a dar cuenta quiénes la necesitan realmente, no estoy de acuerdo cómo se hizo, se hubiera avisado y esperado 90, 120 días para suspender el pago”.
El funcionario precisó que hasta fines de junio se pagarán poco a poco las que fueron dadas de baja y desde julio se normalizará el trámite.
Como informara este medio el fin de semana, en el último censo en la provincia se registraron 153.455 personas con discapacidad, lo que equivale al 14,1 por ciento de la población. Según los últimos datos oficiales, el Gobierno provincial paga a través de Salud 51.755 pensiones por invalidez y 5.480 a la vejez e invalidez a través de Desarrollo Social, a quienes no tienen otro beneficio previsional. Otras tantas se suman por el gobierno nacional, aunque no hay precisiones sobre la cantidad.
Después de la polémica desatada por la decisión del gobierno nacional de dar de baja más de 70 mil pensiones en todo el país, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, anunciaba días pasados que darían marcha atrás con la medida reestableciendo el pago y prometió trabajar en el análisis “caso por caso para reducir situaciones injustas”.
Para justificar el brutal ajuste aplicado en las pensiones de discapacitados, el Gobierno puso en el mapa a Guanaco Muerto, un lejano paraje cordobés, donde había más pensiones que habitantes. El ejemplo perfecto para justificar el ajuste. De nada sirvieron las explicaciones ni el análisis de los datos. El relato ya estaba escrito en un par de medios y era multiplicado por miles de “trolls” que ese día se enteraron que el lugar quedaba en la Argentina.
Guanaco Muerto es un pueblo en la miseria, sin trabajo, donde nadie quiere vivir y el mal de Chagas es endémico. “Hay muchos de los beneficiarios de esas pensiones que se han jubilado, no están en los padrones. Dejaron de recibir una pensión para recibir una jubilación”, explicó el jefe comunal, Domingo Zenón Soria.
Su pueblo fue utilizado como argumento para el ajuste. Hubo otros peores. “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. ¿Cuántas personas con síndrome de down en realidad pueden conseguir trabajo? ¿Y cuantas uno más o menos bien remunerado? ¿Conoce alguno?
El funcionario se excusó por el tijeretazo sin aviso. “No tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, confesó al diario Clarín.
Ante la creciente ola de repudio en pleno arranque de la campaña de cara a las elecciones de octubre, el gobierno de Mauricio Macri dijo que, otra vez, se trató de un error y que iban a dar marcha atrás. Con la lógica utilizada, todos los pensionados “clientelistas” seguirán cobrando. El daño, de todos modos, ya está hecho. Hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad.
Como se ve, la gestión del Excel nuevamente calculó mal. Con la idea fija de reducir los gastos del Estado, el Gobierno apela a un ajuste que recae siempre sobre los menos poderosos. Ya pasó con los tarifazos de la luz y el gas, las jubilaciones y las paritarias a la baja.
Es un modelo. Para presionar a los docentes de Buenos Aires a que acepten la oferta salarial, María Eugenia Vidal anunció que no enviará comida a los comedores escolares los días de paro, hagan o no huelga los docentes.
Para recortar pensiones, el Gobierno nacional manoteó un decreto de Carlos Menem que ni el mismo riojano -ajustador serial- utilizó. No importó que el texto menemista haya quedado en el olvido con la adhesión de la Argentina a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –recomendada en 2006 por la asamblea general de las Naciones Unidas-. La ministra Carolina Stanley lo desempolvó para recordar que siempre se puede estar peor. “Error de aplicación de criterio”, dijo después, con el escándalo consumado.
Un pensionado por discapacidad cobra 4.776 pesos, que en la mayoría de los casos, apenas alcanza para cubrir una parte de sus gastos. Se cuestiona el “clientelismo” porque durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a casi dos millones.
Nadie dice que, más allá de casos puntuales que son repudiables siempre -en Misiones hubo varias denuncias a intendentes y parientes- el número saltó porque es un derecho que comenzó a reconocerse en los últimos años. Eran anónimos que pasaron a ser visibles.
La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a apelar a lo fortuito por encima de las decisiones políticas. “”Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó a investigar.Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debían tener la pensión se les dio de baja”, se atajó. Suerte. La mala siempre les toca a los mismos. Algunos ya deslizan que la próxima yeta será la de los jubilados.
La cantidad de discapacitados en la Argentina coincide con el promedio mundial y hay muchos menos pensionados que discapacitados.
La mayor parte de la población que declaró tener una sola dificultad, tiene un problema visual: son 2.069.151 personas que representan casi el 60% del total de esa población. Las dificultades motoras (inferiores y superiores) afectan a poco menos del 24% de los habitantes. Las personas con dificultades auditivas y cognitivas representan algo más del 8%, en cada caso.
De las 4.701.685 personas de 14 años y más con dificultad o limitación permanente, el 47,7% corresponde a la Población Económicamente Activa. En términos absolutos son 2.241.897 personas. El 44,6% de 14 años y más, se encuentra ocupado.
Argentina no tiene ni más ni menos que el promedio mundial: la Organización Mundial de la Salud estima que mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; alrededor del 15% de la población mundial. Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la OMS, correspondientes a 1970, que eran de aproximadamente un 10%, porque el número de personas con discapacidad en el mundo está creciendo. Esto es debido al envejecimiento de la población -las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad- y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.
Eso redunda en peores resultados sanitarios y académicos, menor participación económica y mayores tasas de pobreza, además de dependencia. El crecimiento es similar en la Argentina.
Misiones no escapa al promedio. En el último censo se registraron 153.455 personas con discapacidad, lo que equivale al 14,1 por ciento de la población. Según los últimos datos oficiales, el Gobierno provincial paga a través de Salud 51.755 pensiones por invalidez y 5.480 a la vejez e invalidez a través de Desarrollo Social, a quienes no tienen otro beneficio previsional. Otras tantas se suman por el gobierno nacional, aunque no hay precisiones sobre la cantidad.
Los datos sanitarios avalan la inclusión de los discapacitados como sujetos de derecho. Pasó lo mismo con el Hambre Cero. No es que de un día para el otro se multiplicaron los números de desnutrición, sino que, al reconocerse el beneficio como un derecho, se amplió el número de beneficiarios. Durante los 90, Misiones ostentaba los peores indicadores sanitarios, que se agravaron con la crisis de 2001. Recién después comenzaron a mejorar los datos, pero el núcleo duro de la pobreza seguía estando y sin la presencia del Estado, no hay esperanzas de que retroceda.
Los derechos ampliados durante los últimos años vinieron a remendar esas grietas. La Asignación Universal por Hijo es otro ejemplo. Sus beneficiarios fueron estigmatizados como planeros y el programa fue despreciado por varios de los actuales funcionarios o integrantes de la alianza gobernante. Pero generó un impacto directo sobre la pobreza y la desigualdad.
Desde su creación hubo una mejora de casi un 30% en el ingreso promedio de los estratos más bajos, mientras que este cambio se redujo a cero para el más rico. A casi 8 años de su implementación, ese efecto se mantuvo, aunque algo más suavizado.
El repudio al ajuste aplicado fue tan intenso que dominó la última sesión de la Legislatura provincial. Todos los bloques, con excepción de la alianza Cambiemos, cuestionaron al Gobierno nacional. Alfredo Schiavoni, referente del PRO, intentó llevar las críticas al plano electoral. Pero casi al unísono, los demás diputados le marcaron la escasa sensibilidad del Gobierno y advirtieron sí, que se trata de un debate ideológico: se ajusta sobre el que menos tiene y se beneficia al poderoso. Hasta Claudio Wipplinger, de origen emparentado al PRO, pareció de ultraizquierda en comparación: “El supuesto mejor equipo reacciona cuando el impacto mediático y electoral les duele”, apuntó y resaltó que para dar de baja las pensiones, “se agarraron de un decreto de Menem”. Cambiemos siguió defendiendo el ajuste aún después de la marcha atrás anunciada por Stanley.
El embate contra la “mafia de las pensiones” no fue el único de Gobierno. Coincidió con el furibundo ataque presidencial a los jueces y abogados laboralistas que conforman la camorra de los juicios laborales”. Se refería, claro, al crecimiento de los juicios por accidentes de trabajo. La Unión Industrial lo aplaudió y algunos sectores de la economía celebraron la iniciativa presidencial.
Lo curioso es que pese a la reforma de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, sancionada a instancias del Gobierno, los litigios crecieron, especialmente en Buenos Aires. Y no mejoró ningún indicador de productividad ni de empleo.
El discurso dominante choca contra sus propios datos. Tanto que comienza a haber fuego amigo advirtiendo sobre los riesgos de sostener un modelo económico que no tiene más que tímidos brotes verdes después de 18 meses de gestión. “El presidente debe darse cuenta que su discurso no se condice con la realidad”, sorprendió el editorialista de Todo Noticias, Nelson Castro, un enemigo declarado del Gobierno anterior que ahora comienza a despegarse, aunque, como todo el grupo, sostenga a la ex presidenta Cristina Fernández como blanco de sus diatribas.
Castro se refería al permanente mensaje de optimismo que baja del gobierno sobre la marcha de la economía y la generación de empleo. Pero los datos reflejan pocos avances.
El ajuste no mejora la economía y comienzan a notarse los efectos. En un sólo día, el Gobierno se endeudó por más de 6.200 millones de dólares, lo que representa un aumento del stock del 23 por ciento en dólares y del 77 por ciento en pesos, a una tasa variable nada barata del 25,75 por ciento anual.
La deuda es el único ingreso de dólares en la Argentina. Pero en mayo, el 90 por ciento de lo que ingresó se fue por la “bicisenda” financiera porque los inversores aprovechan las altas tasas de interés locales. Ya son US$4.000 millones en el año lo que se volcó a la especulación, mientras que el flujo de ingreso de divisas por inversión extranjera directa se redujo en mayo por segundo mes consecutivo.
El propio Presidente llamó a un votante decepcionado e intentó convencerlo de que tenga paciencia. “Esto tarda en moverse y arrancar”, confesó, como si se tratara de un viejo camión al que solo hay que empujar. Esa conversación dejó una rara explicación vinculada a los padecimientos locales. Macri aseguró que las asimetrías en Misiones o Mendoza, obedecen a la necesidad de “cuidar el empleo”, por lo que se frenan las importaciones y los productos argentinos valen más que del otro lado de la frontera.
“Abrí la importación de las computadoras, bajaron los precios y casi me matan. La Argentina tiene que abrirse a compertir, incluso con Brasil, que allá las zapatillas salen un tercio de lo que valen acá. La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas”, sostuvo, y se preguntó: “¿Qué más puedo que hacer para que esto vaya más rápido? Esto lleva su tiempo, no hay otro camino”, enfatizó.
El déficit fiscal es más alto que el “heredado” de Cristina. La inflación apenas se aminora, pero el poder adquisitivo perdido, no se recupera.
El desempleo creció a 9,2 por ciento en todo el país, según los datos del Indec, que nuevamente contradijo las expresiones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien apenas unas horas antes del dato oficial, aseguraba que el empleo crecía desde hace nueve meses.
El 9,2 por ciento de desempleo es el porcentaje más alto de los últimos años y fue peor en Buenos Aires, el principal distrito de la alianza gobernante: la provincia manejada por María Eugenia Vidal, la gran esperanza de Cambiemos, tiene un desempleo de 10,9 por ciento, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por Rodriguez Larreta, subió al 7,9. En los partidos del interior de Buenos Aires, el promedio es de 11,8 por ciento, con un crecimiento de tres puntos por encima de la media nacional.
Los datos del Indec revelan que Posadas se mantiene todavía entre los centros urbanos con menor tasa de desempleo, pero de cualquier modo, se advierte un crecimiento que no escapa a la media. En la capital misionera, donde los tarifazos nacionales hacen un efecto mucho más dañino por las asimetrías, hay dos mil nuevos desocupados en relación al fin del año pasado y una tasa del 4,1 por ciento.
Podría ser peor sin la activa presencia del Estado provincial en el incentivo a las pequeñas empresas y la búsqueda permanente de inversiones que ahora se potenciará con una Agencia de Inversiones creada por el gobernador Hugo Passalacqua. Los datos son elocuentes sobre la necesidad de que la Nación le preste la debida atención a Misiones: de los 60 mil millones de dólares anunciados en inversión para la Argentina, apenas 10 millones -diez- se enfocaron en la tierra colorada. Uno solo viene de afuera: LUG, la fábrica de Leds que atrajo el Gobierno provincial para que se instale en el Parque Industrial con una inversión de cinco millones de dólares. El otro es capital provincial, de Pindó SA, para la generación de energía con biomasa, también por cinco millones de dólares. A esos dos se suma un proyecto estatal, de Yacyretá, por 80 millones de dólares, a ejecutarse en varios años. Para alcanzar el promedio de crecimiento de en Latinoamérica, Misiones debe capturar al menos 300 millones de dólares en inversión.
Eso también se pone en juego en las elecciones de octubre. Misiones debe aumentar la presión sobre la Nación para ser atendida. Hasta ahora la gobernabilidad dada desde la provincia, no fue retribuida con igual intensidad ni se atendieron los principales reclamos.
La Renovación apostará a fortalecer esa línea de trabajo. Gobernabilidad, pero diferenciación a la hora de plantear los temas que interesan a Misiones. ““La Renovación es la única que defiende los intereses misioneros”, aseguró el diputado nacional Maurice Closs, quien se volverá a poner el traje de candidato para regresar al Senado.
La Renovación es el frente más amplio que se anotó para competir en octubre. Liderados por el partido de la Concordia, otros nueve partidos, entre ellos el peronismo, conforman la coalición gobernante, que presentará a sus candidatos el próximo viernes, horas antes del plazo formal.
La alianza Cambiemos todavía no tiene los nombres confirmados, pero logró un inédito consenso: el PRO y la UCR acordaron la integración del frente y marcaron el terreno frenando cualquier aventura personal, como las pretendidas por Alex Ziegler, quien finalmente volvió al rebaño, y Juan Manuel Holz, autoproclamado candidato a senador. Nada de eso sucederá. En las negociaciones se incorporó una cláusula por encima de las Cartas Orgánicas, que determina que las candidaturas deberán ser aprobadas por el PRO y la UCR antes de ser inscriptas. Los que no sean avalados, no podrán postularse. El PRO no quiere internas en ninguna parte, aunque la aceptarán a regañadientes en la Capital, donde se presenta Martín Lousteau.
La fumata blanca no fue sencilla. El macrismo y los socios menores radicales coincidían en el fondo, pero no en las formas. La ambición de Ziegler complicó el reparto. Ya no como senador, quería encabezar la lista provincial. Fue tenso el último tramo de conversaciones, que ya habían avanzado mucho entre los otros socios. Lo mandaron a la cola. Se quedó con el tercer puesto –para una mujer- de la lista provincial y el noveno. El radicalismo hizo buen negocio, quedándose con el primer puesto –el concejal Ariel Pianessi pica en punta- y cuatro entre los siete primeros. El PRO tiene dos más, pero el objetivo de fondo es que Humberto Schiavoni acceda a una banca en el Senado.
En tercer lugar aparece Avancemos, la sociedad conformada por los massistas Adolfo y Alejandro Velázquez, los radicales de Vanguardia Hugo Escalada y María Losada y los diputados de Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger y Victor Kreimer, a los que se sumó el Socialismo. La convivencia es la marca registrada de este frente, por encima de las candidaturas, que todavía no están definidas, pero que no deberían generar resquemores.
Hasta último momento se especuló con el acercamiento de Héctor “Cacho” Bárbaro, pero el chacarero se siente en la mayoría de edad y anotó al Partido Agrario en soledad para competir en todos los cargos.
El kirchnerismo fracasó en su intento de armar una alianza electoral pese al envión que significa la candidatura de Cristina Fernández al frente de Unidad Ciudadana. La Cámpora copó el escenario en Misiones y desplazó a los locales del partido de la Victoria. Por eso no hubo coincidencias con los peronistas locales. El frente no se dio, aunque al filo de la medianoche del miércoles, lograron anotar un partido que representará a Cristina, aunque los papeles se terminaron de oficializar recién este fin de semana.
En las antípodas, Ramón Puerta también se anotó en soledad para intentar volver al Congreso nacional. El apostoleño está dispuesto a dejar la zona de confort como embajador de Macri en Madrid para volver a la campaña por Unión Popular. No será el único detrás del voto peronista desencantado. Jorge Galeano también desempolvó su traje de candidato y recuperó a los herederos del humadismo y alterachismo para frenar la “diáspora” en un Frente Militante.
Está claro que la pulseada electoral estará concentrada en Buenos Aires por la figura de Cristina Fernández. Pero más allá de estar prendidos a las pantallas, en la tierra roja las elecciones tienen su propia intensidad. En octubre se define mucho más que una banca. Se pone en juego de qué lado de la balanza se ubica Misiones.
Como era de esperarse, la sesión de la Cámara de Diputados de Misiones estuvo dominada por la discusión sobre la baja de las pensiones que ordenó el gobierno de Mauricio Macri. Fue casi unánime el repudio. Solo el diputado del PRO, Alfredo Schiavoni salió en defensa de la medida tomada por el ministerio a cargo de Carolina Stanley, en base a un decreto de Carlos Menem. El radicalismo también ensayó una defensa del ajuste ordenado por Macri y cuestionó el “clientelismo” del gobierno anterior en la entrega de pensiones. Después respiraron aliviados cuando se conoció que, otra vez, el Gobierno nacional admitió el “error” y anunció que daba marcha atrás en los recortes.
Schiavoni defendió la gestión de Macri y llevó las quejas al terreno político. “Si a ustedes les viene bien para meter el tema por su apetencias electorales, es su estrategia y no la discuto”, tiró.
“La revisión del beneficio, no responde a una cuestión ideológica del Gobierno nacional”, elogió.
En cambio, diputados de la Renovación y de los bloques opositores, salieron con los tapones de punta contra la gestión de Cambiemos.
Claudio Wipplinger, del interbloque Avancemos, cuestionó que “la primera respuesta del Gobierno nacional fue negar que se quite los beneficios y salir a atacar con “trolls”. Advirtió que no se niega la posibilidad de que haya pensiones “truchas” algo que se viene denunciando desde hace tiempo desde diversos espacios políticos, sino que se haya recortado los beneficios de manera exponencial.
“Hay una enorme cantidad de gente, para quienes recorremos y tenemos trato, no un timbreo para la foto, con discapacidades. Es grande el número de personas con discapacidades o accidentes que quedaron con discapacidades. No se debe nivelar para abajo y la verdad es que este Gobierno ha dejado a miles en situación de vulnerabilidad”, cuestionó Wipplinger.
El diputado fue por más: “Con un agravante, que es el aumento del desempleo, que este gobierno negó”.
“El supuesto mejor equipo reacciona cuando el impacto mediático y electoral les duele”, apuntó y resaltó que para dar de baja las pensiones, “se agarraron de un decreto de Menem”.
La diputada Silvina Rojas Rojas cuestionó a la alianza Cambiemos por querer “justificar lo injustificable”. “Ya no pido sensibilidad, pido sentido común. Y justicia. No me van a decir que esto es oportunismo político”, retrucó.
La legisladora advirtió que incluso para recuperar las pensiones, el Gobierno nacional somete a una discriminación a los beneficiarios. “¿Cómo hace un sordo para llamar a un 0800? Están lejos de la realidad, no pisan la tierra. Dicen que al que tiene síndrome de Down no les corresponde la pensión porque pueden trabajar. Está claro que todos quieren trabajar, pero ¿cuántas personas con discapacidad ven trabajando? Una vez es un error, pero seguir equivocándose es una decisión”, apuntó.
La diputada Myriam Duarte contrastó el ajuste con los beneficios otorgados a las mineras, y la quita de retenciones a los sojeros.
El diputado Martín Sereno, del partido Agrario, apuntó otro dato: “Se dice que se dieron más pensiones que nunca. En la Argentina hay 1,7 millones de pensiones. Pero hay cinco millones de discapacitados, o sea que hay que dar dos veces más”.
