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El censo 2022 confirmará a Misiones entre las diez provincias más pobladas de la Argentina, una tendencia que fue consolidándose con el paso de los años y que agudiza la incongruencia de los escasos recursos que recibe en comparación con provincias vecinas. Misiones hoy tiene más población que Chaco y Corrientes y casi triplica a Formosa. Será la novena provincia más poblada y la tercera del Norte Grande. Lo mismo sucede con la economía: Misiones es la octava y supera a buena parte de la región, pero recibe coparticipación como si fuera la provincia 18 o 19. El peso relativo de la provincia creció mucho más rápido que las respuestas políticas, que siguen estancadas y concentradas en el centro del país, epicentro de las desigualdades.

El énfasis puesto en el reclamo de Misiones tiene que ver con eso. En una reciente entrevista con una radio porteña, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aseguró que el sistema de reparto “es totalmente injusto para Misiones por lo que genera la provincia”. 

Al mismo tiempo, cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por el reclamo de más recursos a la Nación para financiar las operaciones de la Policía de la ciudad porteña. “Si por el traspaso de la Policía, vos tenés que darle plata, quien me da plata para pagarle a la Policía de Misiones o qué diferencia hay entre la Policía de Misiones y la de Capital Federal. ¿Cuál es el justificativo? Escuché por ahí a dirigentes decir que “ahora no vamos a poder hacer más obras”. Pero pará. Ese dinero no era para obras. Era para la policía”.

El dinero al que se refiere fue generosamente dado por el ex presidente Mauricio Macri al intendente porteño. Después se redujo cuando asumió Alberto Fernández, lo que motivó el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema. Los gobernadores estiman que hay 500 mil millones en juego. Y el federalismo. 

Para tomar dimensión del despropósito, vale el ejemplo de la Policía de Misiones, que usó Herrera Ahuad. ¿Por qué el sistema debe financiar a una policía y no a todas? Pero también alcanza con mirar otros números: la Policía Federal tiene 34.000 agentes y un presupuesto en ejecución de 70.000 millones anuales. La Capital Federal reclama 112.000 millones para 19.000 agentes.

La misma diferencia abismal se puede detectar en el transporte público, que fue protagonista esta semana con un nuevo paro en reclamo de salarios similares a los de Capital Federal, pero que las empresas provinciales no pueden afrontar. 

Después de las quejas de los gobernadores, Nación lanzó un fondo “compensador” para los primeros meses del año: hasta fines de abril se giraron $5.865,2 millones (61,09% del total asignado por la resolución) y restaba aún el pago del saldo restante (por $3.734,8 millones). Pero el AMBA, que tiene tiene un sistema paralelo, ya captó en ese mismo período, cerca de $48 mil millones. Nada cambia. 

Para colmo, el ministro de Economía, Martín Guzmán pretende manotear los recursos que se giran a las provincias para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -nada nuevo bajo el sol- y ya tiene un borrador de recorte de subsidios. Las provincias, nuevamente, pierden en el reparto, pero son incluso más castigadas aquellas que tienen sus cuentas en orden, como Misiones. 

Cambian los gobiernos, no cambian las formas. El de Alberto tiene rasgos llamativamente parecidos con el de Mauricio Macri. Y en algunos pasajes, son idénticos. Ambos relatan los problemas que acucian a la sociedad como si no fueran meros espectadores y no responsables directos por los cambios o la ausencia de ellos. 

“Anoche tuve una larga charla con Luis Pagani y le explicaba que teníamos que hacer algo para evitar la suba de los precios de los alimentos”, contó el Presidente, sobre su diálogo con el CEO de Arcor, una de las compañías que mayores ganancias obtuvo en medio de la pandemia: 7 mil millones repartió en dividendos. Ese “teníamos” es de una llamativa superficialidad, mientras que la Argentina está sufriendo un proceso inflacionario que destruye el poder adquisitivo. 

Mientras se pierde tiempo valioso en esa exasperante búsqueda de “consensos”, la incertidumbre aqueja a quienes no llegan a fin de mes. En definitiva, el Presidente está para tomar decisiones, aunque éstas traigan consigo conflictos. La decisión más a mano, admite el propio Alberto Fernández, es la aplicación de retenciones a las exportaciones, pero a pesar de su pedido al Congreso, sus propios ministros lo desconocen. Guzmán no quiere y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez lo desafió:  “De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”, tuiteó el titular de la cartera agraria mientras presentaba el programa ganadero en Córdoba. 

Ese estado de asamblea estudiantil permanente, abona el terreno para la oposición que se envalentona ante la pasividad: “¡Dejen de joder al campo y a los que laburan! Háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas. De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones”, advirtió el diputado macrista Diego Santilli. 

Pero las retenciones no son más que una herramienta que el propio Macri aplicó, “como último esfuerzo” cuando “no había otro camino”. Fue por decreto y no sólo al campo, sino de todos los bienes e incluso de los servicios. “No había pandemia, ni guerra en Europa, ni altos precios de los commodities. Hablemos de ineptitud”, retrucó Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación.

De todos modos, se trata de una especulación. El Gobierno no tiene los votos en el Congreso y nadie cree que haya plafón para un decreto. La asamblea estudiantil sigue deliberando, pese a la peligrosa cercanía del tiempo de elecciones, como reconoció en Corrientes el veterano Agustín Rossi: “Cristina hizo un aporte enorme cuando dijo que lo que está pasando es un debate interno. Bienvenido el debate. Pero no hay que olvidarse que estamos gobernando y no podemos estar en 2023 con este debate”. 

El debate está consumiendo tiempo valioso para conseguir resultados. La inflación es el principal problema no resuelto y opaca otros datos positivos, como la recuperación del empleo, la industria o las exportaciones. Ahora Guzmán absorbió la secretaría de Comercio Interior, que seguirá a cargo de Roberto Feletti, para coordinar acciones que mitiguen la suba de precios. Es una muestra de respaldo del Presidente, pero al mismo tiempo, ahora será el mismo ministro el que deba asumir la responsabilidad si los resultados siguen sin aparecer. 

Pese a todo, la oposición no está capitalizando la crisis interna del oficialismo, sumada en sus propias guerras intestinas, que enfrentan a todos contra todos ante la amenaza emergente de un Javier Milei que se los puede llevar puestos. 

En Cambiemos arrecian las internas y están todos embelesados en su propia búsqueda de espacios en las listas principales. Macri, Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, junto a Miguel Pichetto, son los que quieren ponerse el traje de candidato principal. 

Macri presentó un nuevo gurú comunicacional que advirtió que la idea del “cambio” hoy está representada por Milei y no por la alianza Juntos, a cuya mesa de decisiones ahora se sumó oficialmente Ramón Puerta. 

Esa fuga de votos desespera al macrismo, cuya oferta es esencialmente la misma que en 2015, cuando llegó al Gobierno con promesas que no sólo no se cumplieron, sino que arrojaron resultados diametralmente opuestos: crisis feroz, inflación récord y pobreza y desempleo por las nubes. 

Las mismas ideas con otros nombres. María Eugenia Vidal vendrá este lunes a Misiones a presentar el Centro de Estudios Federales del PRO, un think thank para reflotar proyectos en las provincias, profundizar el debate en torno de una agenda del federalismo, planificar inversiones con criterio federal y evaluar el presente y futuro del régimen de coparticipación. La paradoja es que durante la gestión Cambiemos, la propia Vidal y Larreta fueron los únicos beneficiados en el reparto de obras y recursos. En contraste, durante los cuatro años, el Plan Belgrano, pensado para el Norte Grande, apenas alcanzó un 45 por ciento de ejecución. En Misiones el programa estaba bajo el ala radical, y apenas culminó obras ya empezadas, prometió otras que nunca comenzaron y obvió las fundamentales, como el gasoducto del NEA, paralizado durante el macrismo. 

Esa ausencia de resultados es la que emparenta al Frente de Todos con el macrismo. Y por eso mismo crece la opción Milei. El desencanto agita fantasmas de una irrupción a lo Bolsonaro, sin ataduras ni mochilas. Milei teje su armado con esa premisa y con diálogo abierto. 

El uso de la boleta corta debe leerse en ese escenario. La autonomía que tiene Misiones hoy obedece a la carencia de ataduras en lo nacional y un mandato que emerge de la sociedad que respaldó las políticas en terreno. La identificación y la búsqueda de soluciones en el “misionerismo”, se refleja en el respaldo que obtienen los principales dirigentes renovadores que pueden formar parte de la propuesta política en 2023. 

El rumbo sostenido en cuatro o cinco ejes cuyos resultados están a la vista, marca la amplia distancia entre la Renovación y los aspirantes del Frente de Todos y Cambiemos. Misiones es una de las pocas provincias que sigue invirtiendo en materia sanitaria y aprobando leyes que amplían el acceso ciudadano a una mejor salud. El desarrollo de las políticas de innovación y acceso tecnológico se convierten también en un baluarte que seduce fronteras afuera. Herrera Ahuad estuvo en San Pablo con ejecutivos de la multinacional Hyundai para sondear el posible desembarco de la automotriz en el Parque Industrial de Posadas. Podría ser una revolución laboral: en San Pablo tiene dos mil empleos directos. Es clave la formación de los jóvenes en robótica y áreas conexas. Misiones está en el podio de provincias con mayor crecimiento relativo de empleo en la industria del software. Misiones hoy cuenta con 88 empresas de base tecnológica y una alta participación en las capacitaciones para programadores ya que la salida laboral es inmediata. Según el estudio nacional, se crearon 232 empleos en la industria del software dentro de la provincia. En la charla que dio la multinacional Globant en Posadas, la asistencia sobrepasó todas las expectativas: 300 jóvenes ávidos de aprendizaje. 

En San Pablo, Herrera Ahuad mantuvo también un diálogo mano a mano con Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil asistió a la principal convención de supermercados de Latinoamérica y allí tuvo un tiempo para el encuentro con el mandatario misionero, con quien habló sobre políticas de integración regional y la concreción del puente San Javier-Porto Xavier. Tomaron nota el embajador en Brasil, Daniel Scioli y el ministro de Economía del vecino país, Pablo Guedes. 

Los 1,3 millones de misioneros que posiblemente aparezcan en el censo, tienen por ley garantizado el acceso al servicio de salud, cualquiera fuera su condición económica. Desde la gestión hasta la adultez mayor. Lo mismo los pequeños productores yerbateros, que tienen el acceso a la obra social con respaldo del Estado y del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El sector tealero comienza ahora a querer imitar el proceso de la yerba: algunos productores plantean avanzar con la corresponsabilidad gremial para mejorar las condiciones de los trabajadores rurales en una producción que es la segunda exportadora en volumen, pero que no tiene un universo tan amplio de productores. Hay consenso en dar ese paso, lo mismo que con la yerba mate y el sector forestal, según lo expresado en la segunda reunión del Consejo AgroIndustrial de Misiones, que reunió a más de 50 representantes de las principales cadenas productivas de la provincia, que, como nunca antes, discuten en una misma mesa problemas y soluciones. 

Hubo coincidencia entre los empresarios en que la situación de Misiones se distingue de otras latitudes y están dadas las condiciones para sostener el crecimiento. Pero también se repitieron las demandas -más y mejor energía eléctrica y combustible- y especialmente, preocupaciones: una inflación alta y un dólar bajo, que conspiran contra la competitividad interna y externa.

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Subsidios al transporte: radiografía de la inequidad del reparto

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El primer encuentro 2022 del Consejo Regional del Norte Grande dejó un anuncio concreto, esperado por los gobernadores, en relación a los subsidios al transporte público de pasajeros, ampliando los recursos que se destinarán a las provincias (de 28 mil millones a 46 mil millones para el conjunto de las provincias) y en particular al Norte Grande (de 9 a 16 mil millones). 

Se trata de un logro importante para las provincias de la región, que sufrían hasta hoy importante asimetría en la distribución de recursos, que puede verificarse en cualquier comparación que se haga respecto al AMBA. 

Para entender estas asimetrías, basta ver los datos correspondientes al 2021. Si bien se trata de un problema histórico, un año permite observar en detalle esta situación. Durante el año pasado, se distribuyeron un total de $123.482,2 millones en subsidios a las provincias y AMBA, bajo diferentes mecanismos, como ser Fondo Compensador, Fondo COVID, Atributo Social, entre otros. El AMBA, en particular, goza de otros programas en paralelo, como la compensación tarifaria por oferta y demanda, precio diferencial de gasoil, entre otros. 

De ese total detallado, el AMBA concentró el 77,9%: es decir, 8 de cada 10 pesos en subsidios al transporte quedó concentrado solamente allí. Sabemos que se trata de un área geográfica de amplia densidad poblacional y con fuerte uso del transporte público, con mucho más alcance que en muchas de las provincias argentinas. Aun así, es una asignación altamente asimétrica con el resto de las jurisdicciones subnacionales, que tienen un denominador común: ante la falta de mayores subsidios, los precios de las tarifas al usuario son, naturalmente, más elevadas. 

El Norte Grande en su conjunto (NEA+NOA) se llevó, en 2021, solo el 7,6% del total de los subsidios, siendo una región que, en su alcance total, tiene casi diez millones de habitantes. Si desagregamos la región, el NEA participó del 2,3% del total de la entrega de subsidios al transporte, y el NOA el 5,3%. 

En términos poblacionales, cabe señalar que la cantidad de personas por distrito que son usuarios de transporte público no es necesariamente lineal con el total de habitantes; sin embargo, al no tener datos precisos sobre la cantidad de usuarios, es factible hacer una comparación global per cápita del impacto de los subsidios. 

En 2021, por cada habitante del AMBA se destinó $6.599,7; pero en el NEA, por persona, apenas $674,7. Es decir, los recursos asignados en subsidios son diez veces menores para un habitante del NEA que para un porteño. 

La situación no fue muy distinta en el 2020: el AMBA concentró el 77,5% de los recursos distribuidos; el Norte Grande, el 7,7%. Pero, además, en la comparación interanual, el AMBA tuvo en 2021 una expansión algo mayor al Norte Grande: +55,1% vs 53,9%. Ante una situación ya desigual, se profundizó la asimetría.  

Observando los datos por provincia, Misiones tuvo en 2021 la mayor asignación de subsidios en valores absolutos del NEA: unos $1.260,7 millones (+52% interanual, debajo del AMBA), pero esto va en línea con tener el boleto de colectivo más bajo de la región (siempre comparando los valores de las ciudades capitales), situando por debajo de Chaco y Formosa (entre $25 y $30) y Corrientes (casi $60). Ahora bien, el mantener el boleto más bajo de la región también se explica por subsidios de carácter provincial, que en proporción son fuertemente mayores al conjunto de los subsidios nacionales ($167 vs $50 por boleto). En otras provincias de la región, la relación suele ser inversa.

Esto nos permite ver dos situaciones que van de la mano: por un lado, sostener un boleto bajo es caro para las arcas del Estado, ya sea nacional y/o provincial, porque la necesidad de mayores subsidios crece año a año; por otro lado, las erogaciones provinciales para sostener subsidios podrían ser menores, si la Nación aumenta su asignación, y de esa forma, equilibra la balanza. En el fondo, hay otra cuestión: hay voluntad política provincial de sostener tarifas bajas, pero no la hay a nivel nacional. O no la había hasta el pasado viernes. 

La tarifa del boleto en Posadas, particularmente, inevitablemente tendrá un incremento, pero el objetivo es que no impacte tan fuerte en el bolsillo del usuario. Estos anuncios del pasado viernes podrían entonces convertirse en la solución, o por lo menos en el inicio de un esquema donde el interior del país sea mucho más contemplado y acompañado por el Estado nacional en factores tan sensibles a la comunidad toda como lo es el transporte público.

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Punto a favor del Norte Grande: Nación confirmó aumento del subsidio al transporte público

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El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, confirmó que el monto pactado con las provincias para aumentar el subsidio al transporte urbano, se mantendrá a pesar del voto negativo de Cambiemos al Presupuesto.

Después de intensas negociaciones, los gobernadores del Norte Grande, reunidos en Puerto Iguazú, recibieron la noticia de parte del enviado nacional, que participó de la cumbre, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, además de otros funcionarios nacionales.

El subsidio aumentará de 28 mil a 46 mil millones para repartir entre las provincias, justo en momentos en que Nación discute con Capital Federal el manejo del transporte urbano. Actualmente, el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta tiene los colectivos pagados por Nación con un monto que equivale al 50 por ciento del total de los subsidios.

“Más allá de que la oposición nos dejó sin presupuesto se respetó ese acuerdo. Es decisión política. El anuncio está materializado. Rige desde enero, febrero marzo, con cuotas iniciales de 3200 millones mensuales”, explicó Guerrera en una entrevista concedida a la periodista Nataly Sepúlveda, de Canal 9 de Chaco.

En la mesa de negociaciones también se abordó el sistema de transporte eléctrico que necesita una ampliación de red para las diez provincias del Norte Grande, ya que durante la gestión de gobierno anterior no se incorporó ni un solo kilómetro de líneas de alta tensión, a pesar de que desde 2015 la potencia instalada creció un 28 por ciento.

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Transporte de pasajeros en estado crítico: la inflación profundiza asimetrías en el reparto de subsidios

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La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), expresó en un documento “su honda preocupación” ante la continuidad de una política de distribución de compensaciones por parte del Estado Nacional que discrimina lisa y llanamente a los usuarios y prestadoras de las provincias fuera de Capital y Buenos Aires. En el AMBA desde hace dos años se pagan tarifas de 18 pesos, mientras que en el interior, los usuarios deben afrontar boletos de entre 50 y 60 en promedio. Al mismo tiempo, el centro del país recibe subsidios por 17.500 millones mensuales, con una masa salarial de 8.100 millones mensuales (46% de las transferencias recibidas). En contraste, en el interior del país se reciben 3.500 millones de pesos mensuales, con salarios que superan los 4.500 millones.   

En efecto, a pesar de las numerosas presentaciones que la Federación ha realizado ante las máximas autoridades de la Nación desde hace largos años, la extraordinaria asimetría en la asignación de recursos al sistema de transporte que se verifica entre el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Interior del país.

Dicha situación reviste especial gravedad en tanto que el de pasajeros por ómnibus es el único medio masivo de transporte, ya que fuera del AMBA no se prestan servicios de subterráneos ni trenes urbanos. En algunos casos, la caída en la calidad de las prestaciones provocadas por la falta de cumplimiento de las transferencias ha hecho que las autoridades quiten concesiones o estaticen los servicios.

La injusticia de la situación se refleja con claridad en el hecho de que los usuarios del transporte del interior abonarán tarifas promedio de alrededor de entre $50 y $60, mientras que en el AMBA es desde $ 18, desde hace más de 2 años (abril 2018), con un poder adquisitivo en las provincias similar y en muchos casos inferior. 

Con la pandemia los ingresos de las empresas han caído al reducirse la carga de pasajeros actuales a un 60% de los transportados en el año 2019, mientras los costos se incrementan, al punto de que hoy no pueden afrontar la operación y mantenimiento, lo que incluye salarios, combustible, neumáticos, repuestos, etc.

En particular sobre los salarios, FATAP asegura que el sector no puede pagar la paritaria que reclama la UTA. El conflicto viene advirtiéndose desde hace años y se profundizó a partir de 2019, cuando comenzó a denunciarse la discriminación que ejerce el Gobierno Nacional sobre el interior del país, al priorizar el AMBA con las transferencias al transporte.

En concreto, el Estado Nacional destina cada mes 17.500 millones de pesos al AMBA, donde la masa salarial es de 8.100 millones de pesos mensuales (46% de las transferencias recibidas). En contraste, en el interior del país se reciben 3.500 millones de pesos mensuales y la masa salarial es de 4.950 millones de pesos al mes. Por lo que las transferencias en el interior cubren sólo un 70% de los salarios actuales y anteriores al reclamo de la UTA, y no suponen ninguna ayuda para el resto de los costos (combustible, mantenimiento de las unidades, etc).

El sector reclama medidas urgentes que garanticen su sustentabilidad para evitar el fin del servicio. Hoy en el interior ni siquiera cuentan con los recursos comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación en la última negociación paritaria con la UTA, según se especificara en el Acta Salarial de fecha 24/06/21, donde se estableciera el aporte de fondos adicionales y complementarios al Fondo Compensador previsto por el Art. 72 de la Ley 27591, como contrapartida insoslayable para la normal continuidad de las obligaciones salariales pactadas. Así, la crisis del sector comenzó en 2019 y se profundizó dramáticamente desde marzo de 2020 sin lograr hasta el momento la atención necesaria de parte del Ministerio de Transporte. 

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Aumenta 30 por ciento el subsidio al transporte urbano que reciben las provincias

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El Gobierno nacional anunció a las provincias un aumento del 30 por ciento en el monto del subsidio al transporte urbano que se distribuye entre las empresas fuera del AMBA. Era un reclamo de los gobernadores para equiparar el aporte que reciben Capital y Buenos Aires, en detrimento de las demás provincias.

La formalización del aumento sucedió el miércoles, en una reunión convocada por el Subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Marcos Farina, de la que participaron el secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, junto al subsecretario provincial de Transporte, René Kegler, y representantes de las carteras de Transporte de las demás provincias.

En este encuentro el funcionario nacional anunció un aumento del subsidio para las empresas de transporte del interior del país, cuyo monto representa una suba cercana al 30% de lo que actualmente se percibe.

Los montos exactos que se asignarán a cada jurisdicción se conocerán en los próximos días, ya que se distribuirán conforme a la información elevada por cada provincia. Las provincias deberán aportar la misma suma, con la finalidad de que también se vuelque al transporte interior de cada una.

Este incremento permitirá a las empresas afrontar de forma prioritaria, en tiempo y forma, los mayores costos del pago de salarios y mantener funcionando el sistema de transporte en la provincia, sin afectar el normal desplazamiento de trabajadores y alumnos misioneros. La capital misionera tiene el boleto del transporte más barato de la Argentina y con el precio congelado desde fines de 2018.

Además, el objetivo de esta medida es reducir la brecha de los recursos que reciben las provincias frente a los percibidos por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para que de esta manera los pasajeros del interior del país accedan los mismos beneficios que quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área de influencia.

Ayer por la tarde se llevó adelante una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la Nación en la cual el gremio que nuclea a los trabajadores de la UTA aceptó las propuestas elevadas por el gobierno nacional y decidió levantar las medidas de fuerza que venían aplicando y que se encontraban suspendidas temporalmente.

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