Un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE revela que la carga fiscal sobre energía, agua y gas varía drásticamente entre jurisdicciones. En algunos casos, las tasas municipales y provinciales combinadas duplican el promedio nacional, afectando competitividad, previsibilidad y acceso a servicios esenciales.

La investigación de la UADE, basada en datos oficiales y relevamientos propios, muestra que la presión tributaria total sobre los servicios públicos oscila entre 0% en Formosa y 35,1% en La Pampa, con picos de hasta 63,3% en el rubro agua en esta última provincia.
Chubut presenta una carga total del 26%, impulsada por un gravamen provincial del 60,9% sobre la energía eléctrica, mientras que Neuquén (21,4%) y Chaco (21,3%) también registran valores elevados.
En el extremo opuesto, Corrientes (0,6%), Santa Cruz (3,1%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,7%) mantienen cargas moderadas.

Dispersión en el conurbano: tasas municipales de 0,5% a 6,3%

El estudio pone especial foco en la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) incluida en las facturas de servicios públicos en los 24 municipios del conurbano bonaerense.
Las alícuotas van del 0,5% en Berazategui al 6,3% en Lanús, con diferencias marcadas incluso entre distritos vecinos.

“No existe un patrón uniforme de política fiscal local, ni siquiera entre municipios con estructuras urbanas comparables”, advierte el informe.

En el segmento alto se encuentran Lanús (6,3%), Hurlingham (4,5%) y Quilmes (3,7%). En el bajo, Tres de Febrero (0,9%), Florencio Varela (0,9%) y Berazategui (0,5%).

Según INECO, estas variaciones responden a estrategias recaudatorias autónomas o a compensaciones por menores transferencias provinciales.

El problema de la fragmentación fiscal

La UADE señala que la autonomía fiscal reconocida por la Constitución Nacional y las constituciones provinciales ha derivado en un sistema “altamente fragmentado”.

Cada municipio define métodos de cálculo, actualización y esquemas de alícuotas —progresivos, fijos o basados en facturación— que encarecen el cumplimiento tributario y complican la planificación de empresas que operan en más de una jurisdicción.

Además, la superposición de cargas municipales y provinciales en algunas zonas incrementa la presión fiscal sobre hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas, reduciendo la equidad del sistema y aumentando los costos finales al consumidor.

La energía eléctrica es el servicio más gravado a nivel nacional, con una carga promedio del 20,3%, seguida por el agua (11,9%) y el gas (4,6%).

En la provincia de Buenos Aires, la presión fiscal combinada sobre energía, agua y gas alcanza el 9,8%, pero con un componente energético del 19,9%, al que se suman las tasas municipales.

La inclusión de tributos locales en las facturas de servicios esenciales genera, según el informe, “confusión sobre la composición del monto total” y encarece el acceso para usuarios finales.

Para las empresas, la heterogeneidad tributaria implica mayores costos administrativos y operativos, especialmente para cadenas comerciales e industriales con presencia interjurisdiccional. INECO advierte que esta estructura “introduce incertidumbre”, desincentiva inversiones y limita la competitividad regional.

La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto local como provincial, produce un sistema fiscal “altamente fragmentado”, según el informe. Esta fragmentación genera “efectos distributivos dispares” y puede derivar en “ineficiencias recaudatorias y de provisión”. El documento señala que la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interjurisdiccional amplifica las desigualdades territoriales, tanto en el costo de acceso a los servicios como en la competitividad regional.

El análisis de INECO subrayó que la superposición de cargas municipales y provinciales en algunos territorios contribuye a una presión fiscal elevada, especialmente sobre sectores con menor capacidad contributiva. “El actual esquema de tasas e impuestos locales carece de uniformidad y previsibilidad, lo cual afecta la equidad del sistema tributario y limita su eficacia como herramienta de desarrollo”, sostuvo el informe.

Para las empresas, especialmente aquellas que operan en diferentes municipios o provincias, esta heterogeneidad se traduce en “mayores costos de cumplimiento tributario y una complejidad significativa para planificar sus operaciones”. El informe advirtió que un sistema fiscal tan fragmentado “introduce incertidumbre y aumenta los costos operativos”, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios e industrias, y trasladando parte de estos costos al consumidor final a través de precios más altos.

Hacia una coordinación fiscal interjurisdiccional

Si bien la autonomía fiscal es un pilar del federalismo argentino, la UADE recomienda avanzar en mecanismos de cooperación y estandarización de criterios tributarios.

El objetivo sería mejorar la transparencia, reducir distorsiones, facilitar el cumplimiento y garantizar una distribución más equitativa de las cargas.

Para el instituto, un esquema más coordinado permitiría fortalecer la sostenibilidad financiera de gobiernos locales sin comprometer la calidad y cobertura de los servicios públicos.