Con el impulso de 16 gobernadores, se presentó en el Congreso un proyecto para crear un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria del Transporte Público de Pasajeros con el fin de garantizar, con “eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.
Asimismo, la iniciativa de los gobernadores declara esencial el servicio de transporte público de pasajeros automotor urbano y suburbano en todo el territorio, con el objeto de satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte.
De acuerdo al proyecto, quedan comprendidos dentro del “SIFECOT” las líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción municipal, provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Se establece que los montos a distribuir, a través del “SlFECOT” son los provenientes de los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbonoy los fondos que se transfieran al fideicomiso creado por el decreto 976/2021 y los recursos del Presupuesto General.
En esa línea, se crea un fondo de 360 mil millones de pesos para el ejercicio 2022. Para los ejercicios fiscales siguientes, en ningún caso el importe será menor al que resulte de ajustar el mismo por la pauta inflacionaria que se prevea en los respectivos presupuestos nacionales anuales o el incremento de la estructura de costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos, aplicando el que resulte mayor. El fondo deberá actualizarse cuatrimestralmente conforme las pautas indicadas.
Para el reparto de los subsidios se determinan como criterios objetivos de distribución los siguientes:
a) Parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
b) Kilómetros recorridos promedios mensuales por los servicios públicos de transporte automotor nacional, provincial, municipal y de CABA.
c) Los agentes computables: Serán la cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación mediante el Sistema Integrado de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS), con un máximo de tres agentes por unidad.
Se dispone coordinar esfuerzos entre Nación, Provincias, CABA y municipios, para que en un plazo de un año, contados a partir de la aprobación de la ley, se implemente en todo el país el sistema de Boleto Electrónico (SUBE)
Con el objeto de garantizar a todos los usuarios el acceso socialmente justo al servicio público de transporte automotor de pasajeros urbano y de todo el territorio nacional, las jurisdicciones que a la fecha de la sanción de la presente ley no cuenten con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) deben ser incorporadas al esquema de atributos sociales y/o tarifas diferenciales y a los sistemas de boleto integrado en aquellas jurisdicciones que cuenten con sistemas de transporte multimodal.
Se establece que el esquema de compensación de precio diferencial del gasoil, se aplicarà a todas las empresas de transporte público de pasajeros automotor urbano y suburbano, sea de jurisdicción nacional, provincial, municipal o CABA.
El artículo 10 es clave para las provincias. Establece que “todos Ios fondos que se destinen para hacer frente a las compensaciones tarifarias al transporte automotor no podrán afectar o disminuir la Coparticipación de recursos federales que corresponde a cada Jurisdicción conforme la legislación vigente. En paralelo, se exige derogar todo tipo de subsidios diferenciales al transporte público de pasajeros por automotor con destino al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el ejercicio fiscal 2022.
También se pretende crear un Consejo Federal del Transporte (COFETRA) que estará integrado por representantes de Transporte y de las provincias.
“Los Gobernadores y Gobernadoras, expresamos profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina. A tal efecto instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo
de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad yequidad en todo el territorio de la Argentina”, señala el documento que ingresó al Congreso.
El gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto a otros 16 gobernadores del país, firmaron un documento en el que solicitan una Corte Suprema de Justicia Federal y abordaron con preocupación la situación del transporte público de pasajeros.
El conjunto de gobernadores decidió “elaborar un proyecto para una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”.
“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal. Convocaremos a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”, señala el documento elaborado por los mandatarios.
Por otra parte, precisó que “reafirmamos nuestros absoluto compromiso con la Constitución Argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo.
En el día de la fecha 16 Gobernadores emitimos dos Documentos, uno titulado “Por una Corte Suprema de Justicia Federal” y el otro referido a nuestra preocupación por el transporte público de pasajeros”.
“En ambos documentos nos estamos comprometiendo a buscar con todas las demás provincias un consenso, para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, aclaró Zamora.
Este documento fue firmado por los gobernadores de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut./
En otro documento expresaron la preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio de transporte para llegar a sus lugares de trabajo.
En este sentido instaron al debate legislativo en el Congreso Nacional “sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y la equidad en todo el territorio de la República Argentina”, concluyeron.
El censo 2022 confirmará a Misiones entre las diez provincias más pobladas de la Argentina, una tendencia que fue consolidándose con el paso de los años y que agudiza la incongruencia de los escasos recursos que recibe en comparación con provincias vecinas. Misiones hoy tiene más población que Chaco y Corrientes y casi triplica a Formosa. Será la novena provincia más poblada y la tercera del Norte Grande. Lo mismo sucede con la economía: Misiones es la octava y supera a buena parte de la región, pero recibe coparticipación como si fuera la provincia 18 o 19. El peso relativo de la provincia creció mucho más rápido que las respuestas políticas, que siguen estancadas y concentradas en el centro del país, epicentro de las desigualdades.
El énfasis puesto en el reclamo de Misiones tiene que ver con eso. En una reciente entrevista con una radio porteña, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aseguró que el sistema de reparto “es totalmente injusto para Misiones por lo que genera la provincia”.
Al mismo tiempo, cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por el reclamo de más recursos a la Nación para financiar las operaciones de la Policía de la ciudad porteña. “Si por el traspaso de la Policía, vos tenés que darle plata, quien me da plata para pagarle a la Policía de Misiones o qué diferencia hay entre la Policía de Misiones y la de Capital Federal. ¿Cuál es el justificativo? Escuché por ahí a dirigentes decir que “ahora no vamos a poder hacer más obras”. Pero pará. Ese dinero no era para obras. Era para la policía”.
El dinero al que se refiere fue generosamente dado por el ex presidente Mauricio Macri al intendente porteño. Después se redujo cuando asumió Alberto Fernández, lo que motivó el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema. Los gobernadores estiman que hay 500 mil millones en juego. Y el federalismo.
Para tomar dimensión del despropósito, vale el ejemplo de la Policía de Misiones, que usó Herrera Ahuad. ¿Por qué el sistema debe financiar a una policía y no a todas? Pero también alcanza con mirar otros números: la Policía Federal tiene 34.000 agentes y un presupuesto en ejecución de 70.000 millones anuales. La Capital Federal reclama 112.000 millones para 19.000 agentes.
La misma diferencia abismal se puede detectar en el transporte público, que fue protagonista esta semana con un nuevo paro en reclamo de salarios similares a los de Capital Federal, pero que las empresas provinciales no pueden afrontar.
Después de las quejas de los gobernadores, Nación lanzó un fondo “compensador” para los primeros meses del año: hasta fines de abril se giraron $5.865,2 millones (61,09% del total asignado por la resolución) y restaba aún el pago del saldo restante (por $3.734,8 millones). Pero el AMBA, que tiene tiene un sistema paralelo, ya captó en ese mismo período, cerca de $48 mil millones. Nada cambia.
Para colmo, el ministro de Economía, Martín Guzmán pretende manotear los recursos que se giran a las provincias para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -nada nuevo bajo el sol- y ya tiene un borrador de recorte de subsidios. Las provincias, nuevamente, pierden en el reparto, pero son incluso más castigadas aquellas que tienen sus cuentas en orden, como Misiones.
Cambian los gobiernos, no cambian las formas. El de Alberto tiene rasgos llamativamente parecidos con el de Mauricio Macri. Y en algunos pasajes, son idénticos. Ambos relatan los problemas que acucian a la sociedad como si no fueran meros espectadores y no responsables directos por los cambios o la ausencia de ellos.
“Anoche tuve una larga charla con Luis Pagani y le explicaba que teníamos que hacer algo para evitar la suba de los precios de los alimentos”, contó el Presidente, sobre su diálogo con el CEO de Arcor, una de las compañías que mayores ganancias obtuvo en medio de la pandemia: 7 mil millones repartió en dividendos. Ese “teníamos” es de una llamativa superficialidad, mientras que la Argentina está sufriendo un proceso inflacionario que destruye el poder adquisitivo.
Mientras se pierde tiempo valioso en esa exasperante búsqueda de “consensos”, la incertidumbre aqueja a quienes no llegan a fin de mes. En definitiva, el Presidente está para tomar decisiones, aunque éstas traigan consigo conflictos. La decisión más a mano, admite el propio Alberto Fernández, es la aplicación de retenciones a las exportaciones, pero a pesar de su pedido al Congreso, sus propios ministros lo desconocen. Guzmán no quiere y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez lo desafió: “De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”, tuiteó el titular de la cartera agraria mientras presentaba el programa ganadero en Córdoba.
Ese estado de asamblea estudiantil permanente, abona el terreno para la oposición que se envalentona ante la pasividad: “¡Dejen de joder al campo y a los que laburan! Háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas. De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones”, advirtió el diputado macrista Diego Santilli.
Pero las retenciones no son más que una herramienta que el propio Macri aplicó, “como último esfuerzo” cuando “no había otro camino”. Fue por decreto y no sólo al campo, sino de todos los bienes e incluso de los servicios. “No había pandemia, ni guerra en Europa, ni altos precios de los commodities. Hablemos de ineptitud”, retrucó Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación.
De todos modos, se trata de una especulación. El Gobierno no tiene los votos en el Congreso y nadie cree que haya plafón para un decreto. La asamblea estudiantil sigue deliberando, pese a la peligrosa cercanía del tiempo de elecciones, como reconoció en Corrientes el veterano Agustín Rossi: “Cristina hizo un aporte enorme cuando dijo que lo que está pasando es un debate interno. Bienvenido el debate. Pero no hay que olvidarse que estamos gobernando y no podemos estar en 2023 con este debate”.
El debate está consumiendo tiempo valioso para conseguir resultados. La inflación es el principal problema no resuelto y opaca otros datos positivos, como la recuperación del empleo, la industria o las exportaciones. Ahora Guzmán absorbió la secretaría de Comercio Interior, que seguirá a cargo de Roberto Feletti, para coordinar acciones que mitiguen la suba de precios. Es una muestra de respaldo del Presidente, pero al mismo tiempo, ahora será el mismo ministro el que deba asumir la responsabilidad si los resultados siguen sin aparecer.
Pese a todo, la oposición no está capitalizando la crisis interna del oficialismo, sumada en sus propias guerras intestinas, que enfrentan a todos contra todos ante la amenaza emergente de un Javier Milei que se los puede llevar puestos.
En Cambiemos arrecian las internas y están todos embelesados en su propia búsqueda de espacios en las listas principales. Macri, Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, junto a Miguel Pichetto, son los que quieren ponerse el traje de candidato principal.
Macri presentó un nuevo gurú comunicacional que advirtió que la idea del “cambio” hoy está representada por Milei y no por la alianza Juntos, a cuya mesa de decisiones ahora se sumó oficialmente Ramón Puerta.
Esa fuga de votos desespera al macrismo, cuya oferta es esencialmente la misma que en 2015, cuando llegó al Gobierno con promesas que no sólo no se cumplieron, sino que arrojaron resultados diametralmente opuestos: crisis feroz, inflación récord y pobreza y desempleo por las nubes.
Las mismas ideas con otros nombres. María Eugenia Vidal vendrá este lunes a Misiones a presentar el Centro de Estudios Federales del PRO, un think thank para reflotar proyectos en las provincias, profundizar el debate en torno de una agenda del federalismo, planificar inversiones con criterio federal y evaluar el presente y futuro del régimen de coparticipación. La paradoja es que durante la gestión Cambiemos, la propia Vidal y Larreta fueron los únicos beneficiados en el reparto de obras y recursos. En contraste, durante los cuatro años, el Plan Belgrano, pensado para el Norte Grande, apenas alcanzó un 45 por ciento de ejecución. En Misiones el programa estaba bajo el ala radical, y apenas culminó obras ya empezadas, prometió otras que nunca comenzaron y obvió las fundamentales, como el gasoducto del NEA, paralizado durante el macrismo.
Esa ausencia de resultados es la que emparenta al Frente de Todos con el macrismo. Y por eso mismo crece la opción Milei. El desencanto agita fantasmas de una irrupción a lo Bolsonaro, sin ataduras ni mochilas. Milei teje su armado con esa premisa y con diálogo abierto.
El uso de la boleta corta debe leerse en ese escenario. La autonomía que tiene Misiones hoy obedece a la carencia de ataduras en lo nacional y un mandato que emerge de la sociedad que respaldó las políticas en terreno. La identificación y la búsqueda de soluciones en el “misionerismo”, se refleja en el respaldo que obtienen los principales dirigentes renovadores que pueden formar parte de la propuesta política en 2023.
El rumbo sostenido en cuatro o cinco ejes cuyos resultados están a la vista, marca la amplia distancia entre la Renovación y los aspirantes del Frente de Todos y Cambiemos. Misiones es una de las pocas provincias que sigue invirtiendo en materia sanitaria y aprobando leyes que amplían el acceso ciudadano a una mejor salud. El desarrollo de las políticas de innovación y acceso tecnológico se convierten también en un baluarte que seduce fronteras afuera. Herrera Ahuad estuvo en San Pablo con ejecutivos de la multinacional Hyundai para sondear el posible desembarco de la automotriz en el Parque Industrial de Posadas. Podría ser una revolución laboral: en San Pablo tiene dos mil empleos directos. Es clave la formación de los jóvenes en robótica y áreas conexas. Misiones está en el podio de provincias con mayor crecimiento relativo de empleo en la industria del software. Misiones hoy cuenta con 88 empresas de base tecnológica y una alta participación en las capacitaciones para programadores ya que la salida laboral es inmediata. Según el estudio nacional, se crearon 232 empleos en la industria del software dentro de la provincia. En la charla que dio la multinacional Globant en Posadas, la asistencia sobrepasó todas las expectativas: 300 jóvenes ávidos de aprendizaje.
En San Pablo, Herrera Ahuad mantuvo también un diálogo mano a mano con Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil asistió a la principal convención de supermercados de Latinoamérica y allí tuvo un tiempo para el encuentro con el mandatario misionero, con quien habló sobre políticas de integración regional y la concreción del puente San Javier-Porto Xavier. Tomaron nota el embajador en Brasil, Daniel Scioli y el ministro de Economía del vecino país, Pablo Guedes.
Los 1,3 millones de misioneros que posiblemente aparezcan en el censo, tienen por ley garantizado el acceso al servicio de salud, cualquiera fuera su condición económica. Desde la gestión hasta la adultez mayor. Lo mismo los pequeños productores yerbateros, que tienen el acceso a la obra social con respaldo del Estado y del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El sector tealero comienza ahora a querer imitar el proceso de la yerba: algunos productores plantean avanzar con la corresponsabilidad gremial para mejorar las condiciones de los trabajadores rurales en una producción que es la segunda exportadora en volumen, pero que no tiene un universo tan amplio de productores. Hay consenso en dar ese paso, lo mismo que con la yerba mate y el sector forestal, según lo expresado en la segunda reunión del Consejo AgroIndustrial de Misiones, que reunió a más de 50 representantes de las principales cadenas productivas de la provincia, que, como nunca antes, discuten en una misma mesa problemas y soluciones.
Hubo coincidencia entre los empresarios en que la situación de Misiones se distingue de otras latitudes y están dadas las condiciones para sostener el crecimiento. Pero también se repitieron las demandas -más y mejor energía eléctrica y combustible- y especialmente, preocupaciones: una inflación alta y un dólar bajo, que conspiran contra la competitividad interna y externa.
Además del Censo realizado el miércoles pasado, uno de los temas relevantes de la semana fue el paro de transporte en todo el país, que terminó levantándose antes de tiempo, pero que puso de nuevo en alerta no solo al Gobierno nacional, sino sobre todo a las Provincias, que casi en bloque, a partir de declaraciones públicas de gobernadores y ministros, expresaron su disconformidad respecto al actual sistema de reparto de los subsidios.
Pocas veces antes se había visto un trabajo coordinado en materia comunicacional por parte de las provincias, que sobre todo a través de publicaciones en Twitter pidieron por un reparto más federal y con mayor asistencia al interior.
Para graficar la situación, la primera torta de reparto es más que evidente: por mes, la asignación de subsidios es de casi $26 mil millones al AMBA y $3 mil millones al conjunto de las provincias: es decir, casi el 90% solo al área metropolitana de Buenos Aires.
Esta situación ya había generado un fuerte ruido a inicios de año, con reclamos de diferentes gobernadores, y que derivó en anuncios oficiales. A través de la Resolución 82/2022 de febrero pasado, el Ministerio de Transporte de la Nación estableció la distribución del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano del interior del país” por un monto mensual de hasta 3.200 millones, para el período enero a marzo de 2022.
De eso, la Nación, a finales de abril pasado, ya había girado $5.865,2 millones (61,09% del total asignado por la resolución) y restaba aún el pago del saldo restante (por $3.734,8 millones), que se libera a medida que las provincias presentan las rendiciones de cuentas correspondientes. Pero el AMBA, que tiene tiene un sistema paralelo (no regido por la resolución mencionada), ya captó cerca de $48 mil millones.
Es decir, la situación que describimos meses atrás en esta columna de Economis, no varió pese a los discursos. Por eso, ahora los gobernadores vuelven a ponerse en pie de lucha, no solo por la situación actual, sino también por lo que ven venir.
En el Palacio de Hacienda, el ministro Martín Guzmán y su equipo trabajan en la redacción de un decreto para el Presupuesto de este año, que recordamos fue rechazado en Diputados por el voto en contra de la oposición. En el Gobierno prometían tener listo este nuevo decreto para finales de abril, pero continúa demorado. Uno de los puntos centrales de esa demora es la falta de acuerdo político entre el equipo económico y los gobernadores (con fuerte representación de Manzur desde el gabinete nacional), y ese no-acuerdo interno está centralizado en el programa con el FMI: Guzmán, con el objetivo de cumplir las pautas del acuerdo, plantea reducir de manera muy fuerte las partidas y transferencias a provincias, donde los subsidios al transporte están incluidos.
Al cierre de abril, las transferencias no automáticas a las provincias seguían teniendo un ritmo de crecimiento, aunque mucho más moderado que meses atrás, pero todo eso ahora se pone en juego: financiamiento para obra pública, subsidios al transporte, programas especiales e incluso las asistencias financieras están en duda.
Un eventual recorte de subsidios tiene consecuencias directas: o un fuerte tarifazo en el interior del país del boleto, o una muy fuerte erogación de recursos por parte de las administraciones provinciales para sostenerlo, pero no todos los distritos tienen caja para hacerlo.
Veamos los números misioneros: la Provincia recibió (hasta el 29 de abril, correspondiente a la asignación del primer trimestre del año) unos $273,4 millones del Fondo Compensador, el valor más alto en el NEA y el cuarto más alto del Norte Grande (detrás de Tucumán, Salta y Jujuy), representando el 4,7% del total repartido a las provincias.
Misiones sostiene el boleto más barato entre las capitales de todo el Norte Grande, con fuerte inyección de recursos propios, una situación que no se observa en la totalidad de los distritos. Por ende, la presencia del Estado misionero es la que garantiza un boleto “barato”, y en consecuencia, la responsabilidad fiscal aplicada por el equipo de Hacienda provincial es quizás uno de los ejes principales para lograr esto, ya que ello garantiza un flujo de fondos tendientes a conservar esa situación.
Sin embargo, la situación (en todo el país en general) es delicada: los costos de las empresas crecen, hay presiones sindicales y los subsidios se mueven de manera más lenta que lo deseado. Los tres días de paro convocados la semana pasada (se concretó uno) son un aviso de la conflictividad en el sector, pero la solución viene (o debería venir) del Gobierno nacional, principalmente, con una mejora en los esquemas de reparto como mínimo.
Más allá de que existan corrientes de pensamiento que expresan que “pagamos un boleto barato” cuando lo miden en dólares y comparándolo con otras ciudades del mundo, lo cierto es que el bolsillo del usuario no da para más, sobre todo en el interior, y más aún en aquellas ciudades donde el horario laboral no es de corrido, y obliga así a que un usuario tenga, de mínima, que pagar 4 boletos diarios solo para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Con un boleto barato, como el de Posadas, estamos hablando de 120 pesos diarios, 600 pesos a la semana y 2.640 pesos al mes considerando veintidós días hábiles.
Un boleto más caro, como el correntino, llega el gasto mensual a 5.280 pesos solo en transporte. A priori, parecieran no ser valores muy holgados, pero al contrastarlo con el costo de vida en general y la baja nominalidad del salario que tenemos en nuestra región, se transforma en un peso enorme para el usuario.
Se abre un período de fuertes interrogantes: ¿Qué hará Guzmán con su proyecto en borrador? ¿Buscará consensos provinciales? O más bien, ¿se abrirá una nueva grieta dentro del gabinete nacional enfrentándose con Manzur?
La falta de concordancia de posiciones que existen hacia dentro del propio Gobierno (con un nuevo episodio visto el viernes entre el Presidente y Julián Domínguez) genera fuerte incertidumbres: para el mercado, para los gobernadores y para la ciudadanía, que se traduce en menores niveles de confianza. El Gobierno nacional debe volver a plantearse un rumbo unificado, más allá de las disidencias internas. Sin eso, no hay plan económico que sirva, y el país está hoy en momentos de inestabilidad que requieren consensos.
Desde el municipio, avanzan los trabajos en pos de incluir a las bicicletas y monopatines como vehículos alternativos y sustentables dentro del circuito vial.
En ese sentido, continúan las tareas de demarcación de más ciclovías, configurando una red por los distintos puntos de la ciudad, vinculando a los sectores comerciales y administrativos con los espacios verdes y recreativos. Garantizando un desplazamiento seguro por la ciudad.
Los trabajos realizados en esta oportunidad, corresponden al tramo que se desarrolla sobre la Av. Roque Sáenz Peña, desde la Av. Mitre en sentido sur – norte hasta calle San Martín.
Teniendo en cuenta la señalización horizontal, además de las tareas de pintura, se colocaron bastones rebatibles y tachas, los cuales permitirán la separación de vehículos y bicicletas. Del mismo modo, la cartelería correspondiente para delimitar estos carriles.
Mediante este trabajo, se busca una transformación cultural hacia una concepción más sustentable, contribuyendo así, en la devolución de calidad y vitalidad al espacio público, el ciudadano y su movilidad. Estas acciones permitirán alcanzar un tránsito más seguro, ordenado y ágil dentro de la ciudad.
Las actuales Ciclovías en funcionamiento se encuentran por calle Salta; Av. Tambor de Tacuarí; Av. Blas Parera; Av. Tomas Guido; Av. Rademacher y Av. Francisco de Haro.
