Un tribunal federal de Estados Unidos (EE.UU.) anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países que había dispuesto la administración de Donald Trump, al considerar que la medida impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales y vulneró el principio de evaluación individual de los solicitantes.

La decisión fue adoptada por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, en una sentencia de 61 páginas. La magistrada calificó la prohibición como «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento oficial según el cual los solicitantes de los países incluidos en la lista representaban un riesgo elevado de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.

El fallo pone el foco en un aspecto central de la política migratoria estadounidense: la administración había instruido a funcionarios consulares a denegar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos establecidos y que probablemente podían sostenerse económicamente por sus propios medios. Para Vargas, esa aplicación generalizada contradice las normas que exigen analizar cada solicitud de manera individual.

La resolución también deja abierta una consecuencia concreta para quienes ya habían sido afectados por la política. La jueza revocó las denegaciones de visas que se hubieran basado exclusivamente en la medida cuestionada, lo que podría derivar en la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.

América Latina, entre los países alcanzados

La suspensión había afectado a numerosos países de América Latina y el Caribe. Entre ellos figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluía a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.

El caso judicial tuvo entre sus demandantes a cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visa fueron rechazadas con referencia a la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares provenientes de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.

El alcance de la sentencia trasciende así la discusión administrativa sobre la emisión de visas. El criterio adoptado por el tribunal cuestiona la posibilidad de utilizar una clasificación por país como fundamento suficiente para bloquear solicitudes que deberían ser examinadas individualmente.

El Gobierno de Trump defendió los controles

El Departamento de Estado evitó pronunciarse específicamente sobre el litigio, aunque un portavoz defendió la política migratoria de la administración. Según sostuvo, el Gobierno mantiene los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas como parte de su estrategia para proteger al pueblo estadounidense.

La sentencia, sin embargo, establece un límite a ese enfoque cuando las restricciones terminan convirtiéndose en una prohibición general para ciudadanos de determinados países. El eje del fallo no pasa solamente por la política migratoria, sino por el alcance de las facultades administrativas para establecer restricciones que afectan derechos y procedimientos individuales.

Organizaciones vinculadas a la defensa de los inmigrantes celebraron la decisión. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, afirmó que el fallo constituye una victoria para las familias afectadas y sostuvo que las leyes migratorias no pueden utilizarse para justificar discriminaciones.

Desde Democracy Forward, su presidenta y directora ejecutiva, Skye Perryman, también calificó la resolución como un rechazo contundente a una política que, según la organización, provocó perjuicios a familias y comunidades.

El nuevo escenario abre ahora una instancia de revisión para las solicitudes alcanzadas por la medida. La disputa también podría continuar en otras instancias judiciales, mientras la administración Trump sostiene su estrategia de endurecimiento de los controles migratorios.

En términos prácticos, la decisión devuelve al centro del procedimiento el análisis individual de cada solicitante. Para miles de personas cuyos trámites quedaron paralizados o fueron rechazados exclusivamente por pertenecer a alguno de los países incluidos en la suspensión, esa diferencia puede determinar si sus expedientes vuelven a ser considerados.