El Gobierno nacional oficializó la homologación del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), mediante el cual se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la implementación del nuevo Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional.

La decisión, formalizada a través del Decreto 565/2026, no modifica salarios ni incorpora nuevos beneficios para el personal estatal. Su principal efecto consiste en mantener vigentes las reglas de funcionamiento anteriores para los cargos directivos del Estado mientras el Ejecutivo y los gremios continúan evaluando una revisión integral del sistema.

La prórroga alcanza a las modificaciones introducidas en el convenio colectivo durante 2022, cuya aplicación ya había sido diferida en oportunidades anteriores. Según el acuerdo homologado, continuará vigente el régimen previo a las reformas impulsadas por el Decreto 788/2019, con las actualizaciones que posteriormente hubieran sido incorporadas.

Desde la perspectiva de la administración pública, la medida busca evitar la entrada en vigor de un esquema cuya implementación aún no cuenta con una definición consensuada. El Ejecutivo argumenta que resulta necesario revisar integralmente el modelo antes de poner en funcionamiento un nuevo régimen para la conducción profesional de los organismos nacionales.

La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con participación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las organizaciones sindicales con representación en el sector.

El acta refleja posiciones diferenciadas entre los gremios. UPCN aceptó la propuesta oficial, mientras que ATE rechazó la prórroga, aunque la negociación quedó perfeccionada conforme al procedimiento previsto por la Ley 24.185 para las convenciones colectivas del sector público.

Alcances de la decisión

La homologación extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional. La incorporación del artículo 24 bis al Convenio Colectivo Sectorial del SINEP. La derogación de diversos artículos del convenio vigente que habían sido aprobados en la reforma de 2022. La continuidad del régimen normativo anterior mientras se define un esquema definitivo.

Para provincias como Misiones, donde numerosos sectores económicos interactúan con dependencias nacionales vinculadas al comercio exterior, infraestructura, energía, producción o ambiente, la continuidad del esquema vigente evita cambios administrativos inmediatos en los organismos nacionales.

El plazo fijado por el acuerdo vence el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha el Gobierno deberá definir si implementa finalmente el nuevo Régimen de Dirección Pública, acuerda una nueva prórroga o presenta una reformulación integral del sistema. La definición excede la política laboral estatal: también marcará el rumbo de la profesionalización y organización de la alta gestión pública nacional, un componente relevante para la previsibilidad institucional que demanda el sector productivo.

Anexo 2 Decreto 565/2026 by CristianMilciades