El Gobierno otorga un nuevo bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES, pensiones no contributivas y PUAM, y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta la aplicación de la nueva fórmula de movilidad

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que será abonado en julio de 2025 a los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyos ingresos no superen el haber mínimo. La medida, dispuesta mediante el Decreto 444/2025, busca compensar los efectos adversos que generó la anterior fórmula de movilidad (Ley 27.609), particularmente en los sectores de menores ingresos.

La decisión se enmarca en la continuidad de un esquema de transferencias compensatorias instrumentadas desde enero de 2024, y se suma a la aplicación plena —desde julio de este año— del nuevo mecanismo de ajuste mensual de haberes, atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tal como estableció el Decreto 274/24.

¿A quiénes alcanza el bono previsional?

El bono será abonado a quienes perciban:

• Prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regido por la Ley 24.241 y sus modificaciones.
• La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.
• Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables a cargo de la ANSES.

Para los titulares de haberes equivalentes o inferiores al mínimo previsional, el monto del bono será el total: $70.000. En el caso de beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el haber mínimo más los $70.000, operando como un tope compensatorio.

Según el decreto, la Ley 27.609 —vigente desde marzo de 2021 hasta junio de 2024— generó “efectos perjudiciales, principalmente sobre jubilados de menores ingresos”, debido a que no contemplaba variaciones de precios ni ajustaba los haberes frente a la inflación en tiempo real. Esa situación obligó al Ejecutivo a emitir bonos mensuales durante un año y medio.

Con la reforma de la movilidad previsional —que desde julio de 2024 se actualiza de manera mensual según el IPC—, se considera superado el desfase, aunque el Gobierno reconoció que la recuperación del poder adquisitivo aún requiere asistencia adicional para los sectores más vulnerables del sistema.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni computable para otros beneficios. Además, la ANSES será responsable de su liquidación, control y recupero en caso de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá ajustar las partidas presupuestarias para garantizar su implementación.

El beneficio no se duplica en casos de pensiones compartidas entre copartícipes, que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro.

Si bien el bono apunta a brindar alivio inmediato a jubilados con haberes mínimos, la medida también refleja la tensión de fondo en las finanzas públicas y la sostenibilidad del régimen previsional. La reformulación de la movilidad y la decisión de mantener subsidios directos sólo a sectores de bajos ingresos responde a la necesidad de contener el gasto social sin desmantelar totalmente la red de protección.

La aplicación mensual de aumentos por inflación puede permitir cierta previsibilidad a futuro, pero la pérdida acumulada en el poder adquisitivo durante los últimos años aún se hace sentir, especialmente en un contexto donde los bonos siguen siendo el único refuerzo para más de 6 millones de beneficiarios.