TyC, Antonio Cafiero y un chino: la problemática de la tierra vuelve a imponerse en la agenda
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La problemática de la tierra, que desvive a cientos de familias en lo profundo de la ruralidad de Misiones, vuelve a la agenda prioritaria: la Provincia se prepara para expropiar 530 hectáreas donde 135 familias viven desde hace décadas, pero corren serio riesgo de ser desalojadas en las próximas semanas.
Un proyecto de ley impulsado por Roque Soboczinski -ex intendente de El Soberbio- y Cristian Castro, busca regularizar las tierras de Picada Mandarina, donde viven más de 135 personas. Ya hay una sentencia firme de desalojo y un reclamo de las familias que lleva años sin resolverse.
La iniciativa retoma los pedidos que las familias realizaron durante los últimos años y un antecedente legislativo presentado en 2018. El planteo cuenta además con el respaldo del Concejo Deliberante de El Soberbio, que mediante la Ordenanza 13/25 solicitó la intervención de la Cámara de Representantes de Misiones.
El conflicto se remonta a 2014, cuando Luis Alberto Cemborain adquirió la titularidad registral de los lotes, que ya estaban ocupados por las familias, de acuerdo con la documentación que fundamenta el proyecto. Dos años después inició una acción de desalojo ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.º 1 de San Vicente.
La causa, identificada como “Cemborain Luis Alberto c/Sornberger Raúl Ricardo y otros s/desalojo”, tramita bajo el expediente 144658/2016. Según el texto de la iniciativa, ya cuenta con una sentencia de desalojo firme, lo que da urgencia al pedido de una solución legislativa.
Los fundamentos sostienen que las familias ejercen una posesión “pública, pacífica y continua” sobre los inmuebles. Describen una colonia con más de 50 viviendas, galpones y varias iglesias, donde la tierra constituye tanto el lugar de residencia como el sustento de sus habitantes. También señalan que todos los demandados están inscriptos ante el IPRODHA como beneficiarios de la Ley XII-N.º 28.
La ordenanza municipal declaró de utilidad pública los lotes A y B y encomendó al Ejecutivo local trasladar el conflicto a la Legislatura para solicitar una ley provincial de expropiación.
Las tierras pertenecían El Soberbio SA, que fue a la quiebra entre los años 80 y 90. La propiedad todavía cuenta con 14 mil hectáreas que eran destinadas a la extracción de maderas. Cuando se agotaron, se terminó el negocio. Desde entonces hubo varios “propietarios”. Entre ellos, el candidato presidencial Antonio Cafiero, la empresa Torneos y Competencia y otros nombres que poco y nada tienen que ver con Misiones.
El proceso de expropiación se inició durante la gestión de Maurice Closs. La compra de la tierra se financió con recursos del Fondo Especial del Tabaco y equivale a unos 950 millones de pesos para liberar 14 mil hectáreas. La tierra ya fue mensurada, pero la muerte de uno de los agrimensores dilató la solución del conflicto por la disputa familiar que se desató por su herencia. Recién el año pasado la Provincia pudo acordar con sus familiares y ahora hay que realizar una actualización de la mensura antes de traspasarle la propiedad al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, que se encargará del loteo y la titularización de las familias, que deberán pagar por la tierra.
“Es todo colonia Monteagudo, casi todo Paraíso y el límite con el arroyo Paraíso. Cuando Maurice Closs fue gobernador, se negoció en Buenos Aires con los dueños del momento. Se pidió dinero del Fondo Especial del Tabaco y se compró y mensuró. Esa mensura hicieron cuatro agrimensores. Cuando se llegó a cobrar, uno de los actuantes muere y pasa a sucesión, por lo que demoró el acuerdo. El año pasado logramos que la Provincia se ponga de acuerdo con esa familia. Ahora cambiaron de dueños algunas parcelas, se está remensurando y se espera escriturar hacia fines de año”, relató Soboczinski.
“No hay que tenerle miedo a la expropiación”, aseguró Héctor “Cacho” Bárbaro en respaldo de la iniciativa que tomará forma definitiva la próxima semana.
Una situación similar se da en Panambí, donde un ciudadano de origen chino reclama la potestad de miles de hectáreas donde viven cientos de agricultores.
En Panambí, la disputa por la tierra también enfrenta los títulos de propiedad con una historia de trabajo y arraigo que lleva más de medio siglo. El reclamo de un ciudadano de origen chino sobre miles de hectáreas donde viven agricultores vuelve a poner en discusión cómo resolver la situación de familias que construyeron sus hogares y su sustento en esas chacras.
“Estamos hace más de 50 años viviendo acá”, cuenta Wirlene schmechel, quien aportó su testimonio y fotografías de una investigación académica que reconstruye la organización de los productores del Alto Uruguay para acceder a la propiedad de sus tierras.
Según su relato, el origen de la ocupación está ligado a una compañía inglesa dedicada a la explotación forestal, que contaba con una laminadora. Cuando la empresa se retiró, después de extraer las maderas duras, los trabajadores recibieron tierras como parte de pago. Esa es la historia que las familias reivindican para explicar su permanencia: el vínculo con las parcelas nació del trabajo y continuó con décadas de vida rural.
Así nació la Mutual de Agricultores Familiares del Alto Uruguay -Mafau- que recopiló la documentación presentada ante el Estado provincial. “Tenemos una carpeta en Catastro con 67 legajos en la base de datos”, afirma Wirlene. Esos antecedentes forman parte de los esfuerzos por acreditar la posesión y avanzar hacia una solución que permita obtener los títulos.
La problemática aparece abordada en la tesis doctoral de Laura Andrea Kostlin, presentada en septiembre de 2025 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. El trabajo, titulado En demanda por la regularización, estudia los reclamos de acceso a la tierra en el Alto Uruguay entre 2013 y 2023, a partir de la organización de familias agricultoras de Florentino Ameghino y Mojón Grande.
Entre los casos que menciona se encuentra la regularización de tierras de Panambí SRL. La investigación describe el trabajo de la organización MAFAU y su articulación con la Subsecretaría de Tierras y Colonización, la Dirección General de Tierras y la Dirección de Tierras Privadas de Misiones.
Uno de los avances que destaca es la conformación de una mesa de trabajo entre la organización y las autoridades provinciales, con acompañamiento académico y de organizaciones sociales. Ese proceso permitió construir y presentar formalmente legajos familiares de poseedores, una base documental para gestionar la regularización y respaldar sus reclamos.
El estudio también muestra que el camino hacia la escritura exige reunir pruebas de la antigüedad de la posesión, informes catastrales y documentación sobre cada familia. En las tierras privadas, describe instancias de mediación entre propietarios y poseedores y la búsqueda de acuerdos económicos. La permanencia durante décadas, por sí sola, no ha alcanzado para cerrar el conflicto y dar certeza a los agricultores.
La organización de las familias excedió el reclamo por los títulos. Las páginas aportadas por Mafau describen relevamientos realizados junto con equipos de la UNaM, iglesias locales y organismos vinculados con la agricultura familiar, además de gestiones para acceder al agua, fortalecer la producción y obtener asesoramiento jurídico y catastral. La regularización aparece así vinculada con la posibilidad de sostener las chacras y el arraigo rural.
La discusión vuelve a colocar al Estado provincial ante la búsqueda de una salida para conflictos en los que se superponen la propiedad registral, la posesión prolongada y el sustento de las familias.
En Panambí, ese debate tiene una historia concreta: antiguos trabajadores de una explotación maderera y familias que permanecieron en el territorio cuando aquella actividad terminó. Más de cincuenta años después, el reclamo sigue siendo convertir esa permanencia en seguridad sobre la tierra.
La expropiación marca la división de aguas entre la realidad de la ruralidad misionera y la intención del Gobierno nacional de atraer capitales mediante la venta de tierras. La decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional un artículo del Mega DNU que derogaba la Ley de Tierras, abrió una ventana en esa orientación y al mismo tiempo, provocó la respuesta del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al Fiscal de Estado a avanzar en contra del DNU en su capítulo Tierra, lo mismo que ya hizo con el capítulo yerba mate.
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